ESPAÑA EN JUEGO: DISGREGACIÓN, CONFEDERACIÓN, UNIÓN FEDERAL O UNIÓN JACOBINA

Bugs, mi consejo: ni te acerques digitalmente a semejante petardo. Ahora bien, si el tío se ha hecho con tu dirección electrónica, date por jorobad@, porque no parará de mandarte sus "ensueños".



Gracias!!!!!

a mi me ha pasado lo mismo que a ese que citas, como mi correo de la universidad es público, pues puede mandarme lo que quiera :mad:.
 
testículo, es decir, pequeño test :) para ver si funciona mi conexión.
 
Bueno, bueno....ya empezamos a ver còmo se prepara el desaguisado del que tanto hemos hablado aquì....

El PSOE ya se ha decantado....de momento, parece que el documento entero no està aùn disponible. Yo al menos no lo he encontrado. Pero justifica los peores temores. En dos palabras...no quieres tè? Toma dos tazas...

Aquì la noticia. luego dejo el enlace al programa de Luis del Pino, donde podemos enterarnos, explicado bien clarito,en què consiste el "proyecto federal". Que se vayan preparando, todos los que no sean ciudadanos de las comunidades "ricas"....hale, a jod..se. A comer mortadela. Lo importante, es que les sigamos manteniendo a ellos.

Los barones del PSOE aprueban por unanimidad su propuesta de reforma federal del estado

EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: 06/07/2013 14:18 CEST | Actualizado: 06/07/2013 15:20 CEST
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La dirección federal del PSOE y los barones del partido, reunidos en Granada en el marco del Consejo Territorial, han aprobado este sábado por unanimidad su propuesta de reforma federal del Estado, según han confirmado fuentes socialistas.
Fuentes presentes en el encuentro, consultadas por Efe, han asegurado que ha habido unanimidad en la aprobación de esta propuesta, denominada "declaración de Granada" y que recoge un nuevo pacto territorial, "La España de todos".
En poco más de tres horas los socialistas han dado el visto bueno al documento de la dirección federal que, entre otros aspectos, incluye la reforma del título VIII de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal de las autonomías.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha leído en un encuentro con los periodistas el documento, en el que se apuesta por "un estado de las autonomías del SXXI con una estructura territorial de caracter federal". La declaración asegura que el estado de las autonomías contiene "una evidente vocación federal" pero que han "faltado piezas". "Ha llegado el momento de llenar los vacíos y corregir lo que ha demostrado ser disfuncional", dice el PSOE en el escrito.
"El triunfo del proyecto que pretende recentralizar España y el que pretender desmembrarla sería un desastre. Ni el retroceso ni la ruptura son la solución, pero tampoco el inmovilismo. La solución es la reforma en profundidad del estado de las autonomías, que tiene que avanzar hacia el federalismo con todas sus consecuencias", se lee en el documento socialista, en el que se precisa que el federalismo "es el único punto de encuentro".
Además, el PSOE apuesta por reformar la Constitución para "recoger las singularidades territoriles que son expresión de nuestra diversidad" y "establecer un sistema de financiación económica justo y equitativo".
DOS MESES DE NEGOCIACIONES
El documento ha sido negociado durante los últimos dos meses entre la dirección federal y los distintos territorios, y en la noche de este viernes se cerraron algunos flecos pendientes en una cena que compartieron el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los dirigentes territoriales.
Propone, además, la supresión del Senado y su conversión en una cámara de representación autonómica, constitucionalizar las competencias del Estado y blindar en la Carta Magna un mínimo para servicios sociales básicos.
Asimismo se ha recogido una de las principales demandas del PSC, la del principio de "ordinalidad" en la financiación autonómica en los términos que estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
Tras aprobar el documento sobre la propuesta territorial, los barones del PSOE han analizado también la reforma local que impulsa el Gobierno.
CRÍTICAS
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho este sábado que "no es momento de proyectos quiméricos" de reforma del Estado, que solo conducen a "distraer" el objetivo principal, que es luchar contra la crisis económica.
http://www.huffingtonpost.es/2013/07/06/los-barones-del-psoe-apru_n_3554184.html


:dead:... :yuck::hungover:... Para escuchar lo que sigue, os harà falta Valium...o varios Gin tonics. A vuestra elecciòn. El que avisa no es traidor. Pero de todos modos lo aconsejo....explican lo que nos estàn "preparando"....

http://esradio.libertaddigital.com/...mplejos-programa-completo-07072013-61056.html
 
Nueva iniciativa. Esta incluso considera presentarse a las Elecciones Europeas. El promotor es Lorenzo Abadía, un empresario y ex-profesor de Sociología.


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LA INICIATIVA #pirámidetwitter PARA UN #ProcesoConstituyente

El diario El País proyecta los datos de una encuesta actual de intención de voto realizada por Metroscopia a un hipotético Parlamento compuesto por los resultados de la misma. La conclusión es demoledora para los partidos hegemónicos, pues perderían entre el 18% y el 25% de sus escaños a favor de otros partidos. Pero, además, no se puede olvidar que el porcentaje de votos que perdería el partido mayoritario (PP) es mucho mayor que el porcentaje de escaños, pues la suma de la circunscripción provincial y la Ley D´Hont, incluida su barrera de entrada del 3%, le beneficia exageradamente mientras sigue generando un sesgo muy importante a los pequeños partidos.

La pérdida de apoyo popular del PP no es del 25% sino del 35,8%, es decir, más de la tercera parte de su electorado. No ocurre así en el PSOE, que al estar ya inmerso en pleno proceso de “sorpasso” por parte otros partidos de izquierda, su porcentaje de voto es ya mayor que su reflejo en escaños, como le ocurre al resto de los partidos no hegemónicos. Pero todavía tenemos que añadir un dato más, que en este caso no tiene naturaleza aritmética sino psicológica. El recurso al voto útil hace que muchas personas todavía se decanten por los partidos hegemónicos pensando que votar en pequeñas provincias a partidos minoritarios sin posibilidades de obtener escaño es tirar su voto al cubo de la basura electoral. No en vano, los partidos hegemónicos realizan durante todas las campañas electorales una brutal propaganda a favor del voto útil. Por algo será.

