Feliz día de la Constitución

Que no estés de acuerdo no significa,que digas que tergiverso cuando tu sabes que eso no es verdad,yo también te he puesto de acuerdo y otros no,pero nunca te he citado para señalarte como una tergiversadora de nada,puedes ponerme las cruces que te de la gana o un no me gusta que quieras,a mi eso me resbala pero no permito que se me ofenda.no se lo permito ni a mi jefe si no lleva razón.Sabes acaso lo que significa tergiversación???
Vale quito lo de tergiversadora. ¿Pero puedo decir que bajo mi opinión estás equivocada, en querer mostrar a seres humanos desafortunados mostrando su desgracia? Es que pienso que la privacidad está por encima de todo, en lo sexual, en lo familiar, en lo laboral, político, hasta con los cadáveres, en los accidentes, en fin en todo. Si alguien quiere mostrar su vida privada, ole por ellos, pero solo, si así lo quieren. Eso no es ocultar la pobreza, solo dije que les taparan la cara como a los menores. También me apena como los de Podemos, llegaron al poder, denunciando el hambre de los niños en Madrid y que al final todo fue una mala propaganda, pues se ha visto que no era cierto. Saludos otra vez.
 
Que no estés de acuerdo no significa,que digas que tergiverso cuando tu sabes que eso no es verdad,yo también te he puesto de acuerdo y otros no,pero nunca te he citado para señalarte como una tergiversadora de nada,puedes ponerme las cruces que te de la gana o un no me gusta que quieras,a mi eso me resbala pero no permito que se me ofenda.no se lo permito ni a mi jefe si no lleva razón.Sabes acaso lo que significa tergiversación???.Dar la vuelta a una noticia que en realidad quiere decir lo contrario de lo que se afirma.La pobreza existe,no se tergiversa,es real y visible.
tergiversar.
Del lat. tergiversāri.

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

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Religión en las aulas, exenciones fiscales y financiación pública: los privilegios de la Iglesia que blindó la Constitución del 78


La Carta Magna, los Acuerdos Iglesia-Estado y la Ley de Libertad Religiosa de 1980 consagraron la posición dominante de la institución en España

La Iglesia recibe más de 11.000 millones de euros al año en diversos conceptos, sigue exenta de varios impuestos y no hay control sobre el dinero recaudado en sus templos

El Estado paga el sueldo de obispos, sacerdotes, profesores de Religión y capellanes, sostiene los templos patrimoniales y financia miles de colegios, hospitales y dispensarios católicos

Jesús Bastante
51 comentarios

05/12/2017 - 21:32h
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La vicepresidenta del Gobierno junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez

Así gasta la Iglesia el dinero público recaudado por el IRPF libre de control fiscal

España, entre los países de Europa con menos escuela pública y más concertada


Este 6 de diciembre, día de San Nicolás de Bari, se celebra el 39 aniversario de la Constitución. Una fecha idónea, la del santo al que muchos asocian con Papá Noel, para desgranar la batería de regalos, en forma de privilegios fiscales, educativos y patrimoniales de los que disfruta la Iglesia católica en España, en virtud del texto constitucional y del Concordato que, aunque firmado posteriormente (el 3 de enero de 1979), fue negociado con anterioridad entre los obispos y las autoridades del posfranquismo. Algunos, incluso, los tildan de preconstitucionales.

Pese a que, en la Constitución, España se declara un país aconfesional, la Iglesia católica es la única institución no vinculada a los tres poderes del Estado o la Corona a la que se cita expresamente, y a la que se concede un reconocimiento en base a la entonces indiscutible mayoría católica entre la ciudadanía.




No siempre fue así. De hecho, en el primer anteproyecto que los padres de la Constitución presentaron en enero de 1978, no se incluía mención alguna a la Iglesia católica. El artículo 16 se quedaba en: "Se garantiza la libertad religiosa y de culto (…). Ninguna confesión tendrá carácter estatal", como reza en los dos primeros puntos.



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Sin embargo, la presión de algunos eclesiásticos (de línea contraria a la del cardenal Tarancón, quien sí apostaba por la aconfesionalidad estatal plena) hizo que en el segundo anteproyecto, fechado en mayo de ese año, se añadiera un tercer punto, en el se garantizaba que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".

Prolongación del Concordato
Una mención específica que sirvió de base para, posteriormente, aquilatar los privilegios que Franco había otorgado a la Iglesia católica tras el Concordato de 1953, en un nuevo marco legal, sobre el papel plenamente constitucional pero que cada vez más expertos rechazan. De hecho, la votación del 16.3 de la Constitución fue mucho más reñida que la de los dos puntos anteriores, aprobados con 312 votos a favor y tres abstenciones. El apartado 3 sumó 197 votos a favor, dos en contra y 112 abstenciones.

