El juez del caso Dina denuncia una campaña de desprestigio e intimidación
- Autorpedrogoera
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Mentira.
Y lo del CGPJ lo hizo igual Hugo Chávez
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Y lo del CGPJ lo hizo igual Hugo Chávez
Venezuela: Hugo Chávez cambió la ley en 2004 para controlar el Poder Judicial como quieren PSOE y Podemos
Sánchez e Iglesias quieren rebajar la mayoría de tres quintos a absoluta, mientras el régimen de Hugo Chávez pasó de dos terceras partes a mayoría simple.
okdiario.comAlgunas notas y preguntas sobre el caso "Dina"
ANTONIO SEOANE
12 DE OCTUBRE DE 2020, 10:42
ALGUNAS NOTAS
1.- La sumisión de los jueces a lo acordado en recurso por los Tribunales Superiores.
Los jueces en virtud del principio de independencia gozan de amplia discrecionalidad en la adopción de sus resoluciones. En contrapartida, estas deben ser razonadas, estrictamente justificadas. Esta exigencia se cumplimenta en España ordinariamente con mayor amplitud que en muchos países de nuestro entorno. Somos un país en que los jueces escriben y escriben. Escriben mucho. A veces, sin embargo, se sustituye el razonamiento por los “corta y pega”, una simulación del cumplimiento de ese deber. A veces la extensión del razonamiento se utiliza para ocultar la falta de razón.
Esa discrecionalidad se diluye y desaparece cuando la cuestión ha sido objeto de resolución por el superior Tribunal que revisa sus resoluciones. Son las reglas del juego. Donde manda capitán, no manda marinero. Las resoluciones dictadas por los Tribunales superiores han de ser eficaces y no pueden quedar a criterio del revisado.
Así sucede con todo rigor en los supuestos en que concurre la llamada “cosa juzgada”: si el Tribunal revisor ha resuelto una cuestión con carácter definitivo, el revisado no puede seguir manteniendo su personal criterio. La insumisión y el mantenimiento de la misma decisión es un acto disfuncional y de prepotencia que se sanciona ordinariamente por el CGPJ como “dilación indebida en la administración de justicia”. En algún caso incluso se ha deducido responsabilidad penal (asunto Gómez de Liaño, en el que este Juez se empeñó contra decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en quitar el pasaporte a Polanco, lo que le costó su condena penal y expulsión de la carrera judicial, revisada luego por el TEDH).
Pero también cuando el enjuiciamiento por el Tribunal superior no es definitivo pero establece condiciones al inferior. Esto es lo acontecido en el asunto Dina. La Sala devuelve a Pablo Iglesias la condición de perjudicado porque no ve indicios de delito en su conducta y deja sin efecto la de investigado que le atribuyó el instructor.
El Auto de la Sala advierte a éste además que, si en virtud de la posterior actividad probatoria aparecieran esos indicios, la instrucción no le correspondería sino al Tribunal Supremo por la condición de aforado del investigado. Y el instructor en un acto de clara rebeldía e insumisión eleva información razonada al Tribunal Supremo. Sin nueva actividad probatoria que justifique esta decisión. Saltándose la conclusión de la Sala de que no hay actualmente indicios. El Juez actúa como si fuera una parte, como recurrente. Pretende que el Tribunal Supremo revise la decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional y apoye su decisión inicial.
2.- El delito de denuncia falsa (art. 456 Cp.), que es uno de los delitos que el Instructor imputa a Pablo Iglesias, requiere la finalización de una causa basada en una denuncia cuya falsedad consta acreditada.
Es requisito de procedibilidad que la causa incoada haya terminado por sentencia absolutoria o por auto de sobreseimiento libre o provisional, siendo estas resoluciones firmes. Así quedó establecido tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de Mayo de 1983.
Esta Sentencia dejó sin efecto un segundo requisito histórico: el Juez que conocía de la causa incoada debía deducir testimonio (solicitar/autorizar) su persecución.
Es obvio que ni hay Sentencia ni Auto de sobreseimiento en cualquiera de sus clases. Y todo lo que se diga, haga o resuelva en esta materia se hace, dice o resuelve en barbecho.
3.- La llave de la acción penal.
Se contaba en la comarca de La Vera que un Juez instructor encarceló (imagino que en realidad debió “detener” y mantener en los calabozos) a su cuñado porque le había levantado una cama de perdices que él tenía vista. Sea cierto o no este relato, la tentación del Juez es la soberbia y la utilización de su poder en beneficio propio o como se le quiera llamar. En realidad, alguien con buen sentido del humor dijo que las oposiciones aprobadas eran un “modo de adquirir” la propiedad, que debería constar como tal en el Código civil.
