ELECCIONES GENERALES.

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
48.380
Calificaciones
77.358
Ubicación
227
Y Naranjito quiere hacer Presidente de Gobierno a este tipo. Ésto es tener tino jejejejeeeeee

Alonso y Maroto, condenados por el 'caso San Antonio'

Alfonso Alonso y Javier Maroto en un acto en Vitoria. EL MUNDO

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/05/13/5735c87ce5fdeab3558b469b.html

Los populares Maroto y Alonso, absueltos por el 'caso San Antonio'
El Tribunal de Cuentas absuelve a los dirigentes del PP por el alquiler de un local de manera irregular cuando eran alcaldes de Vitoria

Maroto y Alonso fueron condenados al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales en la capital alavesa

El tribunal que ha visto el recurso ha apoyado la ponencia de la exministra de Justicia con Aznar, Margarita Mariscal de Gante, mientras que el presidente ha emitido un voto particular



Javier Maroto y Alfonso Alonso EFE

El Tribunal de Cuentas del Estado ha absuelto al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha estimado el recurso presentado por Maroto, Alonso y por el resto de los antiguos miembros del Gobierno municipal del PP en Vitoria que fueron condenados al pago de 393.862 euros por la firma de un contrato de alquiler en la calle San Antonio de la capital alavesa. La ponente de la sala que ha visto el recurso es la exministra de Justicia en el Gobierno popular de José María Aznar Margarita Mariscal de Gante. Su decisión ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala, integrada por tres consejeros. El tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato.



El tribunal estima el recurso al entender que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante. El tribunal manifiesta además que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos sino en criterios de legalidad.

El 'caso San Antonio' se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del PP -entonces al frente del Gobierno del municipio- que Alonso y Maroto tuvieron una "responsabilidad directa" en la firma de este contrato, que "fue claramente contrario al interés público". De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía "ilícito penal alguno".

Informe técnico
Por estos hechos. el Tribunal de Cuentas del Estado había condenado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales propiedad del empresario vitoriano Gonzalo Antón. Es lo que se conoce como el 'caso San Antonio',llamado así por el alquiler que hizo el Ayuntamiento de Vitoria (cuando era dirigido por Alonso y Maroto) en una calle con este nombre cuando era alcalde Alfonso Alonso. En el caso 'San Antonio', el Tribunal de Cuentas ha investigado a Alonso y Maroto por el perjuicio causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado. El Tribunal había condenado a ambos exalcaldes de Vitoria, además de al resto de concejales que formaban parte del Gobierno municipal en 2007, todos del PP.

La firma del contrato por parte de Alonso y Maroto se hizo sin tener en cuenta un informe de la Unidad Técnica de Valoración del Departamento de Urbanismo. Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros para los locales del empresario Gonzalo Antón en la calle San Antonio, pero se acordó con el expresidente del Alavés una de 12.000 euros, más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así, el citado contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros a Antón durante los 20 años que duraba el alquiler. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador estimó que se pudo causar un "perjuicio" económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.

El alquiler incluyó además una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tribunal-Cuentas-Alonso-PP-Antonio_0_590741537.html


Mariscal de Gante debiera haberse abstenido o apartarse del caso dada la vinculación con el PP de Aznar.

El segundo que también falló en la misma línea José Manuel Suarez Robledano fue nombrado por el PP también...

¿Como van a fallar en contra de los de su partido? Indignante.

Por cierto, me ha hecho gracia eso de que la jurisdicicción contable no puede entrar en cuestiones de eficacia y oportunidad de los fondos públicos. Osea...que si alguien como Maroto u otro político paga precios fuera de mercado exorbitantes de dinero público por algo, no pasa nada si siguen criterios de legalidad...¿Cual es esa legalidad?

Y eso de la administración de los fondos público como Dios manda ¿Donde queda?
 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
48.380
Calificaciones
77.358
Ubicación
227
Quizás sea así desde la noche de los tiempos, que la derecha de todo espectro, político y judicial, siempre ha compartido los mismos manteles. Aquí y en Sebastopol. Pero el PP ha mejorado mucho los procedimientos, hasta tener en todos los órganos principales de la justicia a peones más que a afines. Entusiastas, diríamos.

