Dos altos cargos del Gobierno de Feijoo imputados por homicidio por retrasar fármacos Hepatitis C

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La justicia investigará por homicidio a dos altos cargos de Feijóo por retrasar fármacos contra la hepatitis C


La Audiencia Provincial de A Coruña ordena que los dos imputados por prevaricación sean investigados también por posible homicidio de seis personas

Feijóo había calificado de "indigna" la denuncia y de "indignos" a los médicos que la formularon y siempre ha desdeñado el proceso judicial abierto

Así desveló el caso en exclusiva eldiario.es: La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”

Miguel Pardo / José Precedo
23/12/2016 - 14:37h

Feijóo y la conselleira de Sanidad, en una visita a un hospital


Dos altos cargos de la Xunta serán investigados por un supuesto delito de homicidio por el no suministro de los tratamientos contra la hepatitis C a seis pacientes que fallecieron. Así lo acaba de acordar la Audiencia Provincial de A Coruña, que estima parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la plataforma de afectados. Los dos responsables del Sergas (Servizo Galego de Saúde) pasan a ser imputados (ahora llamados investigados) no solo por prevaricación sino por este otro delito más grave. Se trata del director general de Asistencia Sanitaria del Sergas –y actual gerente del área sanitaria de Vigo–, Félix Rubial, y a Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia

La Audiencia revoca el pronunciamento del juez del pasado septiembre y "acuerda que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente" y que "se les tome declaración como investigados en relación con los fallecimientos".



El juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, investiga a ambos altos cargos por un supuesto delito de prevaricación, pero la Fiscalía les había atribuido también el de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", tal y como había adelantado eldiario.es. Desde la Xunta, tanto el presidente Núñez Feijóo como Sanidad defendieron que "siempre" se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes y minusvaloraron el proceso apuntando a intereses ocultos.

Los dos investigados comparecieron a prestar declaración a finales de abril, momento en el que descargaron toda la responsabilidad en los médicos. El magistrado había impedido entonces que tanto la Fiscalía como la representación legal de la Plataforma Gallega de Afectados por la Hepatitis C los cuestionasen sobre aspectos directamente relacionados con la posible comisión de delitos de homicidio imprudente.

Con este nuevo auto, la Audiencia ordena al juez instructor que dirija el procedimiento contra los dos denunciados por posibles delitos de homicidio imprudente en seis de los siete pacientes (concretamente los identificados del 1 al 5 en la demanda así como el número 7), por lo que se les volverá a tomar declaración como investigados por dichos delitos.

La plataforma ha manifestado ya su "deseo" de que "la citación para esta nueva declaración se produzca lo antes posible y que se imprima a la causa un ritmo razonable en la práctica de las diligencias que permitan aclarar los hechos denunciados". "Llevamos un año prácticamente perdido, lo que provoca angustia y descontento tanto en las familias directamente afectadas por los fallecimientos como en el conjunto del colectivo de personas afectadas", dicen en un comunicado.

La aceptación de este recurso de la Fiscalía llega después de que la Audiencia Provincial desestimase el presentado anteriormente por los abogados del Sergas, en el que solicitaban el archivo de las diligencias y la exoneración de los dos encausados.

Este nuevo delito por el que serán investigados los dos altos cargos del Sergas acaba con el argumento empleado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para evitar su destitución, ya que siempre se encargó de aclarar que sólo estaban imputados por un delito de prevaricación administrativa. Incluso había llegado a calificar de "indigna" la demanda y de "indignos" a los médicos que la formularon. Además, atribuía las demandas a "líos que hay en los hospitales entre servicios y en los mismos servicios" y había ido más allá atribuyéndole a la oposición las acusaciones de la Fiscalía, que creía un "disparate", "insulto" o "juicio sumarísimo a la sanidad pública gallega".

Para la plataforma, esta nueva situación "exige" que "dos personas a las que se atribuye judicialmente la comisión de delitos graves sean inmediatamente apartadas de sus cargos, toda vez que el argumento a lo que el presidente de la Xunta se aferraba ha sido, también, rebatido.

Quique Costas, portavoz del colectivo, considera "muy importante" el auto y cree que confirma la "evidencia de que las muertes causadas por un comportamiento delictivo suponen un homicidio". Además, advierte que la nueva imputación "ratifica" el que siempre denunció el colectivo: "que los recortes matan y que estas muertes fueron inducidas por la Administración".

