Esperanza Aguirre dimite .

Anticorrupción libra a Esperanza Aguirre pese a concluir que ganó dos elecciones con trampas​


Esperanza Aguirre, en la jornada de su declaración como investigada en la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2019.
Esperanza Aguirre, en la jornada de su declaración como investigada en la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2019. EFE
Pedro Águeda
19 de julio de 2022 22:30h
Actualizado el 20/07/2022 07:23h
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La Fiscalía Anticorrupción confirmó este martes que Esperanza Aguirre arrasó con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas. La falta de indicios contra la presidenta madrileña y la prescripción de los delitos son los argumentos de la Fiscalía para sacar a Aguirre del escrito de acusación correspondiente a la pieza del caso Púnica que investiga la caja B del PP madrileño.

En los cinco párrafos de una nota hecha pública ayer pasadas las tres de la tarde, Anticorrupción no menciona a Aguirre y solo habla de “falsedad electoral”. En el texto, la expresidenta es tan solo una de las “152 personas físicas” que integran el grupo de identificadas o imputadas y que ya pueden olvidarse de la acusación de Anticorrupción en la pieza 9 del caso Púnica, el que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Ahora resta que el juez Manuel García Castellón decida.


Tras más de cinco años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción cree que hay “claros indicios de falsedad electoral” en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, pero que los hechos correspondientes a las primeras están prescritos y las ilegalidades en los segundos comicios solo se pueden atribuir al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, un presunto Bárcenas regional, y a Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP y casi todo en el Gobierno autonómico de Aguirre.

A Granados y Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción les atribuye un delito electoral que añade el cohecho en el caso del primero, o lo que es lo mismo, que se quedó con dinero. Pero la frase más relevante de ese párrafo es la que no menciona ningún nombre propio y aparece a continuación cuando plasma la petición de “sobreseimiento frente al resto de personas que fueron investigadas por tales hechos, como consecuencia de la prescripción”. Esto es: Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre otros.

elDiario.es ha tenido acceso al escrito de 860 páginas en el que el fiscal Alejandro Cabaleiro rebate las conclusiones provisionales de los atestados de la Guardia Civil que obran en la causa, de los autos de los dos jueces del caso e incluso de los escritos de Anticorrupción antes de que la Fiscalía especializada cambiara de criterio.

Cabaleiro alude, por ejemplo, a la llamada en la que Ignacio González y Esperanza Aguirre hablan de Fundescam, la fundación clave para la financiación irregular del PP de Madrid. “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”, dice Aguirre. “La llamada es cierto que revela que la misma [Aguirre] pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”.

Y continúa el fiscal Cabaleiro: “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”.

“Ser presidenta no es tener control absoluto”​

Otro de los indicios contra Aguirre fue el cambio organizativo que supuso que todas las contrataciones de publicidad dependieran de la directora general de Medios y persona muy próxima a Aguirre, Isabel Gallego Navarrete. “Tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado tal nueva estructura organizativa con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las empresas de publicidad”.

Para el fiscal Cabaleiro, que Esperanza Aguirre presidiera la Comunidad y el partido no la hace necesaria conocedora de los hechos: “El genérico hecho de que, en tanto presidente, tenía un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por estos hechos”.

El fiscal se refiere a los trabajos de reputación online que fueron cargados al erario público cuando solo iban en beneficio personal de los políticos que ocupaban cargos en la Comunidad de Madrid, incluidos Esperanza Aguirre o Ignacio González. El artífice de esos trabajos era el informático Alejandro de Pedro, quien en un correo del 23 de agosto de 2013 con otro implicado habla del conocimiento que tiene de los hechos “Esperanza”. “Puede ser un indicio, pero por sí solo –incluso unido al resto de los expuestos– es muy endeble e inconsistente para sostener una acusación formal”.

La Guardia Civil: el PP atentó contra el “pluralismo político”​

En el otoño de 2017, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escribieron en un atestado lo que suponían esas trampas: “Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político”.

Solo en la campaña de 2007, el PP engañó al Tribunal de Cuentas en más de 2,5 millones de euros al declarar lo gastado en aquellos días que precedieron a las elecciones. En 2011, el partido informó a la Cámara de Cuentas de que había gastado 2.986.624 euros en la campaña electoral. El límite que fija la ley son 3.229.342 euros, pero la UCO sostuvo que el partido gastó 6,2 millones de euros gracias a donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas y financiación a través de facturas falsas.

La trampa Fundescam​

En papel mojado queda el trabajo de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, quienes, junto a los investigadores de la UCO, impulsaron el caso de la financiación irregular del PP madrileño. Del más de un centenar de imputados solo proponen juzgar a diez.

