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Escolano anuncia que la ‘tasa Google’ para financiar pensiones entrará en vigor en 2019
El ministro reclama un acuerdo rápido con el resto de grupos políticos para poner en marcha cuanto antes el nuevo impuesto
El ministro de Economía, Román Escolano, a la salida del Consejo de Ministros ULY MARTÍN
El arte del flip flop. Los anglosajones llaman flip flop a defender una opción y después prácticamente la contraria en un corto espacio de tiempo. El Ejecutivo español decía hace solo unos meses que las pensiones no podían crecer con el IPC, alegando posibles problemas en la estabilidad de las cuentas públicas. El Gobierno cambió el paso hace unos días para poder aprobar los presupuestos y salvar la legislatura. Y ayer viernes anunció un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas para ayudar a financiar el incremento de pensiones. El ministro de Economía, Román Escolano, ha dado hoy algún detalle adicional: el objetivo es tramitar de forma acelerada la denominada tasa Google en el Congreso, para que entre en vigor "ya en 2019", ha dicho al final de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, en Sofía. Fuentes de Economía aclaran que el objetivo es que esa tasa tenga efectos "cuanto antes", sin fijar fecha en el calendario.
Escolano enviará el lunes a Bruselas el nuevo Plan de Estabilidad, que incluye un incremento de pensiones pero mantiene intacto el objetivo del déficit en el 2,2% para este año. Escolano ha explicado que el crecimiento de la economía permite pensar en un incremento de ingresos públicos suficiente para no descuadrar las cuentas, a pesar de que los analistas no han tardado en poner en duda ese argumentario. Ha añadido que hay un "consenso mayoritario" en la UE para introducir ese nuevo impuesto digital, y ha explicado que ya hay figuras impositivas parecidas "en Reino Unido, Italia, Francia y Alemania"; Bruselas apunta que hay hasta 11 países que han aprobado esas tasas. España se suma a esa moda por una cuestión de "justicia fiscal", según el ministro: "No es justo que la economía tradicional pague el grueso de la factura de impuestos y que estas empresas no contribuyan".
Los números no terminan de estar claros. El Ejecutivo cifra el coste de la subida de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 1.500 millones este año y otros 1.800 millones el próximo: 3.300 millones en dos años. Pero mantiene los objetivos de déficit basándose en un supuesto incremento de ingresos (derivado del fuerte crecimiento) y los nuevos ingresos procedentes de la tasa. No habrá recaudación procedente de la nueva figura fiscal este año, y si todo va bien en el próximo se podrían recaudar unos 500 millones, si España define ese tributo en función de la propuesta que ha presentado Bruselas (los grupos tecnológicos que facturen más de 750 millones pagarían entre un 1% y un 7%: en el escenario central eso supone unos 5.000 millones al año en toda Europa, y unos 500 en España). Eso deja un agujero de 2.800 millones por rellenar, que el Ejecutivo fía al crecimiento y la buena evolución de los ingresos.
El ministro ha lanzado un mensaje optimista en Sofía. "España está a la cabeza en términos de crecimiento en Europa y en creación de empleo, y sigue comprometido con la eliminación total del déficit en 2021 y con rebajar el nivel de deuda por debajo del 90% del PIB en esa fecha", ha dicho. Las macrocifras confirman ese análisis, aunque hay otras formas de contarlo: el crecimiento ha vuelto pero con indicadores sociales muy pobres; España crea empleo pero es de mala calidad, con la mayor proporción de contratos temporales del Atlántico Norte; el déficit se embrida pero la economía española es la única del euro que sigue con un agujero fiscal superior al 3% del PIB, a pesar del fuerte crecimiento, y presenta ya una de las deudas públicas más elevadas, pese a que partía, antes de la crisis, con una de las cifras más bajas.