Advierte que el presidente de la Xunta tendrá que "cambiar de argumentos" y le pide que "cese inmediatamente" a dos altos cargos de la Administración "imputados nada más y nada menos que por homicidio".

http://www.eldiario.es/galicia/movi...dio-Xunta-retrasar-hepatitis_0_593891112.html


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Así fue la gestión pública de la hepatitis C que ha acabado con dos altos cargos imputados en Galicia


La aparición del eficaz y muy caro Sovaldi provocó que las administraciones usaran criterios presupuestarios para decidir sobre tratamientos médicos

Los responsables sanitarios crearon comités específicos para administrar los fármacos mientras el Gobierno negociaba una rebaja del precio con los laboratorios

Raúl Rejón
23/12/2016 - 21:15h

Reivindicación de tratamientos para la hepatitis C /PLAFHC

La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”

El 6 de diciembre de 2013, el laboratorio Gilead anunciaba: "La Agencia Estadounidense del Medicamento ha aprobado Sovaldi". Se trataba de un comunicado lanzado en California (EE UU) sobre un nuevo tratamiento para la hepatitis C.

Entonces era un nombre desconocido, pero, en tres años, la gestión de ese medicamento ha terminado con la acusación por homicidio imprudente de dos altos cargos de una administración pública en la otra punta del mundo: la Xunta de Galicia. Se les imputa impedir el acceso a este tipo de medicamentos "por razones presupuestarias". Un juzgado gallego deberá investigar el posible caso de homicidio de seis pacientes que murieron esperando, tras la orden de la Audiencia Provincial.



Una cura a precio de oro
Nada más ponerse a disposición de los pacientes, Sovaldi evidenció su doble cara: curaba una enfermedad incurable. Servía para el 90% de los afectados por un virus muy extendido. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 185 millones de infectados en todo el mundo. Al mismo tiempo, el laboratorio Gilead le había puesto un precio altísimo. En España costaba más de 60.000 euros por el tratamiento de 24 semanas.

El Ministerio de Sanidad consideró "inasumible" su financiación a ese coste. Pero su alta eficacia provocó una oleada de exigencias por parte de los pacientes que no entendían que se regatease con sus vidas: la hepatitis C es una patología que pasa inadvertida durante años pero va degenerando el hígado y puede llegar a derivar en cáncer hepático o cirrosis que causan la muerte.

El precio de la medicina en el centro del debate
La carrera farmacéutica de la hepatitis C incorporó a otros laboratorios que sacaron sus propios compuestos para atacar diferentes variedades del mismo virus. Denominaciones como Sovaldi, Harvoni, Viekirax, Daklinza se hicieron populares. Pero, según fueron apareciendo, llevaban aparejada la misma fórmula: alta eficacia y un precio de decenas de miles de euros.

Sanidad quiso negociar con las compañías antes de aprobar una financiación pública. El coste de las medicinas para estos pacientes se convirtió en la piedra angular del debate sobre su patología. Más que la posible cura definitiva de un problema de salud pública (la hepatitis C es contagiosa y muchos de los infectados ni siquiera son conscientes de que son portadores del virus). Mientras, las partidas de Sovaldi y otras medicinas disponibles eran material escaso.

El sistema sanitario español tiene trasferidas las competencias de atención al paciente a las comunidades autónomas. Esto significa que los tratamientos y la dispensación de medicinas recae en las administraciones regionales. Como la de la Xunta de Galicia que ve ahora como su exdirector de Asistencia Sanitaria y la subdirectora general de Farmacia afrontan la acusación de homicidio. La sanidad gallega era la encargada de atender a las personas que acabaron por morir tras dilatarse la administración de los fármacos revolucionarios.

Los comités deciden a quién curar
La situación que se creó fue la de miles de pacientes exigiendo ser tratados ante las pegas presupuestarias que manejaban los responsables de los sistemas sanitarios que debían curarlos. Las comunidades autónomas echaron mano de unos comités de evaluación que decidían qué peticiones de fármacos se atendían.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C los llamó "comités de la muerte" porque "deciden quién vive y quién muere" más allá de "las prescripciones". La enfermedad provoca entre 3.800 y 4.600 muertes al año en España.

Los investigados en Galicia incumplieron, supuestamente, los criterios de la administración para dar el visto bueno al tratamiento de los casos más graves mientras el Gobierno negociaba con las farmacéuticas mejores precios: "Hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos", escribió el fiscal en su acusación.

Solo la carta de unos médicos a la exconsejera de Sanidad consiguió acelerar el tratamiento de uno de los pacientes implicados en el caso gallego. El único que salvó la vida.

Responsables todavía en cargos de confianza
El Ministerio de Sanidad publicó en mayo de 2015 su Plan Estratégico de Acción contra la Hepatitis C. El documento indicaba que el Consejo Interterritorial de Sanidad (que aúna al Ministerio y las comunidades autónomas) había decidido en marzo de ese año que los fármacos financiados públicamente se dispensarían a los pacientes con una fibrosis hepática a partir de grado 2 (hasta el 4).

Calculaba que ese grupo sumaba 51.900 pacientes. Y le asignaba un "techo de gasto" de 786 millones de euros en tres años. Las comunidades podían recurrir a una "ayuda financiera" del Ministerio de Hacienda, con diez años para devolver el dinero.

