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Lo triste es que el acuerdo fue unánime, podrían haber votado no pero perderían el sillón y por lo que parece deben ser muy confortables
El presidente de Iberdrola anuncia el cierre de la central nuclear de Garoña
- Autorpedrogoera
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Lo triste es que el acuerdo fue unánime, podrían haber votado no pero perderían el sillón y por lo que parece deben ser muy confortables
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Me cito a mi misma para rectificar ya que las noticias decían que había sedo acuerdo unánime
Cristina Narbona: el aval a la central nuclear de Garoña es "retorcer las reglas del CSN"
Dice que no había “ninguna razón” para conceder un dictamen favorable a la prórroga de la central porque hay inversiones exigidas que no se han hecho
Considera “impúdico” que el CSN haga suya una propuesta de la patronal Unesa para desvincular las revisiones cada diez años de las licencias de explotación
Antonio M. Vélez
10/02/2017 - 16:54h
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Cristina Narbona, en una imagen de archivo.
El regulador da luz verde a la reapertura de Garoña en contra de sus propias directrices
- ETIQUETAS: Cristina Narbona, Garoña, CSN
La exministra socialista Cristina Narbona, única integrante del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que el pasado miércoles votó en contra del dictamen favorable (con condiciones) a la prórroga de la central nuclear de Garoña, cree que no había “ninguna razón” para conceder esa autorización para la eventual reapertura de la planta, parada por decisión de sus propietarias desde finales de 2012.
En el voto particular de Narbona a la votación del miércoles colgado este viernes en la web del CSN, la exministra subraya que Nuclenor (de Endesa e Iberdrola) “no ha cumplido, en su totalidad, los requisitos exigidos” en una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) emitida en julio de 2014, posteriormente reiterados por escrito al titular en una carta y reafirmados en octubre pasado por el propio presidente del CSN, Fernando Marti, en su primera comparecencia en el Congreso en casi dos años.
El argumento del resto de miembros del pleno y de la dirección técnica es que esas indicaciones no eran vinculantes.
Narbona advierte de que se trata de “modificaciones de diseño muy significativas desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, cuyo alcance, coste y dimensión conoce perfectamente Nuclenor desde hace casi una década”, porque se trata de reformas pendientes desde la prórroga que en 2009 le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Narbona añade que “es imposible que en el corto y medio plazo Garoña pueda operar a potencia [producir electricidad], dada la gran magnitud de las mejoras que aún le quedan por realizar”. En la explicación de su voto lamenta la “larga cadena de decisiones adoptadas desde 2013 por la mayoría del Pleno, siempre con el voto en contra de esta consejera, orientadas a facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña, y con ello iniciar la regulación de la operación a largo plazo del parque nuclear, hasta los 60 años de funcionamiento”.
En entrevista telefónica, Narbona reitera a eldiario.es que “no es verdad” que Nuclenor ya haya realizado la mayoría de obras que tiene pendientes, como afirmó el pasado miércoles el director técnico del CSN, Antonio Munuera: “Lo que tienen prácticamente acabado son los proyectos, pero la compra de los equipamientos, no”.
¿Tras este dictamen, si finalmente Garoña no se abre, tendremos que indemnizar a Endesa e Iberdrola?
No. Para eso tendría primero que dar el Ministerio [de Energía] la autorización administrativa. Nadal ha dicho que serán seis meses de diálogo social y político, cosa sorprendente: nosotros cerramos el tema y ahora el ministerio se toma seis meses, algo que no ha pasado jamás. Es un síntoma de que Garoña es moneda de cambio para otras cosas. Pero no surge un derecho económico hasta que el Gobierno no dé la autorización administrativa para la prórroga. Otra cosa es que se conceda y luego, si hay elecciones anticipadas, llegue otro gobierno que paralice la reapertura. Ahí sí surgiría la lógica reclamación por parte de la empresa.