Los revolucionarios franceses se propusieron atar en corto a los jueces en defensa de la Ley y les privaron de la llave de la acción penal. En su virtud los jueces no pueden iniciar actuaciones contra nadie de proprio motu. Es necesaria la denuncia o querella de la Fiscalía o de parte. Y ese principio ha sido asumido por cualquier régimen que se pretenda democrático.
En el mal llamado caso Dina, el Juez instructor actúa contra Pablo Iglesias sin que nadie le haya abierto esa puerta. La Fiscalía se ha opuesto y Villarejo, Inda y compañía no han denunciado. Está de cacería. Porque su argumentación de que la denuncia de Dina le autoriza a investigar decae desde el momento en que la Sra. Bousselham denuncia a Villarejo y a Inda por la sustracción de su teléfono y violación de secreto consistente en la publicación en Ok Diario de información confidencial guardada en su móvil. Es difícil ver en qué forma esos delitos podrían ser imputados a Pablo Iglesias. Ni la sustracción, ni la publicación.
4.- Concurre una instrumentación de la causa con manejo de los tiempos y las actuaciones.
La cuestión es grave. Porque la Sra. Bousselham, ha declarado públicamente que no quiere proceder contra Pablo Iglesias y ha pedido declararlo ante el Juez para que conste en las actuaciones penales. Pero el Juzgado rehúsa su citación y la retrasa. Por muchos años que el instructor haya pasado fuera de su Juzgado, montar en bicicleta no se olvida. Y sabe que la declaración de Dina en tal sentido le privaría de la coartada, que no de la razón, que nunca la ha tenido, para mantener una “bella causa” con hondo contenido político. No es posible que Pablo Iglesias sea investigado por violación de secreto contra la voluntad de la perjudicada.
5.- La causa que mantiene está absolutamente subjetivizada.
Descarrillada por ese subjetivismo del instructor que parece obviar el objeto de la misma y se entretiene en convertirla en lo que a él le gustaría que fuese.
Me remito a los interesantísimos artículos publicados en estos días por Claver o Beni. No se los pierdan. La curiosa trayectoria político/judicial de García-Castellón. Su curiosa consideración con Villarejo e Inda que excede del respeto a su presunción de inocencia, atribuyéndoles una honorabilidad en la que sólo debe creer él, que es quien menos puede hacerlo porque tiene todos los datos objetivos sobre su mesa (incluyendo el último de los audios conocidos en que Villarejo reconoce el apuñalamiento de la Dra. Pinto). La pertinaz obcecación, el trastorno obsesivo compulsivo con Pablo Iglesias…
El instructor debería haberse abstenido. Es un deber judicial cuando se está contaminado. La infracción de ese deber es sancionable disciplinariamente y en algunos casos podrían rebasarse las líneas de la responsabilidad penal.
ALGUNAS PREGUNTAS.-
1ª.- ¿Tras 17 años fuera de su Juzgado, en París y Roma con un sueldo que doblaba el de un Juez común, con casa pagada en el centro de estas maravillosas ciudades, con gastos de representación, dietas y viáticos, con viajes pagos, por qué dejó el puesto para reintegrarse a la dirección estresada de un Juzgado colapsado de carga de trabajo, doblemente reforzado, con el sueldo normal de un Juez sin otras compensaciones complementarias?
2ª.- ¿Volvió voluntariamente? ¿Lo hizo porque había que quitar de en medio a Eloy Velasco, como pedía en el famoso audio Ignacio González? ¿Qué le prometieron? ¿Cumplieron lo prometido? O, por el contrario, ¿le obligaron?
3ª.- ¿Cómo es posible que el CGPJ autorice el pluriempleo como docente en el Centro Universitario privado Ramón Areces, vinculado a la Fundación de El Corte Inglés, de un Juez que ocupa un Juzgado de esa relevancia y con esa carga de trabajo? ¿Se trata de una compensación a su pérdida de ingresos por la vuelta a España? Desde luego ese Centro y la CUNEF, la Universidad de la AEB, la Patronal bancaria, pagan bien, extraordinariamente bien. Por lo menos a los jueces que tienen en plantilla.
4ª.- Siendo sabido que hay dos formas de promocionarse de forma digamos rápida y que la primera es ser servicial y la segunda convertirse en un incordio, ¿la aparente dureza del instructor con el PP, que se viene argumentando en su descargo, es fruto del ejercicio de su independencia judicial o por el contrario tiene que ver con las anteriores tres preguntas?
