El Gobierno de Pedro Sánchez garantiza a la ONU que revisará el delito de injurias a la corona

Registrado
22 Mar 2018
Mensajes
10.727
Calificaciones
51.080
El Gobierno de Pedro Sánchez garantiza a la ONU que revisará el delito de injurias a la corona
El Ejecutivo "acepta" una recomendación de Bruselas para "garantizar la libertad de expresión"


El Plural Jueves, 16 de julio de 2020


Pedro Sánchez


Pedro Sánchez

El Gobierno ha comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pretende "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal.

Así consta en las respuestas y observaciones del Ejecutivo en relación con el examen periódico universal (EPU) al que España se sometió el pasado mes de enero en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos ha aprobado este jueves el informe relativo a ese examen, que incluye los comentarios enviados por el Gobierno respecto a las 275 recomendaciones formuladas por otros países.
En esos comentarios, consta que España "acepta" una recomendación de Bélgica de "garantizar la libertad de expresión y opinión revisando el Código Penal para asegurar que sus delitos están alineados con definiciones reconocidas internacionalmente".
En su explicación, el Gobierno precisa que su intención es revisar el delito de injurias a la Corona y el delito contra los sentimientos religiosos. También Canadá emitió una recomendación similar.

En cambio, el Gobierno no ha aceptado una recomendación de Luxemburgo de descriminalizar el delito de injurias en general, argumentnado que "el delito de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales".
El hecho es que, recientemente, la Audiencia Nacional ha asumido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya en 2018 archivó una denuncia por quemar fotos del Rey argumentando que se enmarcaba en la libertad de expresión.

El Gobierno explica, sobre este punto, que en España apenas hay normas sobre la libertad de expresión porque ésta "se refuerza si el Estado renuncia a regularla". Sí se regula, explica en respuesta a la posición de Ghana, el derecho de rectificación de los particulares y "la responsabilidad penal cuando una noticia dice que alguien ha cometido un delito y no es cierto, o cuando se menoscaba gravemente su reputación".
En conjunto, el Gobierno ha aceptado totalmente 252 de las recomendaciones recibidas, un 91 por ciento del total, según ha explicado este jueves el embajador español ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller.

Se aceptan las recomendaciones con las que el Gobierno está de acuerdo y considera que puede poner en práctica, o aquellas que, a su juicio, ya se están cumpliendo o están en curso y no necesitan medidas adicionales.
"Diálogo constructivo" con Cataluña
En ese sentido, el Gobierno acepta la recomendación de Venezuela de "iniciar un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones" con el argumento de que ya "mantiene un diálogo fluido y constructivo con las instituciones de todas las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales "otros instrumentos bilaterales de cooperación".
Sobre Cataluña, detalla que en febrero de 2020 se creó "un nuevo espacio de encuentro" a través de la "Mesa de diálogo, negociación y acuerdo" entre los dos gobiernos y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado "con el fin de buscar soluciones en el marco de la Constitución y de la ley". Venezuela fue el único país que, durante el 'examen' de enero, planteó la cuestión de Cataluña.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue objeto de numerosas preguntas cuando España se sometió al examen en enero, el Gobierno aclara, por ejemplo, que no está entre sus potestades ilegalizar asociaciones u organizaciones políticas, cosa que solo se puede hacer por decisión judicial.
En respuesta a Canadá, explica algunas de las infracciones que tipifica "a la espera de que, mediante la oportuna reforma legal que tendrá que ser tramitada y aprobada por el Poder Legislativo, se le incorporen las modificaciones necesarias".
Por otro lado, el Gobierno acepta solo parcialmente 13 recomendaciones, con las que está de acuerdo en términos generales pero no puede aplicar totalmente, ya sea porque disiente acerca del modo de llevarlas a cabo o porque existen factores de orden jurídico, presupuestario o constitucional, según ha explicado el embajador.
Por último, España toma nota de 10 recomendaciones, aquellas que no puede comprometerse a aplicar en esta fase, o con cuyo contenido o principios que las inspiran no está de acuerdo.
El embajador ha concluido su intervención afirmando que el resultado del examen es "altamente positivo" para España. "Quiero asegurarles que somos muy conscientes de que debemos seguir trabajando para garantizar el disfrute de los derechos humanos por todos y para hacer frente a los retos futuros de manera que no dejemos a nadie atrás", ha añadido.

https://www.elplural.com/politica/e...onu-revisara-delito-injurias-corona_244123102
 
A la Unión Europea y a la ONU les importa una :poop::poop: que el gobierno español y los españolitos monárquicos se aferren a la Constitución del 78 para blindar a "un ser humano" como "irresponsable" y evitar que acarree con las consecuencias de sus actos.

