Lo escandaloso es que el derecho a la vivienda, entre otros, no esté blindado y en España sea puro negocio. No, no hay nada que celebrar y sí mucho que denunciar.
Feliz día de la Constitución
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Lo escandaloso es que el derecho a la vivienda, entre otros, no esté blindado y en España sea puro negocio. No, no hay nada que celebrar y sí mucho que denunciar.
La Constitución española: sólo dos reformas frente a cientos de sus hermanas europeas
La piedra angular del ordenamiento jurídico español cumple 39 años sin haber pasado por procesos de actualización para adecuarse a la realidad de 2017, una circunstancia que distintos expertos achacan a la supervivencia del franquismo sociológico tras su promulgación
Rajoy y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, este miércoles. EFE/ Chema Moya
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MADRID
06/12/2017 23:10 Actualizado: 06/12/2017 23:15
DANIEL MARTÍN
La Constitución española cumplió este miércoles 39 años, aunque algunos podrían decir que parece que el tiempo no pasa por ella. En sus casi cuatro décadas de vida el texto constitucional fue sometido a reforma sólo en dos ocasiones. La primera fue en 1992 y sirvió para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich, permitiendo a los extranjeros residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones municipales. La segunda modificación tuvo lugar en 2011, con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar estabilidad presupuestaria ante el gasto social.
Los austeros antecedentes de reforma de la Constitución de 1978 contrastan con la flexibilidad de otros países de la Unión Europea a la hora de cambiar su Carta Magna. De hecho, solo Austria promovió desde 1930 más de cien enmiendas y revisiones de distinto grado de su texto constitucional. Algo similar sucede con Alemania, que desde 1949 modificó la piedra angular de su ordenamiento jurídico en más de 60 ocasiones. Con un ritmo más moderado de reformas también podrían destacarse la treintena de enmiendas constitucionales aprobadas en Irlanda o las 24 revisiones de la Carta Magna de Francia.
De todos los países europeos, uno de los que ofrece una mejor perspectiva para compararse con España es Portugal, cuyo texto constitucional fue aprobado en 1976, sólo dos años antes de los famosos consensos de 1978. Desde entonces, el país luso concluyó un total de siete procesos de revisión constitucional.
“España tiene miedo a la reforma”
“Siempre hemos tenido una ausencia de cultura de la reforma constitucional”, afirma Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que recuerda que en la historia de España abundan ejemplos de cambios del ordenamiento jurídico en impulsos revolucionarios, mientras que el uso de los mecanismos legales mediante una actitud legislativa propositiva brilla por su ausencia. “Yo creo que en la sociedad española hay cierto temor a la reforma. El instinto de conservación lleva a pensar que cambiar la Constitución implica romper ciertos consensos imprescindibles para la convivencia; somos un país demasiado dramático en ese aspecto”, apunta el jurista.
En un sentido similar se expresa Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. “No es que se hayan hecho sólo dos reformas, es que en ambas ocasiones son reformas constitucionales que vienen determinadas por la Unión Europea, así que casi podríamos decir que no se han hecho reformas para adaptar el texto a las cambiantes circunstancias del país”. Los motivos que esta jurista apunta como principales causas de este inmovilismo se retrotraen a las circunstancias en las que nació la Constitución de 1978.
En aquel momento, España pasó de vivir en un régimen en el que no había libertades democráticas a configurar un Estado de Derecho, lo que llevó a una gran parte de la población a identificar la promulgación del texto constitucional como el elemento que consolidó dicho cambio. “De alguna manera se entiende que cualquier movimiento para reabrir el consenso del 78 es muy peligroso”, añade Gómez antes de concluir que “una de las cuestiones por la que no se reformó la Constitución es porque casi todas las fuerzas políticas estaban convencidas de que hacerlo suponía volver a abrir aquel periodo constituyente, con sus problemas históricos”.
Siguiendo esa línea, Santiago Castellà, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, recuerda que el exministro franquista y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, afirmó en una ocasión que “sólo le gustaban los cambios con gaseosa”, una expresión que en su opinión quedó grabada en la mentalidad política de los legisladores españoles. “Si no se ha reformado la Constitución no es por un problema de procedimientos jurídicos, sino de conciencia política”, añade.
Por su parte, Fernando Oliván, profesor de Derecho Constitucional de la URJC y autor del libro Para una lectura radical de la Constitución de 1978, va un paso más allá y apunta a la existencia de “una serie de pactos de hierro” que dejaron todo “atado y bien atado” para no romper con el pasado franquista de España. “Por encima del texto siempre ha estado ese pacto sagrado y grabado en letras de bronce que constituye el régimen del 78”, apunta el profesor, para el que la monarquía y las élites económicas son un elemento central a la hora de entender la ausencia de voluntad política para realizar reformas constitucionales. “Las resistencias tan radicales que vemos a que esto suceda nos delatan simplemente un hecho sociológico: seguimos con los mismos equipos negociadores que hicieron el contrato de 1978, que no es nada más que el año siguiente al 1977”, razona Oliván.