5ª.- Teniendo en cuenta que fue criado a los pechos del lobby PP-APM que lo llevó siendo un ternasco a los Juzgados Centrales de Instrucción primero como sustituto, luego como titular utilizando como méritos los años y la experiencia como sustituto y luego lo paseó por Europa en una tourné que ya la quisiera para sí cualquiera de nuestras famosas folclóricas ¿estamos ante un fallo del sistema o un acto de infidelidad?
Si yo tuviera que buscar respuesta a estas complejas preguntas, no me complicaría la vida. La respuesta más sencilla.
www.nuevatribuna.es
ANTONIO SEOANE
12 DE OCTUBRE DE 2020, 10:42
ALGUNAS NOTAS
1.- La sumisión de los jueces a lo acordado en recurso por los Tribunales Superiores.
Los jueces en virtud del principio de independencia gozan de amplia discrecionalidad en la adopción de sus resoluciones. En contrapartida, estas deben ser razonadas, estrictamente justificadas. Esta exigencia se cumplimenta en España ordinariamente con mayor amplitud que en muchos países de nuestro entorno. Somos un país en que los jueces escriben y escriben. Escriben mucho. A veces, sin embargo, se sustituye el razonamiento por los “corta y pega”, una simulación del cumplimiento de ese deber. A veces la extensión del razonamiento se utiliza para ocultar la falta de razón.
Esa discrecionalidad se diluye y desaparece cuando la cuestión ha sido objeto de resolución por el superior Tribunal que revisa sus resoluciones. Son las reglas del juego. Donde manda capitán, no manda marinero. Las resoluciones dictadas por los Tribunales superiores han de ser eficaces y no pueden quedar a criterio del revisado.
Así sucede con todo rigor en los supuestos en que concurre la llamada “cosa juzgada”: si el Tribunal revisor ha resuelto una cuestión con carácter definitivo, el revisado no puede seguir manteniendo su personal criterio. La insumisión y el mantenimiento de la misma decisión es un acto disfuncional y de prepotencia que se sanciona ordinariamente por el CGPJ como “dilación indebida en la administración de justicia”. En algún caso incluso se ha deducido responsabilidad penal (asunto Gómez de Liaño, en el que este Juez se empeñó contra decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en quitar el pasaporte a Polanco, lo que le costó su condena penal y expulsión de la carrera judicial, revisada luego por el TEDH).
Pero también cuando el enjuiciamiento por el Tribunal superior no es definitivo pero establece condiciones al inferior. Esto es lo acontecido en el asunto Dina. La Sala devuelve a Pablo Iglesias la condición de perjudicado porque no ve indicios de delito en su conducta y deja sin efecto la de investigado que le atribuyó el instructor.
El Auto de la Sala advierte a éste además que, si en virtud de la posterior actividad probatoria aparecieran esos indicios, la instrucción no le correspondería sino al Tribunal Supremo por la condición de aforado del investigado. Y el instructor en un acto de clara rebeldía e insumisión eleva información razonada al Tribunal Supremo. Sin nueva actividad probatoria que justifique esta decisión. Saltándose la conclusión de la Sala de que no hay actualmente indicios. El Juez actúa como si fuera una parte, como recurrente. Pretende que el Tribunal Supremo revise la decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional y apoye su decisión inicial.
2.- El delito de denuncia falsa (art. 456 Cp.), que es uno de los delitos que el Instructor imputa a Pablo Iglesias, requiere la finalización de una causa basada en una denuncia cuya falsedad consta acreditada.
Es requisito de procedibilidad que la causa incoada haya terminado por sentencia absolutoria o por auto de sobreseimiento libre o provisional, siendo estas resoluciones firmes. Así quedó establecido tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de Mayo de 1983.
Esta Sentencia dejó sin efecto un segundo requisito histórico: el Juez que conocía de la causa incoada debía deducir testimonio (solicitar/autorizar) su persecución.
Es obvio que ni hay Sentencia ni Auto de sobreseimiento en cualquiera de sus clases. Y todo lo que se diga, haga o resuelva en esta materia se hace, dice o resuelve en barbecho.
3.- La llave de la acción penal.
