El Estado gasta otra vez en medicinas lo mismo que en el 2012 cuando Rajoy decretó el copago.

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El Estado ya gasta otra vez en medicinas tanto como cuando Mariano Rajoy decretó el copago para ahorrar


En noviembre de 2016 se superaron los 9.000 millones de euros acumulados, lo mismo que en 2012 cuando se firmó el decreto de "sostenibilidad" del sistema sanitario

El gasto de las familias en servicios sanitarios ha aumentado un 13%, una gran parte dedicada a fármacos: en 2014 fueron 6.400 millones

Raúl Rejón
07/01/2017 - 19:28h





El Gobierno de Mariano Rajoy decretó en abril de 2012 un nuevo y mayor copago farmacéutico por motivos de "equidad” y ahorro. Esto iba a permitir "el acceso a fármacos más innovadores”, dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato. En noviembre de 2016, el gasto público en medicinas alcanzó el mismo nivel que hace cuatro años: superó los 9.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Sanidad. Lo mismo que el año del decretazo sanitario.

Las partidas para farmacia cayeron inmediatamente después de la decisión tomada por el Ejecutivo. En 2012, el acumulado en noviembre fue de 9.057 millones (había llegado a más 10.000 millones en el mismo mes de 2011). Al año siguiente se alcanzó el punto más bajo para luego ir creciendo año a año.

Con el copago, una parte más grande del precio de las medicinas debía ser aportada por los pacientes. "La austeridad en el gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable”, decía el texto del Ejecutivo. La Sociedad Española de Atención Primaria (Semergen) mostró su preocupación en varias ocasiones por el abandono de terapias por parte de pacientes, especialmente de aquellos con las rentas más bajas.

Ese copago se ha visto traducido con más y más gasto por parte de las familias. El Sistema de Cuentas de la Sanidad del Ministerio ha reflejado ejercicio a ejercicio el mayor esfuerzo económico privado dedicado a la salud: de 20.500 millones en 2011 a 23.324 en 2014 (último dato actualizado). Un 13% más. Casi la mitad de todo ese dinero se va a "productos médicos” (a los que pertenecen, entre otras cosas, las medicinas): las cuentas oficiales calculan que, en fármacos, las familias aportaron unos 6.400 millones de euros en 2014.

Así que mientras los pacientes han ido aumentando su gasto para adquirir medicinas, el dinero público destinado a las farmacéuticas, tras caer, ha ido remontando también. Algo parecido ocurre con las recetas con financiación pública: son cada vez más desde 2013, tras pasar el efecto inmediato del decreto. El noviembre pasado sumaron 824.000, un 2,2% más que hace 12 meses.

Un estudio de este año de las universidades Pompeu Fabra y de Las Palmas sobre el efecto del decreto de 2012 en medicamentos para enfermedades crónicas (diabéticos, antitrombóticos y de obstrucción respiratoria) concluyó que el consumo de dosis diarias de estas medicinas cayó nada más aplicarse la norma. La rebaja se fue moderando desde los seis primeros meses de la nueva legislación hasta los cuatro años posteriores.

Sin embargo, el análisis, publicado en abril de 2016 en la Revista Española de Salud Pública, afirma que solo "se estimó una reducción mantenida y significativa del gasto” para los pacientes respiratorios. También constató que se produjo un "efecto acumulación” de productos antes de la entrada en vigor del decreto (para luego utilizarlos).

Necesidad de estudio a largo plazo
La efectividad del copago como medida de ahorro y racionalización del gasto sanitario es un asunto de debate abierto. Pero la modalidad diseñada por el Ejecutivo del Partido Popular en 2012 recibió advertencias acerca de la amenaza que suponía para que los pacientes continuaran con sus tratamientos.

El doctor José Polo, vicepresidente de Semergen, explica cuatro años después de la aplicación de la nueva normativa que "todo lo que supone el copago en el control de ciertas enfermedades [crónicas] implica un horizonte más lejano. Su efecto todavía hay que estudiarlo”.

En este sentido, el Gobierno de la Comunidad de Valencia decidió en 2015 anular parcialmente los efectos prácticos de la norma. Destinó una partida del presupuesto regional para subvencionar el copago de jubilados con ingresos menores a 1.000 euros mensuales y personas con alguna diversidad funcional (superior al 65%). Calculó que la medida se extendería a 986.000 personas.

