Elecciones autonómicas de Galicia y Pais Vasco para el 5 de Abril

Los partidos vascos no logran un acuerdo para reducir la campaña electoral
PNV y PSE planteaban reducir los actos a una semana, al tiempo que Elkarrekin Podemos y PP proponían mantener la duración habitual, aunque adaptándola a las nuevas circunstancias. El Gobierno Vasco ha anunciado este lunes que en los mítines se deberá evitar "el contacto personal".



Imagen cedida por el Gobierno Vasco del Lehendakari Iñigo Urkullu. - EFE
Imagen cedida por el Gobierno Vasco del Lehendakari Iñigo Urkullu. EFE
BILBAO

01/06/2020 22:57
DANILO ALBIN
@danialri
Habrá mascarillas y cierta distancia social. No abundarán los abrazos ni se prevén grandes muchedumbres, pero habrá campaña como siempre y con los días de siempre: Euskadi afrontará una campaña electoral de dos semanas de duración, con pistoletazo de salida al anochecer del jueves 25 de junio y despedida cuando caiga el sol del 10 de julio. La posibilidad de reducirla a una semana por la emergencia del coronavirus no ha calado entre los partidos participantes.

Fuentes de la dirección del PNV señalaron a Público que los partidos de la oposición "se han opuesto a acortarla, así que será una campaña de duración normal". La formación de Iñigo Urkullu era partidaria de reducirla a una semana, al igual que el PSE.


Este lunes, en la sede socialista continuaban mostrando su disposición a buscar cauces para acortar la campaña, algo que en el PNV –formación con la que el PSE mantiene acuerdos en las principales instituciones vascas– daban ya por descartado.

En ese contexto, Elkarrekin Podemos-IU y PP-Ciudadanos defendían una campaña de 15 días de duración, aunque con un diseño acorde al momento actual. "Mantenemos que deben ser dos semanas sobre todo por la necesidad de la ciudadanía, que ahora mismo está pensando en otras cosas", señalaron desde la formación morada.

Por su parte, EH Bildu no ha hecho pública su posición. "Si llegase el momento que nos convocasen a una reunión, la daríamos", indicaron a este periódico fuentes de la coalición abertzale. "Hasta ahora no nos hemos expresado", remarcaron.

Fuentes de distintas formaciones coincidieron en señalar a Público que a día de hoy no está fijada ninguna reunión entre los partidos para analizar este tema. Tampoco se espera un pronunciamiento o indicación por parte del lehendakari, quien ya avanzó que cualquier decisión en torno a la duración de la campaña debía ser adoptada por las candidaturas que se presentan a los comicios.


La Ley Electoral indica que la campaña debe durar dos semanas, por lo que cualquier cambio al respecto debía ser abordado de forma consensuada y pactada entre las formaciones. Nada de eso ha sido posible.

Queda ahora por confirmar qué ocurrirá en Galicia, donde también habrá elecciones el 12 de julio. Elkarrekin Podemos ha hablado de este tema con la dirección de la formación morada en Galicia, que comparte la posición de llevar a cabo una campaña de dos semanas.

En cambio, fuentes del PP vasco señalaron a Público que la decisión de apostar por una campaña de dos semanas en Euskadi no ha sido consensuada con sus compañeros gallegos. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, no desechó la posibilidad de reducir la campaña a una semana, algo que ha sido criticado por la oposición.


Sin contacto personal
Este mismo lunes, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha dado a conocer las pautas sanitarias que deberán seguirse tanto durante la jornada de elecciones del 12 de julio como en la campaña previa. "Se establece que durante el desarrollo de los actos electorales se evitará el contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad establecida", destaca el Ejecutivo en un comunicado, en el que resalta que "se evitará también la entrega en mano de cualquier tipo de objeto o folleto".

Del mismo modo, el Gobierno de Urkullu ha establecido que "aquellos actos que se realicen en un entorno cerrado deberán contar a la entrada con gel hidroalcohólico y a la salida con una papelera con tapa no manual y que deberán ser desinfectados una vez realizada la actividad".

En cuanto a lo que ocurrirá el 12-J, el Ejecutivo ha fijado ya una serie de directrices en torno a la "distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos" y la "limpieza y desinfección de superficies y lugares concurridos".



Además, se llamará a "evitar aglomeraciones" en las mesas de votación. Sobre este punto, el Gobierno Vasco ha anunciado que habrá 41 colegios electorales más que en anteriores citas con las urnas.


Campaña corta no sea que se les disperse el rebaño. Tienen mucho que tapar sobre todo con la gestión del vertedero de Zaldivar amen de la gestión del coronavirus y ahora lo de la filtración en la EITB de la entrevista con la ministra de igualdad, y que todo apunta al PNV por aquello de los celos con BILDU.

Desde la EITB no quieren aclarar ni comentar nada y envían un comunicado sin posibilidad de réplica. ¡Por algo será!
 
Uffff, a mí lo que más me txirría, es que BILDU (de ideología independentista) pacte con Pesoe y Podemos, partidos anti independentistas de TODO POR MADRID Y PARA MADRID.