Se contaba en la comarca de La Vera que un Juez instructor encarceló (imagino que en realidad debió “detener” y mantener en los calabozos) a su cuñado porque le había levantado una cama de perdices que él tenía vista. Sea cierto o no este relato, la tentación del Juez es la soberbia y la utilización de su poder en beneficio propio o como se le quiera llamar. En realidad, alguien con buen sentido del humor dijo que las oposiciones aprobadas eran un “modo de adquirir” la propiedad, que debería constar como tal en el Código civil.
Los revolucionarios franceses se propusieron atar en corto a los jueces en defensa de la Ley y les privaron de la llave de la acción penal. En su virtud los jueces no pueden iniciar actuaciones contra nadie de proprio motu. Es necesaria la denuncia o querella de la Fiscalía o de parte. Y ese principio ha sido asumido por cualquier régimen que se pretenda democrático.
En el mal llamado caso Dina, el Juez instructor actúa contra Pablo Iglesias sin que nadie le haya abierto esa puerta. La Fiscalía se ha opuesto y Villarejo, Inda y compañía no han denunciado. Está de cacería. Porque su argumentación de que la denuncia de Dina le autoriza a investigar decae desde el momento en que la Sra. Bousselham denuncia a Villarejo y a Inda por la sustracción de su teléfono y violación de secreto consistente en la publicación en Ok Diario de información confidencial guardada en su móvil. Es difícil ver en qué forma esos delitos podrían ser imputados a Pablo Iglesias. Ni la sustracción, ni la publicación.
4.- Concurre una instrumentación de la causa con manejo de los tiempos y las actuaciones.
La cuestión es grave. Porque la Sra. Bousselham, ha declarado públicamente que no quiere proceder contra Pablo Iglesias y ha pedido declararlo ante el Juez para que conste en las actuaciones penales. Pero el Juzgado rehúsa su citación y la retrasa. Por muchos años que el instructor haya pasado fuera de su Juzgado, montar en bicicleta no se olvida. Y sabe que la declaración de Dina en tal sentido le privaría de la coartada, que no de la razón, que nunca la ha tenido, para mantener una “bella causa” con hondo contenido político. No es posible que Pablo Iglesias sea investigado por violación de secreto contra la voluntad de la perjudicada.
5.- La causa que mantiene está absolutamente subjetivizada.
Descarrillada por ese subjetivismo del instructor que parece obviar el objeto de la misma y se entretiene en convertirla en lo que a él le gustaría que fuese.
Me remito a los interesantísimos artículos publicados en estos días por Claver o Beni. No se los pierdan. La curiosa trayectoria político/judicial de García-Castellón. Su curiosa consideración con Villarejo e Inda que excede del respeto a su presunción de inocencia, atribuyéndoles una honorabilidad en la que sólo debe creer él, que es quien menos puede hacerlo porque tiene todos los datos objetivos sobre su mesa (incluyendo el último de los audios conocidos en que Villarejo reconoce el apuñalamiento de la Dra. Pinto). La pertinaz obcecación, el trastorno obsesivo compulsivo con Pablo Iglesias…
El instructor debería haberse abstenido. Es un deber judicial cuando se está contaminado. La infracción de ese deber es sancionable disciplinariamente y en algunos casos podrían rebasarse las líneas de la responsabilidad penal.
ALGUNAS PREGUNTAS.-
1ª.- ¿Tras 17 años fuera de su Juzgado, en París y Roma con un sueldo que doblaba el de un Juez común, con casa pagada en el centro de estas maravillosas ciudades, con gastos de representación, dietas y viáticos, con viajes pagos, por qué dejó el puesto para reintegrarse a la dirección estresada de un Juzgado colapsado de carga de trabajo, doblemente reforzado, con el sueldo normal de un Juez sin otras compensaciones complementarias?
2ª.- ¿Volvió voluntariamente? ¿Lo hizo porque había que quitar de en medio a Eloy Velasco, como pedía en el famoso audio Ignacio González? ¿Qué le prometieron? ¿Cumplieron lo prometido? O, por el contrario, ¿le obligaron?
3ª.- ¿Cómo es posible que el CGPJ autorice el pluriempleo como docente en el Centro Universitario privado Ramón Areces, vinculado a la Fundación de El Corte Inglés, de un Juez que ocupa un Juzgado de esa relevancia y con esa carga de trabajo? ¿Se trata de una compensación a su pérdida de ingresos por la vuelta a España? Desde luego ese Centro y la CUNEF, la Universidad de la AEB, la Patronal bancaria, pagan bien, extraordinariamente bien. Por lo menos a los jueces que tienen en plantilla.
