El exmarido de Mónica Oltra condenado por abuso sexual cuando ella era Vicepresidenta


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El Tribunal Superior de Justicia valenciano anula la condena por abusos al exmarido de la vicepresidenta Oltra
La institución judicial ordena repetir parte del juicio porque no se tuvieron en cuenta dos informes que ponen en duda la credibilidad de la víctima


EL PAÍS
Valencia - 30 JUN 2020 - 12:52 BST
El educador condenado, durante el juicio en Valencia.
El educador condenado, durante el juicio en Valencia.MÒNICA TORRES


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la condena a cinco años de cárcel por abusos sexuales que la Audiencia de Valencia impuso a un educador, exmarido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que fue considerado culpable sin tener en cuenta dos informes que ponen en duda la credibilidad de la denunciante. La anulación del juicio es parcial y, por tanto, la joven no deberá volver a declarar.

Estos dos documentos, dice la resolución del TSJCV, han de poder ser examinados como prueba por el tribunal que juzgue al acusado, junto con aquellas otras pruebas que pudieran surgir al hilo de estas novedades. Así, la condena ha de ser anulada porque se produjo sin respetar el derecho a la defensa.
Luis R., un educador del Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, fue acusado de abusar continuadamente de una menor que estaba bajo su tutela en dicha institución, con plazas concertadas con la Consejería de Igualdad, de la que es titular su expareja Mónica Oltra. Los hechos habrían tenido lugar durante determinados períodos de entre finales 2016 y principios de 2017. La denunciante tenía 14 años por entonces.
La Audiencia de Valencia condenó en diciembre de 2019 a cinco años de prisión al educador, además de prohibirle acercarse a la denunciante o a su domicilio a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante 10 años y al pago de una indemnización de 6.000 euros.
En el juicio, el tribunal no tuvo en cuenta dos informes: uno del Instituto Espill, especializado en evaluaciones a menores en procesos judiciales, y otro de la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad. Ninguno de los dos daba credibilidad a la declaración de la joven, aunque el segundo documento se basaba, en parte, en el primero. La evaluación del Instituto Espill se elaboró a petición de la consejería de Oltra, de la que depende la tutela de estos menores, para completar el informe de una psicóloga de la Generalitat que, inicialmente, no dio crédito a la menor.
Seis meses después de la condena, el TSJCV pide a la sala que juzgó el caso que retrotraiga las actuaciones al momento de la vista en el que debieron ser examinados los dos informes. La condena debe ser considerada “desde los elementos de corroboración de la credibilidad de la víctima”, apunta la resolución. El tribunal puntualiza que su decisión no implica que el nuevo fallo deba ser la absolución, y dado que la nulidad será parcial, no es adecuado obligar a la joven denunciante a repetir su declaración, establece el TSJCV en una resolución adelantada hoy por Valencia Plaza y Las Provincias.
La defensa del educador señaló en su recurso a la condena que “son desconocidas” las razones por las cuales la Fiscalía, cuyo deber es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, condenó al olvido dos pruebas fundamentales. La abogada hace responsable también, aunque en menor medida, a la Consejería de Igualdad, porque tampoco actuó ante la pasividad del ministerio público y permitió que su informe fuera olvidado.
La sentencia del TSJCV deja ahora claro que la defensa no conocía la existencia de los informes y, por tanto, no los pudo esgrimir en defensa de su cliente.
 

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El Tribunal Superior de Justicia valenciano anula la condena por abusos al exmarido de la vicepresidenta Oltra
La institución judicial ordena repetir parte del juicio porque no se tuvieron en cuenta dos informes que ponen en duda la credibilidad de la víctima


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Valencia - 30 JUN 2020 - 12:52 BST
El educador condenado, durante el juicio en Valencia.
El educador condenado, durante el juicio en Valencia.MÒNICA TORRES


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la condena a cinco años de cárcel por abusos sexuales que la Audiencia de Valencia impuso a un educador, exmarido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que fue considerado culpable sin tener en cuenta dos informes que ponen en duda la credibilidad de la denunciante. La anulación del juicio es parcial y, por tanto, la joven no deberá volver a declarar.

