En el punto de mira: Cazan a funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia fichando y yéndose

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El 85% del gasto en publicidad se hizo sin contrato​

Gasto total en publicidad del Campus de la Justicia: 6.439.281 euros

Con
contrato

Sin
contrato

Gasto
957.990 €
5.481.292 €
Fuente: Audiencia Nacional Creado con Datawrapper


Además, la Audiencia Nacional alerta de que, más allá de la falta absoluta de documentación, cada campaña de publicidad se fraccionó en varios contratos, que a su vez se trocearon en diversas facturas y que luego fueron cobradas por empresas aparentemente distintas, pero relacionadas entre sí. El auto dedica unas cuantas páginas a glosar las relaciones que mantenían Abba, Red de Medios y Mediaege, que concurrían como competidoras "de manera burda" a los concursos a pesar de estar vinculadas.


Las empresas de publicidad que más dinero recibieron​



Listado de empresas que facturaron más de 200.000 euros en publicidad al Campus de la Justicia. Haz clic en cada caja para ver el detalle



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El dinero público también se evaporó en pagos a una empresa para que realizase un vídeo sobre el proyecto de Foster (59.128 euros), en multitud de actos de presentación de los edificios (125.000 euros), en asistencia a ferias internacionales (58.825 euros), merchandising (más de 100.000 euros), publicidad en medios (323.617 euros), visitas guiadas a las obras (39.406 euros) o actos de colocación de primeras piedras.

Sobre la presentación de maquetas, la Audiencia Nacional se detiene, una vez más, en las de Norman Foster. El acto se celebró en noviembre de 2006. Al contrato para organizarlo se presentaron tres empresas vinculadas a un mismo hombre: Daniel Horacio Mercado, propietario de Over Marketing, uno de los publicistas de referencia del PP, imputado en varios casos de corrupción y que ha confesado el amaño de contratos.

Su empresa se llevó más de 200.000 euros de la Ciudad de la Justicia, buena parte por ese acto de presentación de las maquetas, al que la Audiencia Nacional añade entre los gastos una factura al catering Samantha de España (8.560 euros) y otra a Class Bar Concept (522 euros).

También se destinó dinero púbico a la elaboración de 3.000 unidades de un libro sobre el trabajo del despacho en el diseño de los edificios de Foster. Este contrato en particular revela una de las prácticas corruptas más simples y poco sofisticadas: se presentaron tres ofertas falsas porque pertenecían al mismo grupo empresarial (Everest), aunque de filiales distintas. Se entregaron "con las mismas características de formato, encuadernación e impresión". Había una oferta firmada por el dueño de Everest y otra por su hija. La edición del libro costó casi 40.000 euros.

También se destinó parte del presupuesto del Campus a la creación de la marca del proyecto, que se llevó Culdesac. La investigación no ha encontrado justificación de dicho contrato y ha vuelto a detectar empresas vinculadas en las ofertas. Consta también un contrato para la edición de una revista digital, que se llevó Wolter Kluwer en otro concurso falseado, y cuyos contenidos eran supervisados directamente por Alfredo Prada.

Uno de los gastos que más llamó la atención de la Cámara de Cuentas y de la Audiencia Nacional es el de fotografía. Según el auto, se contrató al fotógrafo Pedro González en un concurso en el que de nuevo había empresas relacionadas entre sí y sin que se aclarase cuál iba a ser exactamente su función, sin definir por qué se le iba a pagar. Se llevó 73.404,8 euros.

El policía de confianza de Cospedal y el jefe de Gabinete de Cascos

Para la Audiencia Nacional merece una especial atención los gastos en seguridad de la Ciudad de la Justicia, cuyo responsable era Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de María Dolores de Cospedal (fue su asesor) e imputado en la Operación Kitchen por ser el responsable de haber entregado cheques de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas.

El auto señala que de los 12 trabajadores del Campus, tres eran de seguridad y su nómina "sobrepasaba los 14.000 euros mensuales". Además, se contrató a empresas externas para incrementar la seguridad, cuyos informes de valoración los elaboró Gómez Gordo. "Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles", dice el juez.

Sobre las licitaciones a las empresas externas, el auto destaca que la que se llevó Tecisa 74 estuvo diseñado de tal forma que los criterios subjetivos se impusieran al resto. El mismo día en que se firma el contrato con esa empresa, Gómez Gordo hace una propuesta oficial a los responsables del Campus para ampliar su duración y coste. Aparentemente sin conocer este movimiento, la empresa presenta unos días después una solicitud de ampliación del contrato por el mismo importe que había propuesto Gómez Gordo.

El juez no tiene dudas de que se pusieron de acuerdo, porque ha detectado de nuevo un tráfico de llamadas entre el ente público y la empresa.


Casi 786.000 euros en empresas de seguridad​

Dinero gastado por el Campus de Justicia en empresas de seguridad donde la Audiencia Nacional ha detectado irregularidades
SERYGUR
Servicios de vigilancia y seguridad del recinto de las obras del Campus de la Justicia. Control de entradas y gestión de la base de datos de las obras del Campus de la Justicia. Otros gastos de seguridad
562.266 €
TECISA 74
Sistema integral de seguridad en el Campus de la Justicia

Hubo otros dos contratos de seguridad, esta vez con Serygur para la vigilancia de las obras, de nuevo con falta documentación sobre los trámites obligatorios en contratación pública. Pero aquí llama la atención que uno de los apoderados es Álvaro de la Cruz, el jefe de Gabinete del exministro del PP Francisco Álvarez Cascos y entonces número dos de Rita Barberá en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

Hay una larga lista de contratos sospechosos que completan el despilfarro, como el firmado con Félix García de Castro para asesoría jurídica y a quien se empezó a pagar antes de haberle contratado; o como el que se hizo con Machtmind con unos pliegos diseñados a su medida; o como el firmado con Metaverse, que se encargó de hacer una recreación en Second Life de la Ciudad de la Justicia.

La Audiencia Nacional llama la atención sobre que Metaverse se creó seis días antes de que se publicitase el concurso para ese contrato. Además, antes de que el contrato le fuera adjudicado ya había empezado a cobrar del Campus y había adquirido espacio en unos servidores para alojar el proyecto de Second Life. El juez cree que la empresa tenía "información privilegiada o un preacuerdo" con los responsables del proyecto, porque también ha detectado irregularidades en el proceso de licitación.

Otros servicios bajo sospecha​

La Audiencia Nacional ha detectado posibles delitos en los contratos se asesoría o de nuevas tecnologías
METAVERSE SL
Servicios para la aplicación de las nuevas tecnologías en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid
262.403 €
MATCHMIND
Asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de La Justicia
234.000 €
FELIX GARCIA DE CASTRO (ASESORÍA FISCAL)
Servicios de asesoría jurídica
181.800 €

Hay datos que no los puedo traer directamente. A quien le interese que abra el enlace.


El hospital Zendal de Isabel Diaz Ayuso sigue el mismo camino.

Un pozo sin fondo que no se sabe cuando va acabar de absorber dinero publico para amiguetes.

Eso sí, el PXXE de Madrid de Angel Gabilondo en especial, y el de España calladitos.
 
Mucha gente estudia, aprueba un examen y se creen que eso ya les da potestad para vaguear durante el resto de su vida.

Y no hay que malinterpretar, que cuando se critica a los funcionarios no es a los sanitarios, policías, bomberos, etc. pero el funcionario de sello y ventanilla tiende a ser vago porque sabe que nunca le va a pasar nada.
 

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