4ª.- Siendo sabido que hay dos formas de promocionarse de forma digamos rápida y que la primera es ser servicial y la segunda convertirse en un incordio, ¿la aparente dureza del instructor con el PP, que se viene argumentando en su descargo, es fruto del ejercicio de su independencia judicial o por el contrario tiene que ver con las anteriores tres preguntas?
5ª.- Teniendo en cuenta que fue criado a los pechos del lobby PP-APM que lo llevó siendo un ternasco a los Juzgados Centrales de Instrucción primero como sustituto, luego como titular utilizando como méritos los años y la experiencia como sustituto y luego lo paseó por Europa en una tourné que ya la quisiera para sí cualquiera de nuestras famosas folclóricas ¿estamos ante un fallo del sistema o un acto de infidelidad?
Si yo tuviera que buscar respuesta a estas complejas preguntas, no me complicaría la vida. La respuesta más sencilla.
Algunas notas y preguntas sobre el caso "Dina"
ALGUNAS NOTAS 1.- La sumisión de los jueces a lo acordado en recurso por los Tr...
www.nuevatribuna.esLa Fiscalía Anticorrupción vuelve a oponerse a la imputación de Iglesias en el caso 'Dina'
El escrito del Ministerio Público se entrega en respuesta a una petición de una de las acusaciones populares en esta pieza de 'Tándem' sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Pablo Iglesias en un acto de campaña celebrado el domingo 25 de abril de 2021 en Collado Villalba. — Víctor Lerena / EFE
MADRID
06/05/2021 14:18 ACTUALIZADO: 06/05/2021 14:53
EUROPA PRESS
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado caso Dina que se instruye en la Audiencia Nacional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
El posicionamiento de la Fiscalía, adelantado por Infolibre, será entregado este viernes al instructor del caso y se realiza en respuesta a una petición de una de las acusaciones populares en esta pieza del denominado caso Tándem sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El instructor de esta causa, el magistrado Manuel García-Castellón, dio traslado de esta petición a la Fiscalía antes de que comenzara la campaña electoral, y el Ministerio Público ha evitado pronunciarse hasta este momento. Ya lo hizo cuando la causa recaló en el Supremo, también en contra de investigar al ex vicepresidente.
Se da la circunstancia de que ya también ex líder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarle como investigado en esa causa.
En esa pieza separada número 10 de Tándem, en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, el secretario general de Podemos ostenta hasta ahora la condición de perjudicado.
Tras el rechazo del Supremo a abrir causa directamente a Iglesias y el regreso de la causa a la Audiencia Nacional, el instructor ha puesto el foco en el supuesto delito de daños informáticos -ya que Iglesias mantuvo el dispositivo en su poder varios meses antes de entregárselo a su asesora tras obtenerlo de periodistas- y envió de nuevo la tarjeta SD a la policía científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje el informe pericial que elaboren los agentes, y de si realmente se puede tener acceso a los archivos que contiene.
Anticorrupción ya se posicionó en contra
A mediados del pasado mes de octubre, Anticorrupción ya se posicionó en contra de que se abriera una investigación a Iglesias al disentir de lo sostenido por García-Castellón en el escrito que este juez elevó al alto tribunal respecto del presunto delito de daños informáticos atribuido al exvicepresidente.En dicho momento la causa ya contaba con un informe de policía científica que concluía que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños durante el tiempo que estuvo en manos de Iglesias. De hecho, los investigadores apuntaban que el quemado de la misma se produjo en la empresa de recuperación de datos a la que la envió la propia Bousselham.
Asimismo, en relación al delito de descubrimiento y revelación de secretos por retener la tarjeta de la exasesora, los fiscales de Tándem sostenían que ese delito no puede investigarse dado que Bousselham no se siente perjudicada y no ha iniciado ninguna acción al respecto.
El juez del caso, sin embargo, había elevado exposición razonada al Supremo al entender que existían indicios para comenzar a investigar tanto al que fuera líder morado como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.