Frenos del cambio constitucional
Todos los expertos consultados por Público coinciden en señalar a la monarquía como uno de los principales frenos para la modificación del texto constitucional. “Siempre provocó cierto temor que cualquier reforma implicara necesariamente el cuestionamiento del modelo de la monarquía parlamentaria, lo que ha podido tener un efecto desalentador”, reflexiona Víctor Vázquez.
Otra de las trabas históricas a la reforma constitucional en España es, en opinión de Yolanda Gómez, la falta de pragmatismo de los partidos políticos a la hora de aprovechar las oportunidades que en algunas ocasiones se presentaron para acometer cambios. “No se atienen a la ocasión de cambiar una cosa en un momento concreto, sino que quieren utilizar cualquier proceso para abordar asuntos más generales”, relata. Los juristas consultados recuerdan que los debates para afrontar reformas no demasiado problemáticas, como podrían ser la reforma del Senado, la recepción de la Unión Europea en la Constitución, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona o la definición del mapa autonómico, siempre se vieron enturbiados por otros asuntos de mayor calado.
“En otros países se mira a la Constitución como un texto técnico que puede requerir adaptaciones o reformas, sin creer que con hacerlo se vayan a abrir heridas o pretender cambiarlo todo al instante”, prosigue Gómez en una línea similar a la apuntada por Vázquez, que recuerda que un gran número de las enmiendas desarrolladas por las naciones anteriormente mencionadas no trataron de redefinir el sistema político a gran escala, sino, desde una perspectiva más a corto plazo, adecuar ciertos aspectos del texto legal a la realidad
Las consecuencias del inmovilismo
En el centro de la escena creada por todos los factores anteriormente apuntados queda una Constitución que viene actuar como piedra de toque del sistema legal español en 2017 a través de una redacción que se mantiene casi inmaculada desde hace 39 años. Ante eso, cabe preguntarse qué disfunciones pueden derivarse de la falta de actualización del texto. “Un país que no es capaz de reformar el consenso constitucional tiene un problema de primera magnitud”, relata Vázquez. A su modo de ver, existe una distancia entre lo que el texto dice y lo que la sociedad es, lo que indefectiblemente deja al Estado de derecho sin herramientas para afrontar algunos problemas. “El asunto más urgente es el territorial; no se puede encontrar una solución en Catalunya sin cambios constitucionales”, sentencia.
“En el 78 se esbozó el marco territorial de España, pero luego tuvo un desarrollo político distinto hasta convertirse casi de facto en un Estado federal lastrado por un modelo de competencias abstracto”, añade Castellà, que también considera apremiante cerrar un modelo territorial adaptado a las nuevas realidades.
Finalmente, Fernando Oliván llama a ocuparse de lo urgente, pero “sin olvidar lo necesario”. Es decir, más allá de atajar el problema territorial, este jurista pone el foco sobre algunos de los aspectos más “reaccionarios” de la Constitución del 78, como el papel central del Ejército dentro del Estado, o la “lectura raquítica” en materias como el derecho al trabajo o a la vivienda. “El texto remite a esos derechos a un espacio de segunda categoría. Una reforma constitucional valdría para decir que no, que esos derechos tienen el mismo valor que cualquier otro, para blindarlos”, concluye.
http://www.publico.es/politica/constitucion-espanola-reformas-frente-cientos-hermanas-europeas.html
La piedra angular del ordenamiento jurídico español cumple 39 años sin haber pasado por procesos de actualización para adecuarse a la realidad de 2017, una circunstancia que distintos expertos achacan a la supervivencia del franquismo sociológico tras su promulgación
Rajoy y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, este miércoles. EFE/ Chema Moya
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06/12/2017 23:10 Actualizado: 06/12/2017 23:15
DANIEL MARTÍN
La Constitución española cumplió este miércoles 39 años, aunque algunos podrían decir que parece que el tiempo no pasa por ella. En sus casi cuatro décadas de vida el texto constitucional fue sometido a reforma sólo en dos ocasiones. La primera fue en 1992 y sirvió para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich, permitiendo a los extranjeros residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones municipales. La segunda modificación tuvo lugar en 2011, con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar estabilidad presupuestaria ante el gasto social.
Los austeros antecedentes de reforma de la Constitución de 1978 contrastan con la flexibilidad de otros países de la Unión Europea a la hora de cambiar su Carta Magna. De hecho, solo Austria promovió desde 1930 más de cien enmiendas y revisiones de distinto grado de su texto constitucional. Algo similar sucede con Alemania, que desde 1949 modificó la piedra angular de su ordenamiento jurídico en más de 60 ocasiones. Con un ritmo más moderado de reformas también podrían destacarse la treintena de enmiendas constitucionales aprobadas en Irlanda o las 24 revisiones de la Carta Magna de Francia.
De todos los países europeos, uno de los que ofrece una mejor perspectiva para compararse con España es Portugal, cuyo texto constitucional fue aprobado en 1976, sólo dos años antes de los famosos consensos de 1978. Desde entonces, el país luso concluyó un total de siete procesos de revisión constitucional.