Junto a esta mención, el texto constitucional también incluyó en el artículo 27.3 "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Con esta mención se abría la puerta a la c onsagración de los conciertos educativos, que en la práctica supusieron la puesta en marcha de una escuela "paralela" a la pública, con casi tres mil centros escolares con ideario propio y donde se educa en los principios regulados por la Iglesia católica. En caso de colisión, ahí estaban los Acuerdos Iglesia-Estado.

A ello se sumaba, en 1980, la Ley de Libertad Religiosa, que acabó consagrando, en la práctica, los funerales católicos de Estado (el último, en la Sagrada Familia, tras los atentados de Barcelona), la presencia de símbolos religiosos en las tomas de posesión o la participación de cargos públicos en celebraciones litúrgicas, situando al resto de religiones (a los ciudadanos sin confesión alguna) en una clara situación de indefensión.

Escorado hacia el catolicismo
Los acuerdos suscritos el 3 de enero de 1979 fueron negociados a la vez que el texto constitucional, y aprovecharon los recovecos que dejó abiertos la Constitución para apuntalar un Estado aconfesional en la letra, pero netamente volcado con la Iglesia católica en la práctica.

Así, en virtud del reconocimiento específico de la Iglesia católica en el 16.3, los obispos consiguieron la firma de cuatro acuerdos en materia económica, educativa, cultural y de presencia en las Fuerzas Armadas que hoy permite, según cálculos de Europa Laica, que la Iglesia católica reciba algo más de 11.000 millones de euros anuales de las arcas públicas.

Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 35.000 profesores de Religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.

El privilegio más evidente, sin lugar a dudas, es el de la financiación a través del Impuesto de la Renta. La Iglesia católica es la única entidad privada (no estatal) que recibe dinero directamente del IRPF (los fondos para las ONG se destinan a proyectos concretos), a través de la famosa "X" del 0,7%. Un mecanismo que se arbitró en los Acuerdos de 1979, y se concretó en 1987, primero con el 0,52% y desde 2007 con el 0,7% (a cambio de que la Iglesia renunciara a la exención del IVA). Cada año, por este concepto, la Iglesia recibe más de 250 millones de euros, aunque el mismo texto concordatario también alude al compromiso de autofinanciación de la Iglesia que, cuarenta años después, sigue sin producirse.

El derecho a la predicación de la Iglesia lleva también a que no tenga que dar cuenta de los donativos -el famoso cepillo de las colectas- recogidos en las parroquias, unos fondos que el Estado no controla y para el que no hay cifras globales, aunque estimaciones de la propia Conferencia Episcopal hablan de unos 350 millones al año. A ello se suman las exenciones de impuestos como el IBI o el ICIO, que los propios tribunales de la UE han tildado de irregulares.

Cultura y escuela
En lo tocante al campo educativo, los Acuerdos de 1979 dejaban claro que todos los planes educativos preuniversitarios incluirían la enseñanza de la religión católica"en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". Una materia impartida por docentes designados por los obispos, pero pagados por la Administración pública, y cuya situación laboral no está regulada plenamente por el Estatuto de los Trabajadores, pues la Iglesia puede decidir el cese unilateral del contrato sin aportar razón alguna, y sin tener que abonar indemnización por un despido que, oficialmente, es una "no renovación" del contrato para cada curso escolar.

Según los datos de la Memoria Justificativa que la Iglesia española presenta al Estado cada año, los obispos gestionan 2.247 centros católicos concertados que, en su opinión, "suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros". Sin embargo, la financiación de estos centros supone una inversión estatal de más de 4.600 millones de euros.

Algo similar ocurre con el ingente patrimonio cultural que gestiona la Iglesia pero cuyos gastos de restauración corren a cargo de las Administraciones públicas. Por no hablar de los miles de edificios inmatriculados gracias a la "ley Aznar". Sin embargo, para los obispos "el impacto global estimado de los bienes de interés cultural y de las fiestas religiosas equivale a más del 3% del PIB en España". Esto es, 32.420 millones de euros.