Pues bien, el análisis que realizo es el siguiente: con estos datos de intención de voto, cuya tendencia a abandonar a los partidos hegemónicos no se reducirá sino todo lo contrario en los próximos meses/años, nos podemos encontrar en las elecciones europeas de junio del año que viene (2014) ante un escenario completamente diferente al de los últimos veinticinco años y ante una oportunidad única para quienes deseamos que este sistema de eterna alternancia entre dos partidos que sólo representan al Estado y a sus cúpulas sea transformado definitivamente. El régimen electoral para las elecciones europeas no está basado en las circunscripciones provinciales que tanto daño hacen a los partidos pequeños, pues sólo hay una circunscripción, y ésta, lógicamente, es nacional. Además, no está regido por la Ley D´Hont sino por otra de proporcionalidad pura, dando pábulo al eslogan del 15M (que yo critico por razones en las que ahora no me puedo entretener) de “un hombre un voto”. Si , finalmente, tenemos en cuenta que en las únicas elecciones en las que la propaganda del sistema acerca del voto útil tiene muchos menos efectos sobre la psicología colectiva es precisamente en aquellas en las que lo que se dirime es el envío de unas cuantas personas a la lejana Europa, es obvio que la ocasión de junio de 2014 para derribar por las urnas el sistema que despreciamos se convierte en única.

Pero todavía lo es más para una candidatura de centro derecha liberal que plantee una verdadera alternativa al modelo que defiende el Partido Popular. El PP hoy es el único partido que todavía disfruta del blindaje electoral, pues acabamos de ver que el PSOE ya no disfruta de él -su número de votos y sus escaños tienen correlación porcentual.

Esto implica que si surge una plataforma cívica que apoye una lista ciudadana que en su programa anteponga la reforma integral del sistema político español contando con la participación de los ciudadanos, si no con su protagonismo, y plantee soluciones, ante un más que posible proceso constituyente, que abunden en la necesidad de un Estado más pequeño, una Sociedad civil más vigorosa, una reducción de los impuestos, pero sobre todo, una nueva ley electoral, una verdadera separación de poderes y una consulta ciudadana sobre el modelo y la forma del Estado español, posicionándose de antemano en cada una de ellas, las posibilidades de dar el “sorpasso” al PP en las europeas y destruir el mito del voto útil para colocar un año más tarde en el Parlamento español a veinte o treinta nuevos diputados cuyo objetivo primordial sea la reforma del sistema, son tan grandes como necesaria es su existencia.

No es una utopía, es algo que quienes llevamos muchos años soñando con un cambio de régimen ya sentimos que rozamos con los dedos. No soy en absoluto partidario del sistema proporcional de listas, pues creo que no puede haber representación del elector sin la figura del diputado de distrito y la revocatoria online de mandato. Pero también soy consciente de que el único hueco que ha dejado abierto este sistema blindado desde la Transición ha sido la proporcionalidad y el distrito nacional de las elecciones europeas. Quizá el tiempo haría del blindaje del PP lo que ya ha hecho con el PSOE, pero creo que no nos merecemos tan larga espera, habida cuenta de los trágicos momentos que vivimos. Lo tenemos al alcance de la mano, lo rozamos con los dedos. Sólo hace falta un poco de grandeza a la hora de apoyar una candidatura seria, capaz, comprometida y que merezca confianza. ¿La tendremos? ¿seremos capaces de renunciar a los personalismos en pos de una idea nacional, liberal y democrática?

En eso consiste la iniciativa #pirámidetwitter. En recabar voluntarios para comprometidos con la idea de cambiar el sistema político español a través de un #ProcesoConstituyente que cuente desde el inicio con los ciudadanos, que provoque el debate y la deliberación y que termine en una gran consulta popular para elegir a quien redacten una nueva constitución en España.
 
Hacemos manifiestos muy bonitos sobre la regeneración y luego a alguien se le ocurre invitar a Solana y a Piqué para presentarlos. Muy bien, sí señor.

En fin, siempre nos quedará Japón (tradicional territorio jesuítico en el Lejano Oriente) para poner distancia ante tanta incoherencia. Estas vacaciones me voy a dedicar a leer libros de los jesuitas japonesizados sobre el zen, que es más consolador que tanta predicación sobre la regeneración política en compañía de notorios pecadores.

El enlace al manifiesto:
http://www.unijes.net/download/destacados/UNIJES_Declaración.pdf

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Las universidades de la Compañía de Jesús presentan hoy en Madrid su manifiesto "Por la regeneración democrática de la vida pública en España"

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Fachada de la Universidad de Deusto, una de las principales impulsoras del manifiesto.

Daniel Forcada

En un contexto en el que las voces oficiales de la jerarquía católica todavía no se han pronunciado, a través de una pastoral o mediante una vía semejante, sobre la delicada situación económica y la deriva política y social de nuestro país y justo ahora que florecen varias iniciativas de la sociedad civil en esta misma dirección, la Compañía de Jesús ha decido tomar la delantera y dar un primer paso en este sentido con un manifiesto a favor de la “regeneración democrática de la vida pública en España” que será presentado hoy en Madrid. El texto, que emana de los docentes y académicos de las universidades jesuitas de nuestro país, con Deusto, Comillas y ESADE a la cabeza, será presentando en una acto solemne en el que intervienen también los exministros Javier Solana y Josep Piqué, el periodista José Antonio Zarzalejos y el filósofo Daniel Innerarity.

Las universidades y centros de educación superior de los jesuitas, coordinados bajo la denominación Unijes-Universidades Jesuitas, quieren así contribuir, desde la sociedad civil, a “superar la situación actual de deterioro social, político y económico que sufre el país”, tal y como presentan la iniciativa en un comunicado. Siempre, “desde el humanismo cristiano” pero abiertos a otras sensibilidades.

Su declaración incluye, de hecho, reclamaciones ya esgrimidas por diferentes sectores de la sociedad, como la necesidad de una nueva ley de partidos y de una nueva ley electoral, y hace afirmaciones sobre cómo los mercados se están imponiendo sobre los Gobiernos y las personas.

