El Gobierno de Sánchez presiona al Poder Judicial

Jueces y fiscales exigen a Carmen Calvo respeto y que no presione al poder judicial con los presos independentistas

Jueces y fiscales exigen a Carmen Calvo respeto y que no presione al poder judicial con los presos independentistas

Piden "prudencia" a la hora de comentar un asunto en proceso porque parece una "intromisión" del Gobierno en las decisiones judiciales MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) - Las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado este lunes las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista sobre los líderes independentistas del 'procés' y han llamado a respetar la separación de poderes y la independencia judicial En una entrevista a 'La Vanguardia' ...

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Jueces y fiscales censuran a Calvo por "presionar" a la justicia con los presos del 'procés'
La mayoría de las asociaciones piden al Gobierno extremar la prudencia y el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial


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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo / EUROPA PRESS
ARCHIVADO EN: FISCALÍA, JUECES, ESTADO DE DERECHO, PROCÉS, GOBIERNO, CARMEN CALVO
ALEJANDRO TERCERO @alextercerog

24.09.2018 18:31 h.
5 min
Asociaciones de jueces y fiscales han rechazado hoy las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que afirmó que, si se retrasa "mucho" el juicio a los políticos independentistas que organizaron el intento de secesión unilateral de Cataluña, no sería lógico "alargar demasiado" la situación de prisión preventiva, en la que se encuentran alguno de ellos.

Tras estas palabras de la ministra de Igualdad, jueces y fiscales han llamado a respetar la separación de poderes y la independencia judicial.

Los progresistas se desmarcan



La mayoría de las entidades judiciales y fiscales han considerado que esta posición por parte de un miembro del ejecutivo es "irresponsable"porque supone una injerencia en el Poder Judicial. Asimismo, han recordado que el tiempo de la prisión preventiva está contemplado y regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que compete a las acusaciones hacer las peticiones oportunas y al juez instructor o tribunal a tomar la decisión.

Aunque esta es una apreciación común en casi todas las asociaciones, desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Ignacio González, ha rechazado que las palabras de la número dos del Gobierno suponga una injerencia en las decisiones judiciales. "Es una declaración política que no creo que interfiera en nada, ni creo que suponga una presión", ha insistido
 
Los fiscales del 1-O avisan a Segarra: si crecen las presiones irán al Consejo Fiscal
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María José Segarra, fiscal general del Estado. (Foto: EFE)
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El PSOE ofreció a los independentistas reformar el Código Penal para rebajar las penas a los golpistas
Cunillera, Batet y Calvo han hecho guiños al separatismo con los indultos y las excarcelaciones



Las presiones políticas aireadas por los partidos separatistas y recibidas con aparente normalidad por el Gobierno de Pedro Sánchez han puesto en alerta a los fiscales del caso 1-O. Los cuatro fiscales encargados del caso del golpe de estado separatista –Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza– han mantenido ya encuentros con la fiscal general María José Segarra para dejar claro que no van a ceder a ninguna presión. Es más, que en caso de que observen un incremento excesivo de las coacciones sobre su trabajo acudirán de inmediato al Consejo Fiscal en busca de amparo y para dejar constancia pública de que la capa política ha cruzado cualquier límite admisible.

Los cuatro fiscales se han mantenido firmes pese a las presiones a lo largo de toda la instrucción. Y no están dispuestos a modificar su actitud. Y así se lo han trasladado en la charla que han mantenido recientemente con la fiscal General Segarra.

No se han dirigido a ella porque la nueva fiscal general –sucesora de Julián Sánchez Melgar– haya ejercido presiones. Todo lo contrario. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a OKDIARIO que la postura de Segarra está siendo de respeto por la labor de la acusación pública. Los cuatro fiscales han acudido a ella con el objetivo de dejar constancia de que la órbita que perciben de creciente presión política puede llegar un punto en el que resulte inadmisible y que, en ese caso, ni piensan ceder ni admitir ese ambiente.

asociaciones de jueces y fiscales han mostrado este mismo lunes su rechazo sin fisuras a las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Y es que la vicepresidenta del Gobierno ha saltado a la opinión pública para mostrarse comprensiva con una posible salida de la prisión preventiva de los líderes separatistas procesados y encarcelados por el golpe del 1-O.

