El Pazo de Meirás

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El alcalde de Sada urge al Gobierno a iniciar una demanda civil para que el Pazo de Meirás sea patrimonio público

  • Portela reclama al Gobierno el "mismo interés" para el Pazo que para el Valle
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Benito Porela, a la izquierda. Imagen: Europa Press

  1. Europa Press
4/08/2018 - 15:46


El alcalde de Sada, Benito Portela, ha urgido al Gobierno a que presente la demanda civil que permita incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás, ubicado en este municipio coruñés, después de que la familia Franco haya vuelto a poner el histórico inmueble, que fue residencia de verano de Francisco Franco, a la venta por ocho millones de euros.



Benito Portela, alcalde con la formación Sadamaioría, ha asegurado que el paso dado por los Franco para poner de nuevo a la venta el Pazo es "la consecuencia" del acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, adoptado en julio, que instaba al Gobierno a que iniciase las acciones legales para la recuperación pública del inmueble.

"Pienso que ven que es probable que el Pazo acabe siendo patrimonio público y es una estrategia ante esto", ha argumentado. En todo caso, Benito Portela ha recordado que "la venta está muy limitada por la declaración de BIC --Bien de Interés Cultural-- del Pazo y por el Plan urbanístico de Sada".


A través de un comunicado, la administración local ha añadido que "ante la persistencia de la familia Franco en la venta del Pazo, el Ayuntamiento de Sada insta al Gobierno del Estado" a la presentación inmediata de la demanda civil ante el Juzgado de Betanzos y a "su anotación preventiva en el registro de la propiedad", tal y como se acordó unánimemente en el pleno del Parlamento de Galicia el 11 de julio.

"No hay tiempo que perder"
"El gobierno del Estado no puede tolerar pasivamente la continuidad de la detentación por los Franco de la propiedad del Pazo. No hay tiempo que perder", ha declarado Benito Portela. "La presentación inmediata de una demanda judicial civil y su anotación preventiva en el Rexistro, son exigencias democráticas que el Gobierno del Estado debe cumplir", ha agregado en el comunicado de prensa.

El gobierno local de Sada exige que "dar solución" tanto al Valle de los Caídos como al Pazo de Meirás tengan el "mismo nivel de interés y atención" por parte del Gobierno del Estado.

Así, el ejecutivo local sostiene que "tanto en un caso como en el otro, se tiene que poner "fin a la vergüenza y a la reparación de la memoria histórica".

En el caso concreto del Pazo, la administración local insiste en que el objetivo es que se incorpore al patrimonio público y se "expulse a los Franco de una propiedad" que, añade, "fue obtenida indebidamente de forma ilícita y fraudulenta, tal y como acreditan los distintos informes emitidos --históricos y jurídicos-- y que ya conoce la administración general del Estado".

En esta línea, el Ayuntamiento recuerda la proposición aprobada en el Parlamento de Galicia, en la que se insta a la Xunta a que remita "urgentemente" el Informe de la Comisión de Expertos nombrada por la Consellería de Cultura, a la Administración general del Estado con la petición de que se realicen las acciones legales para reintegrar las 'Torres o Pazo de Meirás' al ámbito público.

Asimismo, la proposición instaba a la Xunta a incorporarse al proceso civil como coadyuvante adhesiva y declaraba, el Parlamento, su voluntad de que la recuperación del Pazo no implicase un nuevo coste para "el pueblo de Galicia".

Desde el Ayuntamiento se elogia además el "importante trabajo realizado desde hace años por historiadores e historiadoras, asociaciones de la memoria histórica, a la Xunta pro devolución del Pazo de Meirás, e institucións como la Diputación de A Coruña.
si asi fuera ya lo habrían expropiado hace muchos años pero no lo hicieron porque no pueden, además existe una cosa que se llama derecho de usucapión,
 
ESPAÑA
"España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya"


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia "la doble vara de medir" del Gobierno respecto a las víctimas
ELPLURAL.COMDomingo,

Trabajos de exhumación en El Álamo




La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denuncia que el Gobierno incumple sus deberes en materia de derechos humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos, este 30 de agosto. La asociación recuerda que España es "el segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya, hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes, algunas con más de mil personas dentro, sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familias".

"El Estado español ha ratificado todas las resoluciones y convenciones sobre la desaparición forzada que se han planteado en la Asamblea de la ONU, así como las convenciones dirigidas a la erradicación de los desaparecidos. En la transición existieron comisiones en el Congreso y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, pero las víctimas de la dictadura siguen a la espera de un Gobierno que se comprometa sin excepciones con los derechos humanos", afirma la asociación en un comunicado.

La organización denuncia que "durante la transición se quiso barrer bajo la alfombra de la historia" y recuerda que fue en el año 2000 cuando "comenzó a desvelarse en toda su extensión cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa de víctimas de la represión franquista en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo".