El Pleno de Vitoria rechaza una bajada de sueldos de los concejales que propone Podemos
Gorka Urtaran y Óscar Fernández, al inicio de la presente legislatura./IGOR AIZPURU

Gorka Urtaran y Óscar Fernández, al inicio de la presente legislatura. / IGOR AIZPURUEl gobierno local se opone a la propuesta, el PP pide que lo decida Eudel y EH Bildu se abstiene
IÑIGO CRESPOViernes, 22 mayo 2020, 19:07
30
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha decidido este viernes rechazar una moción en la que Elkarrekin Podemos proponía una reducción de los sueldos de los 27 concejales. La medida tenía por objeto «adecuar los salarios al descenso de la recaudación», según expuso el grupo morado. El debate apenas ocupó diez minutos en una sesión que duró más de seis horas en total, y ninguno de los grupos restantes (PNV, PSE, PP y EH Bildu) lo respaldó.

El equipo de gobierno tildó la propuesta de «populista» y puso en duda su viabilidad, entre otros motivos porque todavía se desconoce el descenso concreto en la recaudación. «Es inaplicable porque todavía no hay certezas en ese sentido», argumentó el concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubai, quien subrayó que los empleados públicos no iban a ver recortado su sueldo a consecuencia de la crisis sanitaria. El PP, quien acusó a Podemos de «no ser fiable» en sus acuerdos, afirmó que se trataba de una «moción vaga y populista», y propuso que fuera Eudel quien tomara la decisión. Tampoco prosperó.






EH Bildu, que se abstuvo en las dos votaciones, aseguró que la moción estaba «diseñada para no salir» por la escasa concreción que ofrecía en la exposición. «Tampoco creemos que sea la forma, ni el momento ni el lugar», puntualizó el concejal Félix González. Aunque ninguno de los grupos mostró una oposición frontal o definitiva a una posible medida, señalaron que la falta de concreción de la moción hacía casi imposible su aplicación.
El partido de Podemos que lo propuso tampoco se lo baja.

Por delante discuten, por detrás se dan todos la mano, dinero,dinero dinero
Podemos y PSOE antiindependentistas? Estas de broma supongo
 
1591879618636.png



Desde luego éste rey de taifas no tiene vergüenza.

Hay varios focos coronavirus en el País Vasco e incluso muertos. Revilla le ha cerrado las puertas y ya veremos que pasa con la comunidad navarra y riojana.

Están restringiendo la información a tope. ¿Que pasa en Cruces que hay una planta, la última aislada entera según se cuenta?
 
La Junta Electoral llama la atención a la Televisión de Galicia por no respetar “la neutralidad informativa”

El organismo da la razón al BNG, que presentó un recurso por la desigualdad en la cobertura informativa y advierte de que el canal autonómico está incurriendo en un “trato discriminatorio”

Álex Vázquez
23/06/2020 - 11:23h
Personal movilizado de la CRTVG, en el 92º 'venres negro'

Personal movilizado de la CRTVG en uno de los 'viernes negros' DEFENDE A GALEGA

La Junta Electoral de Galicia ve evidencias de que la Televisión de Galicia no está respetando la “neutralidad informativa” durante el periodo previo a la campaña electoral e insta a la compañía a cesar cualquier “trato discriminatorio”. La entidad da así la razón a un recurso presentado por el BNG el 20 de junio, donde denunciaba la ausencia de declaraciones de su candidata, Ana Pontón, en hasta tres telediarios diferentes.

Las quejas de la formación nacionalista surgieron después de que en los boletines informativos de los días 16, 17 y 19 de junio no apareciesen declaraciones directas de nadie de su partido, “cuando sí salieron de las demás fuerzas políticas”. El BNG consideró que se estaban vulnerando los principios de neutralidad, igualdad y pluralismo político, por lo que presentó una reclamación formal en la que exigía “medidas compensatorias”.





En su respuesta, la Junta Electoral explica que un medio de comunicación puede optar por un determinado formato informativo amparándose en “criterios periodísticos”. Sin embargo, el organismo no encuentra “ninguna justificación objetiva razonable” en la cobertura de los actos del BNG, “un partido que cuenta con representatividad parlamentaria”.

Protestas reiteradas

El toque de atención por parte de la Junta Electoral llega tras varias semanas de duras críticas de la oposición por el trato informativo de la TVG. La diputada del BNG Montse Prado llegó a afirmar que “ni Franco salía tanto el No-Do” como Feijóo en el canal autonómico. La candidata nacionalista a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, señaló también en varias ocasiones el “uso propagandístico” del aspirante del PP de la TVG y la Radio Galega.

Núñez Feijóo, por su parte, no ofrece ninguna explicación acerca de la situación de la CRTVG. El pasado 19 de junio, el Partido Popular rechazó en la Deputación Permanente de la Cámara una solicitud de comparecencia hecha conjuntamente por el BNG, el PSdeG, Grupo Común de Esquerda y Grupo Mixto. Mientras, las protestas por parte de los trabajadores, que hace más de 100 semanas que cada viernes se visten de negro, siguen adelante.