Intromisión política

En una entrevista en La Vanguardia publicada este domingo, Carmen Calvo afirmó que si se retrasa “mucho” el juicio contra los políticos independentistas no sería lógico “alargar demasiado” la situación de prisión preventiva, en la que se encuentran alguno de ellos.

Ante esta intromisión del poder Ejecutivo en las decisiones judiciales, algunas de las asociaciones judiciales y fiscales han señalado que este tipo de opiniones por parte de un miembro del Ejecutivo es “irresponsable” porque supone una injerencia evidente en el Poder Judicial. Asimismo, las asociaciones han recordado que el tiempo de la prisión preventiva está contemplado y regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y que compete a las acusaciones hacer las peticiones oportunas y al juez instructor o tribunal a tomar la decisión.

La movilización de la capa judicial y fiscal en contra de las presiones políticas, además, no llega sólo por unas palabras de la vicepresidenta. Todo lo contrario.

Y es que el precio de los separatistas por apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez está cada vez más claro: quieren como sea que las penas a los golpistas sean rebajadas. Por eso, JxCAT se ha atrevido a trasladar al presidente del Gobierno la petición de separar a los fiscales del 1-O que piden rebelión para los imputados –tal y como ha adelantado OKDIARIO–.

Según la propia versión de PDeCAT, el PSOE se comprometió con ellos “a buscar una solución a los presos políticos [como ellos los llaman]” y, por lo tanto, es el PSOE el que tiene que solventarlo.

Fuertes penas

Desde los partidos separatistas saben que los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, están convencidos de la aplicación del delito de rebelión y de que el comportamiento de los procesados es merecedor de fuertes penas de prisión. Por ello, los separatistas están dirigiendo sus presiones hacia los fiscales.

Inicialmente las presiones de los golpistas se centraron en que la nueva fiscal general abandonase la acusación de rebelión a los golpistas. Un intento que pretendió alterar el curso natural de la Justicia y usar a la figura de la fiscal general del Estado para aliviar la acusación y, consecuentemente, las condenas efectivas de los golpistas. La intentona, sin embargo, no triunfó.

La iniciativa de las peticiones a los fiscales ha venido siempre de JxCAT, el partido de Quim Torra y Carles Puigdemont. Pero es el PSOE el primero que se mostró abierto a negociar peticiones de los separatistas con motivo de la moción que ha llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Y es que el PSOE ofreció a los independentistas inicialmente reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión -una iniciativa excesivamente lenta-. Más tarde ofreció trasladar la competencia plena penitenciaria a la Generalitat para poder excarcelarlos una vez condenados y enviados a la cárcel -algo que implicaba la recepción de una fuerte condena inhabilitadora-. Posteriormente y a través de figuras como Miquel Iceta o Teresa Cunillera planteó el indulto. Y ahora directamente pasa a presionar a los jueces y fiscales con mensajes directos del Ejecutivo.
 
Me parece muy grave el mensaje que están mandado a los jueces: que da igual el trabajo que hagan, el juicio y la sentencia, porque el gobierno no lo va a tener en cuenta al darles el indulto a los golpistas.
 
NO SE PLANTEAN EXCARCELACIONES ANTES
Supremo y Fiscalía, firmes ante la presión política en la causa sobre el 'procés'
Fuentes del alto tribunal aseguran que el tribunal que debe juzgar a Junqueras y al resto de políticos encarcelados no ha variado su intención de mantenerles en la cárcel hasta el juicio
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Foto: Reuters.
BEATRIZ PARERA
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25/09/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 25/09/2018 08:49
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Fiscalía no tienen intención de variar un ápice su criterio en la causa por rebelión y malversación que afecta al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes encarcelados. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, ni el alto tribunal ni el Ministerio Público se plantean ahora la excarcelación de los siete políticos catalanes que permanecen en prisión preventiva a la espera de la próxima celebración del juicio en su contra.

Se alejan así las posibilidades de que Junqueras, los exconsejeros Josep Rull y Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn y las 'exconselleras' recuperen la libertad a cambio de medidas cautelares más indulgentes, pese a las continuas declaraciones por parte de miembros del Ejecutivo o, precisamente, por las mismas. La prisión preventiva es, según su propia definición, provisional, y se mantiene mientras concurran el riesgo de fuga, de retiración delictiva o de destrucción de pruebas. Nada ha variado en los últimos meses para considerar un cambio en estas circunstancias que pueda conducir a replantearse la disminución de estos peligros, destacan las citadas fuentes.




