El imperio de Florentino Perez se mantiene con los impuestos de los españoles
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El Tribunal Supremo ordena al Estado pagar a los bancos los 1.350 millones de la deuda del proyecto 'Castor'
La sentencia del Alto Tribunal atiende la demanda de Caixabank, Bankia y Banco Santander, que adelantaron el dinero de la indemnización a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón.
PÚBLICO | EFE
Una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a pagar a tres bancos, Caixabank, Bankia y Banco Santander, los 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón por su impacto medioambiental. El Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años, aunque en realidad, quienes iban a pagar eran los consumidores a través de un suplemento en la factura del gas.
En su sentencia, conocida este jueves, el Supremo estima parcialmente el recurso de los tres bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que le instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado.
Según explican los magistrados, esos 1.350 millones se repartirán de la siguiente forma: el 50,9%, para el Banco Santander; el 34%, para CaixaBank; y el 15%, para Bankia.
La construcción del almacén Castor provocó casi mil terremotos en la zona de Castellón y obligó al Estado a cesar su actividad y posteriormente a indemnizar a la empresa propietaria —propiedad a su vez de la constructora ACS— incluso aunque el cierre se produjera por una negligencia.
En opinión de los bancos, tal decisión no debía ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Si no fuese así, argumentaban, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.
Sin embargo, el Consejo de Ministros desestimó, mediante silencio, la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que Banco Santander, CaixaBank y Bankia recurrieron ante el Supremo.
El recurso de los bancos
Los bancos recordaban en su recurso que la declaración de inconstitucionalidad del real decreto les había supuesto "no sólo que sean desatendidos los pagos correspondientes desde la publicación de la sentencia, sino que se han visto obligados a la devolución de las cantidades que ya habían percibido".A sus argumentos se opuso la Abogacía del Estado, que defendió ante la sala que "no se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado" y pidió que se desestimara la demanda.
A su parecer, los bancos no deberían haber actuado contra la Administración, sino que antes tendrían que haber solicitado ser resarcidos por Enagás, como administradora de las instalaciones que les trasmitió el derecho de cobro a cargo del sistema gasista por un plazo de 30 años.
Del mismo modo, insistía en que tanto Santander, como CaixaBank y Bankia suscribieron "voluntariamente" el contrato.
Un daño "indudable"
Ahora la sala de lo Contencioso-Administrativo cree que "es indudable que se ha generado el daño", no sólo porque las tres entidades no pudieron hacer efectivo su derecho a cobro, sino porque además tuvieron que devolver las cantidades recibidas con anterioridad al fallo del Constitucional.Sobre el real decreto, asegura que recogía un "pacto a tres bandas entre el Estado, con competencia para regular el sistema gasista; Escal, como concesionaria originaria cuya renuncia generaba un derecho de resarcimiento por la inversión realizada; y Enagás, que acepta ser administrador de las instalaciones (...) y asume la importante obligación de pagar a Escal la indemnización fijada".
Por tanto, ninguna de las partes "podía poner reparos a la norma", ya que Escal "se resarcía de los daños y perjuicios, de elevada cuantía y a plena satisfacción", mientras que Enagás "si bien se le obligaba a pagar la indemnización, adquiría un derecho de cobro ciertamente garantizado por el sistema gasista".
No obstante, en el momento en el que se pronunció el Constitucional, los bancos eran ya "los legítimos titulares del derecho de cobro", razón por la que el Supremo los considera como perjudicados.
La sentencia añade que el mismo día que Enagás adquirió su condición de administradora, Santander, CaixaBank y Bankia hicieron "ese importante pago", pasando a formar parte del "pacto" al que había llegado la Administración, tras abonar "las instalaciones que pasaban a titularidad pública y en plazo más que perentorio".
De ahí que los magistrados concedan la responsabilidad patrimonial del Estado, pues "otra alternativa sería aceptar la perniciosa posibilidad" de generar una "zona de inmunidad" para los poderes públicos.
La indemnización
La decisión de hibernar el almacén Castor –situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón)– se tomó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013.En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.