La Iglesia tiene 143 capellanes en las cárceles españolas, y otros tantos en hospitales públicos, algunos de los cuales participan, con voz y voto, en los Comités de Bioética. El sueldo de todos ellos corre a cargo de las instituciones públicas. La Iglesia también tiene privilegios castrenses, contando con un arzobispo con rango militar, y 83 sacerdotes de distinto rango que mantienen la asistencia católica en las Fuerzas Armadas. Su sueldo, unos 3 millones de euros, también es abonado por el Estado, 39 años después de la aprobación de la España constitucional.

http://www.eldiario.es/sociedad/Igl...os-educativos-constitucional_0_715329147.html
 
Ximo Puig: "El PP debe entender que es necesario que las generaciones que no pudieron votar la Constitución lo hagan ahora"


"Es una realidad que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que un modelo como el concierto vasco supondría unos ingresos de 12.000 millones de euros más al año", sostiene Puig

El presidente de la Generalitat Valenciana insiste en la necesidad de diálogo en Catalunya: "En un Estado compuesto, pseudofederal, tiene que haber acuerdos"

Ignacio Escolar / eldiariocv - Valencia
05/12/2017 - 20:35h

La reforma de la Constitución, el sistema de financiación autonómica o la situación en Catalunya. Éstos son algunos de los asuntos que aborda el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una entrevista que le ha realizado en Valencia el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.



En opinión de Puig, la actualización de la Carta Magna después de cuarenta años, con un modelo autonómico "agotado", es una "cuestión de lógica". Por ello, aboga por evolucionar hacia un modelo más federal.




No obstante, el jefe del Consell no se muestra muy "optimista" con un Partido Popular y un Gobierno que lo que pretenden, dice, es "boicotear" la reforma cuando lo que se requiere es "generosidad por parte de todos para coser este país, y no sólo por la cuestión territorial, sino también por la fractura social provocada por la crisis".

"El PP tiene que entender que es urgente y necesario abrir las puertas y que las generaciones que no tuvieron oportunidad de votar la Constitución lo hagan ahora", indica Puig, y advierte: "El inmovilismo nos lleva al fracaso, se ha visto. El PP no puede pasar de esta cuestión".

"Estamos infrafinanciados"
Por lo que respecta a la financiación autonómica, Ximo Puig reivindica una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, "es una realidad empírica que estamos infrafinanciados y que un modelo como el concierto vasco supondría unos ingresos de 12.000 millones de euros más al año". A su juicio, este injusto reparto está generando "enormes brechas, no ya entre territorios, sino entre ciudadanos". Por eso, reclama una quita de la deuda valenciana con el Estado: "Se trata de una compensación de la infrafinanciación en diferido, que es de donde proviene gran parte de la deuda". "Lo que se nos daba como crédito", apunta, "a otros se les daba como financiación ordinaria".

En cuanto a la cuestión catalana, insiste en la necesidad de diálogo. "En un Estado compuesto, pseudofederal, tiene que haber acuerdos", asegura, tras criticar que el Gobierno central imponga su criterio. "En Canadá estuvieron al borde del precipicio, de la ruptura", comenta, "y se produjo un diálogo y un acuerdo". El referéndum de Quebec, en su opinión, "no se sabe si fue la solución o el problema". En todo caso, la desafección creciente que se creó en Catalunya tras la campaña contra el Estatut propiciada por el PP llevó a que los independentistas articularan un proyecto, "mientras por el otro lado no había un proyecto alternativo potente". Así, Puig apela a "recuperar el espíritu de la Transición, tan denostado".

http://www.eldiario.es/cv/politica/Ximo-Puig_0_715329372.html
 
Pedro Sánchez: "La aplicación del 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución"


El líder socialista asegura que el 155 se ha aplicado de forma "proporcionada y mesurada" y que ha servido para "recuperar el autogobierno"

Irene Castro
06/12/2017 - 12:05h
  • Pedro-Sanchez-expresa-PSOE-Marin_EDIIMA20171205_0845_19.jpg
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su presencia en el Congreso con motivo de la celebración del 39º aniversario de la Constitución para apostar por la reforma de la Constitución, aunque ha defendido su utilización en estos años: "La aplicación del 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución ante un ataque unilateral".

El líder socialista ha asegurado que esa medida se ha aprobado de manera "proporcionada y mesurada". Sánchez ha defendido la puesta en marcha del 155 por primera vez para intervenir Catalunya porque, según ha explicado, ha servido para "recuperar el autogobierno que fue lesionado por los independentistas".



No obstante, ha dicho también que hay que hacer una "lectura crítica" de la "aplicación de la Constitución" en lo que se refiere a la defensa de los derechos sociales porque muchos colectivos "han visto violentados los derechos" y se ha referido, en concreto, a las personas que han sufrido desahucios.