¿Y si luego se cierra el resto de nucleares, habrá indemnizaciones?
Esto es el primer ladrillito de la casa. A continuación le toca al Gobierno. Y una vez que el Gobierno decida, ellas [las eléctricas] dirán si les sale a cuenta. Entretanto, nosotros cambiamos guía de seguridad, decimos al titular que haga una cosa y luego que ya no es necesario… esto es retorcer las reglas del CSN. Hay que plantearse qué mensaje se está mandando a la sociedad.
Su compañera de partido y vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, se ha aliado con el PP en las votaciones. ¿Qué le parece?
Yo, desde el principio, llevo cuatro años en minoría absoluta en el CSN. Pero no representamos el PSOE, este es el partido nos propone, lo traslada al parlamento y nos votan tres quintos. Está claro que nuestro nombramiento tiene un origen, las dos somos militantes del PSOE. A nivel personal, cada una podemos tener una opinión sobre la energía nuclear, pero la ley exige que seamos neutrales. Eso en la práctica sólo me aplica a mí: el otro día, el consejero catalán catedrático energía nuclear [Javier Dies, nombrado por el PP] ponía como ejemplo que EEUU quiere alargar a 80 años la vida de las centrales. Eso es faltar a la neutralidad. Los miembros del pleno no deberíamos hacer argumentos que tuvieran que ver con estar a favor o en contra de esta energía. Charo dice que se cree a pies juntillas lo que le ponen por delante los técnicos. Pero el cuerpo técnico está dividido. Hay una parte que ha hecho una denuncia que se parece bastante a mis argumentos. Hay muchos técnicos que creen que la propuesta de dirección técnica no ha sido muy exigente. Por otro lado, si todo lo que dicen los técnicos está bien, ¿para qué está el pleno?
El CSN está a punto de disociar las revisiones periódicas de las centrales, que se hacen cada diez años, de las licencias, que hasta ahora se hacían de forma simultánea. Usted reveló que esa propuesta salió de la patronal eléctrica, Unesa, para facilitar la reapertura de Garoña.
Sí. Es impúdico.
¿Está el CSN secuestrado por las eléctricas?
Lo único que puedo decirle es que debemos tomar decisiones que estén plenamente justificadas y, en este caso y en el de Garoña, no veo justificación. Y me sorprenden las prisas cuando a la planta para volver a operar le queda como un año y medio, según los propios técnicos. A lo mejor es porque alguien teme nuevas elecciones.
Guía de artimañas para reabrir una central nuclear en España
La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio
Iker Armentia
10/02/2017 - 19:22h
La central nuclear de Garoña
La central nuclear de Garoña debía cerrar en julio de 2013 pero lo hizo a finales de 2012 porque no era rentable. La empresa Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) tomó la decisión pocos días antes de que empezara el nuevo año que amenazaba con impuestos millonarios para el combustible nuclear "hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal", según palabras de la propia empresa.
Garoña cerró un año después de cumplir sus 40 años de vida útil. Los riesgos derivados de su antigüedad, su papel residual en la generación de energía en España y el vencimiento de la vida útil recomendaban echar la persiana.
Zapatero pudo haber aprobado el desmantelamiento definitivo de Garoña en 2011, pero lo evitó y autorizó una prórroga de dos años. Los suficientes para no molestar a las eléctricas y permitir que el PP –que llegó a la Moncloa en 2011– comenzara la larga marcha hasta el despropósito que hemos vivido esta semana.
Para febrero de 2014, con la central parada, el Gobierno de Rajoy ya había armado una normativa a la carta que permitiera a las eléctricas reclamar legalmente la reapertura de Garoña. Lo llamaron Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado, por no llamarlo Real Decreto de las Eléctricas Mandan Más que Rajoy y Zapatero Juntos.
Los obstáculos políticos se habían salvado e Iberdrola y Endesa no tardaron en responder a la mano tendida del Gobierno: apenas tres meses después anunciaron la solicitud de reapertura hasta el año 2031, 20 años más de los previstos para la central.