El Tribunal Supremo ordena al Estado pagar a los bancos los 1.350 millones de la deuda del proyecto 'Castor'
La sentencia del Alto Tribunal atiende la demanda de Caixabank, Bankia y Banco Santander, que adelantaron el dinero de la indemnización a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón.
m.publico.es¿Dónde están, tres años después, los 34 millones del Castor?
El Supremo tiene sobre la mesa una petición para ejecutar la sentencia que obligaría a devolver a los consumidores de gas el dinero que pagaron mediante recargos en el recibo para financiar el fallido almacén de gas de la costa mediterránea, un dinero que el Gobierno pretende quedarse alegando que lo destinará a futuras inversiones.
Almacenamiento del gas Castor. REUTERS/Archivo.
ZARAGOZA
27/12/2020 23:03
EDUARDO BAYONA
El fallido proyecto del almacén de gas Castor, en la costa mediterránea, sigue teniendo pendiente un peliagudo fleco tres años después de que el Constitucional desarmara el tinglado financiero que iba a sostenerlo y cuando ya lleva más de seis fuera de servicio por los terremotos que provocaba: ¿recuperarán los consumidores de gas los más de 34 millones de euros (32,4 más 2,1 en intereses de demora) que comenzaron a pagar a través del recibo precisamente cuando se concretó el fiasco?
La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, a cuya Sala de lo Contencioso ha pedido la patronal multisectorial catalana Cecot (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa) que ejecute las sentencias en las que ha ido condenando al Gobierno a devolver ese dinero, una medida que el ejecutivo pretende eludir pese a esas resoluciones judiciales.
PUBLICIDA
Así consta en la respuesta del ejecutivo a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, en la que asegura que ese dinero "se destinará al sostenimiento de otras instalaciones del sistema gasista, disminuyendo el coste soportado por los consumidores". "Cabe concluir que con el reintegro de esta cantidad al mecanismo de liquidaciones se puede considerar que la devolución de estas cantidades a los consumidores ya ha sido ejecutada", añade.
Es decir, que salvo que el Supremo le enmiende la plana, el Gobierno ha decidido no devolver ese dinero a los consumidores de gas, tanto particulares como empresas, a los que se lo cobró de manera indebida para financiar el Castor, una situación que quedó interrumpida en 2017 pero que se habría mantenido hasta el año 2044 de no haber sido por la demanda de Cecot.
"Ese dinero no se ha evaporado"
"Es injusto, y lo peor es que volvemos a un modelo de impunidad y de no transparencia ante el que es positivo enviar señales de que hay control, de que somos ciudadanos y no súbditos", señala David Garrofé, presidente de Cecot, que se refiere al Castor como "un desastre de infraestructura que no se utiliza ni se mantiene y que va a costarnos dinero a todos"."Ese dinero no se ha evaporado, y es injusto que los consumidores no lo recuperen. Por eso hemos pedido la ejecución de las sentencias, en las que los jueces dicen que ese dinero debe ser devuelto a quienes lo pagaron", añade. Las sentencias obligan a la Administración a "adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la Orden que se declara nula".
Mulet rechaza también el posicionamiento del ejecutivo. "No compartimos el trato que se está teniendo hacia esta empresa, a la que se le ha permitido todo sobre el territorio" y a la que "se le pagaron cantidades millonarias por su ineptitud", señala en relación con Enagás, para acabar tomando sobre los reintegros una decisión que "altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de forma clara".
El senador de Compromís calificó de "extraña" la decisión de "no devolver un dinero cobrado ilegalmente, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas que facilitan la devolución o compensación".
La empresa cobra en 35 días, los usuarios pagan 30 años
El Castor, cuya plataforma sigue en el horizonte del mar frente a la confluencia de las provincias de Castelló y de Tarragona, era sobre el papel un innovador proyecto que iba a servir para almacenar bajo tierra una reserva estratégica de gas en un proyecto que, impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y rematado por el de Mariano Rajoy, se reveló un fiasco cuando, nada más entrar en servicio a mediados de 2013, comenzó a provocar movimientos sísmicos que se dejaban sentir hasta en Teruel.Esa situación llevó al ejecutivo a ordenar su ‘hibernación’ en 2014, una decisión que acompañó de una polémica medida: indemnizar a la empresa que construyó el depósito y había comenzado a gestionarlo (Escal, liderada por la ACS de Florentino Pérez) con 1.350 millones de euros que recibiría de la pública Enagás y que esta financiaría con un crédito por esa cuantía contratado con Santander (700 millones), Caixabank (450) y Bankia (200) y cuya amortización, con un interés del 4,26%, sería asumida por los usuarios del sistema de gas a través del recibo.