 
La Xunta entrega a una mutua privada la "dirección y supervisión" sobre la COVID-19 en los colegios electorales
La entidad privada Ibermutua prestará sus servicios de manera gratuita a la Xunta, al igual que hizo al principio de la pandemia aportando médicos y enfermeras para las residencias

Gonzalo Cortizo
28/06/2020 - 21:17h
Colegio electoral de Valdezarza

Colegio electoral durante una jornada de votaciones OLMO CALVO

El plan para garantizar que las elecciones gallegas se celebren con seguridad y se evite que los colegios electorales se conviertan en un nuevo foco de contagios está en manos privadas. La entidad colaboradora de la Seguridad Social Ibermutua ha recibido el encargo de la Xunta para formar a 133 trabajadores que recorrerán el día de votación los más de dos mil colegios electorales gallegos. La consellería de Presidencia seguirá siendo la autoridad responsable para organizar las elecciones bajo criterios de seguridad sanitaria, pero a efectos prácticos el trabajo sobre el terreno correrá a cargo de Ibermutua. La entidad privada ha ofrecido sus servicios gratis y no es la primera vez que lo hace.

Según el convenio firmado con la Xunta, Ibermutua asume el "asesoramiento, dirección, supervisión técnica y formación de los 133 representantes de la administración a los efectos de coordinar y colaborar en la adopción de medidas frente a la COVID-19 en los locales electorales". En las primeras semanas de junio, empleados de esta sociedad revisaron todos los colegios electorales gallegos para diseñar el protocolo de acceso y el reparto de urnas en las sedes reservadas para la instalación de mesas electorales.





País Vasco, la otra comunidad que aborda un proceso electoral junto a Galicia, ha optado por otra solución para vigilar su proceso desde el punto de vista de la pandemia: sin favorecer la intervención privada y apoyando sus medidas de control en el trabajo que para ese día tiene encomendado la Ertzaintza.
Según fuentes del Gobierno gallego, Ibermutua se ofreció gratis para colaborar con la organización electoral y la Xunta aceptó. Su participación en la organización de las elecciones queda registrada en el convenio como una "colaboración desinteresada".

No es la primera vez que Ibermutua ofrece servicios gratis a la administración gallega en los últimos meses. Durante los primeros momentos de la pandemia prestó médicos y enfermeras de sus plantillas para que la Xunta reforzase el servicio en algunas de las residencias de ancianos que acumulaban mayor número de infectados. En virtud de aquel primer acuerdo, Ibermutua sirvió sin coste un total de cinco médicos y otros cinco titulados en enfermería, la mayoría de las cuales sirvieron para reforzar la plantilla de DomusVi Cangas, una de las residencias que presentaba mayores problemas.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales son entidades privadas que operan sin ánimo de lucro. Su presencia en España se remonta a principios del siglo pasado y existen antes de la puesta en funcionamiento de la actual Seguridad Social. Nacieron como asociaciones de empresarios que compartían un fondo para hacer frente a los gastos generados cada vez que sus trabajadores se ponían enfermos o sufrían un accidente laboral. Llegaron a coexistir más de un centenar pero ese número se ha ido reduciendo con el tiempo hasta llegar a la treintena que opera en la actualidad. Ibermutua se construyó sobre la fusión de Ibermutuamur y Mutua Gallega a principios de 2019.

 
Vitoria asegura que no recibirá «ningún residuo de Zaldibar»

Incendio en el vertedero de Gardelegi, Vitoria-Gasteiz, 28 de ...
1593506840585.png



Gardélegui tendrá que acoger el doble de residuos previstos por el colapso de Zaldibar


Camiones depositan toneladas de residuos en el vertedero vitoriano de Gardélegui./Igor Aizpuru

Camiones depositan toneladas de residuos en el vertedero vitoriano de Gardélegui. / IGOR AIZPURUEl Ayuntamiento deberá atender la demanda de solicitudes que ahora es de 42.600 toneladas y en febrero era de 23.000. Para ello hará reformas en el vertedero
JUAN CARLOS BERDONCESLunes, 29 junio 2020, 20:07
El Ayuntamiento de Vitoria tiene la obligación de admitir en el vertedero de Gardélegui los residuos industriales que cumplan con los términos del reglamento de servicio en vigor y atender una demanda de solicitudes que asciende ahora mismo a 42.600 toneladas. Esta cifra es prácticamente el doble de la que se comprometió a recibir en un primer momento el Consistorio (23.000 toneladas) a raíz de que el Gobierno vasco, tras la catástrofe de Zaldibar en la que quedaron sepultados dos trabajadores, emitiera una orden solicitando a los vertederos públicos que redoblaran sus esfuerzos para ampliar su capacidad ante el colapso de la instalación vizcaína.
Aunque la demanda total de las empresas es de 42.600 toneladas, «no implica necesariamente que el residuo vaya finalmente a ser depositado en Gardélegui», según el informe redactado por el jefe de la Unidad de Gestión de Residuos y que obliga al Ayuntamiento a admitir esas toneladas adicionales. Ese documento también reconoce que «a raíz del desprendimiento en Zaldibar, se han incrementado progresivamente las solicitudes de vertido y necesariamente se ha de contemplar que puedan seguir» aumentando.