La Consellería de Sanitat informó tras esta opción que había mejorado la adherencia al tratamiento de pacientes. Según sus cálculos, el abandono de medicamentos cayó un 24% en tres meses: 14.000 personas menos dejaron de adquirir los fármacos indicados para sus dolencias.

El doctor Polo incide en que "hemos sido críticos con la medida por la gente más necesitada ya que el sistema puede tener cierta inequidad aunque abogamos por medidas de ahorro”. Sin embargo, reseña, "se debe tener en cuenta que puede ahorrarse en medicinas pero luego tener que gastar más en caso de que se padezca más adelante un infarto o un ictus”.

http://www.eldiario.es/sociedad/medicinas-Mariano-Rajoy-decreto-ahorrar_0_598090277.html
 

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El Gobierno de Mariano Rajoy reduce un año más el gasto sanitario
Este mínimo histórico se alcanza a pesar de que el Gobierno da por cerrada la crisis económica con las que justificó los recortes y anuncia una etapa de recuperación.

El Gobierno de Rajoy ha reducido un año más la previsión de gasto sanitario público. El Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea destina a sanidad pública el 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), por debajo del 5,95% del año pasado (por primera vez descendió por debajo del 6% y que lleva disminuyendo desde el 6,7% de 2009). Este mínimo histórico se alcanza a pesar de que el Gobierno da por cerrada la crisis económica con las que justificó los recortes y anuncia una etapa de recuperación.

¿Está justificado este recorte?

El Gasto Sanitario Público de España está más de un punto de PIB por debajo de la media europea, ocupando el puesto 15 de los 28 países de la Unión Europea (7,2% ), muy lejos de los países más desarrollados (Alemania Francia, Reino Unido, etc), por detrás de países como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, teóricamente más pobres. No parece por tanto lógico reducir el gasto en salud cuando la mayoría de los países lo están incrementando. Las políticas de gasto sanitario del PP se han fundamentado en el recorte de recursos en lugar de incremento de los ingresos, como demuestra la disminución del presupuesto de sanidad mientras estamos diez puntos por debajo de la media de países europeos en presión fiscal.

¿Que pretende el Gobierno con esta rebaja?

Su objetivo teórico es alcanzar el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea, que supone una reducción de 16.000 millones de euros de gasto público y que el gobierno pretende cargar sobre el gasto social destinado a sanidad, educación, protección social o pensiones.

El objetivo real es debilitar al sistema sanitario público para crear espacios al sector privado y a los seguros médicos que han experimentado un gran crecimiento a pesar de los recortes.

¿Las contradicciones de esta rebaja?

1.- Con la descentralización del Estado se transfirió a las CCAA la responsabilidad de planificar y gestionar los presupuestos sanitarios. Esto supone, que si no hay un acuerdo con las CCAA, el Gobierno va a tener serias dificultades para alcanzar estos objetivos, a no ser que se vuelva a una vuelta a la centralización sanitaria (poco compatible con la actual Constitución). Aunque el Ministerio de Economía puso en marcha algunos instrumentos para financiar el endeudamiento sanitario de las CCAA a cambio de recortar gasto, estas siguen incrementado su endeudamiento y muchas de ellas destinan una parte de los fondos sanitarios a otras partidas, incrementando así las diferencias intercomunitarias.

2.- El Modelo de Financiación autonómica no responde a criterios de racionalidad ya que no contempla indicadores de necesidades de salud ni tiene en cuenta los principales determinantes de gasto (farmacia y tecnología); no tienen carácter finalista lo que favorece que una parte del mismo se destine a fines no sanitarios; la financiación mediante impuestos indirectos (que gravan el consumo y la actividad económica) redujo la recaudación durante la crisis y condicionó que la sanidad perdiera su carácter redistributivo (a lo que habría que añadir la irracionalidad y el fracaso de los Fondos de Cohesión destinados a nivelarlo)

2.- La reducción del gasto entra en contradicción con el aumento brutal del Gasto Farmacéutico, especialmente el Hospitalario que creció en torno a un 25% en los últimos años. La subida del gasto en medicamentos es el resultado de la estrategia de los laboratorios farmacéuticos de fijar unos precios desproporcionados para los nuevos medicamentos para tratar enfermedades como la Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento), el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Por otro lado la compra irracional de aparataje tecnológico (pese tener una de las mayores tasas por habitante de la UE), el aumento de la concertación con el sector privado (al que se derivan numerosos pacientes en listas de espera), o la utilización de la Colaboración Público Privada para financiar, construir y gestionar nuevos hospitales (que multiplicó por siete el coste de los mismos.