Escal cobró en 35 días y los usuarios iban a pagar durante treinta años lo que los autores intelectuales del sistema bautizaron como "derechos de cobro", que no dejaban de ser en la práctica las cuotas de un crédito cuyos intereses iban a subir a 500, 350 y 150 millones para los bancos al final de la operación.
¿Por qué tumbó ese tinglado el Constitucional? Básicamente, porque la mezcla de desidia y de creatividad presente en el proceso había llevado a los gobiernos a otorgar una concesión sin determinar previamente las condiciones de un eventual rescate, ni en lo referente a la cuantía ni a la propiedad de las instalaciones, para, después, establecerlas de manera urgente por la vía del decreto.
Condenado a pagar 1.400 millones por algo carente de utilidad
La respuesta a Mulet recuerda cómo los recargos del recibo del gas ascendieron a 1,59 millones de euros en diciembre de 2014 y a 15,71 en los cuatro años siguientes, aunque los dos últimos ya no fueron ejecutados. "La cantidad total reconocida en el periodo 2014-2016 es de 32.930.177 euros, si bien la cantidad efectivamente pagada a Enagás fue inferior, concretamente de 32.484.731,88 euros", señala.Paralelamente, los bancos recibieron entre 2016 y 2018 un total de 141,16 millones de euros mientras quedaban suspendidas remesas por valor de 100,8, una decisión que llevó a los bancos a demandar al Estado para cobrar el total del dinero. Y hace dos meses el Supremo les dio la razón, lo que abre la vía a que cobren los 1.350 millones.
El cruce de sentencias y pleitos, que obliga al Gobierno a pagar casi 1.400 millones por algo carente de utilidad, ni termina ahí, ya que paralelamente, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) reclama 368 millones a las entidades financieras mientras en la vía penal el juez sienta en el banquillo a la propia Escal y a dos de sus directivos como presuntos autores de un delito ambiental.
En el ámbito político, la Mesa del Senado mantiene en un cajón la petición de 25 senadores encabezados por Mulet para activar una comisión de investigación sobre el polémico almacén de gas unos años después de que la mayoría del PP rechazara el primer intento.
¿Dónde están, tres años después, los 34 millones del Castor?
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¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS?
Inda y Florentino Pérez: casi quince años de favores mutuos y negocios en la sombra
El director de Okdiario hizo una agresiva campaña desde Marca a favor del empresario para que recuperara la Presidencia del Real Madrid. Como premio obtuvo los favores de Florentino, logrando así un pase vitalicio a ese mundo exclusivo que representa el palco VIP del Bernabéu, además de convertir al empresario en uno de los grandes anunciantes de la web de Inda
Por
La Última Hora.
16 de enero de 2021 10:56
LUH / AIP-R3D Agencia
Eduardo Inda presume de atreverse a criticar casi a cualquiera, pero hay alguien para quien todo son elogios: Florentino Pérez. Cuando se trata del presidente de ACS y del Real Madrid, el habitual tono faltón de Okdiario se transforma y pasa a deshacerse en buenas palabras: “Lección de Florentino a Bartomeu en tiempos de coronavirus”, “Se cumplen 20 años de la llegada de Florentino Pérez: títulos, fichajes galácticos y un legado”, “Florentino Pérez dona 450.000 euros al Ayuntamiento de Madrid para luchar contra el coronavirus”, “Florentino Pérez siempre cumple sus promesas”. Son algunos de los titulares que la web de Inda dedica a Pérez, con quien comparte ya casi quince años de favores mutuos y negocios en la sombra.