"Desde el año 2000 se han llevado a cabo cerca de 300 exhumaciones de fosas, en las que se han recuperado 6.200 cuerpos. Esa labor se ha llevado a cabo, en el caso de la ARMH, gracias al esfuerzo y los recursos de más de 700 voluntarios, de veinte nacionalidades, que en estos quince años han sentido la responsabilidad de ayudar a las familias de la represión franquista", añade el comunicado.

La asociación subraya que "las víctimas de la dictadura del general Franco viven además un maltrato humillante por parte del Estado que mantiene calles y monumentos enalteciendo a responsables de la represión de la dictadura, que renuevan títulos nobiliarios concedidos por el dictador a criminales de guerra (Mola, Queipo de Llano,...) y que obliga a las víctimas a pagar con sus impuestos la tumba mausoleo del dictador".

"La ARMH ha visto recientemente cómo la Fiscalía General del Estado no veía causa por la que investigar en las pruebas presentadas sobre delitos de apología, enaltecimiento y negacionismo de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. El mismo Estado que rechaza cualquier investigación para dilucidar la desaparición de 114.226 civiles y que no protege a las víctimas, actúa en otros casos de oficio. Esa doble vara de medir no puede formar parte de un gobierno democrático que debe atender a las víctimas de graves delitos sin excepciones", concluye el comunicado de la ARMH.
 
La juez declara al Estado propietario del pazo de Meirás y obliga a los Franco a devolverlo
La magistrada Marta Canales estima íntegramente la demanda interpuesta por el Gobierno de Sánchez contra los nietos del dictador
Visitantes en el Pazo de Meirás.
Visitantes en el Pazo de Meirás.GABRIEL TIZÓN
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SILVIA R. PONTEVEDRA
Santiago - 02 SEP 2020 - 04:03 CST
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento durante décadas. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada (donde se encuentra el palacete), el de A Coruña y la Diputación Provincial se personaron secundando a la Abogacía del Estado contra los seis nietos del dictador y su sociedad Prístina, SL.

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. El mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo “del Caudillo”, formada por prohombres del régimen, en plena Guerra Civil, para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. “Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado”, argumenta la juez de A Coruña. “Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten”, dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación “no arroja dudas”, pues todos se refieren “al caudillo”.
La juez concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, por lo que es nula. Este título era el que defendían como válido los herederos y por el que Franco, a título particular, logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad de Betanzos. Era el único título de compraventa conocido hasta que hace algo más de un año los abogados del Estado en A Coruña localizaron otra acta notarial del 38, la correspondiente a la compra realizada por la Junta Pro Pazo. Con este documento novedoso en la mano, el Gobierno planteó la demanda en julio del año pasado, bajo la tesis de que una propiedad no podía ser vendida dos veces por el mismo propietario original, en este caso la nuera viuda de la escritora Emilia Pardo Bazán.
Cerca de dos meses después de celebrarse el juicio, y en una sentencia de 390 folios, Canales no acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco en 1941 con la intermediación de su fiel allegado Pedro Barrié de la Maza, dueño del Banco Pastor y de Fenosa. La juez la califica de “ficción” llevada a cabo “con el solo objeto de poner el bien a su nombre”.
“Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga”, resuelve tajante la magistrada en su fallo. “La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval, como madre del nieto de Pardo Bazán] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra”, insiste.
Propiedad incorporada de “mala fe”
En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio, es decir, la restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble, la magistrada entiende que no es posible, porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco “de mala fe”. Esa “mala fe” se materializa “cuando, tras aceptar el caudillo la donación del pazo de Meirás, en su calidad de jefe del Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro, sin mediar precio alguno”, vuelve la juez sobre la misma idea. Marta Canales recuerda además que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival, que fue mantenida y administrada como residencia oficial del jefe de Estado: “El pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al palacio de El Pardo”, equipara en su resolución. Los nietos del dictador blandieron en el juicio una serie de gastos asumidos entre finales del siglo XX y principios del XXI, cuando su madre, Carmen Franco Polo, decidió rehabilitar parcialmente la mansión ubicada en el municipio coruñés de Sada, que había sufrido graves daños en un incendio en 1978. Sin embargo, en las sesiones no se concretó la cifra gastada en las obras.
Sobre el momento en el que se presenta la demanda (en julio de 2019, por el Gobierno de Pedro Sánchez y justo cuando se mantenía el pulso con los nietos del generalísimo por su exhumación del Valle de los Caídos), que los letrados de la familia Franco tachaban de retraso desleal, la magistrada también se alinea con el Estado. “La posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años”, explica, algo que “responde a una madurez de nuestro sistema democrático”. En todo este tiempo, destaca Canales, el Estado “nunca renunció a sus derechos” y ahora al fin ha demostrado “la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados” y ha “acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño”.
Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en un un acta notarial de noviembre de 1982. No obstante, la sentencia todavía no es firme y los abogados de los Franco pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.


 
No sabía de la existencia de este hilo, ya que no suelo pasarme por Tribuna Política.
Pero tengo que decir que estoy muy contenta por esta sentencia.
Seguro que recurriran hasta donde puedan y más, pero el Pazo de Meirás es del pueblo no de los Franco.
 
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