Exhumación de Francisco Franco e inhumación en el panteón de Mingorrubio, El Pardo

A mi modo de ver, luego de releer , hoy el T Supremo ha legalizado el golpe de Estado de 1936, al escribir que Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1936.
No es un lapsus, está escrito.
 
A mi modo de ver, luego de releer , hoy el T Supremo ha legalizado el golpe de Estado de 1936, al escribir que Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1936.
No es un lapsus, está escrito.
no fue un golpe de estado, fue un levantamiento militar ante el golpe de estado que estaba perpetrando la republica
 
no fue un golpe de estado, fue un levantamiento militar ante el golpe de estado que estaba perpetrando la republica

Reclama al Tribunal Supremo que es quien ha dado la orden de no exhumar a Franco alegando que fue jefe de estado desde el dia 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975.
Sería un levantamiento militar para repartir saludos y saludar sin levantarse es de mala educación.
 
A mi modo de ver, luego de releer , hoy el T Supremo ha legalizado el golpe de Estado de 1936, al escribir que Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1936.
No es un lapsus, está escrito.

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España es una democracia franquista y devaluada.
 
A mi modo de ver, luego de releer , hoy el T Supremo ha legalizado el golpe de Estado de 1936, al escribir que Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1936.
No es un lapsus, está escrito.
Lapsus el tuyo prima, sin acritud. Golpe de Estado el de Tejero, Pigdemont... Franco no. Jefe de Estado y muy respetado. Antes exhuman al Pablenin que está casi fenecido.
 
El problema es de calado jurídico. Franco está enterrado dentro de un lugar de culto: la Basílica. Uno de los varios instrumentos que componen eso que se suele llamar Concordato (el Acuerdo de 1979 sobre Asuntos Jurídicos) establece con claridad el principio de inviolabilidad de los lugares de culto de la Iglesia Católica; aunque no es absolutamente ilimitado, su aplicabilidad a una materia de calado religioso como un enterramiento católico parece fuera de discusión. Recurrir para evitar ese obstáculo a la Ley de la Memoria Histórica es un disparate jurídico increible, si se piensa que quien parece estar directamente a cargo del dossier es una catedrática de Derecho Constitucional, la vicepresidenta Calvo.

Es justo la Constitución la que consagra el principio de supremacía de los tratados internacionales (el Concordato aquí) sobre las normas de derecho nacional. ¿La razón de fondo?: las decisiones internas de los países son vinculantes para cada país, pero no frente a terceros: una ley no puede modificar un acuerdo con otro actor internacional. Se puede denunciar (salirse de) el Acuerdo, pero eso tendría un coste político que se prefiere no pagar: es más barato intentar colarnos una sarta de trolas escandalosas.

Resulta imposible ignorar, a poco que se estudie el asunto (el gobierno dispone de un análisis muy detallado: el informe Zapatero de 2011), que la simple oposición del titular del lugar de culto a que se entre en él y se proceda a la exhumación la va a impedir. La constante en éste y otros asuntos de gran visibilidad política es una manera de gestionar que antepone inmediatez e intereses electorales (titulares de prensa, en suma) a los resultados que dice buscar. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con las medallas pensionadas que se le iban a retirar a aquel antiguo policía conocido como Billy el Niño?; no es posible hacerlo, ¿verdad? Chapucería y cálculo.

PD Comentario de Santiagoe en El Confidencial
 
El patinazo histórico del Supremo: asume la cronología golpista en el auto de la exhumación de Franco

La sala que ha paralizado la exhumación hasta que haya sentencia alude a Franco en el auto como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936", colocándolo como líder legítimo tras el golpe y obviando los tres años de guerra
"Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. Era una Junta compuesta por militares sublevados", explica el historiador Ángel Viñas

"Franco nunca fue legalmente Jefe del Estado, a no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuese legítimo", dice el historiador Paul Preston

Fuentes de la sala recalcan a que el sentido del fallo es el contrario, que se priman los intereses públicos antes de los de la familia Franco aunque insisten en que la fecha del 36 no es un error

Juan Miguel Baquero / Irene Castro

62 comentarios

04/06/2019 - 22:37h
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Francisco Franco, mayo de 1952 EFE / BARCELONA

El Supremo paraliza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos
El Tribunal Supremo ha paralizado la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como medida cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo. En el auto, en una línea, describe a Francisco Franco como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento" para justificar que no es un particular y que los intereses públicos priman sobre los de la familia. Pero la elección de la fecha, según historiadores como Paul Preston, Julián Casanova, Ian Gibson o Ángel Viñas, es desafortunada y valida el relato golpista.