Sánchez se ha mostrado convencido de que en el plazo de seis meses se abrirá el proceso para reformar la Constitución tal y como anunció le había prometido Mariano Rajoy a cambio de su apoyo al 155.



http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-aplicacion-resiliencia-Constitucion_0_715678606.html

¿Resilencia? ¡No me haga reír PS! Lo que ha demostrado es que usted le ha dado un cheque en blanco a una persona que no tiene ninguna credibilidad, lo mismo que está demostrando usted mismo.

No se haga el tonto y diga que le ha tomado el pelo porque lo que M.Rajoy dijo que hizo con Usted fue hablar, y no negociar sobre la Constitución.
 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN6-D: 39 años de una Constitución machista e incumplida


La Carta Magna es víctima de habituales “desacatos” por parte de las instancias gubernamentales, según denuncian distintos juristas, políticos y académicos. Además, conserva el lenguaje patriarcal marcado por sus creadores en 1978.

http://www.publico.es/uploads/2017/12/05/5a26f2eb7d3e6.jpg
Ejemplares de la Constitución española de 1978. REUTERS


BILBAO
05/12/2017 22:38 Actualizado: 05/12/2017 23:58
DANILO ALBIN

@danialri
Imagine que usted y su pareja se disponen a celebrar su aniversario de noviazgo, matrimonio o como prefiera denominarlo. 39 años de relación, para ser más exactos. Imagine ahora que a sus hijos o hijas les da por preguntar cuántos de los objetivos marcados allá cuando se conocieron han sido fielmente cumplidos.

Quizás entonces, justo y precisamente entonces, se le vayan las ganas de festejar, pero no se ponga triste: al menos le servirá para ver claramente la necesidad de sentarse, hacer autocrítica y pensar cómo hacer justicia con lo prometido. Si usted fuese el presidente del gobierno y su pareja la Constitución, seguramente vería este 6 de diciembre con otros ojos. Y con otra cara.

Piense ahora en una casa. Una grande, con ventanas, puerta, llaves… y candados. Resulta que usted anda con ganas de reformarla. Cambiar el cuarto por la sala, hacer más grande el baño, tirar abajo aquel tabique… Pero resulta que hay cosas básicas que deberían funcionar y no lo hacen. Dicho de otra forma, ¿vendería usted el coche para comprar la gasolina? Porque sin combustible no hay motor que se encienda. Y sin respetar la Constitución no hay Texto o Carta (así, en solemnes mayúsculas) que valga, por mucho que se reforme. O se prometa reformarla.




De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Iñaki Anasagasti, ex diputado y senador del PNV; Arantza Campos, Red Feminista Derecho Constitucional; Altamira Gonzalo Valgañón, Asociación de Mujeres Juristas Themis; Antton Karrera, ex parlamentario de Izquierda Unida; Lara Contreras, responsable de Incidencia y Contenidos de OXFAM; Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco; Roberto Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la UPV y ex secretario general de Podemos Euskadi, y Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Este 6 de diciembre, festivo en España e inicio de un maravilloso puente en las escuelas, hay quienes no ven tanto motivo para celebrar. Aunque Mariano Rajoy opine lo contrario, quienes se niegan a tirar cohetes no tienen intención de reventar el país. Tampoco sueñan con instaurar los soviets desde Andalucía hasta Navarra. Simplemente creen que la Carta Magna no es ni tan carta ni tan magna (así, en minúsculas) cuando hay muchos artículos que son solamente eso. Artículos. Letras frías. Palabras en boca de los que no tienen palabra.

Restricciones
“En realidad, la Constitución permite más cosas y menos cosas. La responsabilidad es de los gobiernos y de sus acciones políticas”, afirma Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Acostumbrado a lidiar con documentos que describen (en base a datos estadísticos) las graves consecuencias de la crisis en este país, este experto advierte que en los últimos años “ha habido una interpretación un tanto restrictiva sobre las posibilidades que ofrece” el texto constitucional.

A las puertas de un nuevo 6 de Diciembre, Susías también reflexiona sobre lo que significó en el momento de su alumbramiento y lo que representa ahora, 39 años más tarde. “Cuando nació fue un avance –apunta-, pero con el tiempo se ha visto que aquellos derechos que no son fundamentales o claramente exigibles por parte de la ciudadanía pueden quedar acorralados. Incluso hemos visto que cuando no hay suficiente voluntad política, se pueden producir verdaderas regresiones”.

