El Prestige del PNV-PS: el caso Vertedero de Zaldíbar


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El "pavo ese" habla en sentido figurado, cualquiera que entienda la ironía lo comprende.

Se refiere a que no veremos montar una escandalera mediática y callejera a nivel nacional, con caravanas de "espontáneos" dirigidas en buses a Vasconia para ir a manifas y montar el circo para la tele. Y no lo veremos porque esta mierda afecta al PNV y a la sucursal del Partido Sanchinflas y esos están protegidos por el establishment mediático.

De todas formas a los periodistas de cámara de peneuveros y Sanchiflistas aún les parece que se habla demasiado del tema. Y se quejan de que se hace porque están en campaña electoral. No sé a quién se creen que beneficia el tema.


¿Me puedes hacer una lista de medios que protegen a esos? Porque no me salen las cuentas. A no ser , claroo, que adoptes la postura magufa trumpiana según la cual todos menos Alerta Digital serían "shills" de Soros y el "Nuevo Orden Mundial".
 

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No soy fan del PNV ni estoy convencida de que las razones de su rechazo a la UME fueran cien por cien logísticas, pero racismo es esto, cara dura, racismo es esto:

https://www.elplural.com/autonomias...ono-inmigrante-muerto-apoderado-vox_229811102


(Aclaro que lo de cara dura va por la tal Macarena, no por la prima).
Han salido unos personajillos/as en política que asustan, esa Macarena "es una terrorista" y digo terrorista porque hay muchas clases de terrorismo no solo el de ETA o EL Gal.... hay terrorismo de estado.......del mal uso de la palabra siendo política y confundiendo conscientemente...... esta Macarena Olona culpa a un partido de dejar morir a dos trabajadores por rechazar la ayuda del ejercito por no dejar que manipule residuos tóxicos como el amianto.
Pregunto a Macarena Olona y el cadáver de Marta del castillo y el rescate del niño Julen y todos los demás a quien le echa la culpadel fracaso???
Más tonta y no nace.
 
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No soy fan del PNV ni estoy convencida de que las razones de su rechazo a la UME fueran cien por cien logísticas, pero racismo es esto, cara dura, racismo es esto:

https://www.elplural.com/autonomias...ono-inmigrante-muerto-apoderado-vox_229811102


(Aclaro que lo de cara dura va por la tal Macarena, no por la prima).
Es suficiente la mierda que tiene encima el PNV como para ahogarles a todos y no sólo a los dos trabajadores que siguen sepultados por un derrumbamiento de un vertedero que incumplía todas las normas, sin necesidad de echar mierda a Vox. Y si, rechazaron a la UME
 
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Una montaña de mierda sobre otra montaña de mierda: el PNV conocía el gran peligro de Zaldibar
A la empresa que gestiona el vertedero, Verter Recycling, le fue impuesta una sanción grave por almacenar residuos peligrosos sin autorización.

David López Frías Cristian Campos

A Verter Recycling, la empresa que gestiona el vertedero de Zaldíbar en el que un derrumbe ha producido una catástrofe medioambiental, ya le fue impuesta una sanción grave hace unos años por almacenar un residuo peligroso para el que no estaba autorizada. El año pasado le detectaron numerosos incumplimientos, uno de ellos de gravedad moderada. A principios de este mismo año presentó un documento en el que certificaba que el vertedero era estable. Un mes después, un corrimiento de tierras se ha llevado por delante la vida de dos trabajadores.

Porque el vertedero de Zaldibar tenía peligro y se sabía. El Gobierno autonómico vasco del PNV y el PSE lo sabía desde el 10 de junio de 2019. Que era muy peligroso y no cumplía con los estándares ambientales mínimos. Lo demuestra el informe que el propio Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Administración vasca elaboró el 27 de agosto de 2019. El resultado del informe no se comunicó a la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, hasta el 16 de septiembre de 2019.

Los casi cien días transcurridos desde la visita a las instalaciones por parte de los inspectores del Gobierno vasco hasta la comunicación de las irregularidades a la empresa gestora del vertedero contrastan con la alarma que generaba entre los trabajadores la inestabilidad del terreno y la presencia en él de materiales tóxicos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, al menos uno de los dos trabajadores sepultados desde hace catorce días en el vertedero y cuyos cuerpos aún no se han recuperado, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, había confesado a su familia su temor por la precariedad del terreno y su miedo a un posible derrumbe. Según esas mismas fuentes, el trabajador también había informado a su familia de que en el vertedero se acumulaban más sustancias peligrosas de las permitidas por la ley.

