Los Reyes, durante una videoconferencia en Zarzuela en plena crisis coronavírica.EFE
Sábado, 4 abril 2020 - 00:40
- EDUARDO ÁLVAREZ
Ver 8 comentarios
- Compartir en Facebook
- Compartir en Twitter
- Enviar por email
Eran más de las 11 de la noche, pero millones de españoles seguían pendientes el domingo pasado de una publicación a la que en condiciones normales no se le presta mucha atención: el Boletín Oficial del Estado. Las redes sociales ardían y nadie entendía qué pasaba en Moncloa para que siguiera sin conocerse el Real Decreto que regulaba el permiso retribuido recuperable y el cese de todas las actividades no esenciales, medida extraordinaria que Pedro Sánchez había anunciado la víspera para combatir la pandemia. Muchos ciudadanos ignoraban en el momento de irse a la cama si al día siguiente tenían que ir a su puesto de trabajo o no. Minutos después de las 11, se publicó al fin el BOE. Y, con él, el Real Decreto-ley 10/2020, rubricado como es preceptivo por el Rey.
- Casa Real. Mensaje del Rey ante la crisis del coronavirus
- Pandemia. El Rey visita el hospital de Ifema
DECRETOS 'DIARIOS'
Desde que el Gobierno, el sábado 14 de marzo, decidió declarar el estado de alarma en España, el Consejo de Ministros no ha dejado de aprobar reales decretos de urgencia que prácticamente se improvisan la víspera y deben aplicarse de forma inmediata ante una crisis sin precedentes. Pero vivimos en un régimen democrático y ni siquiera la situación de excepcionalidad permite saltarse la legalidad vigente. Esos reales decretos no habrían tenido validez sin la firma del Rey. Y, en unas circunstancias en las que hemos visto a varios jefes de Estado de nuestro entorno contagiados por el coronavirus, y en las que por desgracia una epidemia tan devastadora lleva a tantas miles de personas a las UCI hospitalarias, expertos consultados por LOC coinciden en que España debe cruzar los dedos para que Don Felipe mantenga su buen estado de salud, porque uno de los agujeros de nuestro sistema es que carecemos de un mecanismo inmediato de regencia para el caso de que el Jefe del Estado se viera impedido para ejercer sus funciones, a diferencia de lo que ocurre en otras monarquías parlamentarias.
Como explica a LOC Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, "la Carta Magna no especifica nada, en relación con los reales decretos, sobre el Rey, pero éste tiene entre sus funciones la de sancionar las normas con rango de ley y estos decretos tienen esa fuerza". Su firma se antoja por lo tanto imprescindible. Expertos consultados por este suplemento coinciden en que a lo largo de estas cuatro décadas de democracia todos los gobiernos han protagonizado irregularidades como la de mandar al BOE para su publicación normas que aún no había podido ni siquiera leer el Monarca, algo que presumiblemente volvió a suceder el domingo pasado por la errática gestión que demostró durante toda la jornada el Ejecutivo. Blanco Valdés subraya que, aunque no sea cortés, en todo caso es "irrelevante", en el sentido de que el Rey tiene obligación de sancionar las normas independientemente de su contenido, puesto que se trata de un "acto debido". Lo imprescindible es que la norma vaya acompañada de su firma formal y fehaciente.
Coincide con él su colega Antonio Torres del Moral, quien, en conversación con LOC, subraya que al Gobierno se le debe exigir que evite "chapuzas" que puedan deteriorar la imagen de la Corona. En clara alusión a lo ocurrido con el Real Decreto del permiso retribuido recuperable, lleno de agujeros y lagunas que obligaron incluso a establecer una moratoria porque su aplicación provocó el caos en varios sectores industriales, el catedrático de Derecho constitucional remarca que al Rey no se le puede poner en la tesitura de sancionar normas plagadas de errores que "exigen rectificación al día siguiente".
SIN NEGOCIARLOS CON NADIE
Aunque el Jefe del Estado no es en modo alguno responsable, Blanco Valdés abunda en el "disparate político y jurídico" que supone que el Gobierno, en precaria minoría parlamentaria, apruebe reales decretos, casi como churros, sin negociarlos con nadie, ni siquiera con socios de investidura como el PNV, lo que podría llevarnos a la gravísima situación de que no fueran convalidados, como es obligado, en el plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados. Si eso ocurriera, es "como si las normas no hubieran existido", a pesar de sus enormes efectos, lo que abriría la puerta a reclamaciones en cascada. Blanco Valdés prefiere pensar que los diputados lo evitarán con un ejercicio de responsabilidad que no está teniendo Pedro Sánchez.