Esos mismos asuntos preocupan en la sede de Oxfam Intermón, donde su responsable de Incidencia y Contenidos, Lara Contreras, recuerda los intensos días vividos durante la última campaña electoral. “Junto a Amnistía Internacional y Greenpeace hicimos una propuesta dirigida a blindar los derechos sociales”, señala. En concreto, estas tres organizaciones buscaban la reforma del artículo 53 “para evitar –explica- que sigan existiendo derechos de primera y de segunda: a día de hoy, todos aquellos que tienen que ver con la vivienda, el medio ambiente o la salud no se pueden reclamar ante la justicia, mientras que los de carácter políticos sí son judiciables”.

Entre otras cosas, estas ONGs reclamaban y reclaman que el derecho a la salud incluya a toda la población, independientemente de que tenga o no la suerte de poseer una tarjeta de residente. También piden que se fijen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda o que se establezca una renta mínima para quienes no tienen ningún ingreso. Contreras señala que en algunos casos alcanzaba –y alcanza- con hacer “pequeñas modificaciones”, mientras que en otros –por ejemplo, en lo relativo a la renta mínima- deberían consagrarse como nuevos derechos.

La responsable de Oxfam no olvida que todos los partidos estatales –menos el PP- se hicieron eco, de una manera u otra, de algunas de sus propuestas. Ahora sólo falta que se lleven a la práctica. “Si se abre el debate sobre la reforma constitucional, confiamos que la mayoría de las formaciones políticas mantengan los compromisos adquiridos. No puede haber cambios en sin la mejora de estos derechos”, subrayó.

Un artículo infame
En ese contexto, Usías también pide detener la vista en otro artículo constitucional que permite explicar muchas cosas. Es el 135. El famoso e infame 135, aprobado para fijar la estabilidad presupuestaria tal como reclamaba la Unión Europea (UE). “Es realmente una pena que la primera vez que aparezca Europa en la Constitución sea para establecer criterios de déficit”, lamenta Susías.

En este punto coincide con el profesor titular de Derecho Constitucional Roberto Uriarte, quien además fue secretario general de Podemos Euskadi. “Cuando la UE nos obligó a cambiar el artículo 135, modificó el orden de preferencias de la Constitución: se trata de la mayor limitación que se le ha impuesto a la soberanía, colocando por delante de todo el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda externa. Esos aspectos se ubican por encima de los objetivos de igualdad, de lucha contra el desempleo o garantía de derechos”, advirtió.

Este artículo de la Carta Magna también rechina en otras oficinas de la universidad vasca. “Se trata de un asunto gravísimo. ¿Quién va a dar lecciones de democracia si el 135 se reformó en 15 días durante el mes de agosto de 2011?”, se pregunta el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (UPV) Iñaki Lasagabaster, quien advierte sobre la “situación de retroceso en los derechos sociales realmente impresionante” que se vive en el Estado. El artículo 135, dice, es un buen ejemplo de ello. “No olvidemos que allí se establecen unos principios en virtud de los cuales aunque pueda haber superávit, hay que dedicarlo al pago de las deudas y no a la satisfacción de las necesidades de las personas”, remarcó.

“Lo cambiaron de la noche a la mañana, algo que no debería ser posible en una democracia real”, apunta por su parte el ex parlamentario vasco Antton Karrera (IU), quien resume su postura en una frase: “Esta Constitución necesita un cambio importante sobre cómo entiende la igualdad, porque está favoreciendo a los poderosos y marginando a las personas necesitadas”.

Socios a la fuerza
Tampoco hay motivos de celebración en materia territorial, otro de los puntos débiles de la actual Carta Magna. “Allí se debería explicar que las nacionalidades son naciones, y también facilitar la posibilidad de realizar consultas, así como fijar que el Fiscal General del Estado no sea nombrado por el gobierno”, sintetiza el veterano político del PNV Iñaki Anasagasti, quien durante años representó a los nacionalistas en el Congreso y el Senado. Quizás precisamente por eso, advierte que “el nacionalismo español está pie de guerra”, lo que a su criterio dificulta una posible reforma del Estado.

Ya sea con políticos retirados o con catedráticos en activo, a la hora de hablar de Constitución y territorialidad aparece inevitablemente la cuestión catalana. O española, depende cómo se mire y quién lo mire. “Estamos ante una situación política terriblemente compleja. ¿Cómo se puede hablar de reformas constitucionales cuando hay un gobierno (catalán) en la cárcel y un parlamento (también catalán) procesado?”, pregunta por su parte Iñaki Lasagabaster. “Hay problemas y hay que intervenir”, añade Roberto Uriarte. “El estado de las autonomías –continúa- tenía algunas cosas buenas en sus primeros años, pero aquellos aspectos positivos se han convertido en todo lo contrario”.