El Tribunal de Cuentas absuelve a Alonso y Maroto por el 'caso San Antonio'
En estas reconocidas manos estamos cuando ayer el Tribunal de Cuentas, gracias a la presencia y voto de una exministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, declaró inocentes a dos altos cargos del PP -Alfonso Alonso y Javier Maroto- por mala utilización de fondos públicos.

¿Les parece decente que una ex ministra no se retire de la instrucción cuando se juzga correligionarios? No habrá oído lo de la mujer del César.

También ayer, el Supremo ni siquiera aceptó a trámite, para qué, la denuncia contra el Ministro del Interior por conspirar contra políticos catalanes. Las conversaciones han podido ser manipuladas, dicen. Y se quedan tan anchos. Para acabar, ni Esperanza Aguirre ni Ana Botella serán investigadas, que tantas molestias no son del agrado de los señores jueces.

Es lo que tiene ser dueño de vida y haciendas. "Aquí no se mueve una hoja sin mi permiso", han dicho siempre los señoritos. Y así seguimos, para lo que gusten mandar.

http://cadenaser.com/programa/2016/12/16/hoy_por_hoy/1481862345_596106.html
 
Registrado
8 May 2013
Mensajes
18.148
Calificaciones
117.018
Los populares Maroto y Alonso, absueltos por el 'caso San Antonio'
El Tribunal de Cuentas absuelve a los dirigentes del PP por el alquiler de un local de manera irregular cuando eran alcaldes de Vitoria

Maroto y Alonso fueron condenados al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales en la capital alavesa

El tribunal que ha visto el recurso ha apoyado la ponencia de la exministra de Justicia con Aznar, Margarita Mariscal de Gante, mientras que el presidente ha emitido un voto particular



Javier Maroto y Alfonso Alonso EFE

El Tribunal de Cuentas del Estado ha absuelto al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha estimado el recurso presentado por Maroto, Alonso y por el resto de los antiguos miembros del Gobierno municipal del PP en Vitoria que fueron condenados al pago de 393.862 euros por la firma de un contrato de alquiler en la calle San Antonio de la capital alavesa. La ponente de la sala que ha visto el recurso es la exministra de Justicia en el Gobierno popular de José María Aznar Margarita Mariscal de Gante. Su decisión ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala, integrada por tres consejeros. El tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato.



El tribunal estima el recurso al entender que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante. El tribunal manifiesta además que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos sino en criterios de legalidad.

El 'caso San Antonio' se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del PP -entonces al frente del Gobierno del municipio- que Alonso y Maroto tuvieron una "responsabilidad directa" en la firma de este contrato, que "fue claramente contrario al interés público". De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía "ilícito penal alguno".

Informe técnico
Por estos hechos. el Tribunal de Cuentas del Estado había condenado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales propiedad del empresario vitoriano Gonzalo Antón. Es lo que se conoce como el 'caso San Antonio',llamado así por el alquiler que hizo el Ayuntamiento de Vitoria (cuando era dirigido por Alonso y Maroto) en una calle con este nombre cuando era alcalde Alfonso Alonso. En el caso 'San Antonio', el Tribunal de Cuentas ha investigado a Alonso y Maroto por el perjuicio causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado. El Tribunal había condenado a ambos exalcaldes de Vitoria, además de al resto de concejales que formaban parte del Gobierno municipal en 2007, todos del PP.

La firma del contrato por parte de Alonso y Maroto se hizo sin tener en cuenta un informe de la Unidad Técnica de Valoración del Departamento de Urbanismo. Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros para los locales del empresario Gonzalo Antón en la calle San Antonio, pero se acordó con el expresidente del Alavés una de 12.000 euros, más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así, el citado contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros a Antón durante los 20 años que duraba el alquiler. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador estimó que se pudo causar un "perjuicio" económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.

El alquiler incluyó además una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tribunal-Cuentas-Alonso-PP-Antonio_0_590741537.html


Mariscal de Gante debiera haberse abstenido o apartarse del caso dada la vinculación con el PP de Aznar.