“España tiene miedo a la reforma”
“Siempre hemos tenido una ausencia de cultura de la reforma constitucional”, afirma Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que recuerda que en la historia de España abundan ejemplos de cambios del ordenamiento jurídico en impulsos revolucionarios, mientras que el uso de los mecanismos legales mediante una actitud legislativa propositiva brilla por su ausencia. “Yo creo que en la sociedad española hay cierto temor a la reforma. El instinto de conservación lleva a pensar que cambiar la Constitución implica romper ciertos consensos imprescindibles para la convivencia; somos un país demasiado dramático en ese aspecto”, apunta el jurista.
En un sentido similar se expresa Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. “No es que se hayan hecho sólo dos reformas, es que en ambas ocasiones son reformas constitucionales que vienen determinadas por la Unión Europea, así que casi podríamos decir que no se han hecho reformas para adaptar el texto a las cambiantes circunstancias del país”. Los motivos que esta jurista apunta como principales causas de este inmovilismo se retrotraen a las circunstancias en las que nació la Constitución de 1978.
En aquel momento, España pasó de vivir en un régimen en el que no había libertades democráticas a configurar un Estado de Derecho, lo que llevó a una gran parte de la población a identificar la promulgación del texto constitucional como el elemento que consolidó dicho cambio. “De alguna manera se entiende que cualquier movimiento para reabrir el consenso del 78 es muy peligroso”, añade Gómez antes de concluir que “una de las cuestiones por la que no se reformó la Constitución es porque casi todas las fuerzas políticas estaban convencidas de que hacerlo suponía volver a abrir aquel periodo constituyente, con sus problemas históricos”.
Siguiendo esa línea, Santiago Castellà, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, recuerda que el exministro franquista y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, afirmó en una ocasión que “sólo le gustaban los cambios con gaseosa”, una expresión que en su opinión quedó grabada en la mentalidad política de los legisladores españoles. “Si no se ha reformado la Constitución no es por un problema de procedimientos jurídicos, sino de conciencia política”, añade.
Por su parte, Fernando Oliván, profesor de Derecho Constitucional de la URJC y autor del libro Para una lectura radical de la Constitución de 1978, va un paso más allá y apunta a la existencia de “una serie de pactos de hierro” que dejaron todo “atado y bien atado” para no romper con el pasado franquista de España. “Por encima del texto siempre ha estado ese pacto sagrado y grabado en letras de bronce que constituye el régimen del 78”, apunta el profesor, para el que la monarquía y las élites económicas son un elemento central a la hora de entender la ausencia de voluntad política para realizar reformas constitucionales. “Las resistencias tan radicales que vemos a que esto suceda nos delatan simplemente un hecho sociológico: seguimos con los mismos equipos negociadores que hicieron el contrato de 1978, que no es nada más que el año siguiente al 1977”, razona Oliván.
Frenos del cambio constitucional
Todos los expertos consultados por Público coinciden en señalar a la monarquía como uno de los principales frenos para la modificación del texto constitucional. “Siempre provocó cierto temor que cualquier reforma implicara necesariamente el cuestionamiento del modelo de la monarquía parlamentaria, lo que ha podido tener un efecto desalentador”, reflexiona Víctor Vázquez.
Otra de las trabas históricas a la reforma constitucional en España es, en opinión de Yolanda Gómez, la falta de pragmatismo de los partidos políticos a la hora de aprovechar las oportunidades que en algunas ocasiones se presentaron para acometer cambios. “No se atienen a la ocasión de cambiar una cosa en un momento concreto, sino que quieren utilizar cualquier proceso para abordar asuntos más generales”, relata. Los juristas consultados recuerdan que los debates para afrontar reformas no demasiado problemáticas, como podrían ser la reforma del Senado, la recepción de la Unión Europea en la Constitución, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona o la definición del mapa autonómico, siempre se vieron enturbiados por otros asuntos de mayor calado.
“En otros países se mira a la Constitución como un texto técnico que puede requerir adaptaciones o reformas, sin creer que con hacerlo se vayan a abrir heridas o pretender cambiarlo todo al instante”, prosigue Gómez en una línea similar a la apuntada por Vázquez, que recuerda que un gran número de las enmiendas desarrolladas por las naciones anteriormente mencionadas no trataron de redefinir el sistema político a gran escala, sino, desde una perspectiva más a corto plazo, adecuar ciertos aspectos del texto legal a la realidad
Las consecuencias del inmovilismo
En el centro de la escena creada por todos los factores anteriormente apuntados queda una Constitución que viene actuar como piedra de toque del sistema legal español en 2017 a través de una redacción que se mantiene casi inmaculada desde hace 39 años. Ante eso, cabe preguntarse qué disfunciones pueden derivarse de la falta de actualización del texto. “Un país que no es capaz de reformar el consenso constitucional tiene un problema de primera magnitud”, relata Vázquez. A su modo de ver, existe una distancia entre lo que el texto dice y lo que la sociedad es, lo que indefectiblemente deja al Estado de derecho sin herramientas para afrontar algunos problemas. “El asunto más urgente es el territorial; no se puede encontrar una solución en Catalunya sin cambios constitucionales”, sentencia.
