El Rey, un lirio inmaculado

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Rául del Pozo
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El retrato del Rey Felipe VI preside la sala del juicio de la Audiencia de Palma donde se sienta en el banquillo su hermana la Infanta Cristina, acusada de un delito contra la Hacienda Pública. Junto a ella están su marido Iñaki Urdangarin y 16 procesados más.

En la calle, una docena de manifestantes con banderas gritan: «República otra vez». Se critica mucho nuestra democracia, pero se olvida que han sido juzgados por diversos delitos ministros, presidentes, generales y hasta cupletistas. Me dice un cortesano que Felipe VI saldrá bien del juicio de Palma. «Este Rey está limpio como una patena, entre otras razones porque su padre procuró que lo estuviera. Nadie puede decir que ha movido un dedo ni por su hermana ni por su cuñado. Ha respetado la separación de poderes y las decisiones de los tribunales. La Monarquía sale reforzada y se abre una trinchera entre los dos reinados, porque en el juicio van a salir escándalos que afectarán al ReyJuan Carlos y no a su hijo».

El juicio puede recordar a Todo es verdad, montada en El Globo, que se redujo a cenizas durante una de las representaciones. El drama de Shakespeare trataba de la vida libertina de Enrique VIII y probaba que los pecados de los reyes no los heredan los príncipes. Nadie de la corte obstaculizó la puesta en escena, donde sólo aparece una dama virtuosa, que es Catalina, la reina española. «Imaginad -se dice en el prólogo- las figuras de esta historia: veréis su esplendor tornado en miseria». En la obra se mitifica a la reina Isabel, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Es saludada como un lirio inmaculado, la espiga en el viento ante la que tiemblan los enemigos.

El rey Felipe VI saldrá limpio de la cloaca de Nóos y se espera que también salga airoso del motín institucional de Cataluña. Mi querido Arcadi Espada recordaba ayer que al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España. «Y seguramente -añade- al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado». Quizás tenga razón Arcadi, pero hay quien piensa que sería mejor que no se metiera en el lío en el que se metieron los Austrias y los Borbones en Cataluña.

En castellano, la palabra «rey» fue inyectada de sentido oriental, según Américo Castro. El rey era vértice de una pirámide sin base, con un poder que se asemejaba al del rayo; evitaba con el ejército que las nacionalidades se sublevaran cuando no había uniformidad de leyes ni semejanza de costumbres.

Nada de lo dicho afecta al rey de una Monarquía Parlamentaria. Sus poderes son limitados, la toma de decisiones es tarea del Gobierno y del Parlamento. La política, la más alta actividad de la inteligencia, está desacreditada, pero también los votantes debieran sentirse responsables de las tonterías que cometen, a veces, cuando votan y así no tener que esperar después a que vengan los reyes
 
Ayer Arcadi Espada escribía este artículo. Estoy en desacuerdo con unas cuantas cuestiones de las que se plantean en él y con algún calificativo, especialmente alguno de tipo legal, pero eso no es lo que me interesa en esta ocasión.

Lo que me interesa es esto:

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.

Si nos atenemos a la literalidad, parece que Espada está preocupado por que el Rey conozca que el actual Presidente de la Generalidad es secesionista y, con el apoyo de diputados que suponen la mayoría absoluta del Parlamento catalán, ha anunciado que va a llevar a la práctica un plan ilegal de secesión (declarado nulo por el Tribunal Constitucional).

Es difícil pensar que el Rey no conozca esos hechos, salvo que asumamos que es oligofrénico, pero como el propio Espada demuestra que conoce que el nombramiento es un acto debido, es difícil deducir de la lectura del artículo y de su literalidad que el autor pretenda otra cosa.

Sin embargo, hoy mismo, en el programa de Carlos Alsina, el propio Arcadi Espada y David Jiménez, director de El Mundo, han planteado (a partir de 02H40′) la posibilidad de que el Rey no hubiese “sancionado” el nombramiento de Carles Puigdemont.

No sé si David Jiménez sabe de qué habla y no voy a presuponerlo, pero Espada demuestra en su artículo que sí. En cualquier caso, ambos plantean que el Rey incumpla la Constitución y que incumpla su juramento.

El artículo 61 de la Constitución establece:

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

El artículo 56 establece:

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esas y no otras.