En este escenario se considera «del todo procedente» reformar el vaso de inertes del vertedero vitoriano, actualmente inactivo. Se construyó hace 14 años y se ha ido degradando progresivamente con el paso del tiempo por la falta de uso. En la última licitación del contrato de explotación de la instalación la empresa adjudicataria «contempló en su oferta, como una mejora sin coste añadido, reparar el vaso. Por lo que no tendría coste» para las cuentas municipales.
1,36 millones de euros de ingresos


Los trabajos permitirán disponer de 281.984 metros cúbicos adicionales, lo que supondría un incremento de 211.488 toneladas de residuos. En el análisis del impacto económico que pudiera generar la admisión de un mayor número de residuos se contempla que si se deposita todo lo solicitado, se generaría un ingreso mínimo 1,36 millones de euros.
El informe subraya también la necesidad de revisar anualmente la viabilidad de Gardélegui en base a cuatro factores: la adaptación de las tasas de vertido junto al coste real del servicio añadiendo los previsibles costes futuros, la implicación de los productores de residuos en políticas más sostenibles, la posibilidad de facilitar la ampliación de las actuales zonas inactivas del vertedero y la disponibilidad económica y presupuestaria que permita la realización de las obras necesarias.



3Comentarios
Donde dije digo, digo Diego
vitoria green capital 2012,
 

Adjuntos

  • 1593506321044.png
    1593506321044.png
    4,8 KB · Visitas: 0
Sanidad pública gallega: crónica de una demolición (2009-2020)

Alberto Núñez Feijóo, durante una visita al laboratorio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Alberto Núñez Feijóo, durante una visita al laboratorio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Nuevatribuna

NUEVATRIBUNA.ES | PABLO VAAMONDE Y MANUEL MARTÍN03/07/20

El gobierno bipartito (PSdG-BNG) apoyó con firmeza la Sanidad Pública en Galicia. Durante su mandato (2005-2009) fortaleció la red hospitalaria, integró todas las Fundaciones Sanitarias (que estaban en quiebra) en la red del Sergas, impulsó la Atención Primaria, aumentó los presupuestos y mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero le faltó tiempo para completar la tarea. Ni siquiera pudo iniciar la construcción del nuevo hospital de Vigo -que ya tenía proyecto y financiación aprobados-.

En las elecciones de marzo de 2009 –después de una campaña electoral bronca y tramposa- el PP recuperó el poder.

Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta y encadenó tres mandatos sucesivos (2009, 2012 y 2016). En estos años la Sanidad Pública gallega se vio sometida a un ataque programado desde el propio poder que provocó un severo deterioro en las condiciones de trabajo y en la calidad asistencial, reiteradamente denunciado por los propios trabajadores y por las organizaciones profesionales y sindicales. Núñez Feijóo no es un novato en estas tareas.

Es un experto y convencido privatizador con una trayectoria que lo avala. Fue a mano derecha de Romay para impulsar las Fundaciones Sanitarias en Galicia (con funestos resultados) y fue también el brazo ejecutor de la privatización de Correos (dirigió dicha entidad de 2000 a 2003). Se designa a sí mismo como defensor de la Sanidad Pública, mientras impulsa medidas dirigidas a todo lo contrario –esta forma de actuar es muy habitual en el PP-. Lo cierto es que este partido en Galicia tiene una agenda oculta (igual que Rajoy cuando ocupó el poder en Madrid en 2012) orientada a deteriorar los servicios públicos y a utilizar los presupuestos para generar áreas de negocio, de los que se benefician empresas próximas y los grandes grupos de la sanidad privada.


Haremos a continuación, en diez puntos, un breve repaso de las actuaciones realizadas por el gobierno del PP sobre la Sanidad Pública en Galicia. Después veremos cuales podrán ser las intervenciones a llevar a cabo para recuperar una sanidad fuerte y restaurar el daño causado, en el supuesto de que las fuerzas progresistas puedan formar gobierno y dar por finalizada la etapa de Núñez Feijóo. Cuando llegó al poder en 2009 el PP ya había elaborado un plan para convertir la sanidad en una mercancía. Más tarde, el RD 16/2012, publicado en el BOE en abril –poco después de ganar Rajoy las elecciones en el Estado- le dio alas al gobierno autonómico para profundizar en las privatizaciones. Pero ya en los primeros días de ocupar el poder tomó dos decisiones de enorme importancia: frenó la implantación del Plan de Mejora de Atención Primaria (AP), que tenía presupuesto previsto para aumentar la calidad en este nivel asistencial en los siguientes años, y derribó el proyecto del nuevo hospital público de Vigo para substituirlo por otro siguiendo el modelo PFI, que ya había impuesto el PP en Valencia y Madrid. Después revisaremos la importancia de estas decisiones. Porque de inmediato comenzó a “externalizar”.


1. Las “externalizaciones”


En una entrevista aseguró, en los inicios de su mandado, que era partidario de privatizar “todo lo que no sea él núcleo duro del sistema sanitario”. Se entregó a la tarea desde el primer momento . Comenzó por los servicios de apoyo: la historia clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, las telecomunicaciones, los servicios de catering, la limpieza y la energía, el mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y distribución de material sanitario: todas estas parcelas pasaron a manos privadas en poco tiempo. Continuó con la entrega a empresas privadas de la gestión del alta tecnología, el laboratorio central de Galicia, la investigación clínica y las contrataciones públicas del Sergas. Resulta muy relevante que se entregue a empresas privadas la información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad. Incluso hicieron el intento de privatizar la esterilización de los centros sanitarios: en enero de 2014 publicaron en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización de este servicio. El grave peligro que entraña una medida de este tipo y la reacción de los actuales responsables hizo que no fuera implementada, por el momento. También tienen en la recámara el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica: la respuesta de los profesionales hizo que se detuviera esta medida , que significaría privatizar –en contra del afirmado por Núñez Feijóo- la propia actividad sanitaria, lo que denominó “núcleo duro” del sistema.