El segundo que también falló en la misma línea José Manuel Suarez Robledano fue nombrado por el PP también...

¿Como van a fallar en contra de los de su partido? Indignante.

Por cierto, me ha hecho gracia eso de que la jurisdicicción contable no puede entrar en cuestiones de eficacia y oportunidad de los fondos públicos. Osea...que si alguien como Maroto u otro político paga precios fuera de mercado exorbitantes de dinero público por algo, no pasa nada si siguen criterios de legalidad...¿Cual es esa legalidad?

Y eso de la administración de los fondos público como Dios manda ¿Donde queda?

Es urgente, por salud democrática, separación de poderes.
Al Cesar lo que es del Cesar etc...
 
Última edición:
Registrado
9 Jul 2012
Mensajes
11.135
Calificaciones
59.216
Que se puede esperar de un partido podrido??? Pues lo que estamos viendo,soberbia prepotente y hacer lo que le de la gana.
Pero de la Justicia si podría esperar que impartiera justicia,por que esa justicia que ejercen (no todos afortunadamente)es más propio de países bananeros, que de un país serio y decente.No hay mucho recorrido,está a la vista, todo depende del juez que toque y en esto los jueces afines son muy bien escogidos por el PP que los suele poner en lugares relevantes.Dan arcadas de verdad.
 

Registrado
26 Jul 2012
Mensajes
29.872
Calificaciones
192.569
Yo que creía ya éste hilo finiquitado y resulta que a Mariano le puede el subconsciente y dice en su congreso que ya están preparando las siguientes :eek::ROFLMAO:
 
Registrado
26 Jul 2012
Mensajes
29.872
Calificaciones
192.569
Y tal vez por error Rajoy se despedía así de los militantes: "ya preparando las próximas elecciones". La frase ha sorprendido a más de uno. -Redacción-
 

Registrado
31 Mar 2016
Mensajes
4.595
Calificaciones
12.568
Crédito bancario para el tripartito informal
El PP de Rajoy y el PSOE de Sánchez cubrieron con préstamos más de la mitad de su presupuesto electoral del 20-D, campaña en la que Ciudadanos alcanzó un nivel de financiación del 99%
EDUARDO BAYONA

Celebración en la calle Génova, frente a la sede del PP en Madrid, la noche electoral del 20-D

PARTIDO POPULAR FACEBOOK
21 DE ENERO DE 2017
_____________

En enero CTXT deja el saloncito. Necesitamos ayuda para convertir un local en una redacción. Si nos echas una mano grabamos tu nombre en la primera piedra. Del vídeo se encarga Esperanza.

Donación libre:


_____________

La banca confía en el tripartito informal PP-PSOE-C’s. Y lo demuestra con hechos, según certifica el Tribunal de Cuentas (TCu) en el reciente informe en el que fiscaliza la campaña electoral del 20 de diciembre (http://www.tcu.es/repositorio/c830bd82-ed2c-4d4c-b3b7-be693aa4bf48/I1183.pdf) de 2015: concedieron a los tres primeros casi 27 millones de euros en créditos con los que cubrieron casi dos tercios de su presupuesto.

PP, PSOE y C’s recibieron con esos 27 millones de euros en créditos casi el 80% de la financiación que sumó en esas elecciones todo el espectro político, aunque el grado de confianza fue dispar. Los conservadores recibieron la mayor cifra --10,7 millones--, aunque esta solo supuso el 49,5% de su presupuesto, mientras los socialistas, entonces liderados por Pedro Sánchez, obtuvieron 8,6, con los que cubrieron el 60,3% de sus previsiones. Sin embargo, llama la atención el peso de la financiación bancaria en las cuentas electorales de Ciudadanos: 7,6 millones que cubrieron el 99% de sus 7,7 de gasto. No está mal para un debutante.

El dictamen también revela que la banca no desconfía de los presuntos separatistas catalanes: otorgaron a ERC y Democràcia i Llibertat sendos paquetes de préstamos por algo más de un millón de euros con los que la primera formación cubrió dos tercios de su intendencia y la segunda, casi la mitad, lo que denota el escaso temor que, lo mismo que sus eventuales riesgos de insolvencia en caso de que España fuera a romperse, ambos provocan a los señores del dinero.