El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
Otro punto significativo para el magistrado, y que ahora podría aclarar el último informe solicitado, es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa, por lo que el juez advertía de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. "Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento", afirmaba el magistrado.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a oponerse a la imputación de Iglesias en el caso 'Dina'
El escrito del Ministerio Público se entrega en respuesta a una petición de una de las acusaciones populares en esta pieza de 'Tándem' sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
www.publico.esLa Policía informa a García Castellón de que no puede acceder a la tarjeta de Dina Bousselham como insistía el juez
El magistrado sigue sin citar a la antigua colaboradora de Pablo Iglesias, quien lleva más de un año y medio intentando declarar ante García Castellón que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe
— La Audiencia Nacional frena los impulsos de García Castellón contra Podemos
Pedro Águeda
26 de enero de 2022 14:03h
Actualizado el 26/01/2022 14:18h
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SEGUIR AL AUTOR/A
Los agentes de la Policía Científica a los que el juez Manuel García Castellón había ordenado volver sobre la tarjeta de Dina Boussellham por si pudiera encontrar algún indicio con el que imputar a Pablo Iglesias han entregado un informe al magistrado en el le trasladan la imposibilidad técnica de acceder al dispositivo, aseguran a elDiario.es fuentes jurídicas. Después de que García Castellón fracasara en su intento de que el Tribunal Supremo imputara a Iglesias cuando éste era aforado, la diligencia de la tarjeta era el último recurso del juez, que ha ido aplazando hasta ahora la citación de la ex asesora de Iglesias, dueña del dispositivo.
El informe de la Policía Científica es sobre la pericial ampliatoria solicitada por el juez para determinar las causas de la "inaccesibilidad" al dispositivo y averiguar cuándo se accedió a su contenido por última vez. Las fuentes consultadas añaden que con el informe policial no se puede atribuir ninguna responsabilidad sobre la destrucción de la tarjeta. En los trabajos de la Policía, el juez llegó a implicar a la compañía Samsung, que ha colaborado con los técnicos del Cuerpo en intentar acceder al contenido de la tarjeta sin éxito.
La última corrección en este asunto de una instancia superior a García Castellón llegó el pasado mes de octubre. La misma Sala de lo Penal que había obligado a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso de la tarjeta conminaba al instructor del caso Villarejo a citar a Dina Bousselham, quien lleva más de un año y medio queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación del exvicepresidente segundo del Gobierno. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado.
En octubre, la Sala de lo Penal asumió en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez había decretado hacía un año. Un cierre de la instrucción que no lo era en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero de 2021 que no había indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón.
El juez del caso decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado en varios medios, con información procedente de su móvil, que ella había reenviado a terceras personas. En octubre, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recordó al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pedía que ahondara en esa circunstancia sin aclarar.
El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de "abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Iglesias guardó durante meses la tarjeta que los responsables de Interviú le entregaron sin dársela a su auténtica propietaria y Bousselham ha cambiado de versión sobre si pudo acceder a ella cuando el exlíder de Podemos se la entregó finalmente.
La Policía informa a García Castellón de que no puede acceder a la tarjeta de Dina Bousselham como insistía el juez
El magistrado sigue sin citar a la antigua colaboradora de Pablo Iglesias, quien lleva más de un año y medio intentando declarar ante García Castellón que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe
www.eldiario.esGarcía Castellón....tenía que ser.
La Audiencia Nacional ordena a García Castellón ampliar la investigación del caso Dina a la Dirección de la Policía
La Sala de lo Penal estima en parte el recurso de Podemos y los periodistas investigados acerca de si hay otros mandos implicados con Villarejo en la revelación de secretos aunque descarta que la pieza indague en las maniobras contra el partido
— García Castellón deja de investigar las filtraciones contra Podemos al no poder imputar a Iglesias en el caso Dina.
García Castellón alarga el 'caso Dina' acusando ahora a Bousselham de mentir
SABER MÁS
Los jueces de la Sección Tercera vuelven a corregir al instructor y ordenan a García Castellón prorrogar dos meses la instrucción para que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía informe “si existe en sus archivos una nota informativa de José Manuel Villarejo Pérez, acompañada de un pendrive, con archivos procedentes de la tarjeta del terminal telefónico de Dina Bousselham”. La Sala de lo Penal estima así el recurso interpuesto por la representación legal de Podemos, al que se adhirieron parcialmente los dos periodistas investigados en la pieza.
Los jueces de la instancia superior a García Castellón consideran procedente que se siga investigando si alguien más participó en el delito de revelación de secretos, en este caso de la cúpula policial durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. “Se trata de datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación”, añade el auto de la Sección Tercera, al que ha tenido acceso elDiario.es. Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa cuando se produjeron los hechos.
Añaden en otro auto los magistrados que el propio Eugenio Pino “no excluyó” que funcionarios a su cargo hubieran recibido información procedente del teléfono de Dina Bousselham, si bien aseguró que él no fue la persona que en cualquier caso los habría recogido.