Pero el Gobierno vasco no le vio el peligro. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, del PSE, ha afirmado que los informes presentes en su poder no advertían de ningún problema de estabilidad en el vertedero. "No había ningún indicio de que se pudiera producir un derrumbe", dijo ayer mismo Arriola durante una entrevista concedida a la cadena Ser.

La información del consejero es parcialmente falsa. Los informes a los que alude Arriola son los de la empresa privada Lurtek, que el 21 de enero de este mismo año dijo no apreciar ningún problema de "estabilidad, existencia de grietas o fisuras en la instalación". "Se puede concluir que el vertedero es estable con la configuración actual, desde el punto de vista global, tanto frente a roturas circulares como frente a roturas de bloque", dice el informe esgrimido como descargo de culpa por Arriola.

La información de Lurtek no sólo ha sido desmentida por la realidad –apenas diecisiete días tardó el vertedero de Zaldibar en derrumbarse por completo– sino también por el mencionado informe de agosto de 2019 del propio Gobierno vasco. Un informe que en su apartado Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada le otorga a la empresa gestora el calificativo de "bajo", el peor posible, correspondiente a "incumplimientos significativos/severos".

Imagen aérea del estado en el que quedó la zona tras el derrumbe


En dicho informe de junio de 2019, el Gobierno vasco se compromete a notificar el resultado de la inspección a los representantes legales de la actividad y a "comprobar la corrección de uno o varios incumplimientos". También a "proponer la revisión de oficio de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada". Algo que, caso de confirmarse, habría implicado el cierre inmediato del vertedero.

Oficialmente, sólo hay constancia de que se cumpliera el primero de esos requisitos. Tres días después del derrumbe del vertedero, el pasado 6 de febrero, el Gobierno vasco filtró a la prensa que la Administración autonómica estaba "a punto" de abrir un expediente sancionador al vertedero porque este acumulaba residuos no autorizados.

La filtración interesada del Gobierno vasco contrasta con el hecho de que los operarios de limpieza y los ertzaintzas llevaban en ese momento trabajando más de cuarenta y ocho horas en las tareas de rescate y de desescombro del vertedero de Zaldibar sin medidas de seguridad. La contradicción del Gobierno vasco es obvia. Si el informe de la empresa Lurtek desmentía el informe previo del Departamento de Medio Ambiente autonómico, ¿por qué se había decidido entonces sancionar a la empresa gestora del vertedero?

Hay una segunda contradicción, quizá más relevante aún. Si el Gobierno vasco conocía la peligrosidad de los materiales presentes en el vertedero, y entre ellos el amianto, ¿por qué permitió, tal y como denunciaron algunos sindicatos, que los operarios de limpieza y los ertzaintzas trabajaran sin protección sobre residuos industriales peligrosos durante más de cuarenta y ocho horas?

El estado de firme es cada vez más inestable


La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV, llegó a culpar de esa falta de medidas de seguridad a la propia empresa gestora por no avisar de la presencia de amianto en el vertedero. Algo que se niega con rotundidad desde el PP vasco. "El Gobierno vasco conocía la presencia de amianto desde junio de 2019".

Fuentes de los populares vascos afirman haber analizado cuarenta y cinco informes de impacto ambiental idénticos al del vertedero de Zaldibar. Según esas fuentes, "en ninguno de ellos ha habido tanta dilación entre la fecha de la visita y la notificación a la empresa. Mucho menos con esa calificación baja, la peor posible, y teniendo en cuenta que el vertedero había sido construido en una ladera en vez de sobre terreno llano".

"El caso del vertedero de Zaldibar es sólo la punta del iceberg de una forma de gestionar los asuntos públicos que desmiente la fama de buen gestor del PNV
" dicen otras fuentes del PP en conversación con EL ESPAÑOL. "No sabemos a qué obedece la tardanza de casi cien días en comunicar el resultado del informe a la empresa gestora del vertedero, pero lo que es seguro es que no es una tardanza habitual en estos casos" añaden esas mismas fuentes.

