El Gobierno deniega información sobre la seguridad de la casa real

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Peticiones tramitadas a través del Portal de la Transparencia

25/04/2016


El Gobierno deniega información sobre la seguridad de la casa real
Ha respondido negativamente a una quincena de solicitudes de ciudadanos por considerar que sería peligroso revelar esos datos. Sí dio detalles sobre el nuevo despacho de Juan Carlos I


El Portal de la Transparencia que puso en marcha el Gobierno de España hace un año y medio permite a cualquier ciudadano enviar peticiones para solicitar información sobre innumerables aspectos de la Administración Pública. Un pequeño porcentaje de solicitudes son denegadas, y entre éstas hay algunas referidas a la casa real.

Felipe-VI-ciudadanos-vigilancia-escolta_ECDIMA20160422_0023_21.jpg

Felipe VI saluda a ciudadanos ante la vigilancia de un miembro de la escolta.

MonarquiaConfidencial

Desde que en diciembre de 2014 se pusiera en marcha esta web hasta marzo de 2016, el Portal de Transparencia ha denegado sólo 135 de las peticiones recibidas que se convirtieron en expedientes finalizados: del total, un 3,13%.

En cuanto a solicitudes tramitadas, el 3,85% corresponden a asuntos sobre la casa real, que tramita el Ministerio de la Presidencia. En este tiempo han sido 176 las preguntas relacionadas con la Corona que se han tramitado en el Portal de Transparencia.

Monarquía Confidencial ha podido comprobar que varias de las cuestiones, en torno a una quincena, que han sido denegadas por el Gobierno a lo largo del año y medio de funcionamiento del Portal de Transparencia afectan a la Casa del Rey y a la familia de Felipe VI.

La seguridad de la Corona, materia reservada
Son varias las causas que pueden dar lugar a la denegación del derecho de acceso: una de ellas es que la difusión de la información solicitada perjudique a la seguridad pública. Casi todas las peticiones relacionadas con la casa real se referían a la seguridad de los miembros de la Familia Real.

En el apartado concreto de “Seguridad pública” se pueden leer siete expedientes en los que el Ministerio del Interior, a través del secretario de Estado, responde a las peticiones argumentado que el carácter reservado de la información solicitada le impide responderle con los datos pedidos.

Y es que las solicitudes que se enviaron a través del Portal de Transparencia pedían conocer asuntos como “coste de seguridad de la Familia Real”, “coste de seguridad de los desplazamientos de SM el Rey Felipe VI” y “número de miembros de seguridad de la Casa Real”.

En todos esos casos la respuesta fue muy similar. Interior explicó que los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos y la protección de las personas relacionadas con estas instituciones -en este caso, la Casa del Rey- tiene calificación de reservado por la Ley de Secretos Oficiales.

Además, añade que la difusión de la información solicitada a personas no autorizadas puede generar perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado y sobre todo puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección (es decir, los miembros de la Familia Real) como de los agentes encargados de la misma.

Sólo añade un párrafo en el que indica que la información disponible que existe se encuentra en la página web de la Casa del Rey.

¿Quién paga los vuelos del rey?
Al Ministerio de Defensa también llegó una solicitud que afectaba al rey y que fue denegada. Un ciudadano preguntó si en los vuelos del Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española en los que viaja alguna autoridad del Estado, alto cargo o miembro de la casa real, se informa previamente de los acompañantes que volarán con esa alta autoridad.

También quería saber si se lleva a cabo algún procedimiento de control con esos acompañantes. Esta información fue denegada en una respuesta firmada por el general segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Eduardo Gil Rosella, debido a que el transporte aéreo de autoridades del Estado es materia clasificada cuando afecta a la Presidencia del Gobierno y a la Casa del Rey.

A lo que sí contestaron a esta persona que envió las preguntas es a otra cuestión: ¿Quién asume el coste de esos vuelos? El Ejército del Aire le respondió son ellos quienes asumen ese coste cuando los vuelos son de la casa real, de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Defensa: es de su presupuesto anual del que sale el dinero para pagar el combustible, las dietas del personal, el mantenimiento de los aviones y el servicio de cátering de estos vuelos del Grupo 45.