“En el 78 se esbozó el marco territorial de España, pero luego tuvo un desarrollo político distinto hasta convertirse casi de facto en un Estado federal lastrado por un modelo de competencias abstracto”, añade Castellà, que también considera apremiante cerrar un modelo territorial adaptado a las nuevas realidades.
Finalmente, Fernando Oliván llama a ocuparse de lo urgente, pero “sin olvidar lo necesario”. Es decir, más allá de atajar el problema territorial, este jurista pone el foco sobre algunos de los aspectos más “reaccionarios” de la Constitución del 78, como el papel central del Ejército dentro del Estado, o la “lectura raquítica” en materias como el derecho al trabajo o a la vivienda. “El texto remite a esos derechos a un espacio de segunda categoría. Una reforma constitucional valdría para decir que no, que esos derechos tienen el mismo valor que cualquier otro, para blindarlos”, concluye.
http://www.publico.es/politica/constitucion-espanola-reformas-frente-cientos-hermanas-europeas.html
La Constitución que certificó el fin del Estado social
Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Con la reforma del 135 se maquinó el fin del Estado social. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones
Algo cambiaría si las cruzadas nacionales y los artículos 155 para los incumplidores se dedicaran al artículo 1) de la Constitución, a "los valores superiores de su ordenamiento jurídico"
Rosa María Artal
05/12/2017 - 21:30h
Rajoy en una de sus frecuentes reuniones con empresarios
Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y luego unos subordinados que lo afianzan. La indisoluble unidad y las Fuerzas Armadas para garantizarla en el 8. El 4 para fijar los términos de la bandera y poco más. El resto del articulado hoy parece secundario.
Unas élites anquilosadas dictan doctrinas hablando incluso de “fatiga de materiales” para una Constitución que no llega ni a los 40 años de existencia, cuando hay otras varias veces centenarias. La de los Estados Unidos, promulgada en 1787, aprobó una Primera Enmienda ya en 1791 –para garantizar la libertad de expresión casualmente – y otras 9 más el mismo año. Lo que tiene la nuestra como diferencia es que no se toca, frente a otras que se adaptan y se mueven como se mueve la propia vida. Los doctos saberes de la España oficial encuentran el principal fallo de la Constitución en el título VIII: varios artículos que regulan la organización territorial. Volvemos a lo mismo, al artículo único: la indisoluble unidad de España.
Poco se habla del artículo 1 que, ordinalmente, ostentaría la máxima jerarquía: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Alguien puede mantener que España es un Estado social en lugar de un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones, y hasta especulativo?
La única vez que nuestra sacrosanta Constitución se reformó fue en el año de gloria de 2011. Al margen de un cambio de redacción mínimo en 1992. En tres días de agosto –hay quien dice que en 15 minutos en realidad – se reformó el Artículo 135. Entre PSOE y PP, entre el entonces presidente Zapatero y el que ganaría las elecciones aquel 20 de noviembre: Mariano Rajoy. En el epígrafe 3 dice:
“ Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.
Prioridad absoluta del pago a unos créditos que suscriben los gobernantes sin posibilidad de enmienda. Rajoy ha llevado la deuda a su récord histórico, por cierto. Más de 1 billón de euros y en torno al 100% del PIB. Con la reforma del 135 se maquinó el fin del Estado social. Ya venía avisando, sin duda, y los gobiernos de Rajoy le dieron el remate. Es lo que ocurre cuando las leyes son interpretadas bajo un Estado de derechas, y con grandes dosis de corrupción, que tiende al autoritarismo para proteger sus felonías.
El 135 entró en colisión con varios artículos. No se cumplían y quedaron en papel mojado, con aval. El derecho a una vivienda digna y adecuada. Con un desarrollo que da casi ternura leer, sujetando la indignación. Estipula que “ Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho" (...) regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo mismo ocurre con el deber y el derecho al trabajo dignamente remunerado. O con el pago de impuestos. Arsenio Escolar adelantó el análisis, ayer, reseñando algunos incumplimientos flagrantes de la Constitución. Con las dramáticas consecuencias que han tenido.
Una Constitución que, como Carta Magna y máxima, debería garantizar lo que dice garantiza y no ser tan selectiva en sus prioridades, según quien manda o influye. Hoy nos encontramos con la salud privatizada aceleradamente, el empleo que no cubre las necesidades básicas a muchas personas por su precariedad. Y a la baja: empiezan a sobrar hasta camareros. La hostelería está destruyendo empleos a un ritmo desconocido. Cuando no hay dinero, no se consume aunque cante maravillas la propaganda. Las pensiones en el centro de la diana ya sin disimulo. Martillean a diario –ahora diagnosticados por la OCDE – con que España paga a demasiadas personas que les da por vivir mucho tiempo y una cantidad mayor en porcentaje que otros países. De unos sueldos inferiores históricamente. Pero, eso, como tantas otras cosas no se cuenta.
Defiende Rajoy “el gran proyecto que es España” y que “algunos” no quieren ver, secundado y jaleado por sus medios concertados, por sus socios, cuando no hay sino mirar la realidad. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado de economía especulativa.