"La suerte que han tenido el PNV y el PSE es que con la Cámara autonómica disuelta no es posible pedir comisiones de investigación" se lamentan en el PP. "Pero lo haremos en cuanto vuelva a constituirse la Cámara. Este asunto debe ser investigado". Las críticas del PP por la gestión del derrumbe por parte del Gobierno vasco coinciden con las acusaciones de "negligencia y caos" que han podido leerse durante los últimos días en la prensa vasca.

La lista de dudas, rectificaciones, demoras y contradicciones del Gobierno vasco durante la última semana es, en efecto, muy llamativa. Tuvieron que pasar por ejemplo varios días desde la catástrofe para que el Departamento de Salud vasco recomendara a los vecinos de Zaldibar, Eibar y Ermua, las poblaciones más cercanas al vertedero, "no ventilar las viviendas, cerrar las ventanas de noche y no hacer deporte". Poco después, el Gobierno vasco recomendaba a las embarazadas "no salir a la calle".


El incendio arrasó parte de la montaña y ha tardado caso dos semanas en ser extinguido


También llamó la atención la comparecencia frente a la prensa de Juanjo Aurrekoetxea, director de Salud del Gobierno vasco. Aurrekoetxea llegó a comparar la presencia de sustancias peligrosas en el aire con el intento de asesinato en 2004 del presidente de Ucrania, Víktor Yúshchenko. Un atentado que, según el alto cargo vasco, "sólo" le desfiguró la cara a Yúshchenko y que sería la prueba de que la probabilidad de que las toxinas emitidas por la combustión del vertedero acaben matando a algún vecino es muy baja.

Los vecinos, enfadados

Los vecinos de Ermua están enfadados. “Si nos ponemos a escarbar en la montaña de mierda, seguro que sale mierda de verdad”, asegura un vecino de Ermua. Porque en el pueblo están enfadados. Para empezar, “porque en los medios sólo se habla de Zaldíbar. Y sí, el vertedero pertenece administrativamente a Zaldibar, pero los que nos jodemos somos los de Ermua y Eibar, que somos los que lo tenemos más cerca”, cuentan en una cafetería del casco urbano.

Pero en realidad están enfadados por la falta de información. “Sólo sale [en los medios] Ermua para cosas malas”, lamenta otro vecino, rememorando los malos tiempos de Miguel Ángel Blanco. Y ahora esto, un derrumbe en un vertedero que ha matado a dos operarios y ha sacado a flote mucha más mugre de la que aparentaba el vertedero en cuestión, que no era poca. “Hubo un corrimiento y un incendio. Los primeros días yo salía a correr por aquella zona sin problema. Nadie nos advirtió de que podría haber peligro. Luego dieron la alerta, no dejaban a los niños salir al recreo, no dejaban salir a las embarazadas, a los de los caseríos de la zona les prohibieron utilizar su propia agua...”

Los cuerpos de los dos trabajadores sepultados siguen sin aparecer. Dice el gobierno vasco que encontrarlos es ahora su prioridad. Lo dijo en el Ayuntamiento de Zaldíbar el miércoles por la mañana. Pero ya va para dos semanas y las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán siguen esperando resultados. Los mismos que advirtieron un par de días antes de que había grietas en el suelo, de que el suelo no era estable. La empresa discrepaba: en enero presentó un informe (fechado en mayo de 2019) de una empresa externa que certificaba la estabilidad de aquella montaña de mugre.

Del mismo modo, llama la atención que el gobierno PNV y PSE también rechazasen, sin dar mayores explicaciones al respecto, la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En opinión de muchos, y entre ellos Rosa Díez, ese rechazo no se debe tanto al descrédito que supondría ver a soldados con la bandera de España enmendando un desastre provocado por la negligencia de los gestores vascos, sino al hecho de que aceptar la ayuda de la UME habría obligado a que el mando del operativo pasara de manos del Gobierno vasco a manos del Ejército.

Respecto a los fallos detectados en junio por el plan de vigilancia medioambiental, el gobierno vasco asegura que ninguno de ellos era grave; que ninguno afectaba a la estabilidad de la tierra. Reconocen, no obstante, que sabían que el vertedero se estaba llenando demasiado rápido. Mucho más de lo que estaba previsto en 2009, cuando empezó a funcionar como vertedero privado. Que como privado que es, puede albergar lo que le dé la gana (siempre que cumpla con las normas). Viene esto a refrendar la sospecha de los vecinos: “Yo he visto ahí dentro camiones con matrículas extranjeras, sobre todo de Francia y de Alemania”, asegura un eibarrés residente en Ermua, que se pregunta “desde dónde nos mandan la mierda a nuestro pueblo y quién se aprovecha de eso y si lo controlan”.