2. Recorte de presupuestos y reducción de personal y camas hospitalarias

Durante sus mandatos el Sergas recortó el presupuesto en más de 1.000 millones de euros (una reducción del 18% respecto al de 2009). Mientras tanto la sanidad privada creció de forma imparable: ahora ya realiza el 25% de la atención hospitalaria de la CCA. Esto tuvo como consecuencia la supresión de más de 500 plazas de personal médico, 184 de enfermería y 1.121 en todas las categorías, así como el cierre de camas. El número de camas hospitalarias en los establecimientos sanitarios del Sergas viene reduciéndose desde el regreso del PP al poder en 2009. De las 9.863 camas que ese año había en funcionamiento, se pasó a 9.126, un descenso de 737. El número total de camas instaladas también se recortó, pero algo menos (575). El número de camas en funcionamiento por cada mil habitantes se redujo de las 3,6 a las 3,34, lejos de los estándares europeos (alrededor de 5 camas por cada mil habitantes). Un país envejecido y con pacientes pluripatológicos, que precisan ingresos hospitalarios reiterados, no permite reducir las camas hospitalarias, por mucho que ahora se hagan más cirugías sin ingreso o de corta estancia.

3. La desactivación de la Atención Primaria



Los sistemas sanitarios organizados en dos niveles asistenciales son los más eficientes y los que más aportan a la salud de la población. Un sistema sanitario “fuerte” precisa una AP “te fuere” (Barbara Starfield). La AP debe ser el elemento central que asuma la coordinación de los procesos asistenciales y, para eso, tiene que contar con profesionales formados y con medios suficientes que permitan resolver más del 80% de los problemas de salud. Con ese diseño se fue construyendo, en los últimos 35 años, un SNS que, pese a todos los ataques, conserva un nivel de calidad más que aceptable. La AP fue degradada por los gobiernos del PP en diversos territorios del Estado. Dieron preferencia al nivel hospitalario, más favorable para los negocios privados.

En Galicia, desde que gobierna Núñez Feijóo, el nivel asistencial más perjudicado fue la AP, que vio recortado su presupuesto de forma radical. En 2019 representó el 12.5% del gasto sanitario total (190 millones menos que en 2009). En AP, además de suspender la aplicación del Plan de Mejora, Núñez Feijóo también suprimió las Gerencias de AP (que tenían su presupuesto y capacidad de decisión propia); fueron fagocitadas por una gerencia única hospitalaria ( EOXI), de tal forma que el primer nivel asistencial perdió autonomía de gestión y pasó a ser un apéndice menor de los grandes hospitales.


La sobrecarga asistencial en los Centros de Salud, así como la ausencia de pediatras y el cierre de consultorios rurales, son una consecuencia directa de los recortes. No hubo convocatorias de plazas para AP y otras fueron amortizadas. Los contratos eventuales del personal son cada vez más precarios y degradantes. Todo esto generó una enorme indignación entre los profesionales, que se sienten castigados por este gobierno. En 2019 hubo una tensa conflictividad; huelgas, manifestaciones, concentraciones y protestas de diverso formato con las que se reclamaba la restauración de la dignidad de la AP. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización de profesionales precarios, la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas estas son expresiones del malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas y presentó un modelo de contrato para los eventuales que solo valía para “estabilizar” y mantener la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no firmaron la propuesta.


En abril de 2019 se convocó una huelga en AP, que preveía tener un amplio seguimiento. Fue desconvocada, con el desacuerdo de muchos profesionales, después de llegar los convocantes a un acuerdo con la Consellería para constituir un “Consejo Técnico de AP” con la misión de elaborar y proponer estrategias para un nuevo modelo de AP en Galicia. Más de doscientos profesionales trabajaron durante meses en quince comisiones. A mediados de noviembre a Consellería hizo público un documento (“Por una AP vertebradora del sistema de salud”) elaborado por una consultora externa, mientras los integrantes del Consejo Técnico seguían con sus trabajos, desconocedores de esta iniciativa. Una muestra más de la forma de proceder de la Consellería. Hubo un gran descontento en los profesionales que prepararon nuevas movilizaciones. Pero llegó el coronavirus y todo cambió.


4. El ataque a los hospitales comarcales. El conflicto de Verín


Con la Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete (suprimieron las áreas de Salnés, Verín, Burela y Barco de Valdeorras); los hospitales comarcales perdieron capacidad de gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La estrategia pasa por concentrar el poder de decisión y la capacidad de gasto en los gerentes de los grandes hospitales, que son personas próximas al PP. Desmontan las XAP y los hospitales comarcales para concentrar el poder en los grandes hospitales, donde las posibilidad de generar espacios de negocio para empresas externas es mayor.