En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas certifica por enésima vez que las campañas electorales constituyen una actividad fuertemente subvencionada: los partidos aportaron directamente tan solo 7,39 millones de los más de 55 que se gastaron –un euro de cada siete- mientras Papá Estado adelantaba 16,38 –más del doble-- a cuenta de las futuras ayudas en función del resultado y la banca financiaba, con 33,92, casi dos tercios del presupuesto.

LAS CAMPAÑAS SIGUEN ESTANDO FUERTEMENTE SUBVENCIONADAS: LOS PARTIDOS APORTARON DIRECTAMENTE 7,39 MILLONES DE LOS 55 QUE GASTARON. EL ESTADO, 16,38 MILLONES. MÁS DEL DOBLE

Los partidos políticos declararon gastos electorales por valor de 55,74 millones de euros, casi dos tercios de los cuales fueron movilizados por PP --20,16, sumadas sus coaliciones-- y PSOE --14,25--. Sus inversiones quedan muy alejadas de las que realizaron las cuatro formaciones que les siguen en representatividad: Podemos y su galaxia --4,02--, Ciudadanos --7,72--, ERC --1,51-- y Democràcia y Llibertat --2,25--.

¿A cuánto sale el escaño?

No obstante, la valoración de los ingresos tiene trampa. Las aportaciones privadas que los partidos dedicaron a la campaña ascendieron solo a 47.360 euros: 30.360 de C’s, 11.550 de UP, 3.964 de Nós, 1.090 de Podemos-Alto Aragón en Común y 400 de DL. Sin embargo, el TCu no tiene constancia de qué cantidades recibieron –esas formaciones y el resto-- en esas fechas, lo que le lleva a proponer una reforma de la Ley de Financiación de Partidos: que las entregas de dinero que les llegan entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración “se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso”. También propone regular el chequeo de los microcréditos, que supusieron el grueso de los ingresos de Podemos.


La comparación de los rendimientos que obtuvieron los partidos ofrece resultados llamativos. Al bipartidismo le sale el escaño a unos 160.000 euros --163.000 en el caso del PP y 158.000 en el del PSOE--, coste que casi triplica el de Podemos y las confluencias --58.000-- y que se queda muy por debajo del que le resulta a Ciudadanos, al que cada acta le costó 193.000. Aunque a ninguno de ellos le sale tan caro como a Democrácia i Llibertat, formación cuyos costes se disparan hasta los 281.000 euros.

ERC optimiza la inversión un poco peor que los dos principales partidos, ya que le cada miembro del grupo parlamentario le sale por algo más de 167.000-, mientras que el castigo de la Ley Electoral a IU –Unidad Popular, el pasado invierno-, que solo tradujo en dos escaños los 923.105 votos con los que estuvo cerca de duplicar los apoyos de ERC y DL, dispara los costes de cada acta de manera desmesurada por encima del millón de euros.

Gastos sin justificar

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el 20-D plantea implícitamente algunas preguntas inesperadas. Una de ellas es la que lleva a plantearse qué servicios puede prestar una inmobiliaria, que a su vez es filial de una empresa dedicada a la gestión y el saneamiento de agua, a un partido político durante una campaña electoral. El órgano de fiscalización se ha quedado con las ganas de saberlo.

MÁS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS QUE NO JUSTIFICARON SERVICIOS Y PRODUCTOS A LOS PARTIDOS TRABAJARON PARA EL PP

A ese perfil empresarial responde Asesoramiento Eficaz Técnico, una firma madrileña que, según consta en el Registro Mercantil, se dedica a la compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas y cuyo accionariado controla otra firma que opera en el campo de la gestión de redes de suministro de agua y tratamiento de residuos. “No puede ser, nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa y no hemos hecho ningún trabajo relacionado con ninguna campaña electoral”, señala una empleada del accionista mayoritario -único- tras dejar claro que, pese a las repetidas llamadas de CTXT, su jefe no va a hacer un hueco en su agenda para tratar el tema.

Según el informe de que ha realizado el Tribunal de Cuentas (TCu), Asesoramiento Eficaz Técnico SAU ha eludido justificar a qué productos y servicios corresponden los 382.236 euros que le facturó esa campaña al PP, según la información facilitada por esta formación.