De forma indiciaria, la Guardia Civil, con el acuerdo entonces de la Fiscalía y del juez, aseguró tras analizar las pruebas de la caja B del PP madrileño en un pendrive de Beltrán Gutiérrez que el “elemento nuclear de la trama” era Fundescam. La fundación recibía subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid y libraba “facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales citadas”.

Por otra parte, empresarios ingresaban dinero en Fundescam que esta utilizaba también para financiar las campañas del PP. Luego, esos empresarios recibían adjudicaciones de organismos controlados por el PP, como era el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. En esta última dinámica, la Guardia Civil y Anticorrupción implicaron a Cristina Cifuentes, pero el juez García Castellón acabó exculpándola después de que la Fiscalía cambiara de criterio. La Guardia Civil también destacaba el papel de Ignacio González, director del comité de campaña en 2007, y otro de los hoy exculpados por Anticorrupción.


En su auto de imputación, el juez García Castellón llegó a decir de Esperanza Aguirre: “Desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Enfrentamiento en el seno de Anticorrupción​

Hay otro aspecto relevante de la nota de Anticorrupción por lo que no recoge. El texto asegura que el informe de conclusiones de esta pieza 9 está redactado por Alejandro Cabaleiro. Eso significa que las otras dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, han decidido no estampar su firma. Gálvez podría haberlo hecho como fiscal del caso desde sus inicios aunque en los últimos tiempos había sido relevada por Cabaleiro por criterios de distribución de trabajo, según una fuente autorizada de Anticorrupción. En cualquier caso, García Cerdá, implicada hasta el final, no respalda el texto de su compañero, quien llegó a la Fiscalía especializada con el caso muy avanzado.

Fuentes fiscales asegura que el jefe, Alejandro Luzón, respalda por completo las conclusiones de este fiscal frente al criterio de García Cerdá, quien difiere en los cálculos de prescripción que dejan fuera de la acusación de Anticorrupción a los principales implicados, Aguirre y González. Consideran asimismo que las conclusiones de Cabaleiro no suponen una enmienda al trabajo durante años de sus compañeras y que el hecho de que se hayan reducido en un 90% el número de acusados responde al interés por que todos los que se sienten en el banquillo tengan posibilidades reales de ser condenados.

El escrito de Anticorrupción, largamente esperado, se conoció ayer poco después de la sorpresa que supuso en la carrera fiscal la renuncia de su fiscal general, Dolores Delgado, por motivos de salud. Delgado se marcha sin que se haya resuelto quién va a ser el jefe de Anticorrupción en los próximos cinco años, toda vez que el mandato de Luzón concluyó el pasado 12 de julio y en estos momentos actúa en funciones. Luzón informó de las líneas generales del escrito de Anticorrupción a Delgado hace días.

De postularse para renovar el mandato al frente de Anticorrupción, Alejandro Luzón se tendrá que medir con otros candidatos, con el requisito de llevar más de 20 años en la carrera, que opten al puesto. Será ya con Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.


#102 palco
20 de julio de 2022. 06:32 h
los saltos de la Rana Madre; Tamayo y cia, Hospitales Radiales, Ciudad de la Justicia Beltran,Granados,Gonzalez, Mamandurrias modo tsunami, Policias municipanles chuleados, Goya famiglia, Pecas Ayuso, etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc. propongo: MEDALLA AL MERITO POR EL TRABAJO FRANQUINSTEIN. No podemos decir que nó selo ha curráo ¡¡¡¡ S2 y Republica, que con esta gentuza la vemos.


Es una de la derecha. ¿Alguien piensa que éste personaje va a ser juzgada por algo en un país de democracia devaluada?
 

Cómo librarse del juicio por un delito electoral que la Fiscalía reconoce que existió: el caso de Esperanza Aguirre​

Anticorrupción indica que existieron "claros indicios de falsedad electoral" en las autonómicas de 2007 y 2011, en las que Aguirre obtuvo mayoría absoluta, pero pide que no sea procesada al haber prescrito el delito electoral y por la "ausencia de indicios" sobre que "era conocedora de los delitos".​


ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL

Tres mayorías absolutas consecutivas, entre 2003 y 2011, en Madrid. Pero el hito de Esperanza Aguirre tenía trampa y así lo establece la Fiscalía Anticorrupción, que habla de "claros indicios de falsedad electoral" en su reciente informe presentado al Juzgado Central de Instrucción 6 por la pieza 9 de la causa Púnica, sobre la existencia de una caja b en el PP de Madrid con la que financió sus campañas electorales.
Sin embargo, pese a dar por hecho que existieron delitos electorales vinculados a la financiación ilegal del PP de Madrid en los comicios de 2007 y 2011, el fiscal Alejandro Cabaleiro propone exonerar a la expresidenta madrileña bien porque el delito prescribió (2007) o bien por no existir indicios de que la presidenta del PP madrileña fuera su instigadora en el caso de las elecciones autonómicas de 2011.