El desprendimiento cortó la autopista


No se sabe quién se aprovecha, más allá de esta empresa. Lo que sí que impresiona es el silencio del Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera. No ha realizado la más mínima crítica o puntualización a la gestión del Gobierno vasco. Su silencio respecto a la catástrofe de Zaldibar contrasta con la actitud del PSOE tras el hundimiento del Prestige, cuando los socialistas culparon del desastre tanto al Gobierno autonómico gallego como al central, que en aquel momento lideraba José María Aznar. La etiqueta 'Inoiz Ez' ('nunca mais' en euskera) no cuenta, a día de hoy, más que con unas pocas menciones en las redes sociales.

Entretanto, en Ermua, en Eibar y en Zaldíbar, empiezan a respirar. El incendio está extinguido, los niños vuelen a salir al recreo y las embarazadas a la calle. Pero hay dos personas que siguen bajo los escombros y un reguero de interrogantes al que los responsables de esta catástrofe tienen que responder. Porque el hecho de que puedan volver a respirar, no les va a quitar el enfado por todo aquello que no les contaron sobre la montaña de mugre y les ha acabado por explotar.


 
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Han salido unos personajillos/as en política que asustan, esa Macarena "es una terrorista" y digo terrorista porque hay muchas clases de terrorismo no solo el de ETA o EL Gal.... hay terrorismo de estado.......del mal uso de la palabra siendo política y confundiendo conscientemente...... esta Macarena Olona culpa a un partido de dejar morir a dos trabajadores por rechazar la ayuda del ejercito por no dejar que manipule residuos tóxicos como el amianto.
Pregunto a Macarena Olona y el cadáver de Marta del castillo y el rescate del niño Julen y todos los demás a quien le echa la culpadel fracaso???
Más tonta y no nace.

A este post se le puede aplicar todo lo que se dice en él sobre Macarena Olona.

Macarena Olona es una abogada del Estado que durante su destino en el País Vasco descubrió graves casos de corrupción del PNV. El partido araniano se empleó a fondo contra ella hasta que logró que la removieran de allí (Rajoy fue el que le dio gusto a los hitlerines del Cantábrico). En sus nuevos destinos destapó casos de corrupción del PSOE y del PP hasta que fueron a por ella por los mismos motivos (la segunda vez la removió Pedro Sánchez). Se metió en VOX en respuesta a lo que le habían hecho y para seguir dando desde el Congreso la caña que no le dejaron dar unos y otros desde la Abogacía del Estado. Este es su historial. Pero en fin, luego vienen terroristas internáuticos, que no tienen ni p.ta idea de lo que dicen y no saben nada de lo que se cuece, que son más tontos y no nacen, que jamás han hecho un servicio al país del que tienen pasaporte, y se ponen a llamar terrorista a esta o aquella, sin saber ni quién es, simplemente porque molesta a su sectarismo.

Hay un hilo en el foro sobre Macarena Olona pre-política.



El Gobierno cesa a una funcionaria especializada en luchar contra la corrupción para evitar que declare en la Audiencia Nacional

La abogada del Estado Macarena Olona, que en Euskadi sacó a la luz casos que afectaban a cargos del PNV, investigaba el desvío de comisiones en una empresa del Ministerio de Agricultura


El día de Navidad de 2017, varios desconocidos asaltaban el despacho de la abogada del Estado Macarena Olona en Mercasa -una empresa pública del Ministerio de Agricultura sumergida en escándalos de corrupción- y robaban su ordenador y los de otros dos funcionarios. No fue un hurto común. Se trató de una operación realizada por profesionales que no dejaron ni un solo rastro y a los que casi un año después no se ha podido identificar. Según diversas fuentes, esta acción buscaba no solo la desaparición de pruebas sino también controlar la información que la abogada, secretaria general de Mercasa, estaba reuniendo en contra de los dirigentes investigados en la Audiencia Nacional. En las próximas horas, el Gobierno de Pedro Sánchez cesará a Macarena Olona en un intento de que no declare en una causa que afecta a personas vinculadas al PP y al PSOE y que investiga el pago de 20 millones de euros en comisiones ilegales. El cese supone un nuevo revés a una funcionaria considerada «incorruptible» por quienes le conocen y que ha hecho de la persecución de las corruptelas uno de sus objetivos vitales.