El inicio de este idilio se remonta al año 2007. El corrupto Jaume Matas (PP) acaba de perder la Presidencia de Baleares y Unidad Editorial decide mover ficha. Está a punto de comenzar una nueva etapa en la política autonómica, con el socialista Antich al frente, y la editora no quiere que Inda, muy vinculado a Matas y que había protagonizado una dura campaña de acoso a la izquierda, continúe pilotando las ediciones de El Mundo en las islas. Por eso deciden devolverlo a Madrid y colocarlo al frente de Marca, el diario deportivo del grupo. Es entonces cuando Inda sitúa al periódico al servicio de Florentino, que aspiraba a recuperar la Presidencia del Real Madrid.
Para ello, Inda no duda en iniciar una dura campaña de desprestigio contra el entonces presidente, Ramón Calderón. El punto álgido lo alcanzó en enero de 2009, cuando le acusó de manipular el resultado de la Asamblea General del club: “Calderón robó la asamblea. Le votaron compromisarios falsos”, tituló Inda a toda portada.
Marca también acusó a Calderón de utilizar tarjetas del club para gastos privados y de manipular las elecciones. Todos esos supuestos delitos fueron sistemáticamente archivados por los jueces y Ramón Calderón manifestó públicamente que “el diario Marca estaba dirigido por un psicópata”. Inda acabó enfrentado con la mayoría de sus redactores y con su director adjunto, Santiago Segurola, pero logró su objetivo: Calderón se vio forzado a dimitir y Florentino recuperó la presidencia que ya había ocupado entre el 2000 y el 2006. El amigo y valedor de Eduardo Inda, se convertiría de nuevo en presidente del Real Madrid el 1 de junio de 2009.
El empresario le devolvió el favor: cuando recuperó el timón de mando del club blanco, le cedió a Inda un pase vitalicio al palco VIP del club. Ese lugar no es sólo codiciado por los aficionados al fútbol sino, sobre todo, por los amantes de los negocios en la sombra. El palco VIP del Real Madrid es un sitio perfecto para hacer contactos y para mantener conversaciones alejadas de las cámaras con empresarios, políticos, mandos policiales y diplomáticos. Se trata, en definitiva, del verdadero kilómetro cero del poder económico, político y mediático en la capital, un espacio al que muy pocos tienen acceso y donde Inda se mueve como pez en el agua gracias a los servicios prestados a Florentino Pérez.
Pérez también es uno de los grandes anunciantes de Inda. Por ejemplo, Clece, una de las empresas de su grupo, que se dedica a hacer negocio con residencias de mayores, patrocina una sección en Okdiario. A cambio de esos ingresos, los titulares de la web son descaradamente publicitarios, cuando no directamente bochornosos: “El cálido aplauso de Clece a todos sus empleados por su humanidad en la pandemia”, “Una residente de Clece: nos cuidan como si fuéramos de su familia” o “Familiar y de confianza, así es la relación de los familiares con las residencias de Clece” son algunos de ellos. Esta visión edulcorada contrasta con la realidad: la firma de Florentino despidió a empleadas que denunciaron falta de pañales, toallas y esponjas en sus residencias y ocupó portadas por pagar sueldos de miseria a empleados con discapacidad.
Además de hacer negocio con el cuidado de los mayores, Florentino es el presidente de ACS, un gigante de la construcción y los servicios industriales con más de cuarenta filiales y varios escándalos a sus espaldas. ACS, por ejemplo es una de las grandes beneficiarias del fallido proyecto Castor, un almacén subterráneo de gas que nunca llegó a construirse; sus compañías también han estado aparecido vinculadas a la trama corrupta Lezo y fueron señaladas por Francisco Correa como pagadoras de mordidas al PP para obtener contratos de obras públicas y, recientemente, fueron adjudicatarias de buena parte de los trabajos de construcción del Hospital Isabel Zendal, impulsado por Isabel Díaz Ayuso (PP) y donde los sobrecostes ya doblan el presupuesto original.