Felipe VI, por suerte, parece gozar de excelente salud.Pero los muchos defectos del Título II de la Constitución y la dejadez de todos los gobiernos de la democracia y del Legislativo, incapaces aún de haber aprobado una Ley de la Corona, deja a España en una tesitura muy complicada ante la hipótesis de que el Monarca no pudiera desempeñar sus funciones. Está resuelto "malamente", dice Torres del Moral.
Desde la Casa del Rey se indica a este suplemento que, "lógicamente, se seguirían las recomendaciones de los servicios médicos en cualquier caso" y recuerda que la institución no puede hacer otra cosa más que seguir los "preceptos constitucionales". Estamos ante un asunto que compete abordarlo a los poderes políticos. La Carta Magna sólo contempla la regencia en dos supuestos: la minoría de edad del Rey o la inhabilitación de su persona. Los constituyentes no imaginaron esta última para un supuesto temporal como el de una repentina enfermedad grave que dejara incapacitado al Jefe del Estado unos días, semanas o meses. Torres del Moral, que lleva años urgiendo a la reforma del Título II, tacha de irresponsables a los políticos, que se conforman con pensar que eso no va a ocurrir nunca y a fiarlo todo en este caso a la buena forma de Don Felipe.
Si, desgraciadamente, sí ocurriera, habría que poner en marcha un mecanismo constitucional tan complejo que más nos vale que no tenga que ver la luz en una crisis como la de esta pandemia.
SUPUESTA INHABILITACIÓN
Primero, las Cortes -Congreso y Senado- tendrían que reconocer la inhabilitación del Rey. De inmediato, se convertiría en regente el sucesor al trono; pero, como la Princesa de Asturias es menor de edad, su cargo, en nombre del Rey, lo ejercería en este caso la madre de la heredera, la Reina Letizia. Para poder desarrollar la regencia, habría de prestar juramento ante las Cortes, reunidas en sesión solemne. ¿Alguien se imagina algo así con un país en estado de alarma por el Covid-19?
Se han perdido 44 valiosos años para desarrollar un mecanismo de regencia inmediato y eficaz como el que tienen muchas monarquías parlamentarias en Europa. Torres del Moral alerta de que, nuestro agujero legal es tal que ni siquiera se contempla una posibilidad como la de que nuestro Jefe del Estado se divorciara. En ese caso, dice, si el heredero es menor de edad, se llegaría al disparate de que su ex mujer, ya ex reina, aunque estuviera de nuevo felizmente casada, viviera en Escandinavia o lo que fuera, se convertiría de facto en Jefa del Estado ante una obligada inhabilitación del Monarca. Y el Estado se vería en la tesitura lamentable de argucias como la de intentar "con un cheque" que renunciara a sus derechos para que corriera el orden sucesorio. Siguiendo el hilo de este supuesto, hoy el cargo recaería en la Infanta Elena, quien, sin embargo, no es ya ni miembro de la Familia Real.
NUEVOS ESCENARIOS
Son escenarios que el Derecho y todo país serio necesitan tener muy bien previstos y resueltos.
Menos mal que a Don Felipe se le ve en plena forma, como volvió a reflejar en su última aparición, ayer, con traje de campaña, mascarilla y guantes, durante su visita a la sede del Mando de Operaciones Militares en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tras acudir por sorpresa la semana pasada al hospital de campaña que el ejército ha levantado en los pabellones de Ifema, solo o acompañado de la Reina Letizia, no ha parado de mantener encuentros en Zarzuela y de realizar videollamadas para interesarse por la gestión de la crisis del coronavirus y mandar aliento a los sectores más afectados. A sus reuniones con ministros como los de Sanidad, Economía o Hacienda, le han seguido contactos con la patronal, ganaderos, representantes de pymes o directores de hospitales.El estado de alarma deja al descubierto el 'agujero' legal de la regencia
Eran más de las 11 de la noche, pero millones de españoles seguían pendientes el domingo pasado de una publicación a la que en condiciones normales no se le presta mucha atención:www.elmundo.es
Paso este artículo donde se exponen las dificultades, algunas, en la consecución de una ràpida sustitución. No creo que la cosa sea banal ni se pueda calificar de sencilla en un plumazo de sentido práctico.
No sé a que anterioridad te refieres, pero según están las cosas y aplicando la legalidad a la que tanto se recurre cuanto interesa a determinadas facciones, veo difícil en primer lugar que haya unanimidad en esa masa que citas, y luego está la acomodación a lo establecido por parte de quien maneja el cotarro.
Y no te parece suficiente con un post que lo recalcas en un segundo.
Ya lo he hecho.