El artículo 152 de la Constitución dice:

1. En los Estatutos aprobados (…) la organización institucional autonómica se basará en (…) un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey (…)

El artículo 67 del Estatuto de Cataluña (ley orgánica del Estado español) establece:

(…) 4. El Presidente o Presidenta de la Generalitat es nombrado por el Rey.

El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

(…)

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, (…)

Respecto a la sanción de las leyes, el artículo 91 de la Constitución establece que:

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Hoy mismo se ha publicado el decreto que da cuenta del nombramiento conforme a lo previsto en la ley. Es este:



Esto dicen la Constitución española y las leyes vigentes que la desarrollan. El Rey, conforme a la Constitución española, simplemente no solo no puede negarse a sancionar ninguna ley (es decir a vetarla), sea cual sea su contenido, sino que tratándose de nombramientos su obligación es aún más taxativa: la Constitución utiliza la expresión “expedir”, ya que se trata de un decreto.

Si el Rey se niega a sancionar una ley o se niega a nombrar a alguien designado por el Parlamento español o por alguna de sus cámaras, sea quien sea, no solo hace algo ilegal e inconstitucional, sino que se atribuye funciones que corresponden al poder legislativo. Es decir, da un golpe de Estado. Haría lo mismo que hacen los espadones que se atribuyen facultades legislativas y empiezan a publicar decretos y a declarar inválidos los que se aprueban en una cámara elegida democráticamente y conforme a la ley. Haría lo que, por lo que parece, está empezando a hacer Maduro en Venezuela, por ejemplo.

La Constitución da al Gobierno, al Senado y al Tribunal Constitucional facultades más que suficientes para, conforme a su letra y su espíritu, detener cualquier ilegalidad como la que se anuncia se va a empezar a producir. Son ellos, el Gobierno, el Senado y el Tribunal Constitucional, los que deben tomar esa decisión. No somos ninguno de nosotros, o el Congreso, o el gobierno de Asturias, o el JEMAD, o la Junta de Gobierno del Casino de Bollullos del Condado o el Rey, los que pueden adoptar decisiones de esa naturaleza. Y no lo somos porque los españoles lo decidimos al aprobar, en referéndum, una constitución que establecía una monarquía parlamentaria.

Saltarse la ley (en particular, la Constitución) no debería ser una respuesta frente a los que hacen eso mismo.

Sobre todo porque se supone que no somos iguales a ellos y por eso tenemos razón.

Menos mal, por lo que parece, que el Rey conoce sus obligaciones
 
Ayer Arcadi Espada escribía este artículo. Estoy en desacuerdo con unas cuantas cuestiones de las que se plantean en él y con algún calificativo, especialmente alguno de tipo legal, pero eso no es lo que me interesa en esta ocasión.

Lo que me interesa es esto:

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.

Si nos atenemos a la literalidad, parece que Espada está preocupado por que el Rey conozca que el actual Presidente de la Generalidad es secesionista y, con el apoyo de diputados que suponen la mayoría absoluta del Parlamento catalán, ha anunciado que va a llevar a la práctica un plan ilegal de secesión (declarado nulo por el Tribunal Constitucional).

Es difícil pensar que el Rey no conozca esos hechos, salvo que asumamos que es oligofrénico, pero como el propio Espada demuestra que conoce que el nombramiento es un acto debido, es difícil deducir de la lectura del artículo y de su literalidad que el autor pretenda otra cosa.

Sin embargo, hoy mismo, en el programa de Carlos Alsina, el propio Arcadi Espada y David Jiménez, director de El Mundo, han planteado (a partir de 02H40′) la posibilidad de que el Rey no hubiese “sancionado” el nombramiento de Carles Puigdemont.

No sé si David Jiménez sabe de qué habla y no voy a presuponerlo, pero Espada demuestra en su artículo que sí. En cualquier caso, ambos plantean que el Rey incumpla la Constitución y que incumpla su juramento.

El artículo 61 de la Constitución establece:

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

El artículo 56 establece:

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esas y no otras.

El artículo 152 de la Constitución dice:

1. En los Estatutos aprobados (…) la organización institucional autonómica se basará en (…) un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey (…)

El artículo 67 del Estatuto de Cataluña (ley orgánica del Estado español) establece:

(…) 4. El Presidente o Presidenta de la Generalitat es nombrado por el Rey.