Noticia del día. Baleares anuncia las guarderías del futuro: 1,5 metros cuadrados por niño y sin luz natural obligatoria. Ofrecen solo servicio de custodia, no educativo. La Rioja y Murcia tienen normativas parecidas. Almacenes de niños pobres. Quizás se arme algún revuelo y se retrase su implantación, pero es a lo que vamos. Su hijo puede ser uno de ellos, su nieto. Ciudadanos de primera y de segunda desde la cuna. Las guarderías públicas de 0 a 3 años son eterna promesa electoral, permanentemente incumplida.
¿Se han fijado en la cantidad de niños que van tosiendo por los lugares públicos? Un médico comentaba hace unos días en Radio Madrid, de la SER, que uno de cada diez niños acude a clase con la merienda y un inhalador broncodilatador en la mochila. Los niños son muy sensibles, sí, pero no a ese punto. La contaminación y lo que llaman “pobreza energética” está haciendo estragos en la salud de niños y adultos.
Carne de cañón para un mundo que ya publica sin sonrojo, normaliza, el comercio de órganos. La venta, por dinero en consecuencia. Y avanza cuánto se paga por un riñón o un corazón. El mundo del sálvese quien pueda, literalmente. Y que se configura como el modelo ultraliberal del futuro. Cuesta creer que haya tantos millones de seres cegados por la bandera del artículo único. Pero los hay, dispuestos a despeñarse por un acantilado si es preciso.
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos. Lo dice el artículo 1, también. Sería exigible un voto responsable por el bien común. Derechos, libertades, criterio, andan en precario.
Se acercan unas elecciones en Catalunya con candidatos encarcelados o fuera de España. Con la Junta Electoral prohibiendo el color amarillo y ordenando retirar carteles con las palabras Libertad y Democracia, escritas en catalán naturalmente. Con Cospedal, número 2 del PP, declarando con su desparpajo habitual: “hemos convocado elecciones para que ganen los constitucionalistas”. Su líder en Catalunya lanza una campaña política al grito de “A por ellos”. Refuerzos más jóvenes pero tanto o más conservadores cantan a dos voces el eslogan del mercado: “el Procés se va acabar”. Como criados con el anuncio de Wipp Express de los 90. Un olor a búsqueda de poder, sin más, se extiende por múltiples rincones del tablero político.
¿Fatiga de materiales en la Constitución? Cansancio de una esclerotizada élite que apaga todo pulso de imaginación y de empuje. Las crónicas de la jornada festiva nos hablarán de los destacados asistentes, de los corrillos sin cámaras. Tampoco esta vez hablarán de nosotros. Sí de lo que “nos hemos dado”, y nada de lo que nos han quitado. Algo cambiaría si las cruzadas nacionales y los artículos 155 para los incumplidores se dedicaran al artículo 1 de la Constitución, a "los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
http://www.eldiario.es/zonacritica/Constitucion-certifico-fin-social_6_715388472.html
Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Con la reforma del 135 se maquinó el fin del Estado social. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones
Algo cambiaría si las cruzadas nacionales y los artículos 155 para los incumplidores se dedicaran al artículo 1) de la Constitución, a "los valores superiores de su ordenamiento jurídico"
Rosa María Artal
05/12/2017 - 21:30h
Rajoy en una de sus frecuentes reuniones con empresarios
Se diría que la Constitución española tiene un único artículo, el 2, cuando dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y luego unos subordinados que lo afianzan. La indisoluble unidad y las Fuerzas Armadas para garantizarla en el 8. El 4 para fijar los términos de la bandera y poco más. El resto del articulado hoy parece secundario.
Unas élites anquilosadas dictan doctrinas hablando incluso de “fatiga de materiales” para una Constitución que no llega ni a los 40 años de existencia, cuando hay otras varias veces centenarias. La de los Estados Unidos, promulgada en 1787, aprobó una Primera Enmienda ya en 1791 –para garantizar la libertad de expresión casualmente – y otras 9 más el mismo año. Lo que tiene la nuestra como diferencia es que no se toca, frente a otras que se adaptan y se mueven como se mueve la propia vida. Los doctos saberes de la España oficial encuentran el principal fallo de la Constitución en el título VIII: varios artículos que regulan la organización territorial. Volvemos a lo mismo, al artículo único: la indisoluble unidad de España.
Poco se habla del artículo 1 que, ordinalmente, ostentaría la máxima jerarquía: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Alguien puede mantener que España es un Estado social en lugar de un Estado al servicio de la economía, de las grandes corporaciones, y hasta especulativo?
La única vez que nuestra sacrosanta Constitución se reformó fue en el año de gloria de 2011. Al margen de un cambio de redacción mínimo en 1992. En tres días de agosto –hay quien dice que en 15 minutos en realidad – se reformó el Artículo 135. Entre PSOE y PP, entre el entonces presidente Zapatero y el que ganaría las elecciones aquel 20 de noviembre: Mariano Rajoy. En el epígrafe 3 dice:
“ Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”.
Prioridad absoluta del pago a unos créditos que suscriben los gobernantes sin posibilidad de enmienda. Rajoy ha llevado la deuda a su récord histórico, por cierto. Más de 1 billón de euros y en torno al 100% del PIB. Con la reforma del 135 se maquinó el fin del Estado social. Ya venía avisando, sin duda, y los gobiernos de Rajoy le dieron el remate. Es lo que ocurre cuando las leyes son interpretadas bajo un Estado de derechas, y con grandes dosis de corrupción, que tiende al autoritarismo para proteger sus felonías.