Mientras hablan de fijar la población en el territorio y favorecer la vida en el rural, toman decisiones que provocan todo lo contrario. La reducción de servicios educativos y sanitarios provoca la huida de la población a zonas donde puedan acceder a los mismos. La pérdida de autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el cierre, a primeros de diciembre de 2019, del paritorio y el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, lo que provocó una gran indignación de la población. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca (con la consigna Verín no se cierra) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que cambien de idea, si continúan en el poder). Esta decisión política tiene una lectura muy clara: este gobierno apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología –donde hay espacios abiertos a los negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas –que favorezca la vida en el territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una mercancía.


5. La derivación a los hospitales privados, la Ley de Garantías y el Acuerdo Marco


El 25% de la atención sanitaria ya se realiza en hospitales y centros privados. La derivación de pacientes a la privada entre 2005 y 2015 se multiplicó por tres y sigue aumentando. La actividad concertada (servicios realizados por centros privados a pacientes derivados desde el Sergas) representa el 80% de la actividad total de los hospitales privados: el Sergas destina más de 260 millones al año para pagar esta actividad de los centros privados. Todo eso sucede a pesar de que el Consejo de Cuentas de Galicia ha advertido de que la concertación es más costosa que la atención realizada con medios propios. Esta situación atrae a las grandes empresas del sector que están adquiriendo hospitales en Galicia, ya que ven una posibilidad segura de negocio (Grupo Quirón, Grupo HM- Hospitales, Farmacéutica Almirall).


El gobierno de Núñez Feijóo legisló para favorecer los intereses de los centros privados; publicó a finales de 2017 una norma tramposa, el “Decreto de tiempos máximos de espera”, que debería servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación, mediante la supresión del derecho contemplado en esta ley. Los pacientes llamados para recibir atención sanitaria en un centro privado que no acepten la derivación quedan sin el derecho a ser atendidos. Esperarán sin fecha y sin poder reclamar. Así lo establece, de forma obscena, la Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas.


En el mismo contexto podemos señalar que el Hospital de A Coruña haya firmado, en 2018, un Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 millones de euros, para realizar actividad concertada en los siguientes cuatro años. El acuerdo incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también a hemodiálisis. Los centros beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, Hospital Modelo y el Hospital Quirón. Esto permite a los hospitales privados dimensionar sus plantillas y aumentar su actividad, pues garantizan la derivación de pacientes del Sergas. Con estas medidas el presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo descapitalizados y privados de medios y personal.


6. El deterioro de la atención a la salud mental


En Galicia se da un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos y tiene una alta tasa de suicidios. Los problemas de salud mental tienen una elevada prevalencia en la población, pero los servicios sanitarios públicos ofrecen una respuesta insuficiente. Cuando el PP tomó el poder en 2009 eliminó el Plan Estratégico en Salud Mental, elaborado por el gobierno progresista, y no presentó ninguna alternativa. Galicia tiene la mitad de los recursos recomendados hace veinte años. De los 1.500 profesionales que recomendaba el citado Plan solo hay 950. Y no solo se precisa aumentar la dotación de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, enfermería especializada, terapia ocupacional y trabajo social.


Los servicios y las consultas están colapsados, con más de 8000 pacientes en lista de espera de Psiquiatría. La falta de atención a los trastornos infantiles y juveniles es especialmente grave: solo hay una unidad de hospitalización, con siete camas, en toda Galicia.


7. La privatización de la inteligencia y de la tecnología en el Sistema Sanitario


La investigación y la innovación tecnológica están controladas por la industria sanitaria, por los laboratorios farmacéuticos y por la banca, que participan en organismos públicos y controlan las actividades que llevan a cabo: la “Agencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios” y la “Agencia Gallega de Sangre y Tejidos”. Esto permite a multinacionales, fondos de inversión y empresas financieras influir y controlar la investigación, la evaluación de tecnologías, la formación de los profesionales sanitarios y de los directivos, las donaciones de sangre y tejidos y la coordinación de trasplantes de órganos.


El “Instituto de Investigación Sanitaria” es una estructura organizativa para la promoción y el desarrollo de la investigación en los hospitales. Engloba a las fundaciones de investigación hospitalarias con el objetivo de promover la investigación y la innovación, para patentar los resultados de la misma. Como consecuencia los ensayos clínicos, los biobancos de tejidos y la genómica están gestionados por la fórmula de colaboración público-privada con la participación de empresas multinacionales, grupos de capital riesgo y fondos de inversión.


El Sergas también emplea en este ámbito dos fórmulas “curiosas” en su relación con el mundo empresarial. La “compra publica innovadora” y la figura del “socio comercial” sirven, en teoría, para impulsar la innovación empresarial privada con fondos públicos. Pero lo cierto es que con estos instrumentos el Sergas financia la investigación, pero tiene que pagar las patentes resultantes de la misma (a las empresas que la realizan con fondos públicos). El Sergas renuncia a controlar la investigación y beneficia al sector privado, que recibe fondos, utiliza los centros sanitarios, a los profesionales e incluso a los enfermos para sus investigaciones. La Ley de Racionalización del Sector Público de 2014 legalizó el patrocinio privado de todos los servicios del Sergas.