La siguiente barricada que había que retirar de la calle era el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo regulador encargado de emitir un informe sobre la reapertura. Si el informe era negativo, el Gobierno no podría autorizar la puesta en marcha de Garoña; en caso de que el informe fuera favorable, el Ministerio de Economía tendría la última palabra.
En octubre de 2015 el PP dio un golpe de estado encubierto en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que tenía que decidir sobre Garoña. A pesar del rechazo político de la oposición y tirando de nuevo de un decreto, el Gobierno de Rajoy sustituyó a un consejero de CIU por uno del PP que pasaba a controlar tres de los cinco consejeros del pleno del CSN. El camino quedaba despejado.
Mientras tanto, la tensión crecía dentro del Consejo de Seguridad Nuclear. Un grupo de técnicos del CSN asociados en ASTECSN denunciaba “presiones inadmisibles” por parte de sus superiores. "Cuando el rigor en el trabajo lleva a conclusiones que son contrarias a las solicitudes de los titulares (las compañías eléctricas), surgen esas presiones inadmisibles", afirmaban en un comunicado. Por si acaso, el CSN ponía el candado sobre los informes que se estaban realizando. El silencio y el temor estaban instalados entre los trabajadores del CSN.
Y, pese a todas las presiones, un técnico dejó constancia en una carta de abril de 2015 que para que el CSN emitiera su informe sobre la solicitud de Nuclenor, la empresa tenía que realizar, como requisito previo, una serie de mejoras de seguridad en la central. Sin esas mejoras, no habría informe.
Pero Nuclenor no realizó las mejoras de seguridad y el CSN ha aprobado el informe favorable, algo que nunca debió suceder. En el dictamen técnico analizado por el pleno del CSN se certifican esos incumplimientos pero, a renglón seguido, aparece una frase que dice que esas faltas "quedan fuera del alcance de la presente propuesta de dictamen". Fin del problema.
Algunos técnicos del CSN alertaron del escándalo pero no fueron escuchados.
Ya solo quedaba votar y esta semana el PP se ha impuesto con la ayuda de una consejera del PSOE alineada con los consejeros populares (y el silencio cómplice de la Gestora del PSOE). El único voto crítico ha sido el de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, la otra consejera socialista, a quien el presidente del consejo, Fernando Martí, había acusado con anterioridad de "menoscabar la credibilidad del CSN" por no ceder a las presiones y votar con el resto.
Ahora la decisión está en manos del Ministerio de Economía. Varios medios de comunicación han publicado que Iberdrola y Endesa no tienen intención de abrir Garoña porque las mejoras de seguridad en la ajada central son muy caras. ¿Por qué entonces han pedido la reapertura? Es difícil saberlo: puede que estén jugando la carta de una compensación económica por no reactivar la central o puede que esta victoria sea una pieza más del juego de intereses de las eléctricas y el PP para ampliar –sin un debate público y transparente– la vida de todo el parque nuclear español. O puede que reabran Garoña.
La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico y administrativo, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio.
http://www.eldiario.es/norte/almargen/Garona-nucleares_6_610748951.html
La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio
Iker Armentia
10/02/2017 - 19:22h
La central nuclear de Garoña
La central nuclear de Garoña debía cerrar en julio de 2013 pero lo hizo a finales de 2012 porque no era rentable. La empresa Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) tomó la decisión pocos días antes de que empezara el nuevo año que amenazaba con impuestos millonarios para el combustible nuclear "hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal", según palabras de la propia empresa.
Garoña cerró un año después de cumplir sus 40 años de vida útil. Los riesgos derivados de su antigüedad, su papel residual en la generación de energía en España y el vencimiento de la vida útil recomendaban echar la persiana.