Por otra parte, los jueces descartan la intención de Podemos de que se investiguen las maniobras policiales contra el partido político porque, dicen, “no es esta la sede procesal adecuada”. En este sentido, la Sala de lo Penal rechaza testificales y otras solicitudes de información solicitadas por los recurrentes. Los periodistas imputados defienden que entregaron la tarjeta a Villarejo atendiendo a un requerimiento del comisario en el marco de las funciones policiales de éste.
La Audiencia Nacional ordena a García Castellón ampliar la investigación del caso Dina a la Dirección de la Policía
La Sala de lo Penal estima en parte el recurso de Podemos y los periodistas investigados acerca de si hay otros mandos implicados con Villarejo en la revelación de secretos aunque descarta que la pieza indague en las maniobras contra el partido
www.eldiario.esTodavía no sé ha sabido quien robó el teléfono del cual se extrajo material privado y publicado. Ahí no han querido entrar porque ya sabemos que son torres altas que no se deben tocar. No sea que se mosqueen y haya diarrea periodística que no interesa que se sepa.
QUE ASCAZO
Los ataques a la judicatura desde algunas ideologías son vergonzosas. Se nota que ahora mismo son los únicos que están defendiendo la legislación vigente.
El juez Manuel García-Castellón galardonado con el premio 'Puñetas de Plata' de la Asociación Jurídica de la Prensa.
El máximo galardón de la convocatoria ha sido para el magistrado Pascual Sala de quien los organizadores han destacado su «brillante carrera de prestigio»
07/06/2022 Actualizada 17:09
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Un 'Puñetas de Oro' para el expresidente del Supremo, Constitucional y Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas Pascual Sala por su «dilatada y brillante carrera de prestigio profesional e institucional» y un 'Puñetas de Plata' para el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, por su infatigable labor en la investigación de «juicios de enorme relevancia» tanto «política como económica» con «profesionalidad e imparcialidad, independientemente de la ideología o del poder económico de los investigados».
Una distinción que le ha llegado al juez de la Audiencia Nacional de manos de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y que cobra un especial valor en el día de su entrega tras conocerse que la Fiscalía madrileña investiga si las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias calificando de «prevaricador» al juez son constitutivas, o no, de un delito de calumnias.
No en vano, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se encarga actualmente, entre otras, de la macrocausa 'Tándem' -que ya acumula un total de 32 piezas separadas y que rastrea los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo- de 'Púnica', de la 'Operación Judas' y la reapertura de las pesquisas sobre la presunta autoría mediata -intelectual- en el secuestro, y posterior asesinato, del exconcejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA.
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha otorgado este martes los galardones a los ganadores de la XI Edición de los Premios Puñetas, celebrada en la sede del Instituto Francés de Madrid. La iniciativa tiene como principal objetivo reconocer la labor de personas, instituciones o colectivos que, por su contribución a la mejora de la Justicia y del Estado de Derecho en todos sus aspectos y, especialmente, en la difusión de la información jurídica en la sociedad, merezcan público reconocimiento.
Así, Marlén Estévez, presidenta de la Asociación Women in a Legal World, ha recogido el premio 'Puñetas de Bronce', otorgado a su organización por la intensa lucha a favor de la igualdad y la promoción del talento de las mujeres profesionales de la Abogacía. Le ha entregado el premio Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
En la categoría 'Puñetas Periféricas', se ha otorgado el Premio al Colectivo Jurídico de abogados, registradores, notarios y procuradores de la isla de La Palma, por su compromiso en ofrecer a todos los ciudadanos de la isla el más rápido asesoramiento y la mejor defensa jurídica en la situación de catástrofe y emergencia que han vivido y siguen viviendo. Y, por último, el premio 'Vete a Hacer Puñetas' -otorgado con una intencionalidad crítica y de denuncia- ha sido concedido a la 'Invasión rusa en Ucrania', por la destrucción y los crímenes «de lesa humanidad cometidos en ese territorio contra civiles inocentes, a la agresión injustificable a la paz, a los derechos humanos y de las naciones libres y a los valores de libertad, legalidad, justicia y democracia».
Fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz, y de primera instancia e instrucción en Puebla de
Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde resultó elegido juez decano. Desembarcó en el puesto de magistrado de la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Central número 5; y, más tarde, en 2017 pasaría a ocupar la titularidad del Central de Instrucción
número 6, donde sigue en la actualidad, ocupándose de casos como el de Banesto, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la causa del Comando Andalucía, …
Entre los años 2000 y el 2012 fue magistrado de enlace ante las Autoridades de la República Francesa
para terrorismo; y, entre 2012 y 2017 ante las Autoridades de Italia para el crimen organizado.