En 2016 Núñez Feijóo cedió los servicios de Cardiología de cuatro hospitales (A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo) a la multinacional norteamericana Medtronic, por medio de un convenio secreto del que se desconocen los principales términos y que permite a la compañía instalarse, controlar y testar sus productos en las áreas médicas de los citados hospitales. La Xunta de Galicia ocultó durante meses esos acuerdos. Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que logró acceder a la documentación, después de un año de reclamaciones, el convenio del Sergas con Medtronic “constituye una intervención del sector privado en la sanidad pública contraria al interés general”. Medtronic tiene una oscura historia, y numerosas demandas judiciales, por su agresividad empresarial.


8. El concierto singular con Povisa


El hospital privado Povisa está integrado en la red asistencial del Sergas y tiene asignada una población de 140.000 habitantes (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Durante el mandato de Núñez Feijóo la relación de Povisa con el Sergas fue muy intensa. Funcionó la puerta giratoria, que llevó a Rocío Mosquera desde un cargo en la empresa a la Gerencia del Sergas (2009-2012). Fue ella quien negoció la renovación del concierto singular, que mejoró sustancialmente. Supera ya los 80 millones de euros anuales, a pesar de que dedica menos recursos y servicios que los centros públicos para atender a los pacientes del Sergas. Su gestión tiene una total falta de transparencia (Consejo de Cuentas) y presenta la mayor lista de espera quirúrgica de Galicia.


Pese a todas estas circunstancias Povisa recibe siempre un trato de favor. La planificación del Sergas casi siempre se hizo teniendo en cuenta los intereses de este hospital. Así fue que al nuevo hospital de Vigo (proyectado por el gobierno progresista) le recortaron 400 camas de las 1470 previstas, justo las mismas (405) que ahora tiene concertadas Povisa con el Sergas. De este modo este hospital sigue siendo necesario para atender a toda la población de la comarca, y el Sergas no puede prescindir de sus servicios.


El hospital Povisa fue, en los últimos años, propiedad de la familia Silveira (que controla Remolcanosa, Elcano y un grupo de navieras repartidas por plazas "off shore") acaba de ser comprado por la empresa Ribera Salud -la que nació en Valencia para gestionar el fracasado hospital de Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense Centene-. De este modo los dos hospitales de Vigo están en manos privadas y el Sergas es rehén de estas empresas.


9. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo


El gobierno progresista tenía –en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1300 presupuestados para el actual, y que estaría finalizado en 2013, y quedaría bajo dominio de la propia Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la empresa adjudicataria durante 20 años). Hubo numerosas irregularidades durante la construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples. La privatización del nuevo hospital la realizaron en dos zancadas: primero procedieron a la asignación de la financiación, construcción, gestión y explotación de las áreas no sanitarias (incluido el aparcamiento) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, por medio de la figura de Concesión de Obra Pública. En segundo lugar procedieron a la modificación del proyecto inicial, en el que redujeron los recursos previstos para abaratar la obra, pero manteniendo el canon de 72 millones de euros anuales previstos en el contrato. Esa es la hipoteca que habrá que pagar hasta el año 2035. El canon del HAC representa el 35% de las inversiones de la Xunta en Vigo; el HAC será objeto de la mayor partida presupuestaria del Sergas durante los próximos 20 años.

Los recortes introducidos en el proyecto son notables: un 32% en las camas de hospitalización (alrededor de 400 menos) y en los quirófanos, redujeron un 50% el Servicio de Urgencias, anularon el Laboratorio Central (favoreciendo la Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio Central de Galicia –y también lo de Madrid-) y suprimieron edificios (docencia, investigación y hospital de pacientes); también alteraron la calidad de los materiales y de la equipación previstos. Las consecuencias de estos recortes son graves: la ostensible merma de la oferta hospitalaria hace que el HAC no sea capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la sanidad pública queda oprimida con una gran hipoteca y, además, la Administración pierde el control de la sanidad en el área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del HAC y por Povisa, que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la población. La sanidad pública queda secuestrada por estas empresas: prevalece el negocio por encima de las necesidades de la gente.


10. El coronavirus en Galicia. Las residencias de ancianos


A mediados de marzo el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la extensión del coronavirus. Las calles quedaron vacías y nuestras vidas mudaron de repente. Comenzó un largo confinamiento que alimentó el pánico de mucha gente. Los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una lucha desigual para frenar la extensión del Covid-19. Hubo falta de medios para atender a los pacientes y para proteger a los profesionales. Muchos de ellos llegaron a infectarse por el virus. Los recortes que sufrió la sanidad y el abandono de la Salud Pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica crearon una situación de auténtica indefensión.


Pero la extensión del virus en Galicia fue menor que en otras comunidades. Somos un territorio lejano, con la población dispersa y con escasa llegada de personas de otra procedencia. La seroprevalencia del virus en la población general está por debajo del dos por ciento. Pero hubo un ámbito donde el coronavirus afectó de forma severa provocando una elevada mortalidad: en las Residencias de Ancianos. En Galicia fallecieron en estas instituciones 271 personas (132 en la propia residencia, sin ingreso hospitalario) y hubo muchos cuidadores afectados. Eso representa el 45% del total de muertes en la CCAA. Las políticas impuestas en los últimos años tienen una relación directa con esta elevada mortandad.


