Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil




No se preocupe por el contenido del informe. La policía judicial actuante no ha hecho más que elaborar un atestado a instancias de la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en un procedimiento de diligencias previas, habida cuenta de que un ciudadano particular formuló denuncia contra varias autoridades por dar paso a una serie de manifestaciones, en este caso concretamente en Madrid, por si hubieran tenido incidencia en la propagación de un virus letal a pesar de las advertencias de varios organismos sanitarios internacionales. Así de simple.

Honradamente pienso que cualquier ciudadano se alegraría de que tales hechos se investiguen, con independencia del color político de las personas al frente de la Administración que pudieran estar implicadas en la presunta comisión de un delito si es que lo hubo ¿Podría ser de otra forma? Si se diera el caso y si otra u otras personas físicas o jurídicas iniciasen proceso penal por el posible fallecimiento de ancianos en las residencias de Madrid por estar dolosamente mal dotadas y peor gesionadas ¿se opondría? Yo no, bien sabe todos los dioses del Olimpo que no. Que llevamos cerca de 30.000 muertos y todas y cada una de esas personas que han perdido la vida merecen justicia. A salvo del conteo de quien se encargue, porque al parecer en vez de 30.000 muertos igual son 42.000.

Mire, la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha escrito un atestado ordenado por una Magistrada-Juez como ya sabemos. Y, fíjese bien en esto, esa Unidad responde en sede judicial de sus actuaciones. Que responda en sede judicial quiere decir que es responsable de su propio atestado, de la forma de recabar lo que allí se haya averiguado y que su responsabilidad es jurídica. Y si hay manipulaciones o falsedades en el atestado en cuestión no olvide que la Guardia Civil está sujeta a un régimen disciplinario y sancionador que enciende el pelo. No se preocupe ni se deje marear por la barahúnda que ha organizado la prensa afín al Gobierno porque no es más que humo. HUMO.

Aquí lo realmente relevante es algo de lo que se habla mucho menos que del atestado porque el atestado es como una tamborrada que impide que se oiga lo relevante. Y no es otra cosa que el hecho de que un Ministro del Gobierno haya tratado de inmiscuirse en una actuación judicial fuera de los cauces legales, incitando a un Teniente Coronel de la Guardia Civil a cometer un delito para beneficiarse y hacerse con información sensible. Eso en democracia es absolutamente intorelable, vulnera la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una retahíla de normas que no pongo para no aburrir; porque de ser así no solo esa actuación es un delito de Marlaska en sí misma, es además un disparo directo a la línea de flotación del Estado de Derecho y un atentado contra sus derechos y libertades de usted, de los míos, de los que aquí participamos y de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Si Grande Marlaska ha tratado de hacerse con informaciones que son de interés exclusivo al proceso judicial en curso -hasta el momento procesal en que deban hacerse públicas- preocúpese por esto, no por el atestado; si es demócrata preocúpese mucho, mucho, mucho. Muchísimo.

Si ha ocurrido así y no pasa nada va a vivir usted guapamente en una república bananera, de esas en las que los atestados se los pasa por el forro de los cataplines un guardia de Tráfico. Ojo.
 
A todo esto, que dicen??? que les van a subir un 20% a la Guardia Civil, pero no decían "que vienen curvas y que nos agarremos" por las subidas de impuestos.............
Ahora tirando la casa por la ventana???
Yo solo pido políticos con mentalidad europea, porque soy y me siento europea.
 
No se preocupe por el contenido del informe. La policía judicial actuante no ha hecho más que elaborar un atestado a instancias de la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en un procedimiento de diligencias previas, habida cuenta de que un ciudadano particular formuló denuncia contra varias autoridades por dar paso a una serie de manifestaciones, en este caso concretamente en Madrid, por si hubieran tenido incidencia en la propagación de un virus letal a pesar de las advertencias de varios organismos sanitarios internacionales. Así de simple.

Honradamente pienso que cualquier ciudadano se alegraría de que tales hechos se investiguen, con independencia del color político de las personas al frente de la Administración que pudieran estar implicadas en la presunta comisión de un delito si es que lo hubo ¿Podría ser de otra forma? Si se diera el caso y si otra u otras personas físicas o jurídicas iniciasen proceso penal por el posible fallecimiento de ancianos en las residencias de Madrid por estar dolosamente mal dotadas y peor gesionadas ¿se opondría? Yo no, bien sabe todos los dioses del Olimpo que no. Que llevamos cerca de 30.000 muertos y todas y cada una de esas personas que han perdido la vida merecen justicia. A salvo del conteo de quien se encargue, porque al parecer en vez de 30.000 muertos igual son 42.000.