Al elegir 1936, en opinión de los expertos, se obvia que hubo un golpe de Estado, una guerra civil y que la República acabó en 1939, no en 1936. Se asume que Francisco Franco fue nombrado como Jefe del Gobierno del Estado el 28 de septiembre de 1936, por una Junta de Defensa Nacional que estaba compuesta por militares golpistas.

"Es incorrecto lo que dice el Tribunal Supremo: Franco nunca fue legalmente Jefe del Estado", responde el hispanista Paul Preston. "A no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuera legítimo", continúa.

"Es una vergüenza total, un asco y un desprecio ante los ojos del mundo civilizado", opina el hispanista Ian Gibson. "Qué desprecio a las víctimas del genocida", subraya. "El Supremo incurre en un equívoco al datar su calidad de Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936", incide el historiador Ángel Viñas.

"Reconocimientos" a Franco
"Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. Era una Junta compuesta por militares sublevados, no reconocida por ningún Estado y en pugna con el régimen constitucional reconocido por todos", explica Viñas.

"Aunque la autoridad franquista fue reconocida en noviembre de 1936 por los regímenes nazi-fascista, la ampliación a otros estados se hizo a cuentagotas", amplía Viñas. "Hasta que no se vio que Franco había ganado la guerra no se desató el chorro de reconocimientos. El de Estados Unidos fue el que más se demoró", prosigue.

"A Franco lo nombraron Jefe del Gobierno del Estado español sus compañeros golpistas y solo tiene ese título entre ellos y en el territorio que iban conquistando", enlaza el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. El Jefe de Estado "era Manuel Azaña y lo siguió siendo hasta la victoria de las tropas de Franco el 1 de abril de 1939", concluye.

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Una mujer junto a la tumba del general Francisco Franco, en el Valle de los Caídos / EFE

Fuentes de la sala puntualizan que cuando se habla de Franco como jefe de Estado se hace en el sentido de remarcar que no es un ciudadano cualquiera y que "se van a primar los intereses públicos" sobre otros. Preguntadas las mismas fuentes por la elección de 1936 se remiten a que fue designado en esa fecha y descartan que haya sido un error, recordando que el auto pone de relieve la importancia de los intereses del Estado.

El problema, dice Casanova, es la desmemoria del país. "La historia del siglo XX español, hecha con rigor y fuentes solidas, pasada por el filtro de los debates historiográficos, tardó en entrar en las aulas, en las universidades. Pero hace años que hay una historiografía solida y reconocida sobre esos temas", remacha.

Tras la suspensión cautelar, queda esperar a la sentencia final, que se podría emitir en dos o tres meses. Los nietos del dictador aducen en su demanda que el Consejo de Ministros no es competente para decidir la exhumación, que se trata de una ley de caso único puesto que solo afecta a su abuelo, que los trabajos de exhumación son de obra mayor y requiere de más permisos, que es inconstitucional o que no era una decisión urgente que había que tomar por Real Decreto ya que su abuelo lleva 44 años enterrado allí.

Por su parte, el Gobierno "está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", según la respuesta oficial del Ejecutivo.

Esa esperanza la ven reforzada por uno de los argumentos que esgrime el alto tribunal en el auto, en el que, para Moncloa, "no discute el interés general de la medida adoptada". El fallo del Supremo expresa que en los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la exhumación del dictador "está también presente el interés general" a través de la modificación vía decreto de la ley de Memoria Histórica. No obstante, dentro del Ejecutivo ha habido dudas desde el inicio del proceso sobre la legalidad de la medida dado que temen que se pueda tumbar al interpretarse que es una "ley de caso único".

https://www.eldiario.es/sociedad/Historiadores-desprecio-Supremo-Franco-Jefe_0_906410206.html


En una democracia con sociología franquista, con jueces franquistas no es ningún patinazo esas declaraciones, mas bien, es el reflejo de lo que opinan, lo cual no tienen ya ningún pudor ni reparo en mostrarlo.

Por eso en éste país el enaltecimiento del franquismo no está penado.

Ni Franco ni Leopoldo Lopez son golpistas, aquí los únicos golpistas para el TS son los catalanes. ¡Vaya país que tenemos!