Entre otras cuestiones, las universidades jesuitas reclaman una mayor separación, más real y efectiva, de los poderes del Estado; una mayor transparencia por parte de las instituciones, reequilibrar el peso de la partitocracia a favor de la búsqueda de grandes consensos sobre un nuevo modelo territorial que siga estando basado en los principios de cohesión y solidaridad.

Carlos Losada, director general de Unijes, explica que la iniciativa se viene fraguando desde el pasado mes de noviembre y que ha sido un clamor dentro de sus propios centros universitarios. “La iniciativa surge de una cierta preocupación de los profesores y académicos de los centros sobre el deterioro de la vida pública en España”, asegura. “Hemos estado trabajando con intensidad para aportar algo a la sociedad que no sea más ruido, porque ya existe bastante ruido, sino que sea algo propositivo”, concluye.

La iniciativa no parte oficialmente de la Compañía de Jesús, sino de sus centros universitarios, pero, como reconoce el propio Losada, la Compañía está al corriente de todos los pasos que se han dado. En su presentación pública, que tendrá lugar hoy en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, participarán Javier Solana, presidente de ESADEgeo, y Josep Piqué, presidente de Vueling, como representante de dos sensibilidades políticas distintas y como personas que están alejadas del primer plano de la vida política. Intervendrá también el filósofo Daniel Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática, y José Antonio Zarzalejos, que actuará como moderador, y que es, a su vez, antiguo alumno de la Universidad de Deusto.

http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2013071116unijes_declaracion.pdf
 
El punto 19 diice algo interesante. El resto es palabrerío universitario que puede servir para no cambiar nada. Que diferente manifestación la de esta universidad jesuita de lo que parece decir el papa jesuita, al que ni mencionan.
 
Hacemos manifiestos muy bonitos sobre la regeneración y luego a alguien se le ocurre invitar a Solana y a Piqué para presentarlos. Muy bien, sí señor.

En fin, siempre nos quedará Japón (tradicional territorio jesuítico en el Lejano Oriente) para poner distancia ante tanta incoherencia. Estas vacaciones me voy a dedicar a leer libros de los jesuitas japonesizados sobre el zen, que es más consolador que tanta predicación sobre la regeneración política en compañía de notorios pecadores.

El enlace al manifiesto:
http://www.unijes.net/download/destacados/UNIJES_Declaración.pdf

Es que hay que presumir de que la institución llama a grandes peces gordos y estos acuden. Eso demuestra que tienes una red de universidades "influyentes".

Es como presentar el nuevo catecismo con el presidente de la Liga Atea y el secretario general del sindicato de proxenetas. Pones a los "teólogos" a trabajar y luego la cagas así.

En fin, hasta en las casas más decentes se echa a veces un borrón.

Estos otros siguen a lo suyo. Y tienen muy claro cómo van a responder los timoneles del Titanic cuando ellos quieran declarar unilateralmente la independencia de su camarote.

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Cataluña

Los ‘expertos’ de Mas le aconsejan declarar la independencia unilateral

El Consejo Asesor para la Transición Nacional presenta su primer informe, en el que plantea las alternativas posibles para celebrar un referendo secesionista. El documento reconoce que será difícil que el Gobierno permita convocarlo, o acepte un resultado favorable a la ruptura, frente a lo que propone proclamar la secesión unilateralmente desde el Parlamento autonómico.

Alejandro Tercero
Viernes, 26 de julio de 2013

Todos los caminos llevan a la declaración unilateral de independencia. Esta es la conclusión que se extrae del análisis del informe titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña que ha presentado este jueves el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).

Se trata del primer documento que ha elaborado el grupo de expertos designados en marzo pasado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, para orientarle en su proyecto rupturista, entre los que destacan los nombres de Pilar Rahola, Germà Bel, Ferran Requejo y Salvador Cardús, y que son dirigidos por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. Todos ellos reconocidos independentistas.

El informe dedica la mayor parte de sus 220 páginas a justificar la celebración de un referendo secesionista en Cataluña, y argumenta que, en el probable caso de que el Gobierno lo impidiese mediante los mecanismos legales a su alcance, o no aceptase unos resultados favorables a la independencia en caso de que se realizase una consulta, el Parlamento autonómico estaría plenamente legitimado para proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña.

Las encuestas y las manifestaciones como argumento
En primer lugar, el informe recurre a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, a algunas encuestas recientes (de El Periódico, de La Vanguardia, de Ara y del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad) y a las manifestaciones independentistas para defender la convocatoria de un referendo independentista.

También apela a la ‘legitimidad histórica’:
‘Cataluña acumula una de las más prolongadas personalidades colectivas de carácter nacional de Europa, que legitima, a través del ejercicio del derecho de autodeterminación, la consulta sobre la constitución de un Estado independiente que sitúe y proyecte al país en el concierto de los estados del mundo si así lo deciden sus ciudadanos. [...] Cataluña constituye una nación permanentemente minoritaria y aminorada en el seno del Estado español desde hace siglos. [...] La consulta es congruente con la tradición histórica y la cultura política catalana [...], que ha sido muy predominantemente de carácter dialogante y pactista’.​
Según los miembros del CATN, una consulta secesionista ‘es propia de una concepción avanzada y cosmopolita de la democracia’ y permitiría ‘salir del callejón sin salida político actual’, al que se habría llegado porque ‘el Estatuto de Autonomía de Cataluña fue interpretado desde una perspectiva centralizadora y de nacionalismo homogeneizador por parte del Tribunal Constitucional’.

Objetivo: vender al mundo una imagen negativa del Estado español
En este sentido, se apoya en un reciente informe del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad, también dirigido por el propio Viver Pi-Sunyer, para proponer cinco vías que permitirían convocar un referendo secesionista legal.

Estas pasarían por una convocatoria avalada por el Gobierno y las Cortes Generales (en base al artículo 92 de la Constitución); la transferencia de esa competencia a la Generalidad (según el artículo 150 de la Constitución); la aplicación de la autonómica Ley de Consultas Populares por vía de Referendo (recurrida ante el Tribunal Constitucional); la aplicación de la Ley de Consultas no Refrendarias (que está tramitando el Parlamento autonómico); o reformar la Constitución.

