El exmarido de Mónica Oltra condenado por abuso sexual cuando ella era Vicepresidenta

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CONDENA POR ABUSO
La víctima del ex marido de Mónica Oltra admitió a la Policía que tenía miedo de denunciar por su influencia
Actualizado Martes, 3 diciembre 2019 - 14:17

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El condenado fue apartado durante la investigación de los abusos, pero después volvió a su puesto en una planta diferente. Ni la directora del centro ni la psicóloga preguntaron a la menor por el abuso. La vicepresidenta ordenó el cierre de un centro en Segorbe por causas similares y el PP la acusa de "doble vara de medir"
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El ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, durante el juicio por presunto abuso de menores. BIEL ALIÑO
Todo el mundo en el centro de menores sabía que Luis Eduardo Ramírez era familiar de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, Mónica Oltra. Bajo su responsabilidad, desde junio de 2015, se encuentra la gestión de los centros de menores públicos y concertados, como era el caso del centro ubicado en un barrio de Valencia y en el que trabajaba su ahora ex marido, condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor de 13 años.

Se trata del caso más grave de los conocidos hasta ahora, pero ha habido otras polémicas. De hecho, el Partido Popular se pregunta por qué la Abogacía de la Generalitat no se personó en este caso cuando sí lo hizo en otro que afectó a una residencia gestionada por una congregación religiosa en Segorbe (Castellón), que se acabó cerrando de manera irregular, y ha pedido una comisión de investigación parlamentaria sobre la situación de los centros de menores en la Comunidad Valenciana, señalando directamente lo que los populares considera una "distinta vara de medir" por parte de la vicepresidenta de la Generalitat.

En el caso de la condena a su ex marido, la víctima de la que la Audiencia Provincial considera que abusó conocía el parentesto y estaba atemorizada. "Relata que un monitor, un tal D. del cual no quiere decir más datos y del que le cuesta hablar por el temor que este les suscita que tiene un familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria y que la misma sale por la tele, hace aproximadamente 2-3 meses abusó sexualmente de ella consistiendo los hechos: que una noche mientras este pensaba que estaba dormida procedió a cogerme la manos y hacerse una gayola", recoge una 'nota informativa' de la Policía Nacional el 22 de junio de 2017 que da origen al proceso judicial. Ni el centro ni los psicólogos de la Conselleria activaron ningún protocolo ante la Fiscalía de Menores, como recoge con sorpresa la Sala Segunda de la Audiencia Provincial en su sentencia.

La víctima relató los hechos ante la insistencia de otra menor, a la cual acompañaban los policías al centro del que se había escapado. Hasta ese momento, sólo había sido capaz de contárselo al que entonces era su novio. Tutelada desde los cuatro años y declarada en desamparo a los 14, su padre se hallaba en prisión y su madre no podía hacerse cargo de ella. En su dificultad para denunciar los abusos, el tribunal vuelve a considerar la relación del educador con el alto cargo. "Cabe añadir la circunstancia de que efectivamente el acusado mantenía, al parecer, en la fecha de los hechos una relación de parentesco con un alto cargo de la Generalitat, algo que era conocido por todos en el centro, lo que representaba para la adolescente una dificultad añadida a la hora de formular la denuncia ante el temor de no ser creída", recoge el fallo.

LA ACTITUD DE LA DIRECTORA
La sentencia no considera que la menor haya usado el grado de notoriedad del familiar del educador para obtener "una ventaja" para abandonar el centro y ser acogida por la familia de su novio, "porque de haber sido ese su interés podría haber denunciado a otros educadores o hechos más graves", asegura el tribunal, que considera que su testimonio fue corroborado periféricamente durante el juicio.

¿Pudo afectar la relación familiar con la consellera al trato dado al educador? El tribunal no entra en detalle, aunque deja claro que le "llama la atención" el hecho de que la directora del centro "una vez recibida la noticia de los presuntos abusos, no preguntara a la menor sobre tales episodios sino tan solo por las razones por las que quería abandonar el centro", tal y como relató durante su testimonio en la vista.

Lo cierto es que el educador fue apartado durante la investigación interna, pero poco después volvió al centro a trabajar en una planta diferente porque no se había dictado contra él ninguna medida preventiva y se encontraba en situación de libertad provisional.

