Empiezan los recortes a las pensiones de jubilación, tijeretazo a los funcionarios de Justicia

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Alevoso tijeretazo a las pensiones de los funcionarios de Justicia​



Alevoso tijeretazo a las pensiones de los funcionarios de Justicia

Aviso a navegantes: el Gobierno acaba de recortar la pensión a más de 2.000 funcionarios de Justicia por la vía de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones, después de que se haya producido el traspaso a la Seguridad Social de la gestión de las prestaciones de los funcionarios inmersos en las denominadas clases pasivas. Este organismo no ha computado, a efectos de cotización, los años de ocupación interina de los puestos de trabajo de la Administración de Justicia, viéndose afectados todos los cuerpos de la Administración de la Justicia que hayan pasado por esta fase de interinidad: jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales. Según cálculos de los propios funcionarios, los recortes pueden afectar a entre 2.000 y 3.000 personas ellos, parte de los cuales ya ha accedido a la jubilación.
Estamos ante una medida injusta y caprichosa, toda vez que la situación anterior en la que se encontraban estos funcionarios contaba con el visto bueno de la Administración, que ahora cambia de criterio llevándose por delante derechos adquiridos.
Antes de 1990 los funcionarios interinos de Justicia carecían de un sistema de cotización para su jubilación. Esta situación irregular fue denunciada y sancionada por los Tribunales de tal manera que en ese año la Administración se vio obligada a regularizar su situación. No obstante, con el paso del tiempo, ese personal, al acercarse su jubilación, ha ido comprobando que esos periodos anteriores al año 1990 no se han computado a efectos de jubilación. La Administración estableció un mecanismo de regularización y ese compromiso se recogió en el acuerdo firmado en diciembre de 2015 . La situación se resolvió para aquellos que, con posterioridad, aprobaron su oposición y se integraron en el régimen de clases pasivas, pero no corrieron la misma suerte quienes no lo hicieron y llegan a la edad de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social.
Parece evidente que un cambio de criterio administrativo no puede suponer una merma en las pensiones, porque si así fuera estaríamos ante una situación de gravísima inseguridad jurídica. Hasta el 6 de octubre, los funcionarios de justicia titulares que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocido todo su periodo de tiempo trabajado para acceder a la jubilación, pero ahora se ha cambiado el criterio de tal manera que este colectivo de funcionarios se ve obligado a retrasar su jubilación en una media de 2 años o de lo contrario verían reducida su pensión en un 20 por ciento (aproximadamente unos 350 euros). En suma, una tropelía administrativa de dimensiones colosales.

 

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Abro paraguas muy muy grande, hasta ahora los funcionarios así en general, no han sufrido los recortes del resto de trabajadores, alguna vez les tenían que meter mano, es insostenible que cada vez que hay una crisis la solución sea crear empleo público. Hay de todo, como en botica, pero creo que ganan los que una vez sacada SU oposición (cual Gollum) pasan de todo y se apoltronan. Se que esto debería de ir a las opiniones impopulares, a un funcionario jeta se le debería de poder echar, pero no es así. Cierro al salir y me voy corriendo.
 
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El Gobierno dice a Bruselas que no cierra la puerta al aumento del periodo de cálculo de la pensión​

Aunque no cifra la posible subida en el documento de reforma de pensiones que ha remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo cree que esa medida favorece "la progresividad y el carácter contributivo del sistema"​

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. / MINISTERIO DE TRABAJO (MINISTERIO DE TRABAJO)

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RAFA BERNARDO
Bruselas
20/01/2021 - 07:39 h. CET

El Gobierno ya ha enviado a Bruselas sus proyectos de reforma del mercado laboral y de las pensiones, los que más expectación habían levantado por la posibilidad de que incluyesen hipotéticas contrapartidas al desembolso multimillonario que llegará desde Europa para combatir los efectos económicos del covid.