Mire, la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha escrito un atestado ordenado por una Magistrada-Juez como ya sabemos. Y, fíjese bien en esto, esa Unidad responde en sede judicial de sus actuaciones. Que responda en sede judicial quiere decir que es responsable de su propio atestado, de la forma de recabar lo que allí se haya averiguado y que su responsabilidad es jurídica. Y si hay manipulaciones o falsedades en el atestado en cuestión no olvide que la Guardia Civil está sujeta a un régimen disciplinario y sancionador que enciende el pelo. No se preocupe ni se deje marear por la barahúnda que ha organizado la prensa afín al Gobierno porque no es más que humo. HUMO.

Aquí lo realmente relevante es algo de lo que se habla mucho menos que del atestado porque el atestado es como una tamborrada que impide que se oiga lo relevante. Y no es otra cosa que el hecho de que un Ministro del Gobierno haya tratado de inmiscuirse en una actuación judicial fuera de los cauces legales, incitando a un Teniente Coronel de la Guardia Civil a cometer un delito para beneficiarse y hacerse con información sensible. Eso en democracia es absolutamente intorelable, vulnera la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una retahíla de normas que no pongo para no aburrir; porque de ser así no solo esa actuación es un delito de Marlaska en sí misma, es además un disparo directo a la línea de flotación del Estado de Derecho y un atentado contra sus derechos y libertades de usted, de los míos, de los que aquí participamos y de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Si Grande Marlaska ha tratado de hacerse con informaciones que son de interés exclusivo al proceso judicial en curso -hasta el momento procesal en que deban hacerse públicas- preocúpese por esto, no por el atestado; si es demócrata preocúpese mucho, mucho, mucho. Muchísimo.

Si ha ocurrido así y no pasa nada va a vivir usted guapamente en una república bananera, de esas en las que los atestados se los pasa por el forro de los cataplines un guardia de Tráfico. Ojo.
@paula elisa, solo puedo, ante este post tuyo tan claro, y que pone las cosas tan en su sitio, decir

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

??????????????????????????????????????????????????????????
 
El día que Pérez de los Cobos fue juzgado por torturas

Hoy declara en el juicio contra el independentismo catalán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de las diferentes fuerzas policiales durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Sin embargo, es menos conocido, o frecuentemente olvidado, que el hermano del expresidente del Tribunal Constitucional, tiene en su currículum un oscuro paso por Euskal Herria.

@ZALDUARIZ|DONOSTIA|05/03/2019
Perez-cobos

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en setiembre de 2017 en Barcelona. (Lluís GENE/AFP)


En los perfiles de la prensa española sobre Diego Pérez de los Cobos acostumbra a señalarse su paso por Euskal Herria como mérito en su currículum. La hemeroteca, sin embargo, recuerda que estuvo involucrado en la lucha contra ETA y el independentismo vasco, y que fue uno de los pocos guardias civiles juzgados por torturas en las últimas décadas, si bien resultó absuelto al no quedar «acreditado» que infligiera malos tratos a Kepa Urra en 1992.

Pero las torturas sufridas por Urra sí que quedaron acreditadas. De hecho, en el mismo caso, la Audiencia de Bilbo condenó a cuatro años, dos meses y un día de cárcel a tres guardias civiles, en una de las condenas por torturas más duras que se recuerdan en Euskal Herria.
En la sentencia, recogida por “Egin” el 11 de noviembre de 1997, se establece que Urra fue trasladado «hasta un lugar no identificado de monte descampado» donde «le desnudaron, le golpearon con un objeto no identificado y le arrastraron por el suelo». Horas después ingresó en el hospital de Basurto con policontusiones, rotura de fibras musculares con liberación de sustancias en sangre, inhibición psicomotora y amnesia.

El dictamen de la Audiencia también calificó de «sorprendente» la visita de dos guardias civiles al hospital de Basurto alegando «que querían comprobar que las medidas de seguridad eran las adecuadas». El tribunal recuerda que era un pabellón penitenciario y calificó de «inconveniente» que los agentes estuviesen presentes, pero no consideró acreditado que hubiesen maltratado a Urra en el mismo hospital, tal y como denunció el afectado. Estos dos guardias civiles eran el mencionado Pérez de los Cobos y Alejandro Hernández Mosquera.

Tres inusuales condenas

Los condenados por las torturas infligidas a Urra antes de ser ingresado fueron los guardias civiles José María de las Cuevas Carretero, Antonio Lozano García y Manuel Sánchez Corbí. Este último fue coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta que Grande Marlaska lo destituyó el 3 de agosto del año pasado. Algo que no evitó que fuese condecorado con la Cruz de Plata del cuerpo el pasado mes de setiembre. De hecho, ya había sido previamente condecorado.