La entrega de las Residencias de Ancianos a manos privadas y amigas es el antecedente necesario para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada. Núñez Feijóo favoreció la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total dejación de funciones en el control de la calidad de atención prestada (Consejo de Cuentas). La gran mayoría de los fallecidos estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por DomusVi y por la Fundación San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de Residencias de Ancianos de España; su CEO es Josefina Fernández , persona próxima al PP que a finales de 2019 recibió un premio Galicia Global de manos del conselleiro de Economía. La Fundación San Rosendo está presidida por Benigno Moure , un cura –amigo de Fraga, distinguido con una medalla Castelao- que fue condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 millones de euros la una mujer demenciada. En esas manos está la atención de nuestros mayores.


Cuando se tomaron estas decisiones hubo grupos que vieron una oportunidad de lucro. Con-virtieron la atención a los mayores y dependientes en negocios que cotizan en bolsa. La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante lo recorte de medios, de personal y la precarización de la atención. Cuando el coronavirus comenzó a afectar a las residencias a carencia de recursos para afrontarlo fue alarmante. Hubo mayores que murieron en soledad y sin poder ser despedidos por los suyos. El Sergas estableció en un protocolo que las personas con dependencia severa no fueran trasladados a las unidades de hospitalización y que quedaran aislados en su centro residencial. Las familias afectadas ya acudieron al juzgado. Aunque Núñez Feijóo afirma que dejar a los dependientes en las residencias, y no hospitalizarlos, fue decisión de los médicos y no de la Xunta, lo cierto es que era una instrucción de la Consellería de Sanidad. Pretende aparecer ante la opinión pública como el héroe que paró el coronavirus. Algunas decisiones suyas contribuyeron a todo el contrario.


Este es el relato de la actividad desarrollada durante la última década, desde el propio poder, para desmantelar la Sanidad Pública gallega. Podríamos hablar también del ocultamiento y maquillaje de las listas de espera, de la drástica reducción del proyecto de hospital de Pontevedra, de la merma de recursos para los Programas de la Mujer, del deterioro de la atención a las drogodependencias, de los recortes y privatizaciones de los servicios de ambulancias y de la supresión de la participación comunitaria introducida en la nueva Ley Gallega de Salud. Las modificaciones realizadas son profundos y difícilmente reversibles; si en las próximas elecciones se produce un cambio político la recuperación de la sanidad pública deberá ser una de las prioridades del próximo gobierno. No será fácil, y habrá que establecer un programa de actuación para restaurar el daño causado. Apuntamos a continuación un breve guión de las posibles actuaciones para cambiar el rumbo de la sanidad en este país.


1.-Revisar todas las “externalizaciones” realizadas y establecer un calendario para recuperar progresivamente el control público de las mismas.


2.-Aumentar progresivamente el presupuesto sanitario e incrementar la dotación de personal y de camas hospitalarias.


3.-Recuperar las Gerencias de Atención Primaria, dotarlas de medios y recursos propios y aumentar progresivamente la dotación presupuestaria (hasta llegar al 25% del presupuesto sanitario que aconsejan los expertos). Diseñar un nuevo Plan de Mejora para restaurar la dignidad y la capacidad de resolución de la AP.


4.-Modificar la Ley de Salud de Galicia y recuperar las once Áreas Sanitarias, dotando a los hospitales comarcales de recursos para mejorar su calidad asistencial.


5.-Modificar la Ley de garantías y suspender la Instrucción 1/2018 que facilita la derivación de pacientes a los hospitales privados. Suspender el Acuerdo Marco firmado con los hospitales privados de A Coruña. Aumentar la actividad asistencial en los centros propios para reducir el más posible las derivaciones, hasta que los centros concertados sean complementarios y subsidiarios y no integrantes de la red asistencial.


6.-Recuperar y reactivar el Plan Estratégico en Salud Mental y aumentar los recursos materiales y humanos para poder realizar una atención psiquiátrica y psicológica de calidad.


7.-Recuperar el control público de todos los institutos y servicios dedicados a la investigación y a la innovación y ponerlos al servicio de la sanidad pública y de los pacientes. Restaurar también lo con- trol de la innovación tecnológica.


8.-Revisar el concierto singular con el hospital Povisa de Vigo y hacer un seguimiento exhaustivo de su actividad asistencial en relación con la población asignada por el Sergas. Establecer un plan a largo plazo para poder atender con medios propios del Sergas a los pacientes de Povisa.


9.- Revertir a la gestión pública el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se hizo en Valencia con el hospital de Alzira). Aumentar el número de camas del hospital y dotarlo de los medios que fo- ron sustraídos del proyecto del gobierno progresista. Establecer un plan a largo plazo para poder asumir la atención de la población actualmente asignada al hospital Povisa.


10.-Fortalecer la Salud Pública y los servicios de vigilancia epidemiológica, aumentar la dotación para la investigación en virología y dolencias infecciosas, establecer un Plan Estratégico para lo afrontamento de posibles pandemias en el futuro, y recuperar para dominio público las Residencias de Mayores privatizadas. Exigir responsabilidades políticas y judiciales a todas las personas y entidades relacionadas con la gestión de las residencias y con la elevada mortalidad sucedida durante la pandemia del Covid-19.

 
Back