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laultimahora.esPROYECTO CASTOR
Se aprueba el decreto para endeudar al Estado por el proyecto Castor, pero abierto a enmiendas
El decreto que autorizaba al Estado a endeudarse para pagar la deuda contraída con Bankia, CaixaBank y Santander pasa la votación del Congreso.2
Acción de Greenpeace frente a la plataforma Castor GREENPEACE
Redacción El Salto
28 ENE 2021 19:13
Una tosco debate en la que ha salido a relucir la “chapuza” del fallido proyecto Castor, ha acabado en una votación que ha validado de urgencia el Real Decreto-Ley que autoriza a que el Estado se endeude para poder hacer frente a la deuda que tiene contraída con el Banco Santander, Bakia y Caixabank de 1.350 millones de euros. Deuda resultante de la indemnización que se pagó de urgencia a la empresa de Florentino Pérez responsable del fallido almacén de gas. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización. Pero el Tribunal Supremo obligó al Estado a responder de esa deuda ante los bancos en una sentencia de octubre de 2020.
PROYECTO CASTOREl Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital pretende colar el pago al Proyecto Castor
REDACCIÓN EL SALTO2
El Real Decreto-ley incluye también una concesión de ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda por importe de 638 millones euros, con carácter ampliable, para hacer frente a la ejecución de la sentencia del Supremo por el Proyecto Castor. Para obtener la financiación necesaria para atender al pago, se recurrirá en parte a deuda pública, “al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo”.
Con una sobrada mayoría, la votación ha sido aprobada. Pero a petición de agrupaciones, se ha votado la tramitación como proyecto de Ley, lo que permite que se puedan presentar enmiendas a artículos para su tramitación.
Para el grupo ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG, Xnet y IDHC) esto último es una buena noticia. Tal y como declaraba ayer a El Salto Emma Avilés, sus intenciones eran que se tramitara como proyecto de Ley con carácter de urgencia, “porque el IMV sí que es de urgencia”. Pero esta tramitación les abre la puerta a presentar “enmiendas que nos permitan desactivar los artículos referentes a endeudamiento las arcas del Estado para hacer frente a la deuda generada por el proyecto y reclamada por la banca”, según explican en un comunicado emitido tras la votación.
Desde esta plataforma, ya presentaron el 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que la deuda de ACS no las pague el Estado, sino ACS. Según explican en un comunicado, usarán “este mismo texto para modificar el decreto” y afirman que su “objetivo es esclarecer el entramado de pagos entre los diferentes actores implicados en la indemnización del proyecto Castor”.
El texto presentado en el Senado, que usarán para las enmiendas, y de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, exige que se restituyan los pagos realizados, debiendo EscalUGS (conformada por ACS y Dundee Energy) retornar a Enagás la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras. “En la proposición de Ley hemos demostrado la viabilidad económica de ACS para cubrir las deudas contraídas con el fracaso del Castor y más habiendo repartido dividendos durante la pandemia”, concluyen desde el grupo ciudadano.
Se aprueba el decreto para endeudar al Estado por el proyecto Castor, pero abierto a enmiendas
El decreto que autorizaba al Estado a endeudarse para pagar la deuda contraída con Bankia, CaixaBank y Santander pasa la votación del Congreso.
www.elsaltodiario.comLuego cuando se reclama subidas del SMI o de otra índole te dicen que el dinero no sale de las piedras, pero para pagar a algunos si sale de las piedras.
«Cártel». La constructora de Florentino Pérez y otras amañaron concursos con el PP en el gobierno
20/08/2021 por RedacciónLa CNMC desmantela un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, reza la nota oficial emitida por el ente.
ACS de Florentino Pérez, Ferrovial de Rafael del Pino, OHL de Juan Villar-Mir, y otras grandes empresas constructoras de España se repartieron 71 de los 101 contratos que el Ministerio de Fomente licitó entre los años 2017 y 2018 con el PP en el gobierno.EL total de adjudicaciones de las que se beneficiaron estas empresas es superior a los 530 millones, que representan el 63% de lo que adjudicó el estado.
La cuantía total de las sanciones asciende a 61.2 millones de euros. También se les ha prohibido contratar con organismos públicos.
Según la CNMC este cártel se reunía para tomar café y establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.