Los proveedores de los conservadores han sido, con creces, los que más complicado se lo han puesto al Tribunal de Cuentas (TCu) en su tarea de fiscalizar las cuentas de los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2017: más de la mitad de las empresas -25 de 45- que incumplieron la obligación de justificarle los productos y servicios por valor de 3.699.460 euros que estos dicen haber recibido de ellas habían trabajado para el PP, cuyo gasto pendiente de chequeo suma facturas por 2.843.271 euros, señala el tribunal en su dictamen.

El 73% de las empresas y el 81% del dinero

Los proveedores del PP suman el 55,5% de las sociedades que no han informado al TCu y el 76,8% de los gastos no justificados ante el organismo fiscalizador, tasas que ascienden al 73,3% y al 81,8% si se le añaden las facturas por 184. 267 de ocho proveedores de las coaliciones con el Foro Asturiano y el Partido Aragonés de las que el tribunal asegura no tener justificación.

Algunas de ellas aseguran haberlo hecho después, caso de la empresa de paquetería MRW (Urbequipo), que sumaba facturas por valor de 521.579 euros por los servicios de mensajería efectuados durante la campaña. “Está justificado, se lo puedo asegurar”, señalan en la empresa. Sí presentaron la información antes de que el TCu cerrara su informe varias más, entre las que no se encuentran la firma madrileña de mensajería Cibeles Mailing -665.118 euros- ni la barcelonesa de artes gráficas Sundisa -531.162-.

AL BIPARTIDISMO LE SALE EL ESCAÑO A UNOS 160.000 EUROS --163.000 EN EL CASO DEL PP Y 158.000 EN EL DEL PSOE--, COSTE QUE CASI TRIPLICA EL DE PODEMOS Y LAS CONFLUENCIAS --58.000--

“Hemos trabajado para varios partidos, pero no me consta que nos hayan pedido nada” desde el Tribunal de Cuentas, señala uno de los responsables de Cibeles Mailing, empresa que ensobró buena parte de los sobres que los ciudadanos recibieron en sus casas con las papeletas de las formaciones de su circunscripción en vísperas del 20-D. “Hay una forma muy sencilla de certificar nuestro trabajo”, añade, perplejo por la aparición de la empresa en el informe, la misma fuente. Se refiere a que Correos certifica uno por uno las cartas que ellos preparan para aplicarles el franqueo. Sundisa, por su parte, no ha respondido todavía a las preguntas de CTXT.

El listado de empresas que trabajaron para el PP y que no han cumplido con el TCu incluye al menos una de carácter público como Promálaga, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Málaga, que tiene pendientes de justificar una facturación de 14.724 euros. No es la única del ramo que incumple sus obligaciones con el órgano de fiscalización: le ocurre lo mismo a Fira Internacional de Barcelona con los 23.172 que declara haberle pagado Esquerra Republicana.

El listado de partidos cuyos proveedores incumplen la obligación de informar al TCu incluye, aunque con cifras muy inferiores a las de los conservadores, a Democràcia i Llibertat –la última versión de Convergència-- con 415.066 euros de cinco empresas, Geroa Bai con 122.913 de una productora audiovisual y el PSC con 78.200 de tres sociedades, mientras PSOE y Podemos aportan sendos incumplimientos con un suministro por 17.685 y 14.822 euros; el primero de ellos en su coalición con Nueva Canarias.

¿Es la tradición del autocar un gasto electoral?

En cuanto a los gastos, el envío de propaganda electoral se llevó, con 19,15 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto de los partidos, que dedicaron otros 36,21 a “operaciones electorales ordinarias”. Aunque no todos los partidos comparten los criterios del TCu en ese apartado. Concretamente, en el caso de PP y PSOE, en cuanto a la tradicional movilización de militantes y simpatizantes en autocares para animar los mítines de los principales candidatos.