El Gobierno, la Fiscalía y la prisión provisional
GONZALO QUINTERO OLIVARES
Debe relativizarse, cuando menos, la idea de que el Gobierno 'no puede decirle nada' al fiscal




Insisten, por ejemplo, en que afirmaciones como las realizadas por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, sobre el indulto, o las del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no sirven sino para afianzar aún más su postura actual que, como se ha reflejado ya varias veces en distintos autos del instructor Pablo Llarena en respuesta a diversos recursos, es contraria a apoyar una salida de prisión a unos meses del inicio de la vista oral.

Lo cierto es que ningún tribunal, y con más motivo el Supremo, debe plegarse a una opinión política cambiante sobre un asunto judicializado, dicen. Ni de unos de ni otros. No sucedió en la etapa del PP al frente del Gobierno, en la que los de Mariano Rajoy hubieran agradecido un menor rigor en momentos puntuales —sirva como ejemplo el regreso a prision de Jordi Turull cuando era candidato a presidente—, ni sucederá tampoco ahora. Este tipo de declaraciones "refuerzan" más que debilitan la convicción de que debe procederse lejos del dictado del poder ejecutivo, aseguran los consultados.

Precisamente, la Sala del 61 se ha pronunciado este lunes sobre la imparcialidad de los miembros de la Sala de lo Penal y ha hecho una alusión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la instancia ante la que los procesados por rebelión acudirán una vez agotada la vía del recurso en España. Así, han destacado, por ejemplo, que en el TEDH los magistrados son "propuestos y elegidos por políticos en activo", sin que nadie sospeche de su imparcialidad. "En pocas palabras, son propuestos y elegidos por políticos en activo —ni siquiera por un órgano que, como el Consejo General del Poder Judicial, es a su vez elegido en sede política— sin que nadie piense que por esa razón queda en entredicho su imparcialidad", dice el auto en el que se rechazan las recusaciones de cinco magistrado que compondrán el tribunal en el juicio por el 'procés'.




La Abogacía del Estado en el 'procés', la baza que guarda Sánchez en el deshielo con Torra
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Los independentistas reclaman que la Abogacía, dependiente de Justicia, levante el pie, y Moncloa recuerda que está personada solo por malversación. Sánchez no influirá en la Fiscalía



Dilaciones
Otro de los motivos que refuerzan la postura a favor de la prisión provisional de seis de los acusados es la estrategia dilatoria de las defensas, que han pasado a oponerse por escrito a todos los pasos del procedimiento, por nimios que sean. Se están recurriendo, por ejemplo, diligencias de trámite dictadas por el letrado de la administración de Justicia e incluso el sistema de notificaciones a través de Lexnet. Es decir, los retrasos en la celebración de la vista forman, ahora mismo, parte de la estrategia frente al procedimiento.

También destacan las fuentes consultadas la postura planteada por algunos de los procesados en el reciente aniversario de los hechos del 20 de septiembre, durante las manifestaciones ante la Conselleria de Economía coincidiendo con detenciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Los presidentes de las dos asociaciones soberanistas, a un mes de cumplir un año en la cárcel, aseguraron en una carta escrita desde prisión que "lo volverían a hacer" y que el archivo o la absolución en la causa contra ellos por un presunto delito de sedición y rebelión es "la única salida justa".

Durante el pasado fin de semana, la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguró en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' que la estancia en prisión preventiva de Junqueras y los otros cinco acusados "no ayuda". "Si se alarga mucho la vista oral, se podrían tomar otras medidas. Se lo podría plantear el juez, sería razonable. Alargar tanto una preventiva, si se va a alargar la vista oral…Parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones. Evidentemente, no en libertad, porque están siendo parte importante de un procedimiento, pero si se alarga tanto en el tiempo como se está diciendo, para el año que viene o para después de las elecciones, parecería razonable que tuvieran otras medidas distintas. La prisión preventiva está para lo que está", dijo
 
Siguen avanzando para pagar su deuda a los separatas

PSOE y ERC frenan una enmienda del PP que evitaría el indulto de Sánchez a los golpistas
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La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat. (Foto: EP)
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Sánchez no desautoriza a Cunillera por los indultos y dice que hace falta más “empatía” con Cataluña


El PSOE está jugando con los tiempos de la Comisión de Justicia del Congresopara ralentizar una reforma de la ley de indultos en la que el PP ha presentado una enmienda de gran calado: la de prohibir la concesión de esta medida de gracia a los golpistas catalanes.