3.- Buena parte de las CCAA están poniendo en marcha estrategias de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en colaboración con laboratorios, empresas tecnológicas y fondos de inversión internacional (como los denominados Cluster de Salud), en los que los servicios sanitarios ponen los recursos (presupuestos, personal, centros, equipamiento diagnóstico y enfermos) mientras que el sector privado desarrolla nuevas patentes con los mismos (y que posteriormente son vendidas a precio de mercado a la misma sanidad pública que las financió). La finalidad de todo esto es favorecer el negocio de las multinacionales con recursos públicos y trasformar al sistema sanitario en un elemento al servicio del desarrollo empresarial (sic).

4.- Por último el recorte del gasto sanitario se solapa con un aumento de la demanda de atención asociada al aumento de la pobreza y del envejecimiento de la población.

Principales consecuencias de esta política:

1.- Aumento exponencial de las listas de espera (la patronal de hospitales privados se ha ofrecido recientemente a solucionar la quirúrgica a cambio de 1.700 millones de euros), asociado al desmantelamiento de servicios, cierre de camas y recorte de profesionales. La espera para operarse en España pasa de 83 a 115 días en seis meses. El número total de pacientes que aguardaba ser intervenido al acabar 2016 llegó a 614.101, 45.000 más que seis meses antes

2.- Deterioro de la calidad de la atención de los enfermos, especialmente de la Atención Primaria responsable de las actividades promoción y prevención de salud (durante la crisis los presupuestos hospitalarios crecieron un escaso 3%, mientras que en AP se redujeron un 22%). La participación del nivel primario en el gasto sanitario total esta en torno al 15%, muy alejado del 25% fijado por las principales sociedades profesionales

3.-Incremento del malestar y la frustración del personal sometido a reducciones salariales y aumento de la precariedad (las platillas se han reducido en más de 25.000 trabajadores aprovechando la no reposición de las plazas del personal jubilado, mientras que más de la mitad no tienen plaza en propiedad). Muchos profesionales están emigrando a los países nórdicos, Alemania, Austria o el Reino Unido.

4.- Riesgo para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema sanitario, dado que se reduce el gasto mientras aumentan los costes por la privatización.

5.- Aumento de las tensiones entre CCAA, que pueden poner en riesgo la cohesión del sistema.

Algunas propuestas para afrontar los problemas del gasto sanitario sin afectar a la salud de la población:

1.- Incrementar el gasto sanitario en 1 punto de PIB, para equipararnos a la media de los países europeos y como mínimo recuperar el % de gasto sanitario público de 2009.

2.- Cambiar el modelo de Financiación Sanitaria para garantizar la equidad y la racionalidad en el reparto presupuestario, que debería tener carácter finalista.

2.- Mejorar la racionalidad del gasto potenciando la Atención Primaria e incrementando los fondos para la Promoción y la Prevención de salud.

3.- Acabar con el modelo de colaboración Público Privada para financiar y gestionar nuevos centros, la formación, la investigación y la innovación sanitaria. Reintegrar al sistema público los recursos privatizados dado su elevado coste.

4.- Poner en marcha medidas para controlar el gasto farmacéutico: Potenciar los medicamentos genéricos, controlar la presión de la industria sobre los profesionales, fijar precios racionales para los nuevos medicamentos, controlando su financiación si no aportan mejoras sobre los ya existentes.

5.- Exigir la dedicación exclusiva de los trabajadores del sistema público, especialmente del personal facultativo con capacidad de prescripción, para evitar la parasitación del sistema público por el privado.

6.- Racionalizar el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos mediante la generalización de protocolos y guías clínicas basadas en una resultados científicamente comprobados.

5.- Potenciar el Consejo Interterritorial de Salud como organismo para conseguir acuerdos entre CCAA.

6.- Elaborar el Plan de Salud Estatal (contemplado en la Ley General de Sanidad en 1986 y nunca realizado), con la participación de los Servicios de Salud Autonómicos y del Consejo Interterritorial de Salud, que defina las necesidades y problemas de salud prioritarios y permita un reparto justo y racional de los recursos en base a estas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

http://www.nuevatribuna.es/articulo...mas-gasto-sanitario/20171104105752144984.html