El listado completo del cártel:
Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Acciona Mantenimiento) y solidariamente su matriz Acciona, S.A., Aceinsa Movilidad, S.A. (Aceinsa), Alvac, S.A. (Alvac), API Movilidad, S.A. (API) y solidariamente su matriz ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Audeca, S.L.U. (Audeca) y solidariamente su matriz Elecnor, S.A., Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa (COPASA), Elsamex, S.A. (Elsamex), Elsan, S.A. (Elsan), y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín, S.A., Ferroser Infraestructras, S.A. (Ferroser) y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios, S.A., Innovia Coptalia, S.A. (Innovia) y solidariamente su matriz Copcisa Corp. S.L., Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Matinsa) y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Sacyr Conservación, S.A.U. (Sacyr Conservación) y solidariamente su matriz Sacyr, S.A.Cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contra esta resolución.
"Cártel". La constructora de Florentino Pérez y otras amañaron concursos con el PP en el gobierno
La CNMC desmantela un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de...
jotapov.comLa constructora de Florentino Pérez, señalada por las “cataratas” en el nuevo Hospital de Toledo
Podemos ha reclamado que se investigue a las empresas constructoras y concesionarias de la obra del hospital, que tiene menos de un año y cuyo coste superó los 1.800 millones de eurosPor
Lorena Gómez.
3 de septiembre de 2021 13:00
El nuevo Hospital Universitario de Toledo se ha situado en el punto de mira tras las graves goteras e inundaciones que han sufrido las instalaciones tras las fuertes lluvias que han azotado el municipio. El centro sanitario fue inaugurado oficialmente el 16 de noviembre de 2020, pero no inició su actividad hasta este año, dándose los primeros ingresos el pasado mes de julio. Emiliano García-Page ya fue señalado por mantener cerrado e inactivo el que había sido anunciado como “el hospital más grande de Europa” —que dispone de hasta 853 camas— durante la crisis sanitaria debida a la pandemia.
El fenómeno meteorológico no sería justificación suficiente para los importantes estragos causados en el hospital, del que se han compartido imágenes de “cataratas” de agua colándose por el techo. Por ello, desde las redes se ha señalado a las constructoras por posibles desperfectos de construcción. La obra fue adjudicada por 1.855 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarte Laín (OHL) —del Grupo Villar Mir—, ACCIONA Concesiones S.L. y el Grupo ACS —cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez—.
La constructora ACS ha estado tras los grandes proyectos de obras públicas de los últimos años —la mayoría impulsadas por el Partido Popular—, como autopistas, aeropuertos y la red de ferrocarril de alta velocidad. De hecho, Pérez fue proclamado en 2019 como el mayor adjudicatario de obra pública en España con un 10% del total y un volumen de negocio de 721 millones de euros. Su actividad estuvo también muy vinculada a la obra pública en Baleares durante el mandato del popular Jaume Matas —condenado a prisión por varios delitos de corrupción y su implicación en el Caso Nóos—, que concedió uno de cada cinco millones a Florentino Pérez. En total, el empresario se hizo con casi el 20% de las adjudicaciones, valoradas en 210 millones de euros.
Relacionado con la corrupción del expresidente balear está también el Grupo Villar Mir por la construcción del Hospital Universitario Son Espases. Matas reconoció haber amañado el concurso público para adjudicar la obra del hospital público a Juan Miguel Villar Mir —presidente del grupo industrial desde su creación e investigado en el caso— con un presupuesto inicial de casi 780 millones de euros. La obra del Hospital Universitario de Toledo volvió a unir a OHL y ACS, que ahora se han visto señaladas por posibles problemas en la infraestructura.
Y es que el hospital público, cuyo coste superó los 1.800 millones de euros, tiene menos de un año. Por ello, desde Podemos han pedido explicaciones y han reclamado que se investigue a las empresas constructoras y concesionarias. El coordinador autonómico del partido en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha definido la “bochornosa” situación como “una nueva página en la historia del engaño y la chapuza” que ha supuesto la construcción, en la que cree que ha primado “la especulación y el reparto de comisiones por encima del interés de la ciudadanía”.