El rey no se toca
Otro asunto inmóvil de la Carta Magna es el relacionado con la Monarquía. “Eso es intocable”, lamenta Karrera, quien considera que la Constitución debería contemplar una consulta sobre el futuro y destino de esa institución. Este político republicano y de izquierdas defiende que “sea la sociedad quien decida si quiere o no a la monarquía”. “Es una reivindicación puramente democrática”, remarcó.

Anasagasti, reconocido nacionalista vasco, también tiene ideas sobre este tema, aunque chocan con la dura realidad actual de la Constitución. Plantea, en primer lugar, un “referéndum de aceptación”, algo impensable a día de hoy. Si la opción republicana perdiese, cree que igualmente se debería “consagrar la igualdad de sexos en relación con el supremacismo del varón” a la hora de acceder al trono, además de aplicarle un tijeretazo a su acaudalado presupuesto público. “No se puede permitir una cuenta propia de ocho millones de euros por libre designación”, señaló.

Hay más críticas sobre lo que esta Constitución otorga al Rey. Anasagasti apunta hacia su tradicional inmunidad. Uriarte, por su parte, critica su escasa habilidad a la hora de jugar un “papel de estado por encima de la lucha partidista” en el asunto catalán. En esa línea, el ex diputado del PNV propone que también se aclare si los discursos de Felipe VI “los escribe el gobierno”.

Magna y patriarcal
Una Constitución antisocial, regresiva, negadora de consultar a la sociedad sobre si quiere o no tener reyes…. Y profundamente machista. Así lo destaca, por ejemplo, la profesora de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco Arantza Campos, quien además forma parte de la Red Feminista de Derecho Constitucional. No en vano, recuerda que el movimiento feminista supo decir “no” a la Carta Magna en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Entonces lo hizo por dos cuestiones: en el texto “no se reconocía el derecho al divorcio ni al aborto”, recordó. A su juicio, hoy sigue siendo un texto “machista y patriarcal que no recoge ni defiende los derechos de las mujeres”.

En las últimas horas, la Red Feminista de Derecho Constitucional hizo público un documento que pone en evidencia las carencias en esta materia. En tal sentido, este colectivo reivindica “la desaparición de todas las estructuras e instituciones patriarcales presentes en el actual texto constitucional y la consecuente reformulación intensa del pacto constitucional en clave de género”.

Precisamente, Altamira González Valgañón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, pone el acento en ese aspecto inocultable de la Carta Magna: su lenguaje “perfectamente masculino”. “Los ciudadanos, los españoles… cualquier artículo que se lea tiene esa introducción”, comentó a Público. “Las mujeres seguimos siendo invisibles –indicó-, por lo que debe realizarse una revisión del lenguaje para que sea inclusivo y no sexista. Para ello no hacen falta mayorías cualificadas”.

Mientras tanto, la Red Feminista de Derecho Constitucional apunta también hacia la forma que debe adquirir el Estado “consecuentemente con la perspectiva feminista”. A su juicio, esa forma “no puede ser la monarquía parlamentaria, de fundamentación claramente patriarcal (no sólo en la sucesión a la Corona), sino que la forma política, incorporando todos los avances democráticos, debe ser la República”. Sobre este punto, Arantza Campos se mostró tajante: “Un estado que aspire a respetar a las mujeres no puede ser monárquico, aunque herede la Corona una mujer”.

Los vacíos de la Constitución también preocupan a otra conocida jurista y militante feminista, María Eugenia Rodríguez Palop. “Ya de entrada, en el paritorio hubo una ausencia total de mujeres: los padres de la Constitución son solamente eso, padres”, destaca esta profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene otro ejemplo más cercano: en el Tribunal Constitucional ha habido históricamente una mayoría predominante de hombres.