El documento del CATN reconoce que la ‘estrategia jurídica’ para por forzar la convocatoria del referendo y, ‘subsidiariamente, si esto no fuese posible, que quedase patente, de la forma más clara posible, que el Estado es quien se niega a permitirla y que lo hace por motivos políticos, no jurídicos’. ‘Este doble objetivo es importante tanto de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña como de cara a la comunidad internacional’, subraya.

El informe también está plagado de todo tipo de consejos para conseguir burlar la ley, como por ejemplo cuando insta a evitar que se celebre un referendo sobre la secesión de Cataluña a nivel nacional porque ‘puede dar a entender que el sujeto político legitimado para adoptar esta decisión es el conjunto del pueblo español’.

El derecho internacional no avala la consulta
El estudio reconoce que ‘ni el derecho de la Unión Europea, ni el derecho internacional contienen ninguna disposición que contemple un procedimiento al cual se pueda acoger la Generalidad para convocar una consulta como la que se reclama mayoritariamente en Cataluña’. Pero considera que existen ‘principios’ para ‘reforzar la legitimidad de convocar una consulta legal o de aplicar vías alternativas’, como serían el principio democrático, el del derecho a la autodeterminación de los pueblos y el de protección de las minorías.

Sin embargo, también advierte que no se trata de ‘derechos justiciables’ que permitan invocarlos ante los tribunales internacionales, por lo que ‘la Generalidad encontraría problemas de legitimación para plantear demandas judiciales’. Eso sí, permitirían ‘visualizar a nivel internacional la voluntad de las instituciones catalanas y de los ciudadanos de Cataluña de poder decidir libremente su futuro político colectivo’, y ayudarían a ‘legitimar políticamente’ la utilización de ‘vías alternativas a las consultas legales, incluida la declaración unilateral de independencia’.

El referendo, la primera mitad de septiembre de 2014
En caso de que se pudiese celebrar un referendo secesionista, los expertos de Mas apuestan por una pregunta de respuesta simple: sí o no, a favor de la independencia. Y rechazan que en la misma se incluya una cláusula de salvaguarda legal (es decir, que se incorpore una frase del tipo ‘de acuerdo a los procedimientos legales’) porque podría generar confusión y ‘se podría dar el caso de que personas favorables a que Cataluña se convierta en un Estado independiente votasen en contra de esta opción por estimar que estas fórmulas reconocen al Estado una facultad de bloqueo a la hora de implementar el resultado de la consulta’.

En cuanto a la fecha óptima, proponen la primera mitad de septiembre de 2014 (evitando hacerlo coincidir con la Diada porque podría quedar deslegitimado internacionalmente), y recuerdan que la ley no permite convocar referendos tres meses antes ni después de otro referendo o de otras elecciones, con lo que el margen de actuación se ajusta por las europeas de 2014 y las municipales de 2015.
También alertan de que es probable que los catalanes residentes en el extranjero sufran ‘la nula cooperación de las delegaciones diplomáticas españolas en el mundo’ y ‘el posible boicot que podría realizarse mediante la negativa de Correos a prestar sus servicios’ (que califican de ‘potencial actitud hostil de Correos’), así como ‘una previsible falta de colaboración por parte de algunos ayuntamientos catalanes’.

Desaconsejan que la pregunta hable de ‘un Estado propio’ para Cataluña, porque si gana esta opción se corre el riesgo de que el Gobierno lo resuelva con ‘un simple cambio nominal’ (de ‘Comunidad Autónoma’ a ‘Estado’, o de la denominación formal de la estructura territorial constitucional a Estado federal), lo que califican de ‘fraude’.
Instan a la Generalidad a crear una Junta Electoral de Comunidad Autonómica, o Sindicatura Electoral de Cataluña para garantizar la transparencia del proceso electoral. Rechazan la presencia de observadores internacionales. Y plantean la necesidad de que la legislación autonómica dé ‘un protagonismo relevante’ a las ‘entidades y plataformas cívicas’ en la ‘campaña informativa’ sobre el hipotético referendo.

Temor a una baja participación que deslegitime la consulta
Uno de los puntos más destacados es el que analiza si debería establecerse un quórum para dar validez al hipotético referendo. En este caso se muestran rotudamente contrarios a ello porque ‘podría darse la paradoja de que triunfase la opción por el cambio, pero no con una mayoría suficiente preestablecida para considerar que jurídicamente ha resultado vencedora, y por tanto se acabaría imponiendo la opción conservadora a pesar de haber obtenido menos votos’.

Reconocen que las exigencias de mayorías reforzadas son habituales para ‘adoptar determinados actos de especial relevancia constitucional’, pero consideran que ‘la exigencia de requisitos especiales de mayoría en una consulta popular presenta problemas desde el punto de vista democrático, porque puede dar lugar a que se imponga la opción minoritaria sobre la mayoritaria‘. Y añaden que ‘en el plano parlamentario puede resultar justificado’ este criterio, pero para los asesores esto ‘resulta de más difícil justificación’ en el caso de un referendo secesionista.

En este sentido, rechazan la fórmula utilizada para el referendo sobre la independencia de Montenegro, en el que la Unión Europea (UE) exigió un 50% de participación y un 55% de votos favorables para reconocer su independencia, porque temen que el establecimiento de un porcentaje de participación mínima ‘podría estimular, de forma indirecta, el abstencionismo, ya que para un votante contrario a la propuesta de la consulta puede llegar a ser más útil abstenerse que votar en contra‘.

Forzar el proceso para llegar a la declaración unilateral de independencia
El informe asegura que, aunque el supuesto referendo tuviese un carácter consultivo, un resultado favorable a la independencia ‘generaría deberes o consecuencias jurídicas en relación a los poderes públicos y les obligaría a actuar en correspondencia’, unas consecuencias que estarían ‘al margen’ de la normativa constitucional -en caso de que no se acepte modificar la Constitución- porque se estaría ‘de hecho ante un momento constituyente nuevo‘.