Una pregunta sobre la infanta Cristina y Urdangarín
Otras siete peticiones denegadas en el Portal de Transparencia y relacionadas con la Corona lo fueron por varias causas. Sin embargo, en el fondo la razón fue de nuevo la seguridad.

Por ejemplo, alguien reclamó un “listado detallado que incluya los puestos que ocupa el personal asignado por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de la institución (Casa Real) correspondiente al período comprendido entre 2010 y 2015”.

Otra petición solicitaba conocer “el coste del servicio de seguridad de cada uno de los miembros de la Familia Real”; una pregunta similar a la de “a cuánto asciende el gasto anual en seguridad de los Reyes (Don Felipe y Doña Letizia)”. Esta última pregunta llevaba un añadido sobre “lo que se gasta al año en agua, luz y calefacción en La Zarzuela”, pero a ese tema no se hace referencia en esta respuesta.

El “coste del servicio de seguridad de los Duques de Palma”, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín -en pleno proceso judicial del ‘caso Nóos’- también fue objeto de una pregunta que tuvo como contestación la denegación de la información requerida.

También hay peticiones para conocer qué gastos asume el Ministerio de Defensa en materia de seguridad y protocolo por los miembros del Cuarto Militar y la Guardia Real que sirven a Felipe VI y a la Familia Real. Unos alumnos del Máster de Investigación, Datos y Transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos pidieron los presupuestos ejecutados del Cuarto Militar, de los vuelos de la Jefatura del Estado y del cátering de los aviones.

En esos, la respuesta se limitaba a explicar las funciones de la Guardia Real y a contestar que esos gastos corresponden al Ministerio de Defensa.

El nuevo despacho de Juan Carlos I
Llama la atención una respuesta que en parte sí fue contestada. A Patrimonio Nacional llegaron preguntas sobre el despacho que se le instaló a Juan Carlos I en el Palacio Real de Madrid después de que abdicó en favor de Felipe VI.

A esta persona se le denegó la respuesta sobre si se había aumentado o se iba a aumentar el número de efectivos destinados a la seguridad del rey emérito.

Sin embargo, aparecen párrafos tachados en los que Patrimonio Nacional sí respondía a algunas de las cuestiones planteadas sobre en qué habían consistido las obras para acondicionar el despacho en el palacio; a cuántas dependencias habían afectado; cómo se licitó el concurso y quién lo ganó; cuál había sido el presupuesto; si había hecho falta hacer alguna actualización tecnológica, como instalar Wi Fi en el palacio; y todos los detalles posibles sobre este acondicionamiento del nuevo despacho de Juan Carlos I.

Por último, hubo una petición tramitada por la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se refería a cuáles eran los costes de producción y distribución de la nueva moneda de 1 euro con la efigie de Felipe VI. No hubo respuesta porque se entendía que entraba dentro de la causa de denegación de información que la Ley de Transparencia llama “perjuicio para los intereses económicos y comerciales”.
 
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Peticiones tramitadas a través del Portal de la Transparencia

25/04/2016


El Gobierno deniega información sobre la seguridad de la casa real
Ha respondido negativamente a una quincena de solicitudes de ciudadanos por considerar que sería peligroso revelar esos datos. Sí dio detalles sobre el nuevo despacho de Juan Carlos I


El Portal de la Transparencia que puso en marcha el Gobierno de España hace un año y medio permite a cualquier ciudadano enviar peticiones para solicitar información sobre innumerables aspectos de la Administración Pública. Un pequeño porcentaje de solicitudes son denegadas, y entre éstas hay algunas referidas a la casa real.

Felipe-VI-ciudadanos-vigilancia-escolta_ECDIMA20160422_0023_21.jpg

Felipe VI saluda a ciudadanos ante la vigilancia de un miembro de la escolta.

MonarquiaConfidencial

Desde que en diciembre de 2014 se pusiera en marcha esta web hasta marzo de 2016, el Portal de Transparencia ha denegado sólo 135 de las peticiones recibidas que se convirtieron en expedientes finalizados: del total, un 3,13%.