Estos dos documentos, dice la resolución del TSJCV, han de poder ser examinados como prueba por el tribunal que juzgue al acusado, junto con aquellas otras pruebas que pudieran surgir al hilo de estas novedades. Así, la condena ha de ser anulada porque se produjo sin respetar el derecho a la defensa.
Luis R., un educador del Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, fue acusado de abusar continuadamente de una menor que estaba bajo su tutela en dicha institución, con plazas concertadas con la Consejería de Igualdad, de la que es titular su expareja Mónica Oltra. Los hechos habrían tenido lugar durante determinados períodos de entre finales 2016 y principios de 2017. La denunciante tenía 14 años por entonces.
La Audiencia de Valencia condenó en diciembre de 2019 a cinco años de prisión al educador, además de prohibirle acercarse a la denunciante o a su domicilio a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante 10 años y al pago de una indemnización de 6.000 euros.
En el juicio, el tribunal no tuvo en cuenta dos informes: uno del Instituto Espill, especializado en evaluaciones a menores en procesos judiciales, y otro de la Dirección Territorial de la Consejería de Igualdad. Ninguno de los dos daba credibilidad a la declaración de la joven, aunque el segundo documento se basaba, en parte, en el primero. La evaluación del Instituto Espill se elaboró a petición de la consejería de Oltra, de la que depende la tutela de estos menores, para completar el informe de una psicóloga de la Generalitat que, inicialmente, no dio crédito a la menor.
Seis meses después de la condena, el TSJCV pide a la sala que juzgó el caso que retrotraiga las actuaciones al momento de la vista en el que debieron ser examinados los dos informes. La condena debe ser considerada “desde los elementos de corroboración de la credibilidad de la víctima”, apunta la resolución. El tribunal puntualiza que su decisión no implica que el nuevo fallo deba ser la absolución, y dado que la nulidad será parcial, no es adecuado obligar a la joven denunciante a repetir su declaración, establece el TSJCV en una resolución adelantada hoy por Valencia Plaza y Las Provincias.
La defensa del educador señaló en su recurso a la condena que “son desconocidas” las razones por las cuales la Fiscalía, cuyo deber es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, condenó al olvido dos pruebas fundamentales. La abogada hace responsable también, aunque en menor medida, a la Consejería de Igualdad, porque tampoco actuó ante la pasividad del ministerio público y permitió que su informe fuera olvidado.
La sentencia del TSJCV deja ahora claro que la defensa no conocía la existencia de los informes y, por tanto, no los pudo esgrimir en defensa de su cliente.
5 años...le han caído 5 años😉 Mónica Oltra va a dimitir?🤔😉
 

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Es que estas feminazis tienen muy poca vista, por eso son feminazis.

...Y mucha cara...mira que no dimitir...primero por haber enchufado a su marido, segundo por haber colocado a un abusador en un centro de menores.
El forro a guardar las gallinas. Seguro q el zurró en ciernes convenció a su mujer para q pidiera cierta Conselleria sabiendo q estiba detrás. Menudo pájaro y menuda cínica feminista
 
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5 años...le han caído 5 años😉 Mónica Oltra va a dimitir?🤔😉
En mi opinión debería dimitir si es cierto que ha ocultado ella personalmente pruebas como decía la fiscalía, pero no por la condena al ex marido, porque esa condena es por hechos imputables a él, no a ella. Si ella ha ocultado pruebas, a la hoguera. Si ella no ha tenido que ver con lo que ha hecho el ex marido, no debería dimitir, ella no es culpable de lo que haya hecho él, es culpable de lo que haya hecho ella.
 
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En mi opinión debería dimitir si es cierto que ha ocultado ella personalmente pruebas como decía la fiscalía, pero no por la condena al ex marido, porque esa condena es por hechos imputables a él, no a ella. Si ella ha ocultado pruebas, a la hoguera. Si ella no ha tenido que ver con lo que ha hecho el ex marido, no debería dimitir, ella no es culpable de lo que haya hecho él, es culpable de lo y haya hecho ella.
Me refiero a su propia actuación claro...la investigación propia y oculta de la consejeria..muy oscuro como llevaron algo tan grave
 
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Las siete maniobras que permitieron tapar durante meses los abusos del ex de Mónica Oltra a una menor

La sentencia carga con dureza contra la Conselleria de Igualdad, a la que afea su "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima".​

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat Valenciana. La pena impuesta a Luis Eduardo Ramírez Icardi es de 5 años de cárcel, idéntica a la que le aplicaron en 2019 por los mismos hechos: cuando ella dormía, “cogía la mano de la niña y se masturbaba”, concluye el dictamen. El juicio se ha repetido parcialmente porque entonces no se tuvieron en cuenta dos informes que dudaban sobre la credibilidad de la víctima.