La hemeroteca es larga en el caso de Sánchez Corbí, que también recibió la máxima condecoración que entrega el Estado francés –la Legión de Honor– y que en su libro sobre el conflicto vasco copió párrafos enteros de la enciclopedia sobre ETA editada por Txalaparta.
Por su parte, De las Cuevas fue enviado en 2001 como representante de la Policía Judicial ante el Comité para la Prevención de la Tortura, dependiente de la Comisión Europea.

Los tres vieron su condena reducida a un año por el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Gobierno de Aznar llegó al rescate e indultó a los tres condenados. Con todo, la de la Audiencia provincial fue una sentencia inédita y muy pocas veces repetida en el conflicto vasco.

Una derivada belga

La noticia de “Egin” tiene un último punto en el que es inevitable reparar, pues sus ecos llegan hasta el presente. En aquellos días, Bélgica denegó la extradición de Luis Moreno y Raquel García a España, donde se les acusaba de colaborar con ETA.

La abogada de la acusación en el juicio sobre las torturas a Kepa Urra, Jone Goirizelaia –compartió acusación con Kepa Landa– consideró entonces que la sentencia condenatoria «demuestra que el Gobierno belga actuó correctamente al negarse a extraditar a Luis Moreno y Raquel García ante la sospecha de que podían ser torturados y el Gobierno español ha vuelto a quedar en ridículo».


Condenado e indultado por Aznar...
 
No se preocupe por el contenido del informe. La policía judicial actuante no ha hecho más que elaborar un atestado a instancias de la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en un procedimiento de diligencias previas, habida cuenta de que un ciudadano particular formuló denuncia contra varias autoridades por dar paso a una serie de manifestaciones, en este caso concretamente en Madrid, por si hubieran tenido incidencia en la propagación de un virus letal a pesar de las advertencias de varios organismos sanitarios internacionales. Así de simple.

Honradamente pienso que cualquier ciudadano se alegraría de que tales hechos se investiguen, con independencia del color político de las personas al frente de la Administración que pudieran estar implicadas en la presunta comisión de un delito si es que lo hubo ¿Podría ser de otra forma? Si se diera el caso y si otra u otras personas físicas o jurídicas iniciasen proceso penal por el posible fallecimiento de ancianos en las residencias de Madrid por estar dolosamente mal dotadas y peor gesionadas ¿se opondría? Yo no, bien sabe todos los dioses del Olimpo que no. Que llevamos cerca de 30.000 muertos y todas y cada una de esas personas que han perdido la vida merecen justicia. A salvo del conteo de quien se encargue, porque al parecer en vez de 30.000 muertos igual son 42.000.

Mire, la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha escrito un atestado ordenado por una Magistrada-Juez como ya sabemos. Y, fíjese bien en esto, esa Unidad responde en sede judicial de sus actuaciones. Que responda en sede judicial quiere decir que es responsable de su propio atestado, de la forma de recabar lo que allí se haya averiguado y que su responsabilidad es jurídica. Y si hay manipulaciones o falsedades en el atestado en cuestión no olvide que la Guardia Civil está sujeta a un régimen disciplinario y sancionador que enciende el pelo. No se preocupe ni se deje marear por la barahúnda que ha organizado la prensa afín al Gobierno porque no es más que humo. HUMO.

Aquí lo realmente relevante es algo de lo que se habla mucho menos que del atestado porque el atestado es como una tamborrada que impide que se oiga lo relevante. Y no es otra cosa que el hecho de que un Ministro del Gobierno haya tratado de inmiscuirse en una actuación judicial fuera de los cauces legales, incitando a un Teniente Coronel de la Guardia Civil a cometer un delito para beneficiarse y hacerse con información sensible. Eso en democracia es absolutamente intorelable, vulnera la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una retahíla de normas que no pongo para no aburrir; porque de ser así no solo esa actuación es un delito de Marlaska en sí misma, es además un disparo directo a la línea de flotación del Estado de Derecho y un atentado contra sus derechos y libertades de usted, de los míos, de los que aquí participamos y de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Si Grande Marlaska ha tratado de hacerse con informaciones que son de interés exclusivo al proceso judicial en curso -hasta el momento procesal en que deban hacerse públicas- preocúpese por esto, no por el atestado; si es demócrata preocúpese mucho, mucho, mucho. Muchísimo.