En cuanto a solicitudes tramitadas, el 3,85% corresponden a asuntos sobre la casa real, que tramita el Ministerio de la Presidencia. En este tiempo han sido 176 las preguntas relacionadas con la Corona que se han tramitado en el Portal de Transparencia.

Monarquía Confidencial ha podido comprobar que varias de las cuestiones, en torno a una quincena, que han sido denegadas por el Gobierno a lo largo del año y medio de funcionamiento del Portal de Transparencia afectan a la Casa del Rey y a la familia de Felipe VI.

La seguridad de la Corona, materia reservada
Son varias las causas que pueden dar lugar a la denegación del derecho de acceso: una de ellas es que la difusión de la información solicitada perjudique a la seguridad pública. Casi todas las peticiones relacionadas con la casa real se referían a la seguridad de los miembros de la Familia Real.

En el apartado concreto de “Seguridad pública” se pueden leer siete expedientes en los que el Ministerio del Interior, a través del secretario de Estado, responde a las peticiones argumentado que el carácter reservado de la información solicitada le impide responderle con los datos pedidos.

Y es que las solicitudes que se enviaron a través del Portal de Transparencia pedían conocer asuntos como “coste de seguridad de la Familia Real”, “coste de seguridad de los desplazamientos de SM el Rey Felipe VI” y “número de miembros de seguridad de la Casa Real”.

En todos esos casos la respuesta fue muy similar. Interior explicó que los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos y la protección de las personas relacionadas con estas instituciones -en este caso, la Casa del Rey- tiene calificación de reservado por la Ley de Secretos Oficiales.

Además, añade que la difusión de la información solicitada a personas no autorizadas puede generar perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado y sobre todo puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección (es decir, los miembros de la Familia Real) como de los agentes encargados de la misma.

Sólo añade un párrafo en el que indica que la información disponible que existe se encuentra en la página web de la Casa del Rey.

¿Quién paga los vuelos del rey?
Al Ministerio de Defensa también llegó una solicitud que afectaba al rey y que fue denegada. Un ciudadano preguntó si en los vuelos del Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española en los que viaja alguna autoridad del Estado, alto cargo o miembro de la casa real, se informa previamente de los acompañantes que volarán con esa alta autoridad.

También quería saber si se lleva a cabo algún procedimiento de control con esos acompañantes. Esta información fue denegada en una respuesta firmada por el general segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Eduardo Gil Rosella, debido a que el transporte aéreo de autoridades del Estado es materia clasificada cuando afecta a la Presidencia del Gobierno y a la Casa del Rey.

A lo que sí contestaron a esta persona que envió las preguntas es a otra cuestión: ¿Quién asume el coste de esos vuelos? El Ejército del Aire le respondió son ellos quienes asumen ese coste cuando los vuelos son de la casa real, de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Defensa: es de su presupuesto anual del que sale el dinero para pagar el combustible, las dietas del personal, el mantenimiento de los aviones y el servicio de cátering de estos vuelos del Grupo 45.

Una pregunta sobre la infanta Cristina y Urdangarín
Otras siete peticiones denegadas en el Portal de Transparencia y relacionadas con la Corona lo fueron por varias causas. Sin embargo, en el fondo la razón fue de nuevo la seguridad.

Por ejemplo, alguien reclamó un “listado detallado que incluya los puestos que ocupa el personal asignado por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de la institución (Casa Real) correspondiente al período comprendido entre 2010 y 2015”.

Otra petición solicitaba conocer “el coste del servicio de seguridad de cada uno de los miembros de la Familia Real”; una pregunta similar a la de “a cuánto asciende el gasto anual en seguridad de los Reyes (Don Felipe y Doña Letizia)”. Esta última pregunta llevaba un añadido sobre “lo que se gasta al año en agua, luz y calefacción en La Zarzuela”, pero a ese tema no se hace referencia en esta respuesta.

El “coste del servicio de seguridad de los Duques de Palma”, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín -en pleno proceso judicial del ‘caso Nóos’- también fue objeto de una pregunta que tuvo como contestación la denegación de la información requerida.