El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

(…)

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, (…)

Respecto a la sanción de las leyes, el artículo 91 de la Constitución establece que:

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Hoy mismo se ha publicado el decreto que da cuenta del nombramiento conforme a lo previsto en la ley. Es este:



Esto dicen la Constitución española y las leyes vigentes que la desarrollan. El Rey, conforme a la Constitución española, simplemente no solo no puede negarse a sancionar ninguna ley (es decir a vetarla), sea cual sea su contenido, sino que tratándose de nombramientos su obligación es aún más taxativa: la Constitución utiliza la expresión “expedir”, ya que se trata de un decreto.

Si el Rey se niega a sancionar una ley o se niega a nombrar a alguien designado por el Parlamento español o por alguna de sus cámaras, sea quien sea, no solo hace algo ilegal e inconstitucional, sino que se atribuye funciones que corresponden al poder legislativo. Es decir, da un golpe de Estado. Haría lo mismo que hacen los espadones que se atribuyen facultades legislativas y empiezan a publicar decretos y a declarar inválidos los que se aprueban en una cámara elegida democráticamente y conforme a la ley. Haría lo que, por lo que parece, está empezando a hacer Maduro en Venezuela, por ejemplo.

La Constitución da al Gobierno, al Senado y al Tribunal Constitucional facultades más que suficientes para, conforme a su letra y su espíritu, detener cualquier ilegalidad como la que se anuncia se va a empezar a producir. Son ellos, el Gobierno, el Senado y el Tribunal Constitucional, los que deben tomar esa decisión. No somos ninguno de nosotros, o el Congreso, o el gobierno de Asturias, o el JEMAD, o la Junta de Gobierno del Casino de Bollullos del Condado o el Rey, los que pueden adoptar decisiones de esa naturaleza. Y no lo somos porque los españoles lo decidimos al aprobar, en referéndum, una constitución que establecía una monarquía parlamentaria.

Saltarse la ley (en particular, la Constitución) no debería ser una respuesta frente a los que hacen eso mismo.

Sobre todo porque se supone que no somos iguales a ellos y por eso tenemos razón.

Menos mal, por lo que parece, que el Rey conoce sus obligaciones
Tal que así.... Si el rey mismo no cumple con su deber, el que le delimita la constitución esa que tanto aman y nombran sin parar, de que estamos hablando?.. Respecto al artículo de Del Pozo, aún lo estoy asimilando, me ha dejado un mal cuerpo y una sensación descorazonadora absoluta, si era de los pocos que se atrevía a dejar en evidencia lo que todos callan, o a avisar a navegantes me da igual, ya no, rendido a la marea generalizada que protege contra los elementos al rey renovado e impoluto. Estamos vendidos tal cual lo he dicho en el otro hilo.
 
Tal que así.... Si el rey mismo no cumple con su deber, el que le delimita la constitución esa que tanto aman y nombran sin parar, de que estamos hablando?.. Respecto al artículo de Del Pozo, aún lo estoy asimilando, me ha dejado un mal cuerpo y una sensación descorazonadora absoluta, si era de los pocos que se atrevía a dejar en evidencia lo que todos callan, o a avisar a navegantes me da igual, ya no, rendido a la marea generalizada que protege contra los elementos al rey renovado e impoluto. Estamos vendidos tal cual lo he dicho en el otro hilo.

Desde mi absoluta ignorancia: aparte del artículo aquel del duende, qué más ha destapado de la mafia borbón?
 
Creo que está aquí la clave:

El juicio puede recordar a Todo es verdad, montada en El Globo, que se redujo a cenizas durante una de las representaciones. El drama de Shakespeare trataba de la vida libertina de Enrique VIII y probaba que los pecados de los reyes no los heredan los príncipes. Nadie de la corte obstaculizó la puesta en escena, donde sólo aparece una dama virtuosa, que es Catalina, la reina española. «Imaginad -se dice en el prólogo- las figuras de esta historia: veréis su esplendor tornado en miseria». En la obra se mitifica a la reina Isabel, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Es saludada como un lirio inmaculado, la espiga en el viento ante la que tiemblan los enemigos.

 
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