Macarena Olona es una joven abogada alicantina que ya vivió en el País Vasco lo que supone enfrentarse a la corrupción. En 2012 fue nombrada abogada del estado en Vizcaya y al año siguiente ascendía a letrada jefe en la Delegación del Gobierno. Desde su cargo impulsó algunas investigaciones que han sido claves a la hora de sacar a la luz casos de corrupción en Euskadi. Por ejemplo, la que condenó a un excargo del PNV que trabajó en el Gobierno de Juan José Ibarretxe por la quiebra fraudulenta de un depósito de purines que enterró 10,2 millones de euros procedentes de las Administraciones central y vasca.

La letrada había impulsado la investigación de este caso tras detectar varias irregularidades y llegó a declarar en el juzgado que la empresa que gestionaba los purines era «una cueva de bandidos». Olona se había implicóado en la causa de tal forma que, al enterarse de que un testigo clave no acudía a declarar, solicitó la ayuda de tres agentes de Aduanas, localizó al afectado y le comunicó su obligación de comparecer en la causa para evitar ser procesado por obstrucción a la Justicia. El testigo renuente se presentó en el juzgado.

Olona inició más investigaciones sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas. Algunas de sus pesquisas, como el sobrecoste de cinco millones de euros en el puerto guipuzcoano de Pasaia, fueron sobreseídas provisionalmente. De forma paralela, Olona se convirtió en la responsable de varios recursos legales contra normas del Gobierno vasco presentados por la delegación del Gobierno en Euskadi. Además, presentó cientos de demandas contra organizaciones de la izquierda abertzale por actos de enaltecimiento del terrorismo.

En 2017, Olona fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su cargo en el País Vasco para que pasara a trabajar como secretaria general en la empresa pública Mercasa. Este nombramiento colocaba a la abogada en el centro de una trama de corrupción que salpicaba en ese momento a cargos del PP. La empresa había estado gestionada por Pablo González, el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, a quien su relación con la 'operación Lezo' había llevado a la cárcel en la investigación por el pago de comisiones. El propio Pablo González había ingresado también en prisión preventiva. Este 'ascenso' de la abogada se producía en un momento político muy especial. El PNV y el PP acababan de pactar un acuerdo presupuestario en el País Vasco, donde el incansable trabajo de la letrada se había vuelto incómodo para algunos sectores nacionalistas. De la misma manera, situaba a una funcionaria tan especial en un puesto en el que se investigaba, por ejemplo, a un sobrino de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En febrero de este año, Macarena Olona fue premiada por la Fundación Hay Derecho por su labor contra la corrupción. Al recibir el galardón, la abogada del Estado realizó una de las escasas declaraciones públicas que ha llevado a cabo y denunció las presiones que había sufrido en Euskadi. Según explicó, en diversas instancias le habían instado a marcharse y dejar de investigar.

Lo que no sabía es que esa misma tormenta de presiones políticas y advertencias solapadas estaba a punto de estallar también en Madrid. Para entonces ya se había producido el asalto a su despacho. Sus investigaciones en Mercasa habían llegado no solo a cargos del PP sino que también afectaban a cargos socialistas. Entre los investigados se encontraba, por ejemplo, Alvaro Curiel, un técnico que trabajó para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que está imputado por supuestos pagos de sobornos al presidente de Angola.

Macarena Olona debía declarar el próximo 17 de octubre en la Audiencia Nacional y proporcionar datos sobre las distintas tramas que había detectado en Mercasa
. Ya había sido citada por los juzgados centrales como responsable legal de la empresa pública. Sin embargo, el nuevo presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre, ha decidido cesarla en ese cargo, según publica 'El Confidencial'. En una carta enviada al consejo de administración de Mercasa, la propia letrada ha denunciado las trabas que desde la nueva dirección de Mercasa se han puesto a su declaración en la Audiencia Nacional.