También hay peticiones para conocer qué gastos asume el Ministerio de Defensa en materia de seguridad y protocolo por los miembros del Cuarto Militar y la Guardia Real que sirven a Felipe VI y a la Familia Real. Unos alumnos del Máster de Investigación, Datos y Transparencia de la Universidad Rey Juan Carlos pidieron los presupuestos ejecutados del Cuarto Militar, de los vuelos de la Jefatura del Estado y del cátering de los aviones.

En esos, la respuesta se limitaba a explicar las funciones de la Guardia Real y a contestar que esos gastos corresponden al Ministerio de Defensa.

El nuevo despacho de Juan Carlos I
Llama la atención una respuesta que en parte sí fue contestada. A Patrimonio Nacional llegaron preguntas sobre el despacho que se le instaló a Juan Carlos I en el Palacio Real de Madrid después de que abdicó en favor de Felipe VI.

A esta persona se le denegó la respuesta sobre si se había aumentado o se iba a aumentar el número de efectivos destinados a la seguridad del rey emérito.

Sin embargo, aparecen párrafos tachados en los que Patrimonio Nacional sí respondía a algunas de las cuestiones planteadas sobre en qué habían consistido las obras para acondicionar el despacho en el palacio; a cuántas dependencias habían afectado; cómo se licitó el concurso y quién lo ganó; cuál había sido el presupuesto; si había hecho falta hacer alguna actualización tecnológica, como instalar Wi Fi en el palacio; y todos los detalles posibles sobre este acondicionamiento del nuevo despacho de Juan Carlos I.

Por último, hubo una petición tramitada por la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se refería a cuáles eran los costes de producción y distribución de la nueva moneda de 1 euro con la efigie de Felipe VI. No hubo respuesta porque se entendía que entraba dentro de la causa de denegación de información que la Ley de Transparencia llama “perjuicio para los intereses económicos y comerciales”.
Válgame! Cuanta transparencia! No vamos a poder asimilar tanta información :whistle: hay que ver que preguntona es la gente, que antipática y maleducada, preguntar por esas cosas que solo atañen a tan real familia ya que se lo costean de su exiguo bolsillo :rolleyes:
 
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El Gobierno ignora las resoluciones de Transparencia para que detalle el coste de la seguridad de la Casa Real​


En la rendición de cuentas de todo lo relativo a la seguridad de la Casa Real hay dos instituciones que chocan constantemente: el Gobierno, que rechaza dar cualquier detalle sobre los dispositivos que protegen a la familia real; y el Consejo de la Transparencia, que en multitud de ocasiones ha echado al traste los argumentos que usa el Ejecutivo para mantener oculta esa información. Sin embargo, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia ha tenido poco éxito en su intento por arrojar luz a una cuestión sepultada en la opacidad: el personal que el Ministerio del Interior destina a la jefatura del Estado y el coste que supone para las arcas públicas.

La Casa Real hace otro simulacro de transparencia que deja fuera las donaciones en especie al emérito
SABER MÁS

El Gobierno acumula resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que detalle cuestiones como el número de agentes de los que dispone la Casa del Rey, el presupuesto que se gasta en esa partida o el personal que acompaña al rey emérito y el coste en dietas que conlleva, según varias resoluciones analizadas por esta redacción. Todos esos datos permanecen en secreto, a pesar de que cada movimiento del rey tiene detrás un importante despliegue.

El Ministerio de Interior ha desoído una resolución de la institución que vela por el acceso a la información pública tras una solicitud de elDiario.es sobre el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en la Casa Real. El Consejo de Transparencia vio oportuno que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ofreciera esos datos argumentando, entre otras cosas, que no supone un riesgo para la seguridad pública, como defendía Interior: “No pidiéndose detalle alguno en cuanto a la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos, sino el mero número global, no ha quedado acreditado ni se alcanza a discernir en qué medida su conocimiento público puede revelar ”fortalezas y debilidades“, como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real”.

A pesar de que esa resolución desmonta los argumentos que había esgrimido el ministerio para denegar la petición, Interior se reafirmó en ellos aduciendo que la ley de secretos oficiales dice que tiene carácter “reservado” aquella información relativa a “las plantillas de personal y medios y de equipo de las unidades”. Por eso consideró que le ampara la ley de transparencia para ocultar el número de agentes destinados a Zarzuela y se negó a remitirlo.