Sí que fue ordenado por parte de la Generalitat el traslado de la menor a otro centro de acogida, pero acabó ingresando en un centro de corrección al tener abierta una causa judicial por robo. De hecho, acudió al juicio esposada y llorando, lo que supuso un tirón de una juez a la Policía por la "doble victimización" a la que estaban sometiendo a la adolescente, a la que pidió disculpa que declaró oculta tras un biombo.

¿Pudo actuar la Generalitat apartando al educador e interviniendo en el centro? Según explicó la propia Mónica Oltra, no. «Cuando los centros no son públicos, la Conselleria no puede actuar. Es el problema de tener un sistema de protección de menores mayoritariamente privatizado, de no contar prácticamente con centros de gestión pública», explicó al día siguiente de celebrarse la vista oral. «Cuando esto pasa en un centro público, la Generalitat puede, con el consentimiento del trabajador si tiene la plaza, trasladarle a otro destino, pero cuando pasa en un centro privatizado la gestión de personal no depende de la Conselleria», explicó.

Poco antes de que se destapase la acusación a su ex marido en el centro de Valencia, a principios de mayo de 2017 Oltra ordenó el cierre y trasladó a todos los menores del Centro de Menores "Nuestra Señora de la Resurrección" de Segorbe(Castellón) e hizo público en una comparecencia en las Cortes Valencianas que en ese centro se había despedido a un tutor por suministrar droga y por supuesto abuso sexual a una menor, además de denunciar el maltrato a los menores con duchas frías, con falta de productos de higiene y de comida.

Durante un debate parlamentario, la vicepresidenta Oltra sorprendió por el durísimo tono empleado para describir, con pelos y señales, las malas prácticas que la Fiscalía y la Administración habían detectado en la residencia de Segorbe. Para responder a las acusaciones de la oposición, que la acusaba de prejuicios religiosos, la consellera citó párrafos enteros de informes internos en los que los jóvenes internos decían respecto a un educador: "Si no consientes, vas a seguir chupando poll*s toda la vida".

Este centro acabó cerrando porque la congregación no obtuvo la renovación del contrato de gestión. En el entorno de Oltra niegan que se decretara el cierre. Sin embargo, una reciente sentencia de la sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que la Conselleria de Oltra vació el centro de acogida sin permitir que las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia pudieran defenderse como correspondía. Según el fallo, que ha sido recurrido por la Generalitat, "se privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa, sino que tampoco colaboró la Conselleria con la institución autonómica que es el Síndic de Greuges". Además, el supuesto abusador fue absuelto de todos los cargos.

Oltra, sin embargo, quiso el pasado 8 de noviembre señalar las diferencias que, a su juicio, existen con el caso de Castellón: «Están básicamente en la actuación del centro. En el caso de Segorbe el centro no informó, sino que los hechos se conocieron posteriormente a través de una profesora», subrayó. En este sentido, contó de que, al conocer los hechos por los que se condena a su ex marido, la Conselleria de Igualdad «tras analizar el protocolo vigente en estos casos remitió una instrucción a todos los centros en la que se ordenó informar inmediatamente a la Fiscalía de Menores y a la dirección territorial ante cualquier sospecha». «La instrucción enfatizaba en informar a la Fiscalía porque es a quien corresponde valorar las posibles actuaciones cautelares y otras medidas», agregó.

Preguntada sobre si hasta entonces -septiembre de 2017- no se avisaba a la Fiscalía, la vicepresidenta aclaró que «hasta entonces no existía una orden que dijera esto con la misma claridad». «Se actuaba pero la transmisión de la información se hacía en diferido, no inmediatamente, que es lo que claramente se ordena a los centros a raíz de este caso», subrayó.

Además, insistió en que la conselleria no puede apartar a un educador de un centro concertado. «La Conselleria no apartó a nadie en el caso de Segorbe. Fue el centro despidió al educador y, a cambio de no pagarle la indemnización, no le denunció a la Fiscalía», lo que la consellera censura. «A diferencia de lo sucedido en Segorbe, el centro valenciano activó el protocolo de sospecha, apartó temporalmente al trabajador e informó a la dirección territorial», insistió Oltra.