El 135 entró en colisión con varios artículos. No se cumplían y quedaron en papel mojado, con aval. El derecho a una vivienda digna y adecuada. Con un desarrollo que da casi ternura leer, sujetando la indignación. Estipula que “ Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho" (...) regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo mismo ocurre con el deber y el derecho al trabajo dignamente remunerado. O con el pago de impuestos. Arsenio Escolar adelantó el análisis, ayer, reseñando algunos incumplimientos flagrantes de la Constitución. Con las dramáticas consecuencias que han tenido.
Una Constitución que, como Carta Magna y máxima, debería garantizar lo que dice garantiza y no ser tan selectiva en sus prioridades, según quien manda o influye. Hoy nos encontramos con la salud privatizada aceleradamente, el empleo que no cubre las necesidades básicas a muchas personas por su precariedad. Y a la baja: empiezan a sobrar hasta camareros. La hostelería está destruyendo empleos a un ritmo desconocido. Cuando no hay dinero, no se consume aunque cante maravillas la propaganda. Las pensiones en el centro de la diana ya sin disimulo. Martillean a diario –ahora diagnosticados por la OCDE – con que España paga a demasiadas personas que les da por vivir mucho tiempo y una cantidad mayor en porcentaje que otros países. De unos sueldos inferiores históricamente. Pero, eso, como tantas otras cosas no se cuenta.
Defiende Rajoy “el gran proyecto que es España” y que “algunos” no quieren ver, secundado y jaleado por sus medios concertados, por sus socios, cuando no hay sino mirar la realidad. España, de tanto no ser ya un Estado social, se ha vuelto un Estado de economía especulativa.
Noticia del día. Baleares anuncia las guarderías del futuro: 1,5 metros cuadrados por niño y sin luz natural obligatoria. Ofrecen solo servicio de custodia, no educativo. La Rioja y Murcia tienen normativas parecidas. Almacenes de niños pobres. Quizás se arme algún revuelo y se retrase su implantación, pero es a lo que vamos. Su hijo puede ser uno de ellos, su nieto. Ciudadanos de primera y de segunda desde la cuna. Las guarderías públicas de 0 a 3 años son eterna promesa electoral, permanentemente incumplida.
¿Se han fijado en la cantidad de niños que van tosiendo por los lugares públicos? Un médico comentaba hace unos días en Radio Madrid, de la SER, que uno de cada diez niños acude a clase con la merienda y un inhalador broncodilatador en la mochila. Los niños son muy sensibles, sí, pero no a ese punto. La contaminación y lo que llaman “pobreza energética” está haciendo estragos en la salud de niños y adultos.
Carne de cañón para un mundo que ya publica sin sonrojo, normaliza, el comercio de órganos. La venta, por dinero en consecuencia. Y avanza cuánto se paga por un riñón o un corazón. El mundo del sálvese quien pueda, literalmente. Y que se configura como el modelo ultraliberal del futuro. Cuesta creer que haya tantos millones de seres cegados por la bandera del artículo único. Pero los hay, dispuestos a despeñarse por un acantilado si es preciso.
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos. Lo dice el artículo 1, también. Sería exigible un voto responsable por el bien común. Derechos, libertades, criterio, andan en precario.
Se acercan unas elecciones en Catalunya con candidatos encarcelados o fuera de España. Con la Junta Electoral prohibiendo el color amarillo y ordenando retirar carteles con las palabras Libertad y Democracia, escritas en catalán naturalmente. Con Cospedal, número 2 del PP, declarando con su desparpajo habitual: “hemos convocado elecciones para que ganen los constitucionalistas”. Su líder en Catalunya lanza una campaña política al grito de “A por ellos”. Refuerzos más jóvenes pero tanto o más conservadores cantan a dos voces el eslogan del mercado: “el Procés se va acabar”. Como criados con el anuncio de Wipp Express de los 90. Un olor a búsqueda de poder, sin más, se extiende por múltiples rincones del tablero político.
¿Fatiga de materiales en la Constitución? Cansancio de una esclerotizada élite que apaga todo pulso de imaginación y de empuje. Las crónicas de la jornada festiva nos hablarán de los destacados asistentes, de los corrillos sin cámaras. Tampoco esta vez hablarán de nosotros. Sí de lo que “nos hemos dado”, y nada de lo que nos han quitado. Algo cambiaría si las cruzadas nacionales y los artículos 155 para los incumplidores se dedicaran al artículo 1 de la Constitución, a "los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
http://www.eldiario.es/zonacritica/Constitucion-certifico-fin-social_6_715388472.html
La reforma constitucional que no será
La reforma parece imposible, entre otros motivos porque el PP se ve vencedor del envite catalán
Ignacio Escolar
07/12/2017 - 21:41h
Hace apenas dos meses, en una entrevista con Pedro Sánchez en eldiario.es, pregunté al secretario general del PSOE si se fiaba de Mariano Rajoy, si confiaba en su palabra, si no le preocupaba que le ocurriera con su acuerdo de reformar la Constitución lo mismo que le pasó a Albert Rivera, cuando pactó una serie de medidas para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno que después el PP no cumplió. Esto fue lo que me contestó:
Dos meses después, hoy muy pocos en el PSOE y casi nadie de entre los dirigentes del resto de los partidos parecen aún creer que en esta legislatura se vaya a aprobar una reforma constitucional. El PP cumplió con el PSOE nada más que en los mínimos formales; apoyó que se abriese una comisión de estudio de la reforma constitucional. Una comisión a la que Rajoy ha puesto el freno de mano y que no tiene apenas visos de prosperar.
