Ese camino lo podría hacer la Fiscala General. Basta con ordenar retirar la acusación de delito de rebelión, ponerlos en libertad, y pasar el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que es la instancia que tendría que haberlo instruido.
El incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional que es de ámbito estatal sobrepasa el ámbito autonómico y por lo tanto es el Tribunal Supremo del Estado el que tiene que juzgarlo.