Los socialistas, que controlan esta comisión con el apoyo de ERC, vienen utilizándola como dique de contención a la propuesta popular. Y todo apunta a que así seguirán haciéndolo, máxime cuando en los últimos días los guiños del Gobierno a los independentistas en este sentido se han multiplicado.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera (PSC), afirmó el sábado que estaría dispuesta a conceder el indulto a los exdirigentes de la Generalitat encarcelados sin son condenados en firme por el Supremo y solicitan esta prerrogativa al Ministerio de Justicia. Por su parte, el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evitó desautorizar a Cunillera al día siguiente.

finalmente fue tumbada el lunes por la Mesa del Congreso –con los votos de PP y Ciudadanos– conforme a jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 2011.
 

PSOE y Unidas Podemos acuerdan limitar de inmediato las funciones del Poder Judicial​

La medida supone incrementar la presión sobre el PP para que renueve el Consejo y un desafío al órgano de gobierno de los jueces, que ya defendió su competencia para seguir haciendo nombramientos
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d)

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d)
ALEJANDRO REQUEIJO
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PUBLICADO 02/12/2020 11:26ACTUALIZADO02/12/2020 12:49
PSOE y Unidas Podemos, lo dos partidos que sostienen el Gobierno de coalición, han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato haya caducado, como ocurre en este momento. El órgano de Gobierno de los jueces , de mayoría conservadora, cumple justo este viernes los dos años en funciones y eso no ha impedido que hayan seguido nombrando a jueces para los puestos relevantes de la carrera, algo a lo que se opone el Gobierno.
"Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento", dice el escrito presentado por los grupos parlamentarios de ambos partidos.
"Se colige la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones", sostiene.
Este paso no afecta al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de una proposición que camina en paralelo a ese debate, aunque guarda relación con uno de los grandes asuntos sobre la mesa en este momento. Los principales partidos políticos no consiguen ponerse de acuerdo para acometer lo que en realidad es una obligación constitucional que corresponde a las Cortes y tendría que haber sucedido hace dos años. Una situación de bloqueo que contrasta con los sistemas de otros países homologables a España.

El propio ministro de Justicia ya se mostró en contra de que el Consejo en funciones pudiera seguir nombrando puestos. A pesar de sus reparos, hecho en público, la mayoría del CGPJ siguió adelante con sus funciones. Entienden los vocales que les ampara la constitución y que estar en funciones no implica dejar de cumplir con su tarea.

La 'rebelión' de Consejo​

En un Pleno celebrado el pasado septiembre, el Consejo no cedió ante las presiones del Gobierno y por una amplia mayoría eligió a seis magistrados para ocupar puestos clave en el Tribunal Supremo; en concreto se trataba de tres presidencias de Sala y tres jueces de la jurisdicción penal, que se encarga de revisar las causas de corrupción. Se da la circunstancia de que en esa rebelión no tomaron parte los vocales considerados del sector conservador, sino también aquellos que en su día fueron elegidos para el puesto a propuesta del PSOE.
De esta manera, la proposición presentada este miércoles por el PSOE y Unidas Podemos supone elevar la presión frente al PP para que se siente a renovar el Consejo. Por otro lado tensa aún más su relación con el Consejo y el Poder Judicial, muy dañada desde la crisis por el veto al rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos en Barcelona.
Actualmente, según los datos del Consejo, hay al menos 16 convocatorias todavía pendientes de nombramiento. Antes de verano, el presiente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió paralizar varios de estos procesos ante la información que apuntaba a un inminente acuerdo de renovación entre PP y PSOE. Sin embargo, el pacto se rompió y desde el PP aseguran que no se ha retomado ni se ve un acuerdo en un plazo corto de tiempo.
Las líneas rojas de los populares, pasan por que Podemos quede fuera de la negociación, que los vocales elegidos no hayan desempeñado cargos políticos en el pasado y que el Gobierno retire por completo otra proposición impulsada por el PSOE y Podemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esa proposición de reforma, que costó las llamadas de atención de organismos europeos, defiende rebajar a una mayoría simple la necesidad de apoyos en el Parlamento para renovar el Consejo. Actualmente, ese límite es de tres quintos de las cámaras para asegurar el consenso suficiente que priorizó en sentencia el Tribunal Constitucional en 1986.
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