A este proceso lo califican de ‘alegal’, aunque reconocen ‘el inconveniente de situarse al margen de la legalidad, que puede incidir en el grado de aceptación y de legitimidad con que se perciba el proceso, tanto en el interior como en la escena internacional’. Aunque insisten en que ‘un procedimiento extra legem no implica necesariamente que sea contra legem‘.

‘En todo caso, la Generalidad debería iniciar el proceso y plantear la demanda de negociaciones al Estado para llegar a la independencia, que en caso de fracaso podría abrir vías unilaterales como la declaración unilateral de independencia’, añaden.

Para todo ello, anima a la Generalidad a que lleve a cabo ‘actuaciones’ en el ámbito internacional para conseguir el ‘reconocimiento’ del resultado de la consulta. El informe considera que ‘con toda probabilidad’ el Estado ‘presentará problemas’. Las actuaciones, que insta a que se realicen antes de la consulta, deberían dirigirse principalmente a la UE.

Incluso en el caso que la pregunta incluyese una cláusula de salvaguarda de la legalidad, el informe considera que si ganan los partidarios de la independencia esa cuestión sería un ‘aspecto procedimental’ de segundo orden que estría por debajo de ‘la voluntad popular’, que ‘no se podría ventilar con una simple negativa del Estado’ a aceptar la secesión. Y, de nuevo, el informe acaba llegando a la opción de la declaración unilateral de independencia.

Si perdiese la opción independentista, habría más referendos
Otro de los aspectos más sorprendentes es el que apunta que, en caso de que en un referendo ganase la opción contraria a la secesión, ‘no se puede interpretar como una opción a favor del mantenimiento del status quo’, sino que ve legítimo plantear ‘reformas del modelo actual’. Además, insisten en que, ‘incluso la opción rechazada no puede quedar proscrita a perpetuidad, sino excluida solo durante un tiempo razonable’.

‘No se puede impedir que en el futuro se pueda volver a plantear la misma cuestión, pero no sería razonable hacerlo hasta que haya pasado un cierto tiempo’, indica. Y toma como referencia los quince años que transcurrieron entre los dos referendos secesionistas en Quebec.

En todo caso, advierten de que ‘sería aconsejable que las fuerzas políticas partidarias de la independencia dispusiesen de propuestas alternativas para el caso que fracasase la propuesta principal sometida a consulta, para evitar en la medida de lo posible el desconcierto que se podría producir después de la consulta con este resultado’, aunque les recomienda que no las hagan públicas antes del referendo.

Elecciones plebiscitarias como opción más probable
El informe propone que, si no puede hacerse ‘la consulta legal’, podrían hacerse votaciones por ‘vías alternativas’, tales como las ‘consultas no oficiales’ o unas ‘elecciones plebiscitarias, que podrían ser implementadas mediante declaraciones unilaterales [de independencia] del Parlamento [autonómico]‘ posteriormente.

La primera opción consistiría en que la Generalidad convocase consultas independentistas con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos catalanes aplicando ‘la legalidad catalana a pesar de su suspensión’ por parte del Tribunal Constitucional. Incluso podrían realizarse consultas organizadas por ‘entidades de la sociedad civil’ con apoyo ‘indirecto’ de la Generalidad y los ayuntamientos. Pero advierte del riesgo de la ‘previsible escasa o insuficiente participación’ por su ‘inutilidad’, así como los problemas logísticos de organización.

Por ello, el documento se decanta por unas ‘elecciones plebiscitarias’ en las que los partidos presentasen en sus programas un solo punto: la secesión de Cataluña. Y advierte de que, oficialmente, no se debe indicar que son plebiscitarias, para evitar problemas legales. Posteriormente, plantea que el Parlamento autonómico formule una declaración unilateral de independencia.

Incluso especifica que la realización de una declaración unilateral de independencia mediante una resolución del Parlamento autonómico tiene la ‘ventaja’ de que se puede tramitar muy rápido: ‘En una sola sesión plenaria en la cual, en poco más de una hora, podrían intervenir el Gobierno [autonómico] y todos los grupos parlamentarios para fijar su posición’. El ‘inconveniente’ es que ‘no tiene en puridad efectos jurídicos’. En ese sentido, propone que se tramite como iniciativa legislativa o como proposición de ley, una vía más lenta pero con más ‘relevancia formal y normativa’.

La vía Kosovo como referente
El informe reconoce que ‘no hacen falta demasiados esfuerzos para poner de relieve el hecho de que una declaración unilateral de independencia no se ajusta a las disposiciones del ordenamiento constitucional español’, ni del derecho internacional.

Sin embargo, apela a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2010 sobre la independencia de Kosovo, y concluye que, aunque ‘el contexto político e institucional’ de Kosovo ‘no son comparables a los de la Cataluña actual’, se puede considerar que ‘las declaraciones unilaterales de independencia no están prohibidas por el derecho internacional si son el resultado de un pronunciamiento democrático llevado a cabo en un contexto pacífico, es decir, sin intervención de la fuerza o la violencia’.

También propone una declaración unilateral de independencia ‘como solución alternativa’ en caso de que las elecciones plebiscitarias no se pudiesen celebrar porque ‘el Estado hiciese uso de los instrumentos jurídicos’ a su alcance.

El CATN da por hecho que el Gobierno u otras instituciones del Estado presentarán recursos, aplicarán sanciones o apelarán al artículo 155 de la Constitución (que podría conllevar ‘la sustitución de los órganos políticos de la Comunidad Autónoma por órganos estatales’, ‘la suspensión de la autonomía’, o la ‘disolución del Parlamento autonómico’). Sin embargo, descarta que el Ejecutivo se atreva a utilizar la declaración de ‘los estados de excepción y sitio’.

http://www.vozbcn.com/2013/07/26/14...-independencia/comment-page-1/#comment-526781
 
(...)
Estos otros siguen a lo suyo. Y tienen muy claro cómo van a responder los timoneles del Titanic cuando ellos quieran declarar unilateralmente la independencia de su camarote.

Pues espérate. Ahora nos vamos a la otra esquina. Los politiquillos locales parecen haber enloquecido (un poco más). Alucine después de haber leído.