El Eurogrupo de Sofía ha servido para lanzar una advertencia a Grecia y a otros países para que no reviertan sus reformas: España plantea retrasar la entrada en vigor del factor de estabilidad y, en contra de compromisos anteriores, sube las pensiones en función del IPC después de las protestas en las calles, y salva así la legislatura. Las instituciones europeas han recibido las novedades con una mueca de disgusto. "La previsión de déficit no ha cambiado, y no hemos revertido la reforma de 2013", se defendió el ministro.
https://elpais.com/economia/2018/04/28/actualidad/1524911412_619791.html
El ministro reclama un acuerdo rápido con el resto de grupos políticos para poner en marcha cuanto antes el nuevo impuesto
El ministro de Economía, Román Escolano, a la salida del Consejo de Ministros ULY MARTÍN
El arte del flip flop. Los anglosajones llaman flip flop a defender una opción y después prácticamente la contraria en un corto espacio de tiempo. El Ejecutivo español decía hace solo unos meses que las pensiones no podían crecer con el IPC, alegando posibles problemas en la estabilidad de las cuentas públicas. El Gobierno cambió el paso hace unos días para poder aprobar los presupuestos y salvar la legislatura. Y ayer viernes anunció un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas para ayudar a financiar el incremento de pensiones. El ministro de Economía, Román Escolano, ha dado hoy algún detalle adicional: el objetivo es tramitar de forma acelerada la denominada tasa Google en el Congreso, para que entre en vigor "ya en 2019", ha dicho al final de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, en Sofía. Fuentes de Economía aclaran que el objetivo es que esa tasa tenga efectos "cuanto antes", sin fijar fecha en el calendario.
Escolano enviará el lunes a Bruselas el nuevo Plan de Estabilidad, que incluye un incremento de pensiones pero mantiene intacto el objetivo del déficit en el 2,2% para este año. Escolano ha explicado que el crecimiento de la economía permite pensar en un incremento de ingresos públicos suficiente para no descuadrar las cuentas, a pesar de que los analistas no han tardado en poner en duda ese argumentario. Ha añadido que hay un "consenso mayoritario" en la UE para introducir ese nuevo impuesto digital, y ha explicado que ya hay figuras impositivas parecidas "en Reino Unido, Italia, Francia y Alemania"; Bruselas apunta que hay hasta 11 países que han aprobado esas tasas. España se suma a esa moda por una cuestión de "justicia fiscal", según el ministro: "No es justo que la economía tradicional pague el grueso de la factura de impuestos y que estas empresas no contribuyan".
Los números no terminan de estar claros. El Ejecutivo cifra el coste de la subida de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 1.500 millones este año y otros 1.800 millones el próximo: 3.300 millones en dos años. Pero mantiene los objetivos de déficit basándose en un supuesto incremento de ingresos (derivado del fuerte crecimiento) y los nuevos ingresos procedentes de la tasa. No habrá recaudación procedente de la nueva figura fiscal este año, y si todo va bien en el próximo se podrían recaudar unos 500 millones, si España define ese tributo en función de la propuesta que ha presentado Bruselas (los grupos tecnológicos que facturen más de 750 millones pagarían entre un 1% y un 7%: en el escenario central eso supone unos 5.000 millones al año en toda Europa, y unos 500 en España). Eso deja un agujero de 2.800 millones por rellenar, que el Ejecutivo fía al crecimiento y la buena evolución de los ingresos.
El ministro ha lanzado un mensaje optimista en Sofía. "España está a la cabeza en términos de crecimiento en Europa y en creación de empleo, y sigue comprometido con la eliminación total del déficit en 2021 y con rebajar el nivel de deuda por debajo del 90% del PIB en esa fecha", ha dicho. Las macrocifras confirman ese análisis, aunque hay otras formas de contarlo: el crecimiento ha vuelto pero con indicadores sociales muy pobres; España crea empleo pero es de mala calidad, con la mayor proporción de contratos temporales del Atlántico Norte; el déficit se embrida pero la economía española es la única del euro que sigue con un agujero fiscal superior al 3% del PIB, a pesar del fuerte crecimiento, y presenta ya una de las deudas públicas más elevadas, pese a que partía, antes de la crisis, con una de las cifras más bajas.
El Eurogrupo de Sofía ha servido para lanzar una advertencia a Grecia y a otros países para que no reviertan sus reformas: España plantea retrasar la entrada en vigor del factor de estabilidad y, en contra de compromisos anteriores, sube las pensiones en función del IPC después de las protestas en las calles, y salva así la legislatura. Las instituciones europeas han recibido las novedades con una mueca de disgusto. "La previsión de déficit no ha cambiado, y no hemos revertido la reforma de 2013", se defendió el ministro.
https://elpais.com/economia/2018/04/28/actualidad/1524911412_619791.html
