El secuestro de la Justicia

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'El secuestro de la Justicia': el libro de Joaquim Bosch e Ignacio Escolar que explica la grave crisis del sistema judicial


Entre los temas abordados: la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán y los abusos de la banca

Los autores presentarán El secuestro de la Justicia en Madrid, Valencia, Bilbao, Las Palmas y Barcelona, en próximas fechas

eldiario.es
14/05/2018 - 17:09h
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Joaquim Bosch e Ignacio Escolar

Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, e Ignacio Escolar, director de eldiario.es, han unido fuerzas para escribir El secuestro de la Justicia: un libro que aborda la crisis del sistema judicial. Los autores presentarán El secuestro de la Justicia en Madrid, Valencia, Bilbao, Las Palmas y Barcelona en próximas fechas ( consultar aquí)


La publicación de este libro a comienzos de mayo de 2018 coincide con un notable aumento del interés de los españoles por las cuestiones relativas a la Justicia como organización y sistema, y sobre el intento de los partidos políticos por secuestrar en beneficio propio la política judicial.

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Portada del libro 'El secuestro de la Justicia', de Joaquim Bosch e Ignacio Escolar

Entre los temas abordados, destacan la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.

“Los partidos políticos cuentan con mecanismos muy directos para influir en la justicia: en los nombramientos y en los premios y castigos a los jueces. Lo estamos viendo en los últimos años con los grandes casos de corrupción, y con las muchas maniobras judiciales en la oscuridad con la que se intenta influir en la elección de qué jueces se ocupan de investigar y sentenciar los casos más sensibles”, señala Ignacio Escolar en el libro.

“Las singularidades españolas en la gestión de la crisis también deben relacionarse con unas tentativas más acusadas por parte del poder político de interferir en la justicia, a través de reformas muy meditadas que pretendían debilitar el poder judicial”, apunta Joaquim Bosch

También hay cabida para el elogio de la parte más sana del sistema judicial español, formada especialmente por los miles de jueces de primera instancia a los que se debe que llegaran a los tribunales europeos los casos de abusos de la banca sobre todo en cuestiones de desahucios, a los que también se deben multitud de investigaciones sobre casos de corrupción…

Se añade en este libro una crítica sin tapujos de la pequeña pero poderosa capa superior del mundo de la justicia: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y también la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción… son organismos decisivos que, en opinión de los autores, han sido manipulados por el poder político hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia.


https://www.eldiario.es/redaccion/Justicia-Joaquim-Bosch-Ignacio-Escolar_6_769633050.html
 
Lo que destruyen


Se puede ser un ciudadano dignísimo y un profesional reputado sin una oposición y un político, legítimo y valorado, sin una titulación o un máster universitario

Ahí reside la inmensa gravedad de lo que arrebatan, en que ni siquiera les es imprescindible o necesario

Elisa Beni
04/08/2018 - 19:52h
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Manuel Marchena EFE

Lo que destruyen, lo que dañan, lo que emponzoñan supera con mucho al bien injusto que reciben. Durante los últimos meses este diario, a través de muchas voces y distintos profesionales, ha estado arrojando luz sobre varios casos que tienen claros visos de corrupción institucional y que coinciden en su fondo que no es otro que la aceptación por parte de personas con responsabilidades públicas de tratos de favor y situaciones de ventaja o privilegio sobre el resto de los ciudadanos en función de su posición como tales. El Caso Cifuentes, el Caso Casado y el Marchenagate comparten esta misma condición. Los valores que están en juego son los mismos, y la aclaración y purga de lo sucedido es la única forma de salvaguardar el patrimonio de cientos de miles de personas de este país, los que obtuvieron esos títulos y plazas con su trabajo, y la dignidad democrática basada en la cultura de la igualdad ante la ley, del mérito y del esfuerzo.


La proliferación de casos sospechosos de este tipo de corrupción no es casual. Responde a una sensación de impunidad y a una falta moral básica por la que se entiende que, si uno mismo no realiza los pasos necesarios para construir de forma anómala aquello que desea, no tiene nada que temer ni que reprocharse. La sensación de impunidad abarca a tres tipos de individuos: los que aceptan el trato de favor y los que están dispuestos a dispensarlo, en los que sin duda late la intención de ir a recibir a su vez, cuando corresponda, algo de su interés a cambio y, por último, los que lo silencian o tapan. Así es como se chalanea y se mercadea con bienes comunes que, no representando un valor dinerario inmediato, parecen no tener que comportar reproche moral o ni tan siquiera legal para algunos. Parecen obviar incluso el desvalor, también económico, que se produce para todos aquellos que ostentan los mismos títulos o sirven las mismas plazas habiéndolas obtenido sin ninguna sombra de duda respecto a su esfuerzo y a la igualdad. Devaluar un título de máster o la forma de acceso a los puestos de fiscal o juez produce un perjuicio evidente a todos aquellos que los tienen de forma lícita.