Pero no solo desoía al Consejo de Transparencia en ese caso, sino que en otro anterior el organismo ya había desmontado el argumento de que es una información considerada reservada bajo la premisa de que, de ser así, debería existir “una previa declaración de secreto”, que en todo caso, señalaba, no se había aportado al procedimiento. “A falta de este requisito esencial, debe analizarse si dar la información solicitada atenta contra la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”, continuaba el Consejo en su resolución, que también rechazaba que ofrecer el presupuesto destinado a la protección de la Casa Real desde el año 2000, como exigía el peticionario, supusiera desvelar la dimensión de un dispositivo concreto, que era otra de las razones que daba Interior para rechazar la solicitud al considerar que podía supone un “peligro”.

“Concluir que dar un presupuesto sobre seguridad refleja la dimensión de seguridad de los miembros de la Casa Real y, en consecuencia, pudiera perjudicar su efectividad, no se corresponde con la naturaleza de la información (...) ni con el alcance amplio que ha de darse al derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, la interpretación restrictiva y debidamente justificada que ha de realizarse respecto de sus límites”, señala el Consejo de Transparencia, que se basa en una sentencia del Tribunal Supremo para su argumentación.

Otra de las alegaciones de Interior que Transparencia echa por tierra en varias de las resoluciones analizadas es que aportar información sobre los efectivos ponga en riesgo la protección de datos de carácter personal: “No se solicitan datos personales contenidos en documentos de la Administración o información que, eventualmente, pudiera desvelar información de carácter personal, sino datos presupuestarios de carácter económico que ninguna incidencia tienen en la esfera personal de los encargados de llevar a cabo las actuaciones de seguridad”.

Límites también de Presidencia​

Pero no solo Interior trata de limitar la información sobre ese tipo de gastos. También la secretaría general de Presidencia, que es a quien corresponde dar la información sobre la jefatura del Estado que se solicita al amparo de la ley de 2013. En una resolución emitida en diciembre de 2020, el organismo obligaba al departamento que entonces pilotaba Félix Bolaños a remitir el presupuesto asignado para los viajes de la familia real desde el año 2000 así como el dedicado a la protección de sus miembros. Presidencia había usado idénticas explicaciones para denegar la información: que se trata de un asunto reservado y que puede “comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma”.

Lo mismo ocurre con la seguridad del rey emérito. El Ministerio del Interior se negó a concretar el número de escoltas que acompañan a Juan Carlos I en su estancia en Abu Dabi. elDiario.es reveló posteriormente que dispone de tres ayudantes de cámara cuyos salarios y dietas abona Patrimonio Nacional, pero se desconoce el personal de seguridad a su servicio. Además de escudarse de nuevo en el carácter reservado de los dispositivos policiales, calcó los pretextos de los otros casos en respuesta a una solicitud de esta redacción: “Implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección”.

El Consejo de Transparencia estimó parcialmente el recurso de un particular que pidió a Interior el gasto de la escolta de Juan Carlos de Borbón desde su abdicación, qué parte corresponde a dietas y el número de viajes realizados por el exjefe del Estado. El gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad insistió en el “peligro” que podía suponer hacer pública esa información para la persona en cuestión y “sus equipos de protección” y añadió: “No cabe disociar las concretas partidas presupuestarias destinadas a los distintos ámbitos en que dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen sus cometidos y no resulta factible además de ser impracticable”.

De nuevo el Consejo de Transparencia desdeñó las explicaciones de ese departamento y, en concreto, cargó contra el argumento de que no se pueden diferenciar los costes. “Al tratarse de un gasto efectuado que ha de imputarse a una partida concreta y ser objeto de los controles contables correspondientes, el mismo podría ser fácilmente identificable sin necesidad de un tratamiento específico o que desborde las capacidades del organismo”, sentenciaba en la resolución en la que instaba al departamento de Marlaska a dar los datos sobre el gasto que supone la escolta del exjefe del Estado y concretar qué parte responde a dietas. Lo que dejaba fuera era el número de viajes al extranjero al entender que requería de una “acción previa de reelaboración” (para hacer el listado) que queda fuera de las obligaciones que la ley de transparencia impone a las administraciones.