El Tribunal de Cuentas considera que la contratación de los transportes no es un gasto de carácter electoral imputable a la campaña y, por lo tanto, susceptible de ser financiado mediante subvenciones. El PSOE, que en diciembre se gastó 226.148 euros en 24 movilizaciones para actos de campaña, muestra su perplejidad por el cambio de criterio del TCu, que en junio había dado por buenas tres facturas de autocares de Alicante y Asturias que sumaban 66.693 euros. Al PP le ocurre algo similar con tres facturas que suman 39.752 euros por “alquiler de autobuses para el desplazamiento de asistentes a actos electorales.

“Produce una sensación de incertidumbre e inseguridad”, señala el administrador de los socialistas, “apreciar que en una cuestión tan sensible como el gasto electoral, las circunstancias son cambiantes, atendiendo simplemente a razones, cree esta parte, de oportunidad”. “No entiende esta parte cómo encontrándose los gastos acometidos en concepto de alquiler y servicios de autocares íntimamente vinculados a la campaña electoral (…) no se consideran gastos electorales a efectos subvencionables”, añade, en lo que supone una declaración tan cultural como administrativa.

Ese posicionamiento coincide con el del PP, cuya administradora se refiere al gasto en acarreo de militantes como algo “habitual y necesario para el desarrollo de tales actos electorales, ya que en mítines de gran asistencia, por razones de seguridad y organización es necesario ayudar al desplazamiento de los asistentes”. Desde esa premisa, resulta tan lógico como paradójico abogar por que esos viajes se paguen a escote entre todos: votantes, no votantes y votantes de otros partidos.
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
48.380
Calificaciones
77.358
Ubicación
227
Pedro Gómez de la Serna, investigado por presunto cobro de comisiones, consigue un escaño como diputado en el Congreso
En la sede del PP dicen que "este país es ingobernable". Además una situación insólita en el partido de Rajoy, su candidato por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, que está expedientado por presuntos cobros de comisiones, será, de momento, diputado durante la próxima legislatura.


El imputado Gómez de la Serna se reincorpora al Ministerio de Interior para elaborar informes jurídicos


El exdiputado del PP, salpicado por un escándalo de cobro de comisiones, se dedica a labores de asistencia jurídica en el Ministerio de Juan Ignacio Zoido

Interior intentó frenar su desembarco pero un informe de Función Pública concluyó que De la Serna tenía derecho a una plaza con nivel 28

Gonzalo Cortizo
69 comentarios

24/01/2017 - 20:56h

Gómez de la Serna en una imagen de archivo

El denunciante del caso Arístegui relató al jefe de gabinete de Rajoy sus comisiones en Argelia y Panamá

Ana Mato y Gómez de la Serna se reúnen en una cafetería de Pozuelo


Pedro Gómez de la Serna ha vuelto a un despacho oficial. El exdiputado del PP, imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales, trabaja desde hace unas semanas en la subdirección general que se encarga de elaborar informes jurídicos para el departamento que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido.

El Ministerio de Interior aclara que la reincorporación de De la Serna era imperativa: "Este señor pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio se ha visto en la obligación de readmitirle porque es funcionario".

Según fuentes cercanas a Interior, el departamento de Juan Ignacio Zoido se resistió a la readmisión del exdiputado del PP. Para ello se realizó una consulta oficial a la Secretaría de Estado de Función Pública, y el resultado fue rotundo: el departamento ministerial debía hacerle un hueco.

Según los portavoces del Ministerio, "nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento del Gobierno y si nadie le reclama la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicios como funcionario: Interior".

El nuevo despacho del exdiputado está en la tercera planta de la sede que Interior tiene en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid.

Interior aclara que De la Serna "se dedica a una labor técnica jurídica: redactar recursos". Su trabajo está bajo la supervisión del secretario general técnico del Ministerio y en dependencias alejadas de las que usa el ministro. "No despachará con el ministro ni le verá", aseguran en el Ministerio.

De la Serna ha vuelto a los mismos despachos en los que trabó amistad con Gustavo de Arístegui. Ambos fueron jefes de gabinete del ministro de Interior durante el mandato de Jaime Mayor Oreja (2001-2002).