Y aunque los textos no plantean medidas cerradas (de hecho, se han mantenido intencionadamente abiertas, según el ministerio de Economía, para concretarlas "en el marco del diálogo social"), sí que recogen parcialmente una de las medidas que más polémica ha suscitado en los últimos días.

Aumentar el periodo de cálculo​

Se trata de la posibilidad de aumentar el periodo de cálculo de la pensión; una medida que supuestamente el ministro de Seguridad Social habría presentado hace semanas en el seno del Gobierno, planteando que un aumento en el número de años con el que se computa la cuantía de las prestaciones de 25 a 35 haría disminuir un 5% las pensiones.

Aunque José Luis Escrivá siempre lo ha negado ("Nunca me habrán oído hablar de 35 años", decía ayer en rueda de prensa) lo cierto es que la propuesta de reformas en materia de pensiones enviada a Bruselas recoge, sin cifras, esa medida.

Las principales reformas​

El documento de pensiones incluye nueve encabezados que recogen las principales reformas que planteará el Gobierno español. Y según el texto facilitado por el Ejecutivo a los agentes sociales, al que ha tenido acceso la SER, en la reforma 4, "adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral", se plantea "ampliar [...] el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva".

Con esta medida, según el documento, se aumentaría "la progresividad y el carácter contributivo del sistema", porque en un momento en el que "las interrupciones y las lagunas [en la carrera profesional] son cada vez menos excepcionales [...] [l]a posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo simultáneamente descartar los años en los que apareciera este perjuicio no solo daría una imagen más fiel del esfuerzo contributivo de los trabajadores sino que permitiría corregir situaciones de injusticia actuales en la que los últimos años de la carrera laboral están particularmente primados".

Dos medidas que ya han arrancado​

Además de esa reforma, el documento de pensiones se refiere a dos medidas que ya han empezado a adoptarse (el traspaso de gastos que la Seguridad Social asume impropiamente al Estado y el impulso a los sistemas complementarios de pensiones), otras de próxima aprobación (la creación de un nuevo complemento de maternidad que sustituya al anulado por la justicia europea en 2019), otras previstas para los próximos meses (un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones vinculado con el IPC y la creación de mecanismos que alineen de forma voluntaria la edad real de jubilación con la legal), un aumento de la base máxima de cotización acompañado de un aumento "concurrente" de la pensión máxima, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad (que fue incorporado en la reforma de 2013 pero que no ha llegado a ponerse en marcha) y un nuevo sistema de cotización para los autónomos para que aporten en función de sus ingresos reales (previsto para 2022).

Mercado de trabajo​

Además de las líneas generales de la reforma de pensiones, el Gobierno ha remitido también a la Comisión el de reformas en el mercado de trabajo, que incluye 17 grandes epígrafes con varias medidas en cada uno. Entre las más destacadas se cuenta la conversión en permanente del mecanismo de los ERTE, puesto en marcha durante la pandemia de forma excepcional, creando para ello un "Fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE", es decir, que las ayudas las paguen empresas, trabajadores y Estado en vez de sólo el Estado, como sucede ahora.

Además, se plantea la "reducción del exceso de temporalidad" con las fórmulas de la reordenación de las modalidades contractuales y la penalización del "uso excesivo de los contratos de corta duración"; también abordar algunos de los aspectos de la reforma laboral de 2012 que el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos singularizaba (vigencia de los convenios una vez caducados, prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, el poder del empresario para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y la subcontratación). Se propone asimismo una regulación sobre los 'riders' que garantice "un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas" y modernizar los servicios públicos de empleo usando "Inteligencia Artificial y Big Data para automatizar y mejorar la detección del fraude".


UP ya ha dicho que por ahí no pasa. Veremos en que queda esos 35 años.
 
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POLÍTICA

Los bancos presionan para alargar la edad de jubilación y los medios lo venden como “expertos”​


El director de ‘Actualidad Económica’ denuncia que muchos medios pasan por alto “el interés del BBVA en colocar planes de pensiones” al presentar unas conclusiones del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones como “sugerencias de expertos”.