La reforma parece imposible, entre otros motivos porque el PP se ve vencedor del envite catalán. Por eso muchos de sus dirigentes proponen hoy una contrarreforma; un Estado más centralizado que el actual. Es también un brindis al sol, porque esa propuesta cuenta con aún menos apoyo parlamentario y social de quienes quieren una reforma federal. Pero es una posición de bloqueo: si unos piden más autonomía y otros más centralidad, el punto de acuerdo es no hacer nada; la Constitución actual.
Mariano Rajoy, además, tiene incentivos para no moverse lo más mínimo en la reforma constitucional. No solo porque no moverse sea su tendencia política natural. También porque la división en la derecha –por el empuje de Ciudadanos, pero también por el aznarismo latente– complica al líder del PP plantear cualquier reforma constitucional que pueda ser cuestionada como una cesión o un premio a los independentistas catalanes.
Sea cual sea el resultado electoral en Catalunya el próximo 21D, también si los independentistas se quedan a unos escaños de la mayoría parlamentaria, el problema de fondo seguirá sin arreglarse. No es solo el anhelo independentista de un alto porcentaje de los catalanes. Es la ruptura del pacto constitucional entre la mayoría absoluta de la sociedad catalana –no solo los independentistas– y el resto de España.
El pacto constitucional con Catalunya son dos leyes: la Constitución y el Estatut. Y ese pacto está roto porque el Estatut que votó el Parlamento catalán, el Parlamento español y los catalanes en referéndum fue, después de todo ese proceso, mutilado por el politizado Tribunal Constitucional. El contrato quedó recortado pero en vigor, y de esa frustración nace en gran medida este conflicto, que solo se podrá enmendar si se reconstruye el pacto constitucional. Si los catalanes, como el resto de los españoles, aprueban una reforma constitucional que debería partir de dos premisas: la igualdad de derechos entre todos los españoles, pero también la diversidad en esa unión.
De facto, aunque se diga poco, el modelo autonómico español es asimétrico y reconoce la diversidad; en algunas cosas se parece más a una confederación que a una federación. Lo era todavía más en su primer diseño de 1978, cuando se dibujaron dos velocidades distintas para el desarrollo autonómico. Y es evidente su asimetría, su reconocimiento de la diversidad, cuando hay dos modelos fiscales –el vasco y el de los demás– y, también un régimen foral. No es siquiera de ahora. Es tan antiguo como la propia construcción del Estado español.
La Constitución no solo necesita una reforma por el problema catalán –y por otros muchos más–. También vendría bien que se cumplieran todos sus artículos, no solo aquellos que reivindica el PP.
http://www.eldiario.es/escolar/reforma-constitucional_6_716088412.html
La reforma parece imposible, entre otros motivos porque el PP se ve vencedor del envite catalán
Ignacio Escolar
07/12/2017 - 21:41h
Hace apenas dos meses, en una entrevista con Pedro Sánchez en eldiario.es, pregunté al secretario general del PSOE si se fiaba de Mariano Rajoy, si confiaba en su palabra, si no le preocupaba que le ocurriera con su acuerdo de reformar la Constitución lo mismo que le pasó a Albert Rivera, cuando pactó una serie de medidas para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno que después el PP no cumplió. Esto fue lo que me contestó:
Dos meses después, hoy muy pocos en el PSOE y casi nadie de entre los dirigentes del resto de los partidos parecen aún creer que en esta legislatura se vaya a aprobar una reforma constitucional. El PP cumplió con el PSOE nada más que en los mínimos formales; apoyó que se abriese una comisión de estudio de la reforma constitucional. Una comisión a la que Rajoy ha puesto el freno de mano y que no tiene apenas visos de prosperar.
La reforma parece imposible, entre otros motivos porque el PP se ve vencedor del envite catalán. Por eso muchos de sus dirigentes proponen hoy una contrarreforma; un Estado más centralizado que el actual. Es también un brindis al sol, porque esa propuesta cuenta con aún menos apoyo parlamentario y social de quienes quieren una reforma federal. Pero es una posición de bloqueo: si unos piden más autonomía y otros más centralidad, el punto de acuerdo es no hacer nada; la Constitución actual.
Mariano Rajoy, además, tiene incentivos para no moverse lo más mínimo en la reforma constitucional. No solo porque no moverse sea su tendencia política natural. También porque la división en la derecha –por el empuje de Ciudadanos, pero también por el aznarismo latente– complica al líder del PP plantear cualquier reforma constitucional que pueda ser cuestionada como una cesión o un premio a los independentistas catalanes.