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Un 'Puñetas de Oro' para el expresidente del Supremo, Constitucional y Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas Pascual Sala por su «dilatada y brillante carrera de prestigio profesional e institucional» y un 'Puñetas de Plata' para el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, por su infatigable labor en la investigación de «juicios de enorme relevancia» tanto «política como económica» con «profesionalidad e imparcialidad, independientemente de la ideología o del poder económico de los investigados».
Una distinción que le ha llegado al juez de la Audiencia Nacional de manos de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y que cobra un especial valor en el día de su entrega tras conocerse que la Fiscalía madrileña investiga si las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias calificando de «prevaricador» al juez son constitutivas, o no, de un delito de calumnias.
No en vano, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se encarga actualmente, entre otras, de la macrocausa 'Tándem' -que ya acumula un total de 32 piezas separadas y que rastrea los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo- de 'Púnica', de la 'Operación Judas' y la reapertura de las pesquisas sobre la presunta autoría mediata -intelectual- en el secuestro, y posterior asesinato, del exconcejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA.
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha otorgado este martes los galardones a los ganadores de la XI Edición de los Premios Puñetas, celebrada en la sede del Instituto Francés de Madrid. La iniciativa tiene como principal objetivo reconocer la labor de personas, instituciones o colectivos que, por su contribución a la mejora de la Justicia y del Estado de Derecho en todos sus aspectos y, especialmente, en la difusión de la información jurídica en la sociedad, merezcan público reconocimiento.
Así, Marlén Estévez, presidenta de la Asociación Women in a Legal World, ha recogido el premio 'Puñetas de Bronce', otorgado a su organización por la intensa lucha a favor de la igualdad y la promoción del talento de las mujeres profesionales de la Abogacía. Le ha entregado el premio Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
En la categoría 'Puñetas Periféricas', se ha otorgado el Premio al Colectivo Jurídico de abogados, registradores, notarios y procuradores de la isla de La Palma, por su compromiso en ofrecer a todos los ciudadanos de la isla el más rápido asesoramiento y la mejor defensa jurídica en la situación de catástrofe y emergencia que han vivido y siguen viviendo. Y, por último, el premio 'Vete a Hacer Puñetas' -otorgado con una intencionalidad crítica y de denuncia- ha sido concedido a la 'Invasión rusa en Ucrania', por la destrucción y los crímenes «de lesa humanidad cometidos en ese territorio contra civiles inocentes, a la agresión injustificable a la paz, a los derechos humanos y de las naciones libres y a los valores de libertad, legalidad, justicia y democracia».
Manuel García-Castellón
Manuel García-Castellón, (Valladolid, 1952) es uno de los jueces más mediáticos de la Audiencia Nacional, muy a su pesar, por la entidad y volúmen de las causas que instruye como titular del Juzgado de Instrucción Central Número 6, donde llegó en el año 1993. Es un hombre de profundas convicciones y comprometido con la verdad, trabajador infatigable y muy querido por sus compañeros de profesión.Fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz, y de primera instancia e instrucción en Puebla de
Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde resultó elegido juez decano. Desembarcó en el puesto de magistrado de la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Central número 5; y, más tarde, en 2017 pasaría a ocupar la titularidad del Central de Instrucción
número 6, donde sigue en la actualidad, ocupándose de casos como el de Banesto, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la causa del Comando Andalucía, …
Entre los años 2000 y el 2012 fue magistrado de enlace ante las Autoridades de la República Francesa
para terrorismo; y, entre 2012 y 2017 ante las Autoridades de Italia para el crimen organizado.
El juez Manuel García-Castellón galardonado con el premio 'Puñetas de Plata' de la Asociación Jurídica de la Prensa
El máximo galardón de la convocatoria ha sido para el magistrado Pascual Sala de quien los organizadores han destacado su «brillante carrera de pre...
Nada mas y nada menos que la Asociación de Prensa de Madrid galardona con "puñetas de plata" a un juez que ha sido reconvenido por la Fiscalía por sus salidas de pata de banco..
El fiscal advierte de que García Castellón cruza todas las líneas en su investigación secreta contra Podemos
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional acusa al juez de vulneración reiterada de derechos fundamentales, de investigar a personas no imputadas sobre las que se piden extractos de cuentas bancarias y de transgredir la Constitución hurtándoles el derecho a conocer de qué se les acusa
www.eldiario.esEs el nivel que tenemos en éste país en cuanto a periodismo, judicatura, políticos etc etc etc.