Las normas y las leyes de la Unión Europa y de la ONU están por encima de las españolas. Intocable es solo "Dios" para los creyentes, y nadie para los no creyentes.
 
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
No mencionan que es exigencia de la UE y de la ONU


Iglesias exigirá a Sánchez perseguir a los cargos públicos que impidan las injurias al Rey
Iglesias injurias Corona


La ofensiva de Podemos contra Pedro Sánchez a cuenta del Rey y la Monarquía se recrudecerá en otoño, cuando el partido de Pablo Iglesias retome su iniciativa -adelantada por OKDIARIO- para despenalizar las injurias a la Corona. En la proposición de ley, Podemos refuerza su perfil anti-monárquico, hasta el límite de exigir que las autoridades o cargos que impidan dichas ofensas -en tanto las considera «libertad de expresión»- sean inhabilitados y sancionados.
Así, por tanto, Pedro Sánchez deberá afrontar con sus socios de coalición un debate complicado, que Podemos está dispuesto a llevar al extremo para reafirmar su vocación netamente republicana.
La formación morada registró el pasado marzo en el Congreso una proposición para «proteger la libertad de expresión» reformando el Código Penal que se encuentra ya a punto para el debate parlamentario.

La iniciativa contempla la supresión de los artículos que penalizan, entre otros, el ultraje a España, los insultos a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.
Pero, además, la formación de Pablo Iglesias incorpora sanciones para las autoridades que intenten evitar los hechos que se despenalicen y queden amparados por esa supuesta «libertad de expresión», entre ellos, los insultos o injurias a la Corona. Así, el partido quiere que, en ese caso, sean inhabilitadas con hasta cuatro años para empleo o cargo público. También se les podrá imponer una multa de entre seis a 12 meses.

La iniciativa recoge además que serán inhabilitados por el mismo tiempo las autoridades, funcionarios o agentes que, fuera de los supuestos que recoge la ley, «procedan a identificar a una o varias personas», con el fin de «desvelar la identidad con el propósito de conocer o controlar su participación en actividades de índole político, sindical, religioso u otras en las que se ejerciten los derechos a la libertad ideológica o de pensamiento o de libertad de expresión».
La iniciativa de Podemos suprime seis artículos del Código Penal que, entre otros, castigan además las calumnias, injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Supremo; las ofensas a los sentimientos religiosos; las ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas y sus símbolos o el enaltecimiento del terrorismo y el menosprecio o humillación para sus víctimas.
«Crítica legítima»
En concreto, en referencia a la Corona, Podemos sostiene que «la especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión».
«En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia», defienden desde la formación podemita.
En este contexto, se remiten al Comité de Derechos Humanos de la ONU, para avalar que «todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política» y que «los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el Ejército o la Administración».
Contra la Justicia
El partido de Iglesias, socio del Gobierno socialcomunista, arremete incluso contra la Justicia, cuestionando que «tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han dictado numerosas sentencias, algunas de ellas con votos particulares discrepantes, que hacen caso omiso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y continúan condenando por injurias a la Corona».
Para Podemos, calificar las ofensas a la Corona como «delitos de odio» suponen una «banalización» de este tipo de delitos.
El partido también justifica la quema de fotografías de los Reyes, destacando -de acuerdo a una sentencia europea- que se encuadra «dentro de la crítica política, no personal, a la institución monárquica en general y en particular al Reino de España como nación».
«Todo ello además se enmarca en la sentencia dentro de un debate público que no se debe coartar penalmente. Es una crítica a lo que el Rey representa, se dice, en tanto que jefe y símbolo del Estado. Una provocación que busca la atención mediática para transmitir su mensaje político crítico, de insatisfacción y protesta con la institución, y por tanto amparado por la libertad de expresión», prosiguen desde la formación.
Podemos no es el único frente para Sánchez. En plena negociación de los Presupuestos, el socialista deberá afrontar también el debate de otra proposición presentada este mismo martes por ERC en la que se pide derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y ultrajes a España como la quema de banderas.

https://okdiario.com/espana/pablo-i...-publicos-que-impidan-injurias-corona-6010875
 
A la Unión Europea y a la ONU les importa una :poop::poop: que el gobierno español y los españolitos monárquicos se aferren a la Constitución del 78 para blindar a "un ser humano" como "irresponsable" y evitar que acarree con las consecuencias de sus actos.