El resultado del procedimiento ha sido el mismo en su repetición, pero en esta ocasión el rapapolvo al Gobierno valenciano es muy superior. Tras el análisis de los nuevos documentos, la sentencia afea la “hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”.

En concreto, la Sección Segunda de la audiencia subraya siete aspectos que dejan en una situación muy comprometida a la vicepresidenta valenciana. Porque la dirigente de Compromís, como consellera de Igualdad, era la máxima responsable política de la joven que sufrió los abusos por parte de su exmarido -educador en el centro de menores en el que se produjeron-. Y la acción u omisión de su departamento ocultó durante meses los abusos, según se desprende del dictamen.

1.- La conselleria no cree a la menor

En primer lugar, la sentencia subraya que “solo las personas ajenas al ámbito de la conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la conselleria que trataron a la joven se la niegan”.

En concreto, el fallo detecta “un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la menor es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta”.

2.- Hostilidad contra la joven

Además de no creer a la víctima de los abusos, la Audiencia Provincial lamenta que hubo “hostilidad” contra la misma. En concreto, por parte de María José Navarro, instructora del expediente informativo de 22 de noviembre de 2017 -al que en la sentencia se refieren como “información reservada”-. Se trata del informe encargado por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas para “determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente”.

Sobre el mismo, la sentencia critica “la hostilidad con que se describe a la menor cuando la Sra Navarro alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada”. Al respecto, aporta el siguiente fragmento de dicha descripción:

“Carácter fuerte y duro, ha protagonizado insultos y agresiones a los educadores y ha sustraído pertenencias a sus compañeras; el 11 de octubre se produjo la primera fuga; se encuentra en tratamiento en salud mental por TDH, durante las fugas ha dejado de tomar la medicación y ha faltado a las citas con el psiquiatra con el consiguiente perjuicio para su salud…”

3.- Desdeña a la trabajadora que sí la creyó

La sentencia ahonda en sus críticas al informe realizado por Navarro, a quien afea haber desdeñado el testimonio de una trabajadora que sí creyó a la menor. “Llama igualmente la atención la afirmación de la instructora cuando, al relatar cómo una trabajadora social puso en conocimiento de la directora los presuntos abusos que le cuenta la niña, recoge que ‘la trabajadora social hizo suyas las declaraciones de la menor sin comprobar la veracidad de lo manifestado por la misma’”.

Sobre este informe, la sentencia subraya además que la propia instructora “reconoce que la primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos fue el 20 de febrero de 2017”. Es decir: apunta a que, además de no creer a la menor, actuaron con lentitud. De hecho, la denuncia ante Fiscalía no llegó hasta cuatro meses después -ya en junio de 2017- y porque dio traslado a la misma la Policía.

4.- “Disuadir a los agentes”

En línea con lo anterior, la sentencia también muestra su sorpresa por “cómo expresa la autora de la ‘información reservada’ la forma en que se judicializa el asunto”. “Parece que se trata de disuadir a los agentes de la Policía Nacional de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos”, subraya el fallo, que resalta el siguiente extracto del informe de Navarro:

“Tras entregar los agentes a la menor en el centro, comunicaron lo relatado por la menor respecto a unos posibles abusos y el personal del centro les informa que en febrero se abrió un protocolo de actuación ante unos posibles abusos sexuales y finalmente se descartó la existencia de los mismos por falta de credibilidad de lo manifestado y la ausencia de pruebas. No obstante, los agentes informaron a Fiscalía…”

5.- Intento de “exculpar a la Generalitat”

La Sección Segunda de la Audiencia va incluso más allá, y desliza que el objetivo real de este informe -así como el encargado al Centro Espill, que también puso en duda la credibilidad de la víctima y no fue incorporado hasta la repetición parcial del juicio- pudo ser proteger a la administración autonómica.

“Frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el ‘informe reservado’ y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador”, recoge la sentencia.

La misma considera “patente” que existía una “relación de dependencia entre las autoras del informe y la administración que les hace la encomienda”. “Tanto es así que el Ministerio Fiscal solicitó que se hiciera expresa reserva de acciones civiles frente a la Generalitat”, recuerda el fallo.

6.- Sensibilidad con el condenado

La sentencia compara la sensibilidad hacia el condenado “frente a la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”.

En concreto, subraya que “llama la atención cómo se ocultan los apellidos del acusado en la información reservada, o cómo se permite a este confeccionar un ‘protocolo’ ad hoc y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo”.

7.- Sin parte a la Fiscalía

“Por último -agrega la sentencia-, no acaba de comprenderse el porqué de dichos informes cuando el asunto está siendo investigado por un Juzgado de Instrucción y cabe la posibilidad de practicar una pericial del Instituto de Medicina Legal”.

“Ni tampoco por qué no se acude a Fiscalía de Menores para impetrar la protección de la menor, practicándose, por contra, una ‘instrucción’ paralela por personal de la conselleria con toma de declaraciones a testigos e incluso práctica de una pericial no se sabe con qué objeto”, concluye el fallo con inusitada contundencia.

Pese a que la menor alertó de los hechos en febrero de 2017, no fue hasta junio de ese mismo año cuando avanzó la investigación judicial al personarse en el centro la Policía Nacional por una denuncia de la propia víctima. Fue este cuerpo quien dio traslado a la Fiscalía de Menores, que inició de inmediato una investigación que culminó en la primera condena de 2019.

Los dos mencionados informes, que inexplicablemente no se aportaron al caso inicialmente, sirvieron al acusado para lograr la repetición parcial del juicio. Pero el mismo ha concluido con idéntica condena (cinco años de cárcel) y una dura crítica de la audiencia al proceder de la Conselleria de Igualdad que lidera Mónica Oltra.

"Procedimiento habitual"​

Igualdad defendió este martes que derivó a la joven a los especialistas en atención por abusos porque "así lo establece el procedimiento habitual", y precisó que "como resultado" de esa atención y evaluación de la misma, realizó su informe.

Al respecto, agregó que "las conclusiones de la evaluación fueron remitidas a Fiscalía", y que la menor "fue atendida en todo momento siguiendo las instrucciones de la propia Fiscalía".

 
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¿A nadie le llama esto la atención? En mayo de 2017 cierran un centro por unos presuntos abusos, Oltra culpa a la directora del centro, desvela datos sobre el presunto abusador en Les Corts que permiten identificarlo (finalmente fue absuelto), porque una chica denuncio que intentaba tocarle el culo y darle un beso (lo de las manolas debe de ser más leve?

¿Por qué en aquella ocasión se cargó contra el centro, la Generalitat fue parte en el procedimiento, se identificó públicamente al presunto abusador y en esta ocasión se ha actuado exactamente al revés?

Lo más curioso es que el centro fue cerrado y sigue acumulando pronunciamientos de los tribunales a su favor, pero aquí no pasa nada.

Las monjas despidieron al presunto abusador, pero en este caso se mantuvo al sujeto en centros de menores, pero aquí no pasa nada.

Oltra acusa al centro de menores de Segorbe de encubrir abusos sexuales​


La vicepresidenta revela el caso de un educador denunciado ante el juzgado por tocamientos, amenazas y acoso a una chica de 17 años acogida por desamparo - Arremete contra las religiosas, que despidieron al empleado pero sin comunicar la situación

Había una bomba y Mónica Oltra quiso hacerla explotar ayer en la tribuna de las Corts. «Si no consientes, vas a chupar poll*s toda la vida». Así empezó la vicepresidenta de la Generalitat su turno de réplica, ante el silencio absoluto del hemiciclo y una tensión inhabitual en la confrontación parlamentaria.