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La “ley de galleguidad” como contribución al esperpento legislativo nacional

30 julio, 2013 - Autor: Fernando Gomá Lanzón en Comunidades Autónomas | Parlamento
¿Cuántas veces habremos comentado en el blog que en España se tiende a legislar – muy especialmente por parte de las CCAA- de manera ampulosa, burocratizada, antieconómica e ineficaz? En no pocas ocasiones. Muy bien. Pues, con todos ustedes… la ley de galleguidad.

El ocuparse del bienestar de los naturales de una comunidad autónoma que viven en el extranjero es sin duda un deber natural, podríamos decir, de aquélla, y en el caso de Galicia ese deber tiene un matiz especialísimo, dado que la condición de emigrante ha formado parte del ser gallego a lo largo de toda su historia.

Ahora bien, esta loable tarea puede sin especiales problemas desarrollarse por medio de una encomienda a una dirección general autonómica, con un número adecuado de funcionarios dedicados al tema (no hace falta que sean muchos) y unas buenas herramientas de gestión, dirigidos en cuanto a los objetivos y actividades por las pautas que marque el consejero correspondiente. No hace falta más para verificar una actividad eficaz y económica.

No es lo que ha ocurrido, obviamente. Parafraseando la desternillante película Aterriza como puedas, el proceso mental a la hora de redactar esta norma debe haber sido: ¿Legislar de manera sensata y eficaz? ¡No! Eso es lo que esperan que hagamos… (los que han visto la película saben a qué me refiero, y los que no lo hayan hecho, tienen una tarea pendiente).

La Ley de galleguidad, de junio de 2013, es un exceso compuesto de 62 artículos y demás disposiciones, y que ocupan nada menos que 28 páginas de BOE, lo cual parece no ser suficiente puesto que se prevé además un desarrollo reglamentario. Dentro de ella encontramos de todo: “carnés de galleguidad”, registros de galleguidad o un bonito Consejo de Comunidades Gallegas, repleto de representantes políticos. Pero sobre todo encontramos humo, mucho humo.

Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de autonomía de Galicia (art 2). Vaya, según esta ley (y el propio estatuto de autonomía gallego), una comunidad, una asociación de gallegos cualquiera instalada fuera del territorio, en teoría no tendría derecho a participar en la vida cultural gallega… ¡mientras la administración no le dé el certificado de galleguidad! Es decir, que una, pongamos por caso, Asociación de Vigueses en Alemania, no tendría derecho a hacer el Camino de Santiago, participar en un festival de baile regional o disfrutar de las fiestas de Vigo (evidentes ejemplos de vida social y cultural) hasta que la administración no certifique que es suficientemente gallega.

Obviamente, no es posible tomarse jurídicamente en serio este artículo 2. Ni siquiera un político autonómico en estado de máxima ofuscación podría pretender que algo tan básico como relacionarse con los demás miembros de su propia comunidad autónoma dependa legalmente de que el gobierno le dé su visto bueno (por ahora al menos, porque hay iniciativas tanto o más esperpénticas que ésta y con un carácter claramente antidemocrático, como el propuesto “fichero del buen catalán” que podrían ir en esa dirección, y del que tendremos que tratar en algún momento).

Entonces ¿cuál es la vida social y cultural a la que se refiere el artículo 2 y a la que se tendría derecho a disfrutar cumpliendo la ley? Pues a la que es organizada y subvencionada por los políticos y las administraciones, a la cultura y sociedad “oficiales”, que son confundidas e identificadas con la cultura y sociedad “reales”. Por ello, este artículo de la ley es muy revelador de cómo en España la clase política suele creer, encastillada en sí misma, que no hay más vida que la oficial, y es incapaz de ver más allá de ella.

Si se está interesado en obtener el reconocimiento de la galleguidad, hay que seguir un concreto procedimiento administrativo del que luego hablaremos. Ahora bien, lo que es realmente sorprendente es qué efectos tiene ese reconocimiento, según la propia ley, porque la mayor parte de ellos son un ejemplo perfecto de legislación para la foto, pura “nada” para rellenar páginas de boletines oficiales. Algunos de los “derechos reconocidos” son francamente sonrojantes:

El derecho a compartir la vida social gallega y colaborar en su difusión, en el ámbito territorial en el que estén asentadas. El derecho a su participación en el conocimiento y estudio de la realidad cultural del pueblo gallego. El derecho a conocer y difundir la lengua gallega en el ámbito de sus comunidades.

El derecho al acceso a las bibliotecas, recursos y archivos dependientes de la Comunidad Autónoma (¿si eres una asociación que no tenga reconocida la galleguidad, o, aún peor, un señor de Soria, no puedes acudir a una biblioteca pública de Galicia?).

El derecho a preservar y difundir el patrimonio de la galleguidad en su ámbito territorial. El derecho a recibir información sobre la realidad económica de Galicia. El derecho a mantener contacto con los agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad...

Para obtener estos y otros estupendos beneficios hace falta seguir un expediente en el que se aportan unos cuantos documentos, de sencillo análisis por parte de la administración. Pues bien, para decidir si se reconoce o no la galleguidad de la entidad solicitante, la administración tiene un plazo de ¡un año! (art. 9). Es un plazo casi irreal, hay que leerlo dos veces para cerciorarse de que es así. Desde luego, esto lo lee Larra y saca una docena de artículos. Pero tampoco es de extrañar, porque para resolver este simple expediente, y en un homenaje a la burocracia, hacen intervenir al propio Consejo de Gobierno de la Xunta en pleno.

A ello se añade la regulación de un “registro de galleguidad”, en el que podrán inscribirse las comunidades que les hayan reconocido esa condición. La ley regula de manera muy minuciosa este registro (arts. 30 a 34), pero lamentablemente se ha olvidado de dotar a la inscripción de algún efecto práctico. El hecho es que el registro de galleguidad no sirve en realidad para nada. Toda su actividad podría perfectamente ser hecha por medio de una base de datos y un funcionario encargado de todo el tema.

