El maltrato a la Guardia Civil por su Directora e Interior

Condenada a prisión una agente de la Guardia Civil tras denunciar “acoso y derribo” de su superior​

La condena, muy criticada, ha sido pedida por el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla debido a un escrito que remitió al comandante de la Guardia Civil que instruía varios expedientes disciplinarios abiertos a la agente, en los que informaba del “acoso y derribo” al que se veía sometida tras negarse a cumplir su orden de rebajar protección a una víctima de violencia de género

Por
Alba González.

1 de marzo de 2021 18:00

Agente Guardia Civil prisión acoso superior

En 2017, la agente de la Guardia Civil María Luisa Flores se negaba a acatar la orden de un mando superior de rebajar el riesgo a una víctima de violencia de género que había recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de su pareja, quien también había amenazado a otros compañeros del cuerpo e, incluso, provocado daños en uno de los vehículos.

Desde entonces, sufre lo que ella misma denomina una situación de “acoso y derribo”, ya que dicho instructor no ha cesado de abrirle expedientes disciplinarios. Tras la negativa, fue obligada a asistir ante los servicios médicos de la Comandancia “en contra de su voluntad” y, a pesar de la inexistencia de causas que lo justificaran, emitieron una parte de baja por estrés laboral.

No fue la única vez. Tras no acudir a dichos reconocimientos médicos, la mayoría archivados, la Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal ha considerado las acciones como una “falta muy grave”. A ello se suma un escrito, a modo de recurso, que la agente remitió al mismo comandante encargado de instruir el caso donde informaba de las praxis del mando implicado. En él, describía que "cada vez que se ha mostrado como instructor, lo ha hecho de forma descuidada y poco aseada, con mal olor y un cerco de sudor bastante desagradable bajo ambos brazos, manchando así toda la uniformidad de este Cuerpo y detrimentando la misma con un fétido olor, siendo bastante desagradable para la pulcra encartada", según la diligencia a la que ha tenido acceso 20minutos.

Ahora, piden a al agente 9 meses de prisión y la suspensión del empleo por un delito de injurias a un superior. Decisión muy criticada en las esferas militares que aseguran una “increíble utilización” del Código Penal Militar.

 

Acusan de prevaricación y omisión del deber a un Jefe de Policía por archivar sin investigación una denuncia por homofobia​

Así lo ha denunciado un miembro de la Agrupación Reformista de Policía (ARP) ante los hechos que presenció en Santa Cruz de la Palma, donde el Jefe local de la Policía Judicial ordenó a un subordinado archivar un atestado sobre una agresión homófoba sin abrir siquiera investigación

Por
Alba González.

2 de marzo de 2021 21:00

Denuncian Jefe de Policía archivar delito de odio homófobo

“La denuncia interpuesta por ARP se refiere a la presunta orden por escrito que habría dado dicho Jefe local de Policía judicial a un subordinado para que procediera al archivo de un atestado iniciado por la denuncia de un ciudadano que habría sufrido maltrato de obra y un presunto delito de odio por motivo de la orientación sexual”, puede leerse en el comunicado emitido por ARP donde informan de la denuncia presentada.

Alegan, además, que la orden para archivar el atestado se dio “inmediatamente después de que la víctima denunciara el hecho y sin practicar diligencia de investigación alguna ni remitir al Juzgado”.

Los acontecimientos se desarrollaron en la Comisaría Local de Santa Cruz de La Palma, en Santa Cruz de Tenerife, y fueron presenciados por uno de los miembros del sindicato. Ante esto, han denunciado al Jefe local de la Policía Judicial por un presunto delito de “prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos” ya que privó a la víctima del derecho a la tutela judicial efectiva al no trasladar el caso a la autoridad judicial competente. A la vez, le acusan de atribuirse facultades que “solo corresponden al Juez Instructor y al Ministerio Fiscal”.

Ahora, el agente y miembro de ARP teme represalias, por lo que desde el sindicato han solicitado protección y, según ha podido saber LÚH, han apelado en varias instancias, tanto policiales como gubernamentales, a que se active el protocolo interno en la Comisaría afectada.

En concreto, han remitido comunicaciones a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, al Director General de la Policía e, incluso, han apelado a la atención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la gravedad de los hechos de los que, dicen, no son tan aislados como deberían y ocurren en más ocasiones de las exigibles en democracia. Señalan, además, que son promovidos por altos mandos que basan sus actuaciones en prejuicios raciales, de género, de orientación sexual, ideológicos o religiosos.


Democracia plena lo llaman.
 
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