:mad::confused:
 
Supremo error

Memoria histórica

No existe, ni para los Franco ni para nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y demandas del interés general
Antón Losada
36 comentarios

04/06/2019 - 21:57h
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Sede del tribunal Supremo EFE

Las dimensiones del catastrófico error que acaba de cometer el Tribunal Supremo, al paralizar la exhumación de los restos del dictador Franco, se verán con claridad conforme pase el tiempo. La Justicia española tenía ante sí la oportunidad única de ponerse al día con los tiempos, la democracia y la justicia en un solo gesto y en una sola decisión. Facilitar que un gobierno democrático procediera a remover los restos mortales de un golpista y un criminal como Franco, sin recompensar ni la mala fe ni el obstruccionismo practicado por la familia del tirano, era un regalo del destino para una justicia en mínimos de credibilidad, independencia y eficiencia. Ha preferido tirar esa ocasión a la basura a cambio de garantizar los derechos de una familia particular por encima de cualquier otra consideración o bien jurídico.




Resulta muy difícilmente discutible que, entre proteger el bien jurídico de los intereses privados de la familia Franco y proteger el bien jurídico de preservar la efectividad de los acuerdos y decisiones de un gobierno legalmente constituido para administrar el patrimonio del Estado, debería haberse impuesto el principio de proteger el bien jurídico superior y, sobre todo, existente. No existe, ni para los Franco ni para nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y demandas del interés general.

Resulta jurídicamente más discutible por qué Franco está enterrado en un espacio patrimonio del Estado que el evidente derecho de ese Estado a removerlo. Cuesta trabajo validar cualquier argumento jurídico que sustente el derecho a estar enterrado en un bien patrimonio del Estado porque, sencillamente, no existe tal derecho ni podría existir. Resulta aún más incomprensible que se suspenda una decisión gubernativa firme para amparar la apariencia de un supuesto derecho. Alegar que se pospone para proteger los intereses del Estado, en caso de una sentencia favorable a los Franco, compensa mal con el evidente destrozo infligido a cualquier estado democrático al cual se suspenda de su derecho a librarse de los tiranos después de muertos mientras se analiza la validez de los derechos heredados de la tiranía.

Comparar el caso de los Franco con el caso polaco y la anulación de la arbitraria decisión de enterrar a los fallecidos en el accidente aéreo de 2010 sin atender a las familias es, simplemente, un insulto a la inteligencia. En Polonia no se dio audiencia a los familiares de las víctimas, tal y como era y es preceptivo. Aquí no hemos hecho otra cosa que garantizar hasta el ridículo todos y cada uno de los derechos de la familia Franco.

Que uno de los magistrados que firma la decisión del Supremo en lugar de abstenerse por pura prudencia, José Luis Requero, sea padrino de una de las hijas del abogado de los Franco, Santiago Milans del Bosch, añade ese toque bananero que tanto nos recuerda que, en más cosas de las que pensamos, aún vivimos en la Escopeta Nacional del maestro García Berlanga.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Supremo-error_6_906469358.html
 
El perfil ultraconservador del magistrado Requero, uno de los que ha suspendido la exhumación de Franco


La ARMH presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que avisaba al Supremo de que el juez José Luis Requero, que ha participado en la decisión de suspender la exhumación del dictador, podría tener su imparcialidad comprometida por su estrecha relación con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Franco.


José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo. EFE/Archivo

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MADRID
05/06/2019 07:33 Actualizado: 05/06/2019 07:33
ALEJANDRO TORRÚS

Cuando en el año 2005 el magistrado José Luis Requero Ibáñez era vocal del Consejo General del Poder Judicial escribió la siguiente frase: "Llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal". Han pasado 14 años desde aquel momento y la carrera de Requeño Ibáñez ha ido viento en popa. Del CGPJ saltó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y, de hecho, ha sido uno de los cinco magistrados que ha decidido suspender la exhumación de Franco.

José Luis Requero Ibáñez es miembro del Opus Dei, tiene diez hijos y en sus tiempos en la Audiencia Nacional declaró nula la campaña gubernamental Póntelo, pónselo para fomentar el uso del preservativo porque esta era "inveraz y parcial". La decisión fue polémica. Era el año 1990. Pero no sería su única polémica. La principal de todos fue su férrea oposición al matrimonio igualitario. El diario El Paísrecogía la siguiente expresión del juez Requero: "Me quedo sin argumentos para decir por qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda social", proseguía.