En términos morales no se alcanza a entender cómo hemos arribado a un estadio en el que un servidor público, del tipo que sea, no asume que no sólo no puede obtener ventaja por su condición, sino que, más allá de eso, tiene que huir de todo aquello que parezca comportarla. Que parezca acarrearla incluso. La mujer del César. Las caras deberían desplomarse de vergüenza como le sucedió a Zu Guttenberg, fíjense que precioso nombre para respetar lo escrito, el ministro de Defensa alemán que siendo el niño bonito del público -con un 70% de valoración, a leguas de Casado- dimitió cuando se descubrió que había plagiado el 20%de su tesis o Pal Schmitt, presidente de Hungría o Annette Schwan, ministra de Educación alemana o Victor Ponta, ex primer ministro rumano. A todos les pilló el mismo tren, que fue el del prestigio del doctorado universitario en los países centroeuropeos y el de haberlo obtenido con trampa. Sólo por esas caídas el doctorado sigue resplandeciendo en los currícula de los que no la hicieron.

La trampa. No hacerla, no propiciarla y no taparla.

La ignominia de quienes se quieren aprovechar de un prestigio que no han logrado para sí o para los suyos y que no sólo les alcanza a ellos sino también a quienes les ayudan a hacerlo y a quienes callan, por miedo o por interés, y no quieren descubrirles.

Y ahí se engloban los profesores y directores de Escuelas Judiciales, los directores de másteres de universidades públicas, los vocales del CGPJ, los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, los que ocupan puestos en los ministerios que tuvieron que refrendarlos, los que no recuerdan y los que no denuncian, los que no quieren investigar, los que miran para otro lado: todos ellos destruyen el esfuerzo de los que sí lo hacemos. Sin detrimento de las responsabilidades de índole legal o penal en las que incurran, todos ellos están robándonos algo. El ingeniero Teodoro García, cuando dice que investigar si te han regalado un máster por la jeta es una anécdota o las Asociación Profesional de la Magistratura o la Asociación de Fiscales, cuando sabiendo, porque no pueden ignorar, las sombras que se ciernen sobre algunas cosas se ponen de perfil o ignoran los problemas. Todos ellos están destruyendo el esfuerzo de tantos.

Se puede ser un ciudadano dignísimo y un profesional reputado sin una oposición y un político legítimo y valorado sin una titulación o un máster universitario. Ahí reside la inmensa gravedad de lo que arrebatan, en que ni siquiera les es imprescindible o necesario.

No importa a quién beneficie o a quién perjudique. No importa quién gane o quién pierda. Da igual el signo de quién de ello saque tajada. Lo que destruyen nos afecta a todos y sobre todo a todos aquellos cuyo único patrimonio es el conquistado limpiamente con su esfuerzo intelectual, muchas veces a cambio de un gran sacrificio personal. El ascensor social del mérito. Eso es lo que están dilapidando. Eso es lo que están robando. Eso es lo que están destruyendo. Dadles paso y en pocos años ni vuestro esfuerzo ni el de vuestros hijos servirá para nada.

Lo que destruyen es la creencia básica de que hay barreras que no levanta ni la fortuna ni el origen ni la casta y esa destrucción es tan demoledora que socava cualquier democracia.

https://www.eldiario.es/zonacritica/destruyen_6_800079997.html

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Los casos de corrupción son vergonzosos. Lo de la justicia, y lo sé de buena tinta,... Digamos que el sistema diferencia entre dos tipos de opositores. Los "marchemos" y el resto de mortales.

Cuando cambien esos exámenes, sustituyendo los orales por casos prácticos escritos en los que en vez de figurar el nombre en el papel, es un código de barras (como selectividad) entonces el sistema de acceso será limpio.