Si ha ocurrido así y no pasa nada va a vivir usted guapamente en una república bananera, de esas en las que los atestados se los pasa por el forro de los cataplines un guardia de Tráfico. Ojo.
¡Es difícil exponerlo mejor!
¡Bravo! ??????????????????????
 
I
El día que Pérez de los Cobos fue juzgado por torturas

Hoy declara en el juicio contra el independentismo catalán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de las diferentes fuerzas policiales durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Sin embargo, es menos conocido, o frecuentemente olvidado, que el hermano del expresidente del Tribunal Constitucional, tiene en su currículum un oscuro paso por Euskal Herria.

@ZALDUARIZ|DONOSTIA|05/03/2019
Perez-cobos

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en setiembre de 2017 en Barcelona. (Lluís GENE/AFP)


En los perfiles de la prensa española sobre Diego Pérez de los Cobos acostumbra a señalarse su paso por Euskal Herria como mérito en su currículum. La hemeroteca, sin embargo, recuerda que estuvo involucrado en la lucha contra ETA y el independentismo vasco, y que fue uno de los pocos guardias civiles juzgados por torturas en las últimas décadas, si bien resultó absuelto al no quedar «acreditado» que infligiera malos tratos a Kepa Urra en 1992.

Pero las torturas sufridas por Urra sí que quedaron acreditadas. De hecho, en el mismo caso, la Audiencia de Bilbo condenó a cuatro años, dos meses y un día de cárcel a tres guardias civiles, en una de las condenas por torturas más duras que se recuerdan en Euskal Herria.
En la sentencia, recogida por “Egin” el 11 de noviembre de 1997, se establece que Urra fue trasladado «hasta un lugar no identificado de monte descampado» donde «le desnudaron, le golpearon con un objeto no identificado y le arrastraron por el suelo». Horas después ingresó en el hospital de Basurto con policontusiones, rotura de fibras musculares con liberación de sustancias en sangre, inhibición psicomotora y amnesia.

El dictamen de la Audiencia también calificó de «sorprendente» la visita de dos guardias civiles al hospital de Basurto alegando «que querían comprobar que las medidas de seguridad eran las adecuadas». El tribunal recuerda que era un pabellón penitenciario y calificó de «inconveniente» que los agentes estuviesen presentes, pero no consideró acreditado que hubiesen maltratado a Urra en el mismo hospital, tal y como denunció el afectado. Estos dos guardias civiles eran el mencionado Pérez de los Cobos y Alejandro Hernández Mosquera.

Tres inusuales condenas

Los condenados por las torturas infligidas a Urra antes de ser ingresado fueron los guardias civiles José María de las Cuevas Carretero, Antonio Lozano García y Manuel Sánchez Corbí. Este último fue coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta que Grande Marlaska lo destituyó el 3 de agosto del año pasado. Algo que no evitó que fuese condecorado con la Cruz de Plata del cuerpo el pasado mes de setiembre. De hecho, ya había sido previamente condecorado.

La hemeroteca es larga en el caso de Sánchez Corbí, que también recibió la máxima condecoración que entrega el Estado francés –la Legión de Honor– y que en su libro sobre el conflicto vasco copió párrafos enteros de la enciclopedia sobre ETA editada por Txalaparta.
Por su parte, De las Cuevas fue enviado en 2001 como representante de la Policía Judicial ante el Comité para la Prevención de la Tortura, dependiente de la Comisión Europea.

Los tres vieron su condena reducida a un año por el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Gobierno de Aznar llegó al rescate e indultó a los tres condenados. Con todo, la de la Audiencia provincial fue una sentencia inédita y muy pocas veces repetida en el conflicto vasco.

Una derivada belga

La noticia de “Egin” tiene un último punto en el que es inevitable reparar, pues sus ecos llegan hasta el presente. En aquellos días, Bélgica denegó la extradición de Luis Moreno y Raquel García a España, donde se les acusaba de colaborar con ETA.

La abogada de la acusación en el juicio sobre las torturas a Kepa Urra, Jone Goirizelaia –compartió acusación con Kepa Landa– consideró entonces que la sentencia condenatoria «demuestra que el Gobierno belga actuó correctamente al negarse a extraditar a Luis Moreno y Raquel García ante la sospecha de que podían ser torturados y el Gobierno español ha vuelto a quedar en ridículo».


Condenado e indultado por Aznar...
MIENTES. LEE TU PROPIO ARTICULO. Tus noticias son tan falsas que pierdes toda credibilidad.

"resultó absuelto al no quedar acreditado que infligiera malos tratos a Kepa Urra en 1992."
 
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