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Aún así el magistrado Requero siguió ascendiendo aunque fuera siempre con polémica. En 2014, su nombramiento al Supremo supuso una cascada de críticas, tal y como refleja también una noticia de El País. Por dos motivos. El sector conservador del CGPJ se saltó el habitual procedimiento de nombramiento y lo impuso como un acto de fuerza rompiendo el pacto con el resto de vocales progresistas. Segundo, porque los vocales progresistas no acertaban a entender cómo el grupo conservador había ascendido a un ultraconservador que había comparado el matrimonio homosexual con un casamiento entre "un animal y un hombre" hasta el Supremo.

Y allí ha permanecido hasta estos días, en los que Requero ha tenido que decidir si paralizar o no la exhumación de Franco. De hecho, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó el lunes una queja ante el CGPJ en la que avisaba de que la imparcialidad del tribunal podría verse comprometida por la presencia de Requero en el grupo de magistrados.

El motivo, no obstante, no era la contrastada homofobia del magistrado ni la consonancia de algunas de sus sentencias con su ideología ultraconservadora. Tampoco que hubiera pedido al entonces rey Juan Carlos I que no sancionara la ley de Rodríguez Zapatero del matrimonio homosexual. En esta ocasión la denuncia de la ARMH estaba basada en los vínculos de amistad que unen a este juez con Santiago Milans del Bosch, sobrino del ex teniente general golpista, colaborador de la Fundación Francisco Franco y dueño de un bufete de abogados que ha representado a la familia del dictador en algunos casos como el de las esculturas del pórtico de la gloria de la catedral de Santiago de Compostela.

"La relación entre José Luis Requero y Santiago Milans del Bosch es larga y estrecha; fueron compañeros durante unos años en la Audiencia Nacional, el magistrado es el padrino de una hija del abogado", denuncia la ARMH, que considera que la cercanía de Requero y Milans del Bosch "plantea serias dudas acerca de su imparcialidad, algo que de ser así comprometería seriamente la decisión que pueda tomar la Sala".

La decisión de la Sala, no obstante, ya está tomada: la exhumación ha sido suspendida a la espera de analizar el recurso presentado por los Franco. La sentencia definitiva se conocerá, según el propio auto, en "un tiempo razonable".

De momento, lo que sí se sabe, es que para los jueces que han tomado esta decisión el dictador Francisco Franco fue jefe del Estado español desde el 1 de octubre de 1936, apenas dos meses después del golpe de Estado del 18 de julio y más de dos años del final de la Guerra Civil. Y eso que hasta 1950 la ONU mantenía vigente una resolución que excluía a España de todos los organismos de esta institución supranacional.

También se conoce que Requero en el año 2010 ya estaba preocupado por el futuro del Valle de los Caídos y no, precisamente, por albergar los restos del dictador ni por le hecho de que España desobederia las recomendaciones de la ONU de exhumar al dictador. Lo que le preocupaba a Requero es, precisamente, el cierre del mismo: "Y que el monumento más visitado del Patrimonio Nacional –el Valle de los Caídos– lleve camino de convertirse poco a poco en el Valle que se Cae –o que se deja Caer– permitirá justificar su cierre. Lo secundario es su origen franquista; lo relevante es que en un monumento del futuro Estado laicista vive una muy sólida comunidad de Benedictinos", escribía Requero en La Razón.


https://www.publico.es/politica/per...ado-requero-suspendido-exhumacion-franco.html
 
Independientemente de la impresentable sentencia del TS legitimando el golpe de Estado de 1936 , no es mala idea paralizar la exhumacion hasta que el TS se pronuncie sobre el fondo de la cuestión ante el recurso presentado por los afectados. Es lo que manda un sistema judicial garantista. Escuchar a los afectados y darles una respuesta fundamentada anula la posibilidad de una victoria moral de los Franco en Estrasburgo.

el fondo de la cuestión es que la exhumacion de la momia es perfectamente legal , en cumplimiento de una ley --la de Memoria Histórica-- emanada del parlamento, donde esta representada la soberanía nacional. Eso es básicamente lo que resolverá (o debería resolver) el TS en un futuro próximo.

España ha tardado cuarenta años en devolver los restos del dictador a sus familiares. El que tarde un año más da un poco igual. Es un año más para que los descendientes de Franco se muestren todo lo miserables que son.

la momia sale.
 
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