TV Y REDES | La constructora de Florentino Pérez, señalada por las “cataratas” en el nuevo Hospital de Toledo
Podemos ha reclamado que se investigue a las empresas constructoras y concesionarias de la obra del hospital, que tiene menos de un año y cuyo coste superó los 1.800 millones de euros
luhnoticias.esEl tenebroso vínculo entre el Banco Santander, Florentino Pérez y la ocupación israelí de Palestina
La relación ha sido desvelada mediante una investigación de Don’t Buy into Occupation (DBIO), en cuyo informe aparecen empresas que han financiado los asentamientos ilegales de Israel o que han participado en los proyectos de la potencia ocupantePor
Lorena Gómez.
4 de noviembre de 2021 22:00
Una investigación llevada a cabo por Don’t Buy into Occupation (DBIO) ha desvelado una lista de empresas europeas que apoyaron económicamente asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado de Palestina entre 2018 y 2021. El informe Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements ha expuesto así a numerosas entidades europeas que han financiado con aportaciones millonarias las “colonias” de Israel o que han participado en los proyectos de la potencia ocupante en territorio palestino. Entre esas instituciones se encuentran varias españolas como el Banco Santander —que ocupa el séptimo puesto en la clasificación de aportaciones invertidas— y el Grupo ACS a través de su filial Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI).
Concretamente, la entidad bancaria presidida por Ana Botín habría destinado más de 4.000 millones de euros —4,75 millones de dólares— a la infraestructura y la construcción de estos asentamientos. En el caso de ACS, la empresa fundada y dirigida por Florentino Pérez estaría dirigida a electrificar la red ferroviaria de Israel —destinada únicamente a ciudadanos israelíes—, incluido el tren A1 Tel Aviv-Jerusalén. SEMI habría contado con 2.000 millones de euros para ejecutar el proyecto de transporte israelí utilizando —según se afirma en el documento— áreas públicas y privadas del territorio palestino y, por lo tanto, actuando de manera ilegal.
Al mismo tiempo, una larga lista de empresas repartidas en distintos puntos del mundo y de España han proporcionado préstamos o prestado servicios al Grupo ACS para dicho proyecto, el cual viola la ley internacional. En el territorio nacional, algunas de las empresas vinculadas que aparecen en el informe —además del Banco Santander, ya mencionado por su llamativa inversión— son el banco BBVA, La Caixa, el Banco Sabadell, Kutxabank o Bankinter. A nivel internacional destacan instituciones de sobra conocidas como el grupo neerlandés ING o el banco francés BNP.
En la cabeza de la clasificación europea de inversores de la empresa en la que Florentino Pérez ejerce como director ejecutivo se encuentra el noruego Government Pension Fund Global —con 152 millones—, la entidad de Ana Botín —con 100— y la multinacional financiera y aseguradora alemana Allianz —con 59—. Una serie de instituciones que estarían colaborando a la vulneración de los derechos de la ciudadanía palestina, que mediante proyectos como este ve legitimada la ocupación israelí al mismo tiempo que se obstaculiza el acceso de los palestinos a su propio territorio, impidiendo así actividades agrícolas o el desarrollo económico de las zonas afectadas por las construcciones.
Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva años defendiendo la ilegalidad de estos asentamientos. Una ilegitimidad que reafirmó el pasado mes de junio Michael Lynk, un experto de la organización internacional, que alarmaba sobre la vulnerable situación de los derechos humanos en el territorio palestino —cuya ocupación se alarga desde 1967— e instaba a la comunidad internacional a reconocer los asentamientos como un crimen de guerra, tal y como se recoge en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una vulneración de los derechos humanos en la que —según la investigación de DBIO— participan empresas europeas como ACS o el Banco Santander, que priorizan el beneficio económico resultante de apoyar a una potencia ocupante por delante de derechos fundamentales.
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La relación ha sido desvelada mediante una investigación de Don’t Buy into Occupation (DBIO), en cuyo informe aparecen empresas que han financiado los asentamientos ilegales de Israel o que han participado en los proyectos de la potencia ocupante
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