Electopanel: VOX se dispara y roza los 60 escaños, el PP se desploma al 21% y 89 escaños.


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Antes de ayer pudieron los lectores de La Voz seguir el incontestable razonamiento de Luis Anguita, fiscal adscrito a la Fiscalía Provincial de A Coruña, quien, tras preguntarse si un Estado de derecho puede permitir que el propietario de una vivienda se encuentre desamparado ante una ocupación ilegal, no solo se respondía a sí mismo con un rotundo ¡no! sino que, además de argumentar su negativa, proponía dos medidas para acabar con el escándalo de los asaltos ilegales de viviendas que proliferan por toda la geografía nacional y son ya un grave problema social en algunas zonas del país, sobre todo en Cataluña.

La primera de esas medidas -una modificación de la legislación penal, que cambie el tipo delictivo hoy en vigor y endurezca el castigo impuesto a los okupas por su acción- funcionaría, sin duda, como un potente elemento disuasorio frente a los que ahora, tras delinquir, se salen prácticamente de rositas. La segunda consistiría en una reforma procesal que permitiese acabar con la ocupación de una forma sumaria y, en todo caso, tras haber dictado el juez del pleito, como medida cautelar, la inmediata devolución de su vivienda al propietario que ha sido privado de ella ilegalmente.

Poner fin a las ocupaciones ilegales no debe ser solo el medio para acabar con las invasiones llevadas a cabo por mafias, que luego negocian con los propietarios la devolución de sus bienes o que, según ahora acontece en un bloque de viviendas situado en el centro de Vigo, las alquilan ¡como si fueran los gestores de una inmobiliaria! La ocupación ilegal no puede ser tampoco, en todo caso, como ya sostuve aquí hace meses, la forma de resolver la dolorosa e injusta situación de personas o familias que no tienen donde vivir, un problema cuya solución compete a los poderes públicos y que no debe, por ello, cargarse sobre los hombros de los particulares, a quienes no puede obligarse de facto, por la irresponsable inacción del legislador, a ser los paganos de un conflicto social que ni han provocado ni tienen por qué resolver a costa de la privación de sus bienes.

Todo lo apuntado es tan de sentido común, tan obvio para cualquiera que sepa como funciona un Estado de derecho digno de tal nombre, que los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos cuáles son las razones que explican esa increíble inacción del legislador ante un problema que se agrava por momentos. Y por qué en esta esfera las cosas suceden en España de un modo completamente diferente a como lo hacen en países (Francia, Gran Bretaña o Alemania) donde se ha evitado que la ocupación de viviendas sea, como en España, de hecho, un acto impune.

Yo no tengo la respuesta a esas preguntas decisivas, pero sí estoy plenamente convencido de que si quienes sufrieran el problema de las ocupaciones fueran los mismos que tienen que resolverlo en las Cortes Generales hace mucho que la cuestión hubiera obtenido el tratamiento legislativo que una sociedad atónita y desprotegida está esperando desde hace mucho tiempo.

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