A la hora de buscar explicaciones, Rodríguez Palop recuerda un detalle importante: “La propia orientación de la Constitución, eminentemente neoliberal, no favorece a las mujeres. “No debemos olvidar que el texto constitucional es una forma de apuntalar un sistema productivo capitalista y un sistema político neoliberal”, advierte. Para ella, hoy tampoco hay nada que celebrar.

http://www.publico.es/politica/dia-constitucion-6-d-39-anos-constitucion-machista-e-incumplida.html
 
Anticonstitucionalistas de 39º aniversario
05Dic 2017



Víctor Rey
Secretario de Análisis y Programa de Podemos-Comunidad de Madrid

Este 6 de diciembre se sucederán los actos de conmemoración de los 39 años de nuestra Constitución. Los grandes medios aprovecharán la ocasión para dividir y enfrentar a unos partidos con otros etiquetándolos como constitucionalistas o anticonstitucionalistas. El PP se vanagloriará del texto constitucional, adalid de su defensa y cumplimento, en un ejercicio de hipocresía infinita. Lo cierto es que, si hay un partido anticonstitucionalista y fuera de la ley en España, ese es el PP, que ha conculcado o amenazado (de conculcar) buena parte de los derechos y libertades recogidos en la Constitución, hasta el punto de convertirla en papel mojado.

Hechos, no palabras, veamos algunos ejemplos.

Reforma laboral del PP de febrero de 2012, rodillo de la mayoría absoluta, desoyendo a los sindicatos y plegándose a los dictados de la patronal y de la señora Merkel. Resultado: la tasa de paro se sitúa en España en el 16,4%, casi 10 puntos por encima de la media en la UE (7,7%), arrojando además la segunda tasa de temporalidad más alta, sólo por detrás de Polonia. El salario más habitual en España se sitúa por debajo de los 1.000 €/mes. Ante esta situación, ¿qué le decimos a las 3,7 millones de españoles en paro?, ¿y a los 10 millones de españoles que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, según Cáritas?, ¿en qué lugar queda el artículo 35 de la Constitución española que regula el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares? Sencillo, bajo amenaza de ser conculcado.

Artículo 31 de la Constitución española: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En el país de la amnistía fiscal de Montoro declarada inconstitucional y nula por el TC: la bandera en la solapa, la cartera en Suiza y la Constitución, a la trituradora. En un país donde la política fiscal del PP hace que los grandes grupos empresariales tributen beneficios a un tipo efectivo medio del 6%, mientras que autónomos o pymes lo hacen al 15% y los trabajadores asalariados al 22%. En resumen, en un país en que el PP vacía los bolsillos de la ciudadanía y de la hacienda pública para llenar los de las grandes empresas y fondos de inversión, ¿en qué lugar queda el artículo 31 de la Constitución Española y el sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad? Sencillo, queda conculcado.

Seguimos. Según datos del Ministerio de Sanidad, los recortes acumulados en Sanidad desde el inicio de la crisis en 2008 ascienden a 7.500 millones de €. Según datos del Ministerio de Educación, los recortes acumulados en Educación desde 2009 alcanzan los 36.500 millones de €.

En Sanidad, las listas de espera quirúrgicas, esas de las que de las que dependen la salud y vida de decenas de miles de personas, se incrementan año tras año, situando la espera media actual en los 115 días. A esto podemos añadir, por ejemplo, las escenas tristemente habituales de pacientes hacinados en los pasillos de unos hospitales públicos que, año tras año, pierden financiación en favor de los conciertos económicos con la sanidad privada.

En Educación, desde 2008 el número de alumnos matriculados en régimen general ha aumentado en medio millón, mientras que en ese mismo periodo se han destruido 7.000 plazas de profesores. Añadamos otra escena tristemente habitual, la de hace tres meses al inicio del curso escolar, colegios públicos en los que encontramos barracones en lugar de aulas.

Así las cosas, ¿en qué lugar quedan los artículos 27 y 43 de la Constitución española, referidos respectivamente al derecho a la educación y a la salud pública y gratuita? Sencillo, bajo amenaza de ser conculcados.

Y es que así podríamos seguir durante horas, el artículo 50 que regula el derecho a la suficiencia económica en la tercera edad, amenazado de ser conculcado ante una hucha de las pensiones esquilmada por la nefasta gestión del PP.

Las libertades públicas recogidas en los artículos 17, 20, 21 y 22, conculcadas tras la entrada en vigor de Ley Mordaza.

Buena parte del Título IV de la Constitución, referente a las atribuciones y ordenamiento de las relaciones de Gobierno y Administración, convertido en papel mojado habida cuenta de las cloacas del Estado, un ejemplo sin precedentes de la escalda de perversión y putrefacción de las instituciones por parte del PP.

O la reforma del artículo 135, de la mano del PSOE, anteponiendo el pago de la deuda a los bancos alemanes por delante de la financiación pública de buena parte de los derechos y libertades recogidos en el texto constitucional.

Nosotros, desde Podemos, antes en las plazas y calles, y ahora en las instituciones, hemos defendido los derechos y libertades consagrados en la Constitución. El PP los conculca o amenaza sistemáticamente desde hace ya mucho tiempo: los de Rajoy son los anticonstitucionalistas, son los anti-sistema.