Sea cual sea el resultado electoral en Catalunya el próximo 21D, también si los independentistas se quedan a unos escaños de la mayoría parlamentaria, el problema de fondo seguirá sin arreglarse. No es solo el anhelo independentista de un alto porcentaje de los catalanes. Es la ruptura del pacto constitucional entre la mayoría absoluta de la sociedad catalana –no solo los independentistas– y el resto de España.
El pacto constitucional con Catalunya son dos leyes: la Constitución y el Estatut. Y ese pacto está roto porque el Estatut que votó el Parlamento catalán, el Parlamento español y los catalanes en referéndum fue, después de todo ese proceso, mutilado por el politizado Tribunal Constitucional. El contrato quedó recortado pero en vigor, y de esa frustración nace en gran medida este conflicto, que solo se podrá enmendar si se reconstruye el pacto constitucional. Si los catalanes, como el resto de los españoles, aprueban una reforma constitucional que debería partir de dos premisas: la igualdad de derechos entre todos los españoles, pero también la diversidad en esa unión.
De facto, aunque se diga poco, el modelo autonómico español es asimétrico y reconoce la diversidad; en algunas cosas se parece más a una confederación que a una federación. Lo era todavía más en su primer diseño de 1978, cuando se dibujaron dos velocidades distintas para el desarrollo autonómico. Y es evidente su asimetría, su reconocimiento de la diversidad, cuando hay dos modelos fiscales –el vasco y el de los demás– y, también un régimen foral. No es siquiera de ahora. Es tan antiguo como la propia construcción del Estado español.
La Constitución no solo necesita una reforma por el problema catalán –y por otros muchos más–. También vendría bien que se cumplieran todos sus artículos, no solo aquellos que reivindica el PP.
http://www.eldiario.es/escolar/reforma-constitucional_6_716088412.html
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Aaaaleluya, aaaleluya, aaaallleluuuyya.- ¡Sra. Amadis, ¡No te pases!, ni tanto ni tan calvo, si le gusta la Constitución… pues vale, y Viva la Madre Superiora. La Constitución entre otras oscuras intenciones, Trae consigo que este país de Vagos y Maleantes… (No todos) hayan cogido una semana de puente ¡Tócate los coj*nes! (Con perdón del exabrupto, pero tanta estupidez me enerva) Las televisiones con el furor de una buscona de (exiguo precio), vocea a voz en grito que España está de put* Madre, que los hoteles están rozando el 100% las colas en los aeropuertos son enormes, que los españoles eligen los países tropicales donde el sol les caliente bien el culo y sus respetables señoras se tuesten por el anverso y el reverso
Estos Mentideros Oficiales, bien pagados por su poderoso chulo ¡OMITEN! Que se han; perdido millones de horas de trabajo en todas las empresas de España, porque no es normal que un país < de Muertos de hambre, de trabajadores pobres y la miseria escondida debajo de las alfombras, estén de puente en puente celebrando Vírgenes, Santos > ¡Y digo yo! ¿Quien trabaja para tanto: Vago, Parásitos, Corruptos y millones de inmigrantes? ¡Esto si que es un milagro!
¡Otra cosa! La Constitución le ha venido de maravilla al Jefe de esta especie de ¡Torre de Babel! Con el famoso artículo 155, en el que les ha permitido dar un Golpe de Estado (Encarcelar a sus representantes, gracias a jueces ¡ad hoc! Y meter la mano del Estado en cartera ajena… ¡Lo cual! Ha empezado < A cerrar las Embajadas Catalanas o Delegaciones, en el extranjero > para Compañía Catalanas y el tejido empresarial local
Con la aviesa intención (Muy característico del español) de pegar donde más duele, quitarle el pan de la boca al pueblo… ¡La táctica de estos VIVIDORES es siempre la misma! Donde suman mayoría, hacer una masa compacta como si fuese un Mocordo… como hizo Patxi Lopez, cuando gobernó en Euskadi con el PP (gracias a la ilegalización de Herri Batasuna) cerrando las Delegaciones Empresariales que tenia el Gobierno Vaco en el extranjero
No olvidemos el hermano del Portador del Gobierno “iñigo mendez de vigo” es < Vicepresidente de la orden propietaria del monasterio de Sijena. Tanto el portavoz del Gobierno como su hermano Pedro y su padre Íñigo > Es que ya no respetan ni las formas... vendría a ser como si yo me tirase < un pedo Cantarin y Aromatico > dentro de un ascensor lleno de gente, me diese la vuelta y dijese ¡He sido yo, Pasa Algo!
Como la Rosa la Paloma y el Naranjito se hagan con Cataluña… esa Hermosa, Legendaria e Histórica Nación que es Cataluña, se convertirá en un Abrevadero mas de las que abundan en todas las Comunidades ¡MENOS en EUSKADI1 y a los “Deficientes Mentales, que nos amenazan con el 155, se irán con el rabo entre las piernas aunque estén con ellos la Guardia Mora que tuvo sus ancestros en sus filas