Pero este no es el único frente político que tiene abierto la letrada. El pasado mes de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez retiró el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy había presentado contra la Ley Vasca de Abusos Policiales, una norma impulsada por el PNV y que en Navarra ya ha sido declarada inconstitucional. La decisión de los socialistas buscaba allanar el camino a los acuerdos con el PNV, partido que acababa de prestar sus votos para la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Esta jugada, sin embargo, le puede salir mal al Ejecutivo socialista. Diversas asociaciones de víctimas y sindicatos policiales están presentando recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar la derogación de la ley. La abogada Macarena Olona, que en su día redactó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma del Gobierno vasco, es ahora la asesora de los colectivos que están denunciando la norma.


 
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A este post se le puede aplicar todo lo que se dice en él sobre Macarena Olona.

Macarena Olona es una abogada del Estado que durante su destino en el País Vasco descubrió graves casos de corrupción del PNV. El partido araniano se empleó a fondo contra ella hasta que logró que la removieran de allí (Rajoy fue el que le dio gusto a los hitlerines del Cantábrico). En sus nuevos destinos destapó casos de corrupción del PSOE y del PP hasta que fueron a por ella por los mismos motivos (la segunda vez la removió Pedro Sánchez). Se metió en VOX en respuesta a lo que le habían hecho y para seguir dando desde el Congreso la caña que no le dejaron dar unos y otros desde la Abogacía del Estado. Este es su historial. Pero en fin, luego vienen terroristas internáuticos, que no tiene ni p.ta idea de lo que dicen y no saben nada de lo que se cuece, que son más tontos y no nacen, que jamás han hecho un servicio al país del que tienen pasaporte, y se ponen a llamar terrorista a esta o aquella, sin saber ni quién es, simplemente porque molesta a su sectarismo.

Hay un hilo en el foro sobre Macarena Olona pre-política.



El Gobierno cesa a una funcionaria especializada en luchar contra la corrupción para evitar que declare en la Audiencia Nacional

La abogada del Estado Macarena Olona, que en Euskadi sacó a la luz casos que afectaban a cargos del PNV, investigaba el desvío de comisiones en una empresa del Ministerio de Agricultura


El día de Navidad de 2017, varios desconocidos asaltaban el despacho de la abogada del Estado Macarena Olona en Mercasa -una empresa pública del Ministerio de Agricultura sumergida en escándalos de corrupción- y robaban su ordenador y los de otros dos funcionarios. No fue un hurto común. Se trató de una operación realizada por profesionales que no dejaron ni un solo rastro y a los que casi un año después no se ha podido identificar. Según diversas fuentes, esta acción buscaba no solo la desaparición de pruebas sino también controlar la información que la abogada, secretaria general de Mercasa, estaba reuniendo en contra de los dirigentes investigados en la Audiencia Nacional. En las próximas horas, el Gobierno de Pedro Sánchez cesará a Macarena Olona en un intento de que no declare en una causa que afecta a personas vinculadas al PP y al PSOE y que investiga el pago de 20 millones de euros en comisiones ilegales. El cese supone un nuevo revés a una funcionaria considerada «incorruptible» por quienes le conocen y que ha hecho de la persecución de las corruptelas uno de sus objetivos vitales.

Macarena Olona es una joven abogada alicantina que ya vivió en el País Vasco lo que supone enfrentarse a la corrupción. En 2012 fue nombrada abogada del estado en Vizcaya y al año siguiente ascendía a letrada jefe en la Delegación del Gobierno. Desde su cargo impulsó algunas investigaciones que han sido claves a la hora de sacar a la luz casos de corrupción en Euskadi. Por ejemplo, la que condenó a un excargo del PNV que trabajó en el Gobierno de Juan José Ibarretxe por la quiebra fraudulenta de un depósito de purines que enterró 10,2 millones de euros procedentes de las Administraciones central y vasca.

La letrada había impulsado la investigación de este caso tras detectar varias irregularidades y llegó a declarar en el juzgado que la empresa que gestionaba los purines era «una cueva de bandidos». Olona se había implicóado en la causa de tal forma que, al enterarse de que un testigo clave no acudía a declarar, solicitó la ayuda de tres agentes de Aduanas, localizó al afectado y le comunicó su obligación de comparecer en la causa para evitar ser procesado por obstrucción a la Justicia. El testigo renuente se presentó en el juzgado.

