"Estamos dispuestos a matar por España": Alianza Nacional y Falange se enfrentan a penas de cárcel por delito de odio

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El fiscal señala que sus discursos de Alianza Nacional y Falange no pueden acogerse a la libertad de expresión porque ese mismo día, al acabar el acto, hubo actos violentos

Este miércoles, Pedro Pablo Peña y Manuel Andrino, presidentes de La Falange y de Alianza Nacional, respectivamente, se han sentado en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un presunto delito de incitación al odio y a la violencia en sus discursos en un acto en Barcelona para conmemorar el Día de la Hispanidad en 2013.

La Fiscalía pide para ellos una pena de tres años de prisión. Además, el fiscal Miguel Ángel Aguilar reclama imponer una multa de 3.600 euros a cada uno por los discursos de esa jornada.

Tal y como informa infoLibre, ambos se han negado a declarar en el juicio en el Juzgado de lo Penal 8 de Barcelona, por lo que la Sala ha oído la lectura de sus declaraciones ante el juez instructor. Peña se reafirmó en el contenido de su discurso, del que dijo que formaba parte de la línea argumental de su formación, y Andrino dijo que no podía confirmar si los extractos que se le mostraron se correspondían con lo que dijo en el acto por el Día de la Hispanidad.

Los líderes de Alianza Nacional y Falange se han negado a declarar

Pedro Pablo Peña acusó al separatismo de usar “la insidia, la cobardía y la traición” y afirmó que “es preferible morir de un tiro que morir poco a poco como mueren los españoles en Cataluña”. Además, defendió la necesidad de frenar al separatismo incluso con las armas. “No habrá secesión de Cataluña si no es a base de mucha sangre”. “Si deciden segregar Cataluña por la fuerza, por la presión o la violencia responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda”, añadió.

Asimismo, afirmó en referencia al inicio del proceso soberanista, que «la bala debería ser para la clase política española, y para la cúpula militar que ha permitido este atropello», y después reiteró en declaraciones a los periodistas que estaba dispuesto a emprender una lucha armada. “Lo condenable no es la acción armada, es la acción separatista”, afirmó.

“Estamos dispuestos a matar por España”: Alianza Nacional y Falange se enfrentan a penas de cárcel por delito de odio

Por su parte, Manuel Andrino, siguió la misma línea de incitación a la violencia: “Estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre en la defensa de la sagrada unidad de España. Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”.

El fiscal ha advertido ante la jueza que «lo que dicen, a veces lo hacen. La violencia a la que incitan, a veces la hacen» y ha recordado que ese mismo día, al acabar el acto, hubo actos violentos y Manuel Andrino fue uno de los condenados, a dos años y siete meses de cárcel, por el asalto al centro cultural catalán Blanquerna de Madrid.

Aguilar ha replicado los reproches de la defensa, que le ha tachado de hacer una investigación prospectiva y perseguir a los acusados por motivos ideológicos: «Aquí no perseguimos ideas. Perseguimos personas que amparándose en organizaciones cometen actos violentos».

También ha descartado que sus discursos puedan acogerse al derecho a la libertad de expresión porque no respeta otros derechos fundamentales, y ha considerado que «quizás hace 30 años hubiera generado hilaridad pero en el momento en que se dijo pudo y generó violencia».

El sargento de los Mossos que dirigió el dispositivo policial durante la jornada, y que también es el jefe de la unidad de investigación del cuerpo dedicada a los delitos con motivación ideológica de extrema derecha, testificó que ese día había unas 500 personas como público en los discursos, de las que «al menos 30 tenían antecedentes por hechos violentos», y explicó que los asistentes a la manifestación previa al acto en Montjuïc llevaban símbolos como la cruz celta, que ha definido como una esvástica encubierta.

Por su parte, los abogados de los acusados piden que, si se decide condenarlos, se rebaje la pena en uno o dos grados a lo establecido por la ley debido al tiempo transcurrido y los retrasos acumulados en el proceso judicial.

Además, el defensor de Peña ha pedido anular la causa al considerar que el caso está prescrito y ha tachado de irregular la investigación del fiscal porque no se abrió por estos discursos sino por un panfleto que resultó ser falso, algo que la jueza ha rechazado.