Con el tiempo, De la Serna y Arístegui han pasado de compartir ministro a compartir juez de la Audiencia Nacional: el magistrado José de la Mata intentó tomarles declaración a ambos en la primavera pasada. Los dos actuaron del mismo modo y se negaron a responder a las preguntas del juez.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado, que se ha negado a comentar los detalles de su vuelta al Ministerio de Interior y como única respuesta ha ofrecido la siguiente: "Yo estoy fuera de la política. Soy una persona no pública y no tengo ningún interés en salir en los medios de comunicación. Si quieren, llamen al Ministerio de Interior".

http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Gomez-Serna-reincorpora-Interior_0_605090350.html


A cualquier político se le exige además de legalidad ÉTICA. ¿Donde está la ética tanto de éste hombre como la del PP al permitirle ocupar ese puesto pagado con dinero público?
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
48.380
Calificaciones
77.358
Ubicación
227
Y Naranjito quiere hacer Presidente de Gobierno a este tipo. Ésto es tener tino jejejejeeeeee

Alonso y Maroto, condenados por el 'caso San Antonio'

Alfonso Alonso y Javier Maroto en un acto en Vitoria. EL MUNDO

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/05/13/5735c87ce5fdeab3558b469b.html

CASO 'SAN ANTONIO'El PNV salva a Maroto y Alonso de los tribunales en pleno deshielo con el PP
El ayuntamiento de Vitoria se niega a recurrir al Supremo por el caso 'San Antonio', una trama gestada durante la etapa de los populares que provocó un agujero millonario al municipio.

MEDIA: 2.82
VOTOS: 11
COMENTARIOS: 149



El PNV salva a Havier Maroto y Alfonso Alonso de los tribunales en pleno deshielo con el PP. EFE/Archivo

MÁS INFORMACIÓN

BILBAO
27/02/2017 20:47 Actualizado: 27/02/2017 23:00
DANILO ALBIN

@danialri
“La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo”, escribió alguna vez Abraham Lincoln. “Dos no se pelean si uno no quiere”, añade el refranero español. Actualmente, los negociadores del PNV y PP podrían recitar ambas frases a diario. No en vano, los nacionalistas vascos han demostrado que no serán ellos quienes hagan fracasar lo que podría ser una bonita amistad… O por lo menos, un apoyo circunstancial, de esos que son recibidos como agua de mayo. A pocos meses de que Madrid y Vitoria analicen sus respectivos Presupuestos, el partido de Iñigo Urkullu ha rechazado seguir adelante con la denuncia contra los conservadores Javier Maroto y Alfonso Alonso por un millonario contrato que benefició a un particular y perjudicó a la administración.

El problema –y su correspondiente solución- tiene nombre religioso. El caso 'San Antonio' se gestó en la etapa de Alonso –actual presidente del PP vasco- como alcalde de Vitoria y su inseparable Javier Maroto –ahora en la ejecutiva nacional de los populares- como concejal de Hacienda. En febrero de 2007, ambos cargos públicos dieron su visto bueno a un contrato de alquiler de unas oficinas situadas en la céntrica calle San Antonio de la capital alavesa. El importe del arrendamiento era de 7,6 millones de euros que se pagarían a lo largo de 20 años. El dueño del local era el empresario Gonzalo Antón, quien había comprado la lonja apenas un año antes por 2,7 millones de euros. Como si esto fuera poco, el contrato incluía una cláusula de blindaje a favor del propietario: si el contrato se rompía, el ayuntamiento de Vitoria debería abonarle los 20 años al completo. La ganancia –al menos para Antón- era evidente.

Tras provocar un escándalo político de importantes proporciones, el alquiler de San Antonio –que hoy alberga la Oficina de Atención al Ciudadano- llegó al Tribunal de Cuentas (TC). En mayo de 2016, el órgano fiscalizador dictó una condena contra Alonso y Maroto, quienes se verían obligados a abonar 393 mil euros. Ambos políticos conservadores recurrieron el fallo, lo que derivó en el mejor regalo navideño que podían recibir: diez días antes de Nochebuena, el TC dio marcha atrás y los absolvió. Si en mayo se apreciaba un perjuicio a las arcas públicas, en diciembre se entendía que no había existido vulneración alguna. La encargada de exponer ese cambio de criterio fue Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el gobierno de José María Aznar.