Por los mismos motivos, propone el fiscal no juzgar a Ignacio González, vicepresidente de Aguirre y su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, y centra las acusaciones en Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y jefe de campaña para las elecciones autonómicas de 2011, al que imputa un delito electoral, otro de tráfico de influencias y también cohecho.


Esperanza Aguirre fue imputada en 2019 por el juez García Castellón en esta pieza de 'Púnica', que suma una docena de líneas de investigación con cargos públicos del PP de varias comunidades, funcionarios y empresarios investigados por formar parte de una gigantesca trama de adjudicaciones públicas, que sólo en Madrid ascendería a 250 millones de euros.
La investigación comenzó en 2014 con las pesquisas centradas en Francisco Granados, por entonces secretario general del PP de Madrid. Poco después los investigadores hallaron una agenda suya con las iniciales de los donantes del PP de Madrid, algo así como los 'papeles de Bárcenas'.

"Dinámica de falsedad electoral"​

El magistrado describió a Aguirre en su auto de imputación como la impulsora de un entramado en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 para desviar dinero público al PP madrileño a través de un "plan fraguado con sus consejeros de confianza para el uso continuado durante tres campañas [electorales] de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas" públicas del partido.

García Castellón, aceptó la petición de Anticorrupción e imputó a Aguirre siete delitos --cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias y falsedad electoral--, al considerar que Esperanza Aguirre habría ordenado presuntamente a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño, "desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral" durante una década.

Pero ahora la Fiscalía cambia de parecer y dice respecto a Aguirre que "no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los delitos". El informe de Anticorrupción sólo viene firmado por Alejandro Cabaleiro, el más reciente fiscal incorporado a la investigación, mientras que las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que iniciaron las pesquisas en 2014, no lo han suscrito con sus rúbricas al disentir sobre algunos aspectos, entre otros, la prescripción de los delitos relacionados con las elecciones de 2007.

Este criterio sobre la no continuidad del delito y, por tanto, su prescripción respecto a los de 2007, ha provocado el archivo para la inmensa mayoría de los imputados. De 152, la Fiscalía propone ahora el procesamiento sólo para 10.

La Fiscalía señala a Granados y a Beltrán Gutiérrez como los principales instigadores de la red de influencias que desembocó en la financiación irregular de la campaña electoral de 2011. Propone su procesamiento junto al de otras ocho personas más relacionadas con los trabajos de reputación online para diferentes políticos del PP pagados con fondos públicos, entre ellos, los exconsejeros de Aguirre Salvador Victoria y Borja Sarasola.

Se benefició de los trabajos reputacionales​

Respecto a estos hechos, "se mantiene el carácter delictivo", dice el fiscal, pero exculpa a Aguirre, por no existir indicios de que "se concertase para su ejecución", aunque reconoce que se benefició de los trabajos reputacionales realizados por la empresa del presunto 'conseguidor' Alejandro de Pedro, que se sentará finalmente en el banquillo.

Anticorrupción indica que la participación de Granados "resultó clave" para introducir al 'conseguidor' de la trama "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación investigados.

"Ignorancia deliberada"​

Sobre la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Fundescam, considerada por los investigadores de 'Púnica' como la herramienta que el PP utilizaba para financiar irregularmente con fondos públicos procedentes de subvenciones los gastos de sus campañas electorales, el informe del fiscal alude a una conversación entre Aguirre e Ignacio González de la que el representante del Ministerio Público dice que podría ser reveladora de que la entonces presidenta madrileña "pudiese sospechar, o intuir, que se habría sobrepasado el límite del gasto electoral" para la campaña y del papel de Fundescam en ese sentido.

Pero concluye que "considerando la ausencia de indicios", no puede sostenerse que Aguirre se situara en una "ignorancia deliberada" respecto a esa fundación del PP. Lo mismo indica respecto al cambio organizativo en su gobierno para que todas las contrataciones de publicidad tuviesen que recibir el visto bueno de la Dirección General de Medios.

Dice el fiscal que tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado ese cambio "con fines delictivos", pues ninguno de los investigados ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las impresas de publicidad.

El fiscal considera que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado a 40 años por el caso Gürtel, "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo".

Ahora el juez Manuel García Castellón debe decidir si admite la petición de la Fiscalía de archivar la causa para Aguirre e Ignacio González, como ya hizo con Cristina Cifuentes en abril de 2021.


García Castellón...¿De qué me suena éste juez? :confused:

Ah, si, si, el juez de la derecha, al que le tiraron de las orejas por las causas de PODEMOS.

Por lo que veo sigue todavía en activo pese a las prevaricaciones que ha cometido y que nadie le ha denunciado por ello, simplemente un tironcillo de orejas diciendo que eso no se hace....

¿Apostamos la decisión sobre Esperanza Aguirre? Yo voto que la libra porque Esperanza no se enteraba de nada.
 
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