No dejéis que vuestros hijos se metan a esas oposiciones
 

Otro escándalo judicial​

  • Es la peor mancha que puede tener un órgano judicial: la de dictar sentencia con vulneración de los derechos fundamentales. Además, se han empeñado en que resulte visible, porque, a pesar de que los tres órganos judiciales tuvieron la oportunidad de evitar actuar de esa manera, se empeñaron en hacerlo
Javier Pérez Royo

El abogado Iñigo Iruin y los cinco condenados por el caso Bateragune. EFE/Juan Herrero.
El abogado Iñigo Iruin y los cinco condenados por el caso Bateragune. EFE/Juan Herrero.
19 de octubre de 2021 21:54h
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Arnaldo Otegi, Rafa Díaz, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto fueron condenados en la Audiencia Nacional (AN) en 2011 por intentar reconstruir el partido ilegal Batasuna siguiendo instrucciones de ETA. Como caso Bateragune fue conocida la sentencia. La presidenta de la Sala, Ángela Murillo, había sido recusada por Arnaldo Otegi por falta de imparcialidad, pero la recusación no prosperó. En 2012 el Tribunal Supremo (TS) ratificaría la sentencia de la AN, aunque rebajaría la condena de 10 a seis años y medio.

La sentencia del TS contaría con dos votos particulares. En 2014 el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia aprobada por siete magistrados frente a cinco, rechazaría el recurso de amparo interpuesto por los condenados. En 2018, tras haber cumplido todos los años de condena en la cárcel, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por haber sido dictadas las sentencias de AN, TS y TC con vulneración de derechos fundamentales de los condenados. En julio de 2020 el TS anuló la sentencia en aplicación de la decisión del TEDH. Pero en diciembre de 2020 el TS ordenó la repetición del juicio en la AN. Contra esta sentencia del TS Arnaldo Otegi y los demás condenados han interpuesto un recurso de amparo ante el TC, que lo ha admitido a trámite esta pasada semana.

AN, TS y TC tienen una mancha por su actuación en este caso. La peor mancha que puede tener un órgano judicial: la de dictar sentencia con vulneración de los derechos fundamentales. Se trata, además, de una mancha que se han empeñado en que resulte visible, porque, a pesar de que los tres órganos judiciales tuvieron la oportunidad de evitar actuar de esa manera, se empeñaron en hacerlo. Hubo voluntad manifiestamente reiterada de condenar vulnerando el derecho a un juez imparcial de los condenados. Tuvieron la oportunidad de aceptar la recusación de la presidenta de la Sala y no lo hicieron incluso tras la advertencia de dos magistrados del TS y de cinco del TC.

Para intentar lavar esa mancha es para lo que el TS decidió en diciembre de 2020 ordenar la repetición del juicio en la AN. Empezar de nuevo el enjuiciamiento del caso Bateragune en contra de la opinión de los condenados, que exigen simplemente el cumplimiento de la sentencia del TEDH.

La decisión resulta jurídicamente escandalosa. Arnaldo Otegi y los demás condenados han pasado seis años y medio en prisión como consecuencia de una sentencia nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. El mismo órgano que pudo evitar esa monstruosidad, pretende ahora la repetición del juicio, como si fuera posible que los órganos judiciales que cometieron dicha monstruosidad, pudieran corregirla ahora. Y además contra la voluntad de los condenados. Nos comportamos en el pasado de manera constitucionalmente nauseabunda, pero ahora nos vamos a comportar de manera irreprochable. Ese parece ser el mensaje del TS.

Un mínimo de decencia debería haber conducido al TS a pedir perdón a Arnaldo Otegi y los demás condenados y a todo el pueblo español, porque todos hemos sido condenados por el TEDH como consecuencia de las sentencias dictadas por la AN, el TS y el TC en el caso Bateragune. Los "guardianes de los derechos fundamentales" de los ciudadanos españoles han sido los que los han quebrantado. Tras la sentencia del TEDH esto ya no es discutible. Las túnicas las tienen sucias. Y además de manera insubsanable.
La pretensión de repetir el juicio confirma lo que acabo de escribir. La justicia no solo tiene que hacerse, sino también que parecer que se hace. La simple apariencia de falta de imparcialidad del juez vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y en este caso la falta de apariencia estuvo desde el principio y se ha visto reafirmada a lo largo de casi diez años. El TS parece que quiera que se siga reafirmando durante más tiempo. Parece que quiere que la mancha se siga extendiendo.

De momento le ha pasado la pelota al TC. ¿Se repetirá la indecencia anterior a la sentencia del TEDH?


Veremos.


El Sr. Royo ha sido muy cuidadoso al calificar de "mancha" lo que es una claro ejemplo de PREVARICACIÓN.

Como dice él, veremos....
 
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