Zapatero pudo haber aprobado el desmantelamiento definitivo de Garoña en 2011, pero lo evitó y autorizó una prórroga de dos años. Los suficientes para no molestar a las eléctricas y permitir que el PP –que llegó a la Moncloa en 2011– comenzara la larga marcha hasta el despropósito que hemos vivido esta semana.
Para febrero de 2014, con la central parada, el Gobierno de Rajoy ya había armado una normativa a la carta que permitiera a las eléctricas reclamar legalmente la reapertura de Garoña. Lo llamaron Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado, por no llamarlo Real Decreto de las Eléctricas Mandan Más que Rajoy y Zapatero Juntos.
Los obstáculos políticos se habían salvado e Iberdrola y Endesa no tardaron en responder a la mano tendida del Gobierno: apenas tres meses después anunciaron la solicitud de reapertura hasta el año 2031, 20 años más de los previstos para la central.
La siguiente barricada que había que retirar de la calle era el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo regulador encargado de emitir un informe sobre la reapertura. Si el informe era negativo, el Gobierno no podría autorizar la puesta en marcha de Garoña; en caso de que el informe fuera favorable, el Ministerio de Economía tendría la última palabra.
En octubre de 2015 el PP dio un golpe de estado encubierto en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que tenía que decidir sobre Garoña. A pesar del rechazo político de la oposición y tirando de nuevo de un decreto, el Gobierno de Rajoy sustituyó a un consejero de CIU por uno del PP que pasaba a controlar tres de los cinco consejeros del pleno del CSN. El camino quedaba despejado.
Mientras tanto, la tensión crecía dentro del Consejo de Seguridad Nuclear. Un grupo de técnicos del CSN asociados en ASTECSN denunciaba “presiones inadmisibles” por parte de sus superiores. "Cuando el rigor en el trabajo lleva a conclusiones que son contrarias a las solicitudes de los titulares (las compañías eléctricas), surgen esas presiones inadmisibles", afirmaban en un comunicado. Por si acaso, el CSN ponía el candado sobre los informes que se estaban realizando. El silencio y el temor estaban instalados entre los trabajadores del CSN.
Y, pese a todas las presiones, un técnico dejó constancia en una carta de abril de 2015 que para que el CSN emitiera su informe sobre la solicitud de Nuclenor, la empresa tenía que realizar, como requisito previo, una serie de mejoras de seguridad en la central. Sin esas mejoras, no habría informe.
Pero Nuclenor no realizó las mejoras de seguridad y el CSN ha aprobado el informe favorable, algo que nunca debió suceder. En el dictamen técnico analizado por el pleno del CSN se certifican esos incumplimientos pero, a renglón seguido, aparece una frase que dice que esas faltas "quedan fuera del alcance de la presente propuesta de dictamen". Fin del problema.
Algunos técnicos del CSN alertaron del escándalo pero no fueron escuchados.
Ya solo quedaba votar y esta semana el PP se ha impuesto con la ayuda de una consejera del PSOE alineada con los consejeros populares (y el silencio cómplice de la Gestora del PSOE). El único voto crítico ha sido el de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, la otra consejera socialista, a quien el presidente del consejo, Fernando Martí, había acusado con anterioridad de "menoscabar la credibilidad del CSN" por no ceder a las presiones y votar con el resto.
Ahora la decisión está en manos del Ministerio de Economía. Varios medios de comunicación han publicado que Iberdrola y Endesa no tienen intención de abrir Garoña porque las mejoras de seguridad en la ajada central son muy caras. ¿Por qué entonces han pedido la reapertura? Es difícil saberlo: puede que estén jugando la carta de una compensación económica por no reactivar la central o puede que esta victoria sea una pieza más del juego de intereses de las eléctricas y el PP para ampliar –sin un debate público y transparente– la vida de todo el parque nuclear español. O puede que reabran Garoña.
La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico y administrativo, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio.
http://www.eldiario.es/norte/almargen/Garona-nucleares_6_610748951.html