Alonso y Maroto hoy pueden dormir tranquilos, y no sólo gracias a su antigua compañera Mariscal de Gante. El ayuntamiento de Vitoria, en su calidad de principal perjudicado por la firma de ese contrato, ha decidido colgar la toalla. Dicho de otra forma, no habrá recurso al Tribunal Supremo. En términos futbolísticos, el partido está terminado. Esta decisión del gobierno municipal del PNV –que lleva las riendas del Ejecutivo local en coalición con el PSE-ha generado un profundo malestar entre los integrantes de la Asociación ADI, dedicada a perseguir los casos de corrupción registrados en Euskadi. Este lunes, sus responsables divulgaron un informe en el que advertían sobre la “negligencia” del alcalde peneuvista, Gorka Urtaran.

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no agotó todas las vías jurídicas posibles. La sentencia absolutoria era recurrible en casación y se decidió dar carpetazo al asunto. Los artículos en los que se basan los servicios jurídicos del ayuntamiento para que el alcalde Urtaran tomara esa decisión no son aplicables al caso”, sostienen. En ese contexto, los responsables de ese colectivo también han querido destacar los perjuicios económicos que acarreará esa decisión: “al no presentar recurso y devenir firme la sentencia absolutoria, el ayuntamiento renunció a recuperar 393.862,31 euros”, remarcaron. Ya no hay vuelta atrás.

El ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante diez años
En su informe, la asociación ADI discrepa radicalmente con el área legal de la corporación, que había alegado “motivos exclusivamente jurídicos” para negarse a recurrir la absolución de Alonso y Maroto, “haciendo referencia expresa a la cuantía del pleito y aludiendo a que su importe no llegaría al mínimo exigible, mencionando también que en la propia sentencia del Tribunal de Cuentas del Estado se dice que la misma no es recurrible”.

Sin embargo, este colectivo anticorrupción ha elaborado un análisis jurídico en el que dictamina que la sentencia podía ser recurrida. Ese documento fue “remitido vía correo electrónico a los servicios jurídicos municipales el pasado 31 de enero para recabar su opinión al respecto. “A día de hoy no hemos recibido contestación alguna”, señalaron desde ADI. De esta manera, el ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante los diez años que aún quedan de contrato. Ya no hay vuelta atrás.

Coincidencias
La negativa del gobierno municipal de Vitoria a llevar a Alonso y Maroto al Tribunal Supremo coincide con el “deshielo” en las relaciones entre PNV y PP. Si los nacionalistas vascos están necesitados de apoyos para aprobar sus Presupuestos autonómicos, los conservadores viven su vía crucis propio para tratar de sacar adelante las cuentas del Estado. Las conversaciones, según han publicado en los últimos días algunos medios próximos a los nacionalistas, ya están en marcha, aunque hoy nadie arriesga cuál será el resultado final.

Lo que sí está claro es que Rajoy confía en conquistar al PNV para sortear la votación de las enmiendas a la totalidad –los cinco votos de los diputados nacionalistas, sumados a Ciudadanos y Coalición Canaria, le permitirían superar ese trámite- y garantizarse una base sólida de cara a la votación definitiva del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A cambio, el PP vasco –por boca de Alfonso Alonso- ofrece “estabilidad” al gobierno de Urkullu, situado –a pesar de su acuerdo con el PSE- en minoría.

La combinación del calendario y la hemeroteca podría aportar algunas claves sobre ese proceso. Pista número 1: el plazo para recurrir la absolución de Alonso y Maroto ante el Supremo expiró el 26 de enero. Pista número 2: una semana más tarde, el presidente del PP vasco –definitivamente absuelto por el caso San Antonio- se dirigía públicamente al PNV para mostrar su mano tendida a los nacionalistas. El camino está abierto.

http://www.publico.es/politica/caso-san-antonio-pnv-salva.html


Veremos como se desarrollan los acontecimientos y quien o quienes dan el voto a los presupuestos de Rajoy....y a cambio de que, vamos, lo que quieran explicar por supuesto, porque en los acuerdos que se tomen habrá tema que no saldrá a la luz...al menos de forma espontanea ni instantanea. Con el tiempo puede que se sepa...pero no en el momento de las explicaciones.