Oltra estaba leyendo uno de los mensajes que, presuntamente, un educador del centro de menores de Segorbe le había enviado a una adolescente interna en el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas; una chica de 17 años en situación legal de desamparo cuya guarda mantenía la Generalitat. Y que estaba siendo víctima de un posible delito de abusos sexuales.

Según la documentación oficial revelada ayer en las Corts, el educador le habría tocado el culo en repetidas ocasiones. Se refería a ella como su «novia». Le enviaba mensajes con amenazas. Le solicitaba quedar con ella fuera del centro y del horario laboral. La intentaba besar. Le prometía darle drogas si accedía a sus peticiones sexuales. O le pidió que se desnudara y se probara un jersey estando ambos a solas en el monte (a lo que ella no accedió).

Al tener noticia de todo ello de manera indirecta (a través de una profesora de una escuela de personas adultas que tenía como alumna a la menor), la conselleria que dirige Oltra inició una investigación interna en febrero de 2016 e informó a la Fiscalía, que el pasado 14 de septiembre remitió al Juzgado de Instrucción de Segorbe una denunciacontra dicho educador, ya despedido del centro. Se le atribuyen indicios de un «delito de abusos sexuales a menores». El caso está siendo investigado en el juzgado.

Mónica Oltra leyó con detalles la evolución del proceso, hasta ahora desconocido. Incluso pronunció el nombre propio del presunto abusador (que este periódico omite para preservar la intimidad de la víctima) y acusó al PP de preferir estar al lado del presunto abusador sexual que de las víctimas porque el denunciado fue concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segorbe (ya hace años que no forma parte del PP).

«Especial tendencia a los hombres»​

Antes que eso, la vicepresidenta (que llegaba a las Corts en comparecencia voluntaria y cuestionada por su gestión ante los escándalos de los centros de menores) acusó a las religiosas que gestionan el centro de Segorbe de haber encubierto los presuntos abusos sexuales. Literalmente, se refirió a «una directora del centro que tapa un presunto abuso sexual».

El tiempo no pasa
Para sostener esa grave acusación, Oltra leyó dos declaraciones realizadas por la religiosa que dirige el centro de Segorbe los días 7 y 10 de marzo. La directora declaró, ante un responsable de la conselleria, que tuvo constancia de los hechos el 27 de enero. La madre del novio de la menor le mostró mensajes del educador a la joven: «¿Quedamos?», «¿Te llevo?».

Al día siguiente, la monja comunicó al educador que estaba despedido. Preguntada sobre los motivos por los que no informó inmediatamente a la conselleria (que se enteró un mes más tarde y de casualidad), la directora respondió que al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un asunto resuelto.

En su segunda declaración, del 10 de marzo, la religiosa alude a la «especial tendencia hacia los hombres» que presenta la menor y añade: «Quiero destacar que la menor no ha sido víctima de ningún tipo de abuso; de haberlo sido, se hubiera informado inmediatamente a esa dirección territorial, además de tomar las medidas pertinentes con el educador». También critica que la profesora de la EPA trasladara esa información a la Administración sin consultar al centro.

Todo ello pertenece a los años de gestión del Govern del Botànic. Pero se refiere al centro gestionado por religiosas que el PP había defendido y que fue vaciado de menores hace dos semanas por orden de la Generalitat por indicios de maltrato: duchas frías, comida caducada, etc.

Ese asunto lo investiga la Fiscalía de Castelló y fue tildado, por el PP, de «cortina de humo» para tapar otro caso polémico: el grave estado de deterioro del centro de recepción de menores de Monteolivete (València) pese a las advertencias del síndic y de la Fiscalía de Menores.

Sin embargo, el presunto caso de abusos sexuales desvelado ayer supone un salto cualitativo. Oltra quiso también precisar un apunte que salpicaría al PP: en 2010 se elevó una queja sobre el mismo educador acusado de abusos. Que amenazaba, gritaba o pegaba a menores. El denunciante retiró la denuncia. Y no hubo investigación. «¿Por qué no hicieron nada ante abusos y maltrato? ¿Por qué dejaron a su suerte a nuestros niños, a sus niños?», inquirió Oltra con semblante muy serio. Para entonces, la bomba ya había explotado.