Y llegamos por fin al Consejo de Comunidades Gallegas (art 35 y ss), órgano colegiado compuesto de como mínimo 18 miembros, de los cuales 13 son de la administración autonómica, con un presidente (nada menos que el de la Xunta), un vicepresidente, una secretaría y una comisión delegada. Con esta infraestructura uno esperaría que sus funciones fueran variadas y complejas. Pues atentos que estas son todas sus atribuciones, según la ley:

Elaborar y presentar informes, propuestas y recomendaciones en materia de emigración y galleguidad a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Canalizar las propuestas que, en materia de emigración y galleguidad, surjan de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia (?) Es decir, pongamos que una asociación gallega de Argentina envía por correo electrónico una propuesta a la Xunta. En ese momento el Consejo, con sus 18 integrantes, su presidente, comisión y pleno, la “canalizará” (se supone que por medio de reenviar el correo a quien corresponda de la administración).

Conocer e informar a las comunidades gallegas de las disposiciones normativas que en materia de emigración y galleguidad les afecten, en especial de las elaboradas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Establecer cauces de colaboración con otros órganos de participación de emigrantes similares existentes en el Estado español.

Como pueden ver, todo esto no es, de nuevo, nada más que humo. El pomposo Consejo de Comunidades Gallegas carece de sentido. Su utilidad fundamental (no explícita, comprendan ustedes) es figurar y dar carguitos a muchos amigos. Pero eso sí, ese humo no será gratuito porque es evidente que este Consejo no saldrá barato al contribuyente gallego.

Esta norma, ejemplo (uno más) de legislación hipertrofiada, ineficaz y vacua, de política de imagen y titular de periódico, contiene muchas otras sorpresas que seguro deleitarán al lector, de modo que les vuelvo a poner el enlace, y como diría Cayetana Guillén Cuervo en televisión, señalando a la cámara: ¡que la disfruten!

http://hayderecho.com/2013/07/30/la...tribucion-al-esperpento-legislativo-nacional/
 
Màs que un Larra, harìa falta un Fellini. Podrìa decirse que es de locos, si no fuera porque ya sabemos de què suelen ir estos temas.:

"Y llegamos por fin al Consejo de Comunidades Gallegas (art 35 y ss), órgano colegiado compuesto de como mínimo 18 miembros, de los cuales 13 son de la administración autonómica, con un presidente (nada menos que el de la Xunta), un vicepresidente, una secretaría y una comisión delegada."

Màs claro, el agua. Un mìnimo de 18 (y un màximo de....podrìan ser 40, 50, 60....quien sabe), rimbombantes Consejeros, chupando de la teta.
No sè si desear que Espanya salga de la crisis econòmica o que se vaya de una vez al carallo, porque asì, al menos, se iban a terminar los choteos.
 
Hola foreros.

Los que en su momentos seguistéis este hilo desde el principio tal vez recordéis que todo empezó porque queríamos contaros el modelo de estado que estaba diseñando FUNCIVA, un think tank al que recurre el PSOE a menudo para que les hagan análisis y estudios y que también tiene buenos tratos con los nacionalistas de provincias.

Nuestra sospecha era que ese diseño iba a ser utilizado en conversaciones entre partidos grandes -con el PSOE como principal interesado- y los nacionalistas como modelo de partida para un cambio de régimen.

En la primera página Las Navas contaba esto en respuesta a un comentario que yo había hecho anteriormente.

Pues bien. Ojo al dato: el PP está estudiando (por supuesto con el beneplácito del PSOE, aunque no se diga) la conversión de la Comunidad de Madrid en Distrito Federal.

Que conste que donde primero se pudo leer que eso estaba sobre el tapete fue en este foro.

A bordo del Titanic dijo:
(...)​
Pero es que además el modelo de FUNCIVA propone reducir las 17 autonomías a 10 estados. Y a ver quién es el guapo que hace la reducción y con qué criterio, además. Porque eso supone que tienen que fundir a varios y ahí pueden salir los cuchillos jamoneros a brillar, y no sólo entre las oligarquías.​

El criterio lo dicen ellos mismos, muchacho. "Ofrecer un proyecto ilusionante de Estado integrador a los ciudadanos del País Vasco y Cataluña" . Donde dice "los ciudadanos del País Vasco y Cataluña", debe entenderse "los ciudadanos nacionalistas", porque los no nacionalistas somos declarados inexistentes. Y el proyecto "ilusionante" para esos nacionalistas pasa por pulirse políticamente varios territorios, cosa que no será muy ilusionante para otros ciudadanos. Pero eso es irrelevante, parece. El informe de FUNCIVA reconoce que "es una medida de alto coste político", pero que si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, pues no hace falta más. Los nacionalistas locales, dicen, "se sumarían -sin dificultad- al acuerdo habida cuenta de que han denunciado muchas veces el carácter artificial de algunas de la Comunidades Autónomas existentes".

El problema es que, en sentido estricto, todas las CC.AA son artificiales, como ellos mismos reconocen. Y que lo que podía ser artificial en 1978 en 2012 puede ya no serlo. Y que si entras en el juego de ligar los derechos políticos a los territorios, y no a los ciudadanos, no vas a poder evitar que ese modelo haga sentir a agraviadas, e incluso agredidas, a las comunidades autónomas condenadas a desaparecer. Y entonces para "dar ilusión" a dos colectivos (que está por ver que se "ilusionen") haremos sentirse agredidas a las gentes de varios territorios.

Este apartado del informe de FUNCIVA es bastante curioso y da mala espina. Son muy tajantes con la cifra de territorios federados: 10. ¿Por qué 10 y no 11, ó 9? Leyendo entre líneas se puede una maliciar que ése es el número que se está manejando en las conversaciones, negociaciones subterráneas, tenidas o lo que fuere entre el entorno socialista y los nacionalistas catalanes y vascos. El caso es que FUNCIVA no da el listado de cuáles serían esos diez territorios y de quiénes desaparecerían del mapa. Un silencio nada inocente, claro. Porque si queremos venderle la píldora del federalismo a la masa, pues hay que evitar de momento los asuntos que podrían enfurecer a bastante gente.

Como yo he oído cosas a este respecto, y tú también, vamos a intentar un recuento de cotilleos 'federales'.