A pesar de las resoluciones favorables en la batalla por la transparencia en las cuentas de la jefatura del Estado, las instituciones hacen oídos sordos del Consejo de Transparencia, que no tiene capacidad de obligar a que se cumplan sus resoluciones. Es una laguna de la norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que deja en manos de los solicitantes de la información seguir la pelea en los tribunales, con el coste que ello supone.

Recientemente, el Consejo de Transparencia también ha instado a Interior a desvelar cuánto gasta en escoltas cada miembro del Gobierno en sus viajes privados. El ministerio denegó la petición de una ciudadana bajo el argumento de que es una información que tiene “carácter reservado” y que su “divulgación a personas no autorizadas” puede “generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma”, informa Europa Press. Transparencia considera que ese carácter reservado no abarca de modo genérico “a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Para ese organismo, no “cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma”. “Tampoco se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas”, remata esa resolución.





Yo matizaría el titular. El ala de Pedro Sanchez del Gobierno, porque me niego a llamarlos socialistas. La otra parte, es decir UP no ampara ese oscurantismo.
 
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Válgame! Cuanta transparencia! No vamos a poder asimilar tanta información :whistle: hay que ver que preguntona es la gente, que antipática y maleducada, preguntar por esas cosas que solo atañen a tan real familia ya que se lo costean de su exiguo bolsillo :rolleyes:
Fuera de coñas, es impresentable que se utilicen fondos de las arcas publicas y no se den explicaciones sobre sus usos al Pueblo soberano. Para que luego cacareen de democracia.

Si esto lo hacen los socialistas que se presentan como un partido progresista, espera que vengan los otros que igual son capaces de sacar el cuerpo de Franco y pasearlo bajo palio.

Vaya democracia ! vaya progreso ! vaya cruz !
 
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Si la información sobre el dispositivo de seguridad de la familia real se hacía pública, también debían revelar sobre la seguridad de Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno....
 
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Si la información sobre el dispositivo de seguridad de la familia real se hacía pública, también debían revelar sobre la seguridad de Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno....
Pues que se haga o que lo pidan los demás partidos.
Ahhhh no que después cuando llegue al poder van a saber los mios.
Estoy cansada de los gastos de Sánchez y Cía (no me gusta este hombre nada por las leyes ,etc que hace, no me gusta el 2030, etc)pero criticarlo por subir al Falcón,etc cuando los anteriores hicieron lo mismo me parece una estupidez.
Si se quiere que ahorre se le debe de exigir que quite ministerios, por ejemplo.
Me he liado o_O
 
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El Falcón lo inauguró Aznar por lo que Zapatero se quedó sin disfrutarlo
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Pues que se haga o que lo pidan los demás partidos.
Ahhhh no que después cuando llegue al poder van a saber los mios.
Estoy cansada de los gastos de Sánchez y Cía (no me gusta este hombre nada por las leyes ,etc que hace, no me gusta el 2030, etc)pero criticarlo por subir al Falcón,etc cuando los anteriores hicieron lo mismo me parece una estupidez.
Si se quiere que ahorre se le debe de exigir que quite ministerios, por ejemplo.
Me he liado o_O
Yo estoy cansada de los privilegios ilimitados que tienennnnn
Pregunta. Cristina que está de vacaciones con sus hijos y familia política en Francia ¿tiene guardaespaldas?
 
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Yo estoy cansada de los privilegios ilimitados que tienennnnn
Pregunta. Cristina que está de vacaciones con sus hijos y familia política en Francia ¿tiene guardaespaldas?
Siempre va acompañada de guardaespaldas. Si ella y la infanta Elena tienen guardaespaldas, hay una razón válida. De lo contrario, no tenían ningún dispositivo de seguridad.
 
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¡Es un abuso constante hacia la ciudadanía
Si hubiese habido justicia, Cristina y su padre el Emérito hubiesen ido a la cárcel.
No es abuso. Si pueden estar en riesgo, por alguna razón, tienen que tener guardaespaldas. Hay mucha gente loca por ahí.