Respecto a Ciudadanos, poco que decir. Sólo les hemos visto agarrarse a la Constitución española para pedir la aplicación del artículo 155, la suspensión de la autonomía catalana. Suspender derechos y libertades, estilo PP, eso sí, en una versión más hooligan y, paradójicamente, también más chic.

Al PSOE, advertirles de que esta voladura de la Constitución, perpetrada por el PP, no se puede parchear mediante una comisión de trabajo de seis meses en el Congreso de los Diputados en la que tanto PP como Ciudadanos han dejado ya claro que no se va a cambiar ni una coma del texto constitucional.

En Podemos creemos que no basta con conmemorar el 39ª aniversario de la Constitución española, más importante es cumplirla, y el PP no la cumple.

La Constitución española trasciende las instituciones y parece que, un año más, los partidos del Régimen del 78 pretenden otorgar todo el protagonismo a la clase política y las instituciones. La democracia y la Constitución española no la trajo Manuel Fraga, el que fuera ministro de una dictadura que firmó sentencias de muerte, ni el resto de los llamados “padres de la Constitución”. La democracia y la Constitución española la trajeron cientos de miles de madres, desde las calles, sindicatos, asociaciones de vecinos y organizaciones de base. La trajeron cientos de miles de abuelas y abuelos, hoy anónimos, que lucharon contra la dictadura y por la democracia, por un marco de convivencia, derechos, libertades y justicia social. La democracia y las constituciones la impulsan y hacen realidad los pueblos, no sus dirigentes políticos.

En Podemos queremos que el 39ª aniversario de la Constitución española sirva para explicar que las constituciones en las democracias avanzadas están sujetas a cambios sociales e históricos. El Régimen del 78 parece querer vivir permanentemente en el pasado, agarrarse a una Constitución que el PP ha convertido en papel mojado. Nosotros preferimos mirar al presente y futuro, a una nueva Constitución para un nuevo tiempo social e histórico. Una Constitución, de nuevo, llena de pueblo.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11887/anticonstitucionalistas-de-39o-aniversario/
 
Al PP se le ve cada vez más esa vena fascista,como marca de identidad.
Ese partido representa a un 30% de la sociedad y gobierna y hablan de todos los españoles cuando y como le sale de los mismísimos.Que tengamos que padecer y soportar un gobierno corrupto, dice muy poco a favor de la sociedad española.
 
Pedro Sánchez: "La aplicación del 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución"


El líder socialista asegura que el 155 se ha aplicado de forma "proporcionada y mesurada" y que ha servido para "recuperar el autogobierno"

Irene Castro
06/12/2017 - 12:05h
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su presencia en el Congreso con motivo de la celebración del 39º aniversario de la Constitución para apostar por la reforma de la Constitución, aunque ha defendido su utilización en estos años: "La aplicación del 155 ha demostrado la resiliencia de la Constitución ante un ataque unilateral".

El líder socialista ha asegurado que esa medida se ha aprobado de manera "proporcionada y mesurada". Sánchez ha defendido la puesta en marcha del 155 por primera vez para intervenir Catalunya porque, según ha explicado, ha servido para "recuperar el autogobierno que fue lesionado por los independentistas".



No obstante, ha dicho también que hay que hacer una "lectura crítica" de la "aplicación de la Constitución" en lo que se refiere a la defensa de los derechos sociales porque muchos colectivos "han visto violentados los derechos" y se ha referido, en concreto, a las personas que han sufrido desahucios.




Sánchez se ha mostrado convencido de que en el plazo de seis meses se abrirá el proceso para reformar la Constitución tal y como anunció le había prometido Mariano Rajoy a cambio de su apoyo al 155.



http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-aplicacion-resiliencia-Constitucion_0_715678606.html

¿Resilencia? ¡No me haga reír PS! Lo que ha demostrado es que usted le ha dado un cheque en blanco a una persona que no tiene ninguna credibilidad, lo mismo que está demostrando usted mismo.

No se haga el tonto y diga que le ha tomado el pelo porque lo que M.Rajoy dijo que hizo con Usted fue hablar, y no negociar sobre la Constitución.

Lo único que ha demostrado la aplicación del 155 es que son unos vendidos, unos traidores y que no están con los ciudadanos. Lástima que mucha gente no sepa cómo de puertas para adentro ponen piedras y más piedras en el camino a toda o casi toda propuesta social y van de la manita con el PP. No tienen vergüenza ni la conocen.
 
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