Las normas y las leyes de la Unión Europa y de la ONU están por encima de las españolas. Intocable es solo "Dios" para los creyentes, y nadie para los no creyentes.


Como de costumbre tienen que ser los de fuera los que nos digan lo que tenemos que hacer para poder estar a la altura del siglo XXI, de vergüenza.
 
Todo ser humano, ciudadano e institución merecen un respeto y eso va más allá de lo que el presidente de turno pueda disponer. No porque el Rey o la Casa Real esté por encima de nadie desde el punto de vista jurídico sino porque gustando o no representa la institucionalidad de un país y debe estar protegida jurídicamente ante cualquier acto o dicho injurioso.
 
Alguien me puede confirmar algo que dicen y es que Cataluña tiene embajada en Bruselas?
 
"Borbones ladrones": la Fiscalía archiva los insultos de ERC y BNG a la Casa Real

Los fiscales consideran que las declaraciones insultantes entran en el terreno de la crítica y no revisten carácter delictivo

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (TVE)
El rey emérito Juan Carlos I. (TVE)
Beatriz Parera
Fernando Garea
Tags
Tiempo de lectura3'
14/08/2020 05:00 - Actualizado: 14/08/2020 08:52

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió hace unos días a raíz de una cadena de declaraciones de dirigentes de tres partidos políticos -ERC, Adelante Andalucía y el BNG- que incluían insultos contra la Casa Real. Según informan fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que las afirmaciones de Pere Aragonés, Teresa Rodríguez y Ana Pontón no son injuriosas ya que están amparadas por la libertad de expresión. En ellas los políticos, denunciados por la asociación monárquica Concordia Real Española, aseguraban que los Borbones son ladrones y la familia real, una organización criminal, entre otras cosas.
Los fiscales consideran que las declaraciones insultantes entran en el terreno de la crítica y no revisten carácter delictivo. Una crítica "agria" e incluso rechazable pero sin recorrido penal. El archivo se centra, además, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en la que se impone una especial protección a la libertad de expresión.

Los fiscales consideran que las declaraciones insultantes entran en el terreno de la crítica y no revisten caracter delictivo

Estrasburgo condenó a España a indemnizar a Otegi al considerar que llamar al rey "jefe de los torturadores" cuando ejercía como portavoz de su grupo del Parlamento Vasco no suponía difundir un discurso de odio o incitación a la violencia que justifique una pena de prisión. También indicaba que desarrollar una protección ampliada en materia de ofensas a una persona concreta, en este caso el monarca, no se ajusta al espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En cuanto a las resoluciones del TC, la Fiscalía destaca la adoptada respecto a un supuesto delito de negación de genocidio. En ella se declaraba inconstitucional el castigo penal de la negación lo que suponía considerar que negar la comisión de actos contra la humanidad, como el cometido por los nazis contra los judíos durante la segunda guerra mundial, no constituye un delito. El alto tribunal destacaba que la libertad de expresión es válida también para las ideas que "contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de él".

"Corrupta por definición"

La asociación denunciante se dirigió a la Fiscalía después de esta serie de declaraciones realizada con ocasión de visitas a distintos territorios de los reyes. En el caso del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, indicó que los Borbones son "una organización criminal" y aseguró que la Monarquía "solo puede ser corrupta por definición". Para los denunciantes estas expresiones no podían ampararse en la crítica y resultaban "ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas". "Afectan al núcleo íntimo de la dignidad", indicaban.

Por su parte, la dirigente del BNG Ana Pontón aseguró que su formación no pararía "hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción". "No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real", indicó. Teresa Rodríguez, presidenta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía llamó "ladrón" tanto al emérito como a su hijo Felipe VI y aseguró que la Monarquía está "corrupta hasta el tuétano".

https://www.elconfidencial.com/espa...es-fiscalia-archiva-insultos-erc-bng_2713532/
 
Back