Los bancos presionan para alargar la edad de jubilación y los medios lo venden como “expertos”

Los bancos tienen intereses en materia de pensiones, pues hacen negocio con los planes de pensiones y con los fondos de pensiones, de los que se alimentan los planes de pensiones. De hecho, ofrecen en sus webs herramientas que permiten simular desde la “pensión de Seguridad Social que se percibirá en el futuro” hasta el “ahorro necesario para complementar dicha pensión”. Es el caso del BBVA, uno de los bancos más grandes de España.

Al mismo tiempo, esos bancos cuentan con grupos de expertos que participan en el debate de sobre las pensiones públicas. Es el caso de ‘Edad de jubilación y vinculación a la esperanza de vida: corrigiendo el gap en las estimaciones’, documento de trabajo nº32/2020 –editado el pasado mes de enero– del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, foro que según el propio banco se encarga por un lado de sacar conclusiones sobre los “sistemas de previsión social” y por otro lado de “divulgar” esas conclusiones para “contribuir al conocimiento y la transparencia sobre el funcionamiento y los retos que confrontan nuestros sistemas de pensiones”.

Los autores del documento de trabajo sobre la edad de jubilación y su vinculación a la esperanza de vida son todos ellos miembros del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, apoyado por el denominado BBVA Research –surgido del antiguo Servicio de Estudios de BBVA–, sobre el que recaen tanto el Secretariado del foro como las labores de “apoyo” relativas a sus investigaciones.
En dicho documento de trabajo, dichos expertos dicen demostrar que “el aumento de la edad de jubilación que se producirá en España hasta 2027” –cuando la edad para jubilarse se situará en los 67 años– “no es suficiente para absorber el gap estimado entre las esperanzas de vida” y por ello consideran que la edad para jubilarse debería elevarse en 1,3 años, es decir hasta los 68 años y pico. Este tipo de documentos de trabajo suelen proyectar sombras sobre la “sostenibilidad” de los sistemas públicos de pensiones si no se toman ciertas medidas.

La revista ‘Alternativas Económicas’ tiene “vocación de cubrir un espacio amplio de lectores que se han ido quedando huérfanos debido a la progresiva pérdida de independencia económica de los medios de comunicación” e intenta explicar cómo afectan a las personas “los cambios en la regulación laboral o fiscal, en pensiones, sanidad, educación o vivienda” y hacerlo con “pedagogía y rigor”, así como con “un enfoque social”. “El Instituto BBVA Pensiones pide que se aplace la edad de jubilación y que la gente busque complementos a la pensión”, ha manifestado, Pere Rusiñol, director de ‘Alternativas Económicas’, en su perfil de Twitter. “Lo flipante es que muchos medios lo presenten como sugerencias de “expertos”, pasando por alto el interés del BBVA en colocar planes de pensiones”, ha añadido.

 
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Es que, y mira que este gobierno me parece nefasto, llevamos con este problema sobre la mesa desde los años 90. No podemos más. Lo que voy a escribir me va a llenar de aspas, pero es que lo veo así. Nos come el mantener a tantísimo abuelo. Si fueramos una pirámide poblacional distinta.... pero estamos ultraenvejecidos. Y no podemos con tanto jubilado. No podemos. No fomentamos ayudas a la natalidad, no tenemos buenas bajas maternales, como tengas un crío con un problema ya puedes tener pasta, que el Estado poco va a ahacer... Se comen vivos nuestros recursos sanitarios y sociales. Yo creo que hay que hacer algo, y muy muy muy serio. Una sociedad que desatiende a sus niños (y en la pandemia se ha visto clarísimo) para atender a los más ancianos, es una sociedad derechita a la extinción. Yo desde hace años ahorro para mi vejez, porque del Estado ya sabíamos todos, que no se puede esperar ni un duro ya. Lo que no es normal es que gente que no ha cotizado o ha cotizado mal, esté recibiendo hasta un 250% más de lo que aportó. Nos mandan a todos al hoyo.