Olona inició más investigaciones sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas. Algunas de sus pesquisas, como el sobrecoste de cinco millones de euros en el puerto guipuzcoano de Pasaia, fueron sobreseídas provisionalmente. De forma paralela, Olona se convirtió en la responsable de varios recursos legales contra normas del Gobierno vasco presentados por la delegación del Gobierno en Euskadi. Además, presentó cientos de demandas contra organizaciones de la izquierda abertzale por actos de enaltecimiento del terrorismo.

En 2017, Olona fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy en su cargo en el País Vasco para que pasara a trabajar como secretaria general en la empresa pública Mercasa. Este nombramiento colocaba a la abogada en el centro de una trama de corrupción que salpicaba en ese momento a cargos del PP. La empresa había estado gestionada por Pablo González, el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, a quien su relación con la 'operación Lezo' había llevado a la cárcel en la investigación por el pago de comisiones. El propio Pablo González había ingresado también en prisión preventiva. Este 'ascenso' de la abogada se producía en un momento político muy especial. El PNV y el PP acababan de pactar un acuerdo presupuestario en el País Vasco, donde el incansable trabajo de la letrada se había vuelto incómodo para algunos sectores nacionalistas. De la misma manera, situaba a una funcionaria tan especial en un puesto en el que se investigaba, por ejemplo, a un sobrino de la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En febrero de este año, Macarena Olona fue premiada por la Fundación Hay Derecho por su labor contra la corrupción. Al recibir el galardón, la abogada del Estado realizó una de las escasas declaraciones públicas que ha llevado a cabo y denunció las presiones que había sufrido en Euskadi. Según explicó, en diversas instancias le habían instado a marcharse y dejar de investigar.

Lo que no sabía es que esa misma tormenta de presiones políticas y advertencias solapadas estaba a punto de estallar también en Madrid. Para entonces ya se había producido el asalto a su despacho. Sus investigaciones en Mercasa habían llegado no solo a cargos del PP sino que también afectaban a cargos socialistas. Entre los investigados se encontraba, por ejemplo, Alvaro Curiel, un técnico que trabajó para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que está imputado por supuestos pagos de sobornos al presidente de Angola.

Macarena Olona debía declarar el próximo 17 de octubre en la Audiencia Nacional y proporcionar datos sobre las distintas tramas que había detectado en Mercasa
. Ya había sido citada por los juzgados centrales como responsable legal de la empresa pública. Sin embargo, el nuevo presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre, ha decidido cesarla en ese cargo, según publica 'El Confidencial'. En una carta enviada al consejo de administración de Mercasa, la propia letrada ha denunciado las trabas que desde la nueva dirección de Mercasa se han puesto a su declaración en la Audiencia Nacional.

Pero este no es el único frente político que tiene abierto la letrada. El pasado mes de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez retiró el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy había presentado contra la Ley Vasca de Abusos Policiales, una norma impulsada por el PNV y que en Navarra ya ha sido declarada inconstitucional. La decisión de los socialistas buscaba allanar el camino a los acuerdos con el PNV, partido que acababa de prestar sus votos para la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Esta jugada, sin embargo, le puede salir mal al Ejecutivo socialista. Diversas asociaciones de víctimas y sindicatos policiales están presentando recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar la derogación de la ley. La abogada Macarena Olona, que en su día redactó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma del Gobierno vasco, es ahora la asesora de los colectivos que están denunciando la norma.



Si es así como lo cuentas que pena que no la mandasen a Andalucía (comunidad con más retraso escolar y más paro)
No se que hacen tardando tanto para mandarla a que investigue los ERES de Andalucía, ahora que tiene colegas del Pp , Vox y Cs en el gobierno andaluz y con suerte se lo devuelven a los andaluces.

Las cifras de la mayor trama de corrupción de la Democracia: 679.412.179,09 euros de dinero defraudado en el caso de los ERE
 
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Podemos preparándose para la campaña de las elecciones vascas. De creerlos a ellos mismos, van a usar el sucio caso del vertedero para tratar de encontrar público en un momento electoral que no les beneficia.

 
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"Un foco de fuego se ha reavivado esta noche en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde hace dos semanas un gran desprendimiento de residuos provocó la desaparición de dos trabajadores.

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha informado por medio de las redes sociales de la reactivación del incendio, que es visible desde poblaciones del entorno, según ha podido comprobar Efe"