* Lo que les pide el cuerpo a los nacionalistas, lo que les daría verdadera ilusión, sería cargarse en primer lugar a la Comunidad de Madrid. Pero hay un problema... Madrid es la que abastece de verdad la caja común. Si la eliminas como entidad diferenciada y la subsumes en alguna de las dos Castillas, rodeada de un montón de provincias económicamente débiles, matas a la gallinita de los huevos de oro. La cosa resultante contribuiría a la caja común con muchísima menos plata que Madrid sola. Y eso es algo que nadie se puede permitir, ni siquiera los nacionalistas en busca de un estado federal. No cabe descartar que los politicastros se vuelvan locos y antepongan la "ilusión" a las cosas de comer. Pero si conservan un ápice de cordura, Madrid debería seguir sola en un modelo así. Lo más lógico sería convertirla en "Madrid Distrito Federal".
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal

* Si convertimos a la Comunidad de Madrid en Madrid D.F., tenemos que eliminar 7 autonomías. Candidatas:
1) Cantabria ----- ¿a Castilla y León?. Así serían 16.
2) La Rioja ------ ¿a Castilla y León también? ¿O se la regalamos a la provincia de Álava o a Aragón?. Así serían 15.
3) Murcia ------- ¿dónde la colocamos? ¿En Castilla-La Mancha? ¿En Valencia? ¿En Andalucía?. Así serían 14.
4) Principado de Asturias ----- ¿y ésta dónde? ¿También en Castilla y León? Así serían 13.

Y ahora llegamos a la verdadera patata caliente. Nos faltan por eliminar tres autonomías y queremos darles "ilusión" a los nacionalistas catalanes y vascos, porque según el informe de FUNCIVA ésa es una de las razones de peso para hacer esta Segunda Transición federal. Nada les daría más ilusión que esto:

5) Navarra (lo siento, muchacho) ----- a la gran Euskal Herria. Así serían 12.
6) Valencia---- a la Gran Cataluña, vulgo Països Catalans. Así serían 11.
7) Baleares ---- Idem de lo anterior.

Ya tenemos los 10 Estados de la Federación Hispanistana.

Cierto es que en el informe de FUNCIVA parecen estar por la labor de conservar la personalidad diferenciada de Navarra, que tiene históricamente mucha más consistencia que el propio País Vasco. Pero si se conserva, no salen las cuentas y los nacionalistas vascos no estarían nada ilusionados.

Evidentemente, abrir de nuevo el melón de la delimitación territorial sería un carajal de no te menees. Primero, por la controvertida reducción a 10, con toda la ira que eso provocaría en los territorios 'reducidos'. Y luego, porque se resucitarían viejas polémicas. Recordemos que León no estuvo nada contento con que lo metieran dentro de la ex-Castilla la Vieja, por aquello de que las regiones que habían tenido personalidad de reino en tiempos medievales debían conservarse como entes diferenciados, por más que luego hubieran sido integrados en una corona más grande. De hecho, León tiene personalidad diferenciada hasta en el propio escudo de España.

Para mi humilde entender, meterse en estas aventuras para contentar a gente que, como decía Julián Marías, "nunca se va a contentar" es una absoluta locura. Pero en este tipo de cosas andan ocupadas ahora muchas de las cabezas de huevo que asesoran a los políticos.

________


EL PP QUIERE CONVERTIR A MADRID EN UN DISTRITO FEDERAL

(...)
Pero hay otro proyecto monclovita que Rajoy rumia durante su descanso estival en Galicia. Un proyecto de más envergadura: se trataría de reconvertir a Madrid en un Distrito Federal pero de alcance autonómico. En definitiva, fusionar la Comunidad Autónoma de Madrid con el Ayuntamiento capitalino. Y Aguirre sería la figura clave para apostar por él.
A Rajoy no le gustan ni Ana Botella ni Ignacio González. Y Madrid constituye a día de hoy la principal baza electoral del PP. Nada menos.

http://www.hispanidad.com/Confidenc...como-alcaldesa-de-madrid-20130816-158150.html
 
Hola foreros.

Los que en su momentos seguistéis este hilo desde el principio tal vez recordéis que todo empezó porque queríamos contaros el modelo de estado que estaba diseñando FUNCIVA, un think tank al que recurre el PSOE a menudo para que les hagan análisis y estudios y que también tiene buenos tratos con los nacionalistas de provincias.

Nuestra sospecha era que ese diseño iba a ser utilizado en conversaciones entre partidos grandes -con el PSOE como principal interesado- y los nacionalistas como modelo de partida para un cambio de régimen.

En la primera página Las Navas contaba esto en respuesta a un comentario que yo había hecho anteriormente.

Pues bien. Ojo al dato: el PP está estudiando (por supuesto con el beneplácito del PSOE, aunque no se diga) la conversión de la Comunidad de Madrid en Distrito Federal.

Que conste que donde primero se pudo leer que eso estaba sobre el tapete fue en este foro.
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EL PP QUIERE CONVERTIR A MADRID EN UN DISTRITO FEDERAL

(...)
Pero hay otro proyecto monclovita que Rajoy rumia durante su descanso estival en Galicia. Un proyecto de más envergadura: se trataría de reconvertir a Madrid en un Distrito Federal pero de alcance autonómico. En definitiva, fusionar la Comunidad Autónoma de Madrid con el Ayuntamiento capitalino. Y Aguirre sería la figura clave para apostar por él.
A Rajoy no le gustan ni Ana Botella ni Ignacio González. Y Madrid constituye a día de hoy la principal baza electoral del PP. Nada menos.

http://www.hispanidad.com/Confidenc...como-alcaldesa-de-madrid-20130816-158150.html

Qué buena y qué interesante fue la primera mitad de este hilo. Luego ya se dispersó un poco.
Gracias por las aportaciones y por el trabajo de explicar un asunto que tiene su complejidad.
 
Se dirìa que tenìais la bola de cristal, cuando empezàsteis este hilo....Enhorabuena por vuestra perspicacia. Desde luego, el viejo post de LAS NAVAS que citas ahora en tu ùltimo mensaje, merece el Premio Rappel.

Lo estàbamos viendo venir, eh...? Es la crònica de una muerte anunciada. La muerte de un paìs. Para quien quiera verlo, naturalmente.
 
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