La sentencia del caso, sin embargo, sí señala la actuación de la directora del centro, por no preguntar a la menor por los abusos, e incluso a la psicóloga de la Sección del Menor de la Dirección Territorial de Igualdad, que mantuvo una entrevista de 45 minutos con la adolescente en la que realizó "preguntas abiertas" y "no le preguntó directamente sobre si había sufrido abusos", recoge el tribunal.
"Al igual que en el caso de la directora del centro, no deja de sorprender el hecho de que no solo no preguntaran a la niña por los presuntos abusos, sino además, que no se diera cuenta a la Fiscalía de Menores de los mismos", firma el tribunal.

Otra de las diferencias es la no personación en este caso de laAbogacía de la Generalitat para defender los intereses de la menor, algo que sí ocurrió en el caso de Segorbe. De hecho, es el Ministerio Fiscal quien, ante la sorpresa de no comparecer en el caso la Generalitat, como tutor de la menor, modifica sus conclusiones para añadir la petición de responsabilidad civil, cifrada en 6.000 euros que el condenado tendrá que abonar al representante legal de la menor en concepto de indemnización.

OLTRA NO VE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La vicepresidenta ha negado este martes que exista una doble vara de medir tras la sentencia que condena a cinco años de cárcel a su ex marido respecto a la actuación seguida en el centro de Segorbe y ha negado asimismo que haya responsabilidades políticas que puedan dirimirse en una comisión de investigación parlamentaria porque se trata de la actuación individual.

Oltra ha asegurado que "siempre" está disponible para dar explicaciones en las Cortes, pero que la situación del centro de Valencia es "completamente diferente" a la del de Segorbe, donde el centro pactó con el educador acusado también de abusos "despedirlo sin indemnización a cambio de no denunciarlo ni de informar ni a la Fiscalía ni a la Conselleria".

"Esto no tiene nada que ver con el centro de Valencia, que sí que reacciona, pone en marcha el protocolo, abre una investigación y aparta al trabajador mientras tanto, y avisa a la Conselleria, que envía una persona para evaluar la situación", ha concretado Oltra, que ha apuntado que "ante el resultado de esta evaluación se decide que, en principio, no habrá más actuaciones".

Oltra ha señalado que cuando "Fiscalía y los servicios centrales de Conselleria, el órgano directivo, tienen conocimiento de estos hechos se deriva a la niña a la Fundación Espill, especializada en abusos sexuales, y el resultado es el mismo que en las dos intervenciones anteriores" y "luego ya está toda la parte judicial".

Del mismo modo, ha descartado responsabilidades políticas en este caso porque "las responsabilidades políticas se derivan de actuaciones políticas erróneas, no de actuaciones individuales como en este caso". Así, ha apuntado que ha habido "una condena por la actuación de una persona en un centro privado y la responsabilidad es de la persona que en este caso ha sido condenada".

Oltra, que ha señalado que no ha tenido acceso a la sentencia sino solo a lo que de ella se ha publicado, también se ha pronunciado a la petición del PP de que explique por qué la Abogacía de la Generalitat no se ha personado en este caso y sí en otros como Segorbe.

En ese sentido, ha señalado que ante una sentencia "se reúnen y lo primero que se escucha es el criterio técnico". A partir de ahí, "se adopta una decisión muy basada en el criterio técnico, como en este caso, en el que la Abogacía entiende que la sentencia se debe recurrir".

Oltra ha comentado cuando en el pasado la Conselleria, dirigida por el PP, recurría las sentencias que le condenaban por no cumplir con la Ley de Dependencia "sí que hubo una decisión política de retirar esos recursos porque "entendimos que teníamos que cumplir con nuestra obligación". "Pero de normal, y en esta etapa desde luego, sobre todo se basan en criterios técnicos", ha comentado.

Asimismo, ha considerado correcta "en principio" la actuación de la dirección del centro "salvo la cuestión de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores". A raíz de ahí, ha apuntado que se dictó una instrucción a todos los centros recordando que la legislación establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscalía con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.

Oltra ha confiado en que con esta medida se haya clarificado cómo actuar ante estas situaciones, pero no ha descartado una nueva instrucción si fuera necesario.

La víctima del ex marido de Mónica Oltra admitió a la Policía que tenía miedo de denunciar por su influencia

He leído la noticia por casualidad y me he quedado a cuadros, pobre menor y cómo han tenido silenciada esta noticia los medios. También he escuchado que cuando se produjo la denuncia vivían juntos pero estaban separados.
 
Dimi... qué??? Pero si ahora el pspv se alía con ellos para que no se investigue la relación del cuñado de ribo en el robo de la EMT!
 
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