El socialista Jorge Rodríguez,presidente Diputación Valencia,detenido por corrupción

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El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana en el desarrollo de una operación contra la corrupción que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda y un asesor de Presidencia. Rodríguez está retenido en su despacho del Ayuntamiento de Ontinyent y Brines y Simón en la sede de la empresa pública.

La causa, cuyas diligencias están secretas, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación en 2015 de personal de altadirección en Divalterra, antigua Imelsa, una de las empresas públicas más salpicada por los escándalos, ya que sirvió de tapadera a las irregularidades denunciadas por Marcos Benavent, el yonki del dinero, y que condujo a la detención del ex presidente Alfonso Rus

En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que argumentaban que eran hecho al margen del consejo de la empresa pública. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas, según contestaron fuentes judiciales a los denunciantes.

Y es que, sin embargo, según fuentes consultadas, la Operación Alquería tiene más focos al margen de Divalterra. Además de los siete contratos bajo el foco -tres de los cuales están extinguidos pero fueron adjudicados a personas que ni fueron a trabajar- se investigan también contratos fracciones de obras y servicios.

Golpe político a Puig
La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.

De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.

Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial. También se destacaba por atajar radicalmente todos aquellos asuntos que pudieran tener alguna sombra de duda, como los que afectaron a José Manuel Orengo, actual asesor de Puig en Presidencia. Rodríguez cortó por lo sano y buscó la manera de deshacerse de Orengo como vicepresidente de la Diputación. Y lo logró.

Suya fue la iniciativa de tratar de cambiar el perfil de Divalterra, la sociedad pública dependiente de la Diputación de la que han provenido sus problemas judiciales. Divalterra es la heredera de Imelsa, centro de la corrupción en la etapa de su antecesor, Alfonso Rus.

La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.

Comunidad Valenciana
Burriana da 10 meses para licitar las obras del programa Golf Sant Gregori
 
Hartazgo,tristeza y desolación.Los españoles ya no damos para más,Pero,¿por qué,por qué una vez que llegan al poder se hinchan a robar?
Lllegará un momento en el que nadie vaya a votar.
 
El PSOE tiene también sus buenas dosis de corrupción y tampoco han limpiado esos establos de porquerías, pensarán mientras no me pillen... Es la consecuencia de 40 años votando alternativamente a dos partidos alegremente, que estaban repartiendo el botín-Es España un país de defraudadores de abajo arriba??.Los ciudadnos lo ven con normalidad??.O cambiamos nuestra mentalidad y nos ponemos serios, o siempre seremos los precarios y apestosos de Europa.
 
El problema con este caso es que, independientemente de cómo se resuelva al final, se ha puesto ya el listón muy alto en cuanto a honradez se refiere. Y si antes se criticaba tanto (con razón) a los del PP, ahora se tendrían que aplicar el cuento. Ya veremos cómo reaccionan.
Dicho esto, ya pueden en el PSPV y Compromís empezar a correr para alcanzar en corrupción al PPCV.
 
De Imelsa a Divalterra: un ‘yonqui del dinero’, gin-tonics y contratos bajo sospecha

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.

Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PP valenciano confesadas por el ex gerente Marcos Benavent –el autodenominado yonqui del dinero— hasta la detención hoy del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro ex gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.

El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y ex alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el ex diputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

“Dos millones de pelas”
Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que este siempre ha negado. En concreto, se oye como supuestamente dice: “Uno, dos, 2.000, 3.000… y 12.000 euros. Dos millones de pelas”.

Una de las ramas de esta causa es el caso Taula, por el que están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del ‘pitufeo’, el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los ‘populares’.

Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue “indignante”, ya que fue ella quien denunció los hechos. “Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan”, señaló cuando fue llamada a declarar por la Guardia Civil.

Ya en 2015, con el cambio político en las instituciones valencianas, un gobierno cuatripartito –integrado por PSPV, Compromís, València en Comú y EU– llega a la Diputación de Valencia. Unos meses después, en 2016, la empresa pública anuncia el cambio de nombre e imagen para dejar de ser Imelsa y convertirse en Divalterra.

“Déficit de reputación”
El objetivo, según se explicó entonces, era superar el “gran déficit de reputación corporativa” de Imelsa, cuya gestión investiga la justicia, y “comenzar una nueva etapa” en la que buscaba convertirse en “un referente de gestión pública eficiente”.

Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel cambio fue anunciado por los que eran gerentes de la entidad: el socialista Víctor Sahuquillo (PSPV), que acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas; y Agustina Brines, de Compromís, una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la ‘operación Alquería’.

La historia ‘negra’ de esta empresa pública ha vivido hoy un nuevo acto con ‘Alquería’, la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de València y en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de la localidad de Ontinyent y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además de Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego.

El Independiente
 
El problema con este caso es que, independientemente de cómo se resuelva al final, se ha puesto ya el listón muy alto en cuanto a honradez se refiere. Y si antes se criticaba tanto (con razón) a los del PP, ahora se tendrían que aplicar el cuento. Ya veremos cómo reaccionan.
Dicho esto, ya pueden en el PSPV y Compromís empezar a correr para alcanzar en corrupción al PPCV.
No,no, que no corran,que se queden quietos,a mí me jod… mucho todos los corruptos ,de todos los partidos, es que ¡nos roban el dinero a nosotros,a los ciudadanos! Para que no salgan de la cárcel en la vida.
 
En Valencia llevamos 40 años siendo expoliados por todos los partidos que han pasado.
Y en la actualidad todavía más.
Yo personalmente he visto cosas muy feas. Además del dinero que se han llevado, también nuestro patrimonio y nuestra cultura ha sido robado.
A pesar de todo lo que se llevaron el PP, la alcaldesa Rita Barberá ha sido la única que en gran medida limpió Valencia, hizo muchas reparaciones en el centro y muchos barrios, recuperó fiestas y tradiciones.
Ahora con los que hay estamos vendidos, como sigan un tiempo hasta las fallas nos van a quitar.
 
El problema con este caso es que, independientemente de cómo se resuelva al final, se ha puesto ya el listón muy alto en cuanto a honradez se refiere. Y si antes se criticaba tanto (con razón) a los del PP, ahora se tendrían que aplicar el cuento. Ya veremos cómo reaccionan.
Dicho esto, ya pueden en el PSPV y Compromís empezar a correr para alcanzar en corrupción al PPCV.
Carolina, siempre han robado mas en el Psoe que en el PP, recuerda la época de Felipe González, no había institución que no tocaran, ahora empieza a salir la época de Zapatero, aunque la Justicia no siempre es justa con los socialistas, todavía estoy esperando a que aclaren Bono, Zapatero, González, Jose Blanco, y otros muchos de donde les viene tanto dinero, chalets, hasta hípica, al menos en Valencia y en Madrid aparte de robar los del PP, han embellecido mucho estas ciudades. Ahora en Madrid, aparte de despilfarrar, dar empresas a amigos, familiares, asociaciones afines, como hace ahora Carmena en Madrid,que para mi eso también es corrupción, solo se ve suciedad. Al final los políticos, los Borbones y los independentistas casi siempre se van de rositas y de devolver el dinero nada.
 
Una presidenta de la diputación de Valencia de hace años se hizo con una subvención europea para restaurar un balneario. Los obreros después de terminada la obra no vieron ni un duro.
 

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