Muy poco antes, en enero de ese año, cuando la oposición afeaba al presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo que su administración no estaba haciendo todo lo posible contra esta enfermedad, el político del PP aseguró que se pagaría todo lo que prescribieran los médicos: "Esto no es Venezuela", dijo. Feijóo había nombrado a los ahora investigados. Ambos mantienen cargos de confianza en la sanidad pública gallega.

http://www.eldiario.es/sociedad/Hepatitis-Galicia_0_593891305.html


Si hubieran sido familiares, amigos de ....no hubiera ocurrido.
 

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Fueron muchos más los homicidios imprudentes cometidos por la sanidad en manos del PP y no se habla de ello.
 
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La oposición exige a Feijóo que explique por qué mantiene a sus cargos imputados por homicidio


En Marea, PSdeG y BNG reclaman explicaciones "urgentes" en el Parlamento al presidente o al conselleiro de Sanidad, que mantienen silencio tras el giro judicial en la investigación por la demora de tratamientos de Hepatitis C

Miguel Pardo
26/12/2016 - 12:02h

Feijóo y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña

Los cargos de la Xunta imputados por retrasar fármacos de hepatitis descargan culpas en los médicos
EXCLUSIVA

La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”


Toda la oposición gallega pide -y pedirá oficialmente- que Alberto Núñez Feijóo o el conselleiro de Sanidade comparezcan para dar explicaciones tras la imputación por un posible delito de homicidio imprudente de los dos altos cargos del Sergas por, presuntamente, haber retrasado la prescripción de medicamentos contra la hepatitis C por razones económicas. El giro judicial del caso provocado por el auto de la Audiencia Provincial supone que el actual gerente del área sanitaria de Vigo y exdirector general de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, afronten penas de entre 1 y 4 años de cárcel e inhabilitación para cargo público y profesional.

Con todo, ni el presidente de la Xunta ni Vázquez Almuíña, titular de Sanidad, han dicho nada desde que el pasado viernes se conociera el auto que amplía la imputación de los dos cargos del Sergas de prevaricación administrativa a homicidio después de que seis enfermos de hepatitis C fallecieran por, presuntamente, no habérsele administrado a tiempo la medicación que los podía curar por razones presupuestarias.



Tan sólo ha hecho declaraciones públicas el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, que cree que la decisión de la Audiencia "no varía" en nada el caso. Para él, sólo busca "ampliar el ámbito de defensa de los denunciados para que puedan ejercitar plenamente sus derechos frente a la totalidad de la denuncia y no sólo por prevaricacion".

No opinan lo mismo desde la oposición, que ha salido conjuntamente a reclamar explicaciones y pedir comparecencias parlamentarias. Desde En Marea, su portavoz, Luís Villares, pide la comparecencia del conselleiro de Sanidade o del presidente de la Xunta cómo algo "imprescindible" y "urgente", al igual que desde el PSdeG. Su portavoz de Sanidad en el Parlamento, Julio Torrado, ha reclamado "explicaciones públicas urgentes" y la "depuración de responsabilidades políticas" tras un caso que ambos califican de "gravísimo". "Ya es tarde", añadió. En el BNG, la portavoz de Sanidad en la Cámara, Montse Prado, ha profundizado en la misma línea, pidiendo que Feijóo o Almuiña comparezcan ya.

En Marea y BNG piden el "cese inmediato"
En cuanto a la situación de los dos altos cargos imputados ahora también por homicidio, tanto En Marea como BNG son muy claros al exigir su "cese inmediato". Para Villares parece evidente que "la sociedad no puede confiar en personas que están siendo investigadas por incumplir deberes profesionales tan básicos, por no priorizar la salud de la gente". Mientras, Montse Prado recuerda que tanto Rubial como Gómez-Criado "siguen siendo cargos de confianza del presidente de la Xunta", por lo que no sólo deben ser destituidos sino que la responsabilidad debe caer también en el jefe del Ejecutivo.

Desde el PSdeG, no obstante, no reclaman todavía la destitución de los dos altos cargos, pero recuerdan que el giro judicial "supone consecuencias políticas inapelables e inaplazables" tras la "sospecha fundada" de un retraso deliberado de un tratamiento por razones de ahorro presupuestario que podría haber supuesto el fallecimiento de varios pacientes. Además, advierten de que esta situación está provocando una quiebra de la confianza de la ciudadanía en los responsables de la sanidad pública que debe ser restaurada de inmediato.

Los afectados ven "ratificadas" sus denuncias
Para la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PAHC), el giro judicial "exige" que "dos personas a las que se atribuye judicialmente la comisión de delitos graves sean inmediatamente apartadas de sus cargos", toda vez que "el argumento al que el presidente de la Xunta se aferraba ha sido, también, rebatido". Quique Costas, portavoz del colectivo, considera que la nueva imputación "ratifica" lo que siempre han denunciado: "que los recortes matan y que estas muertes fueron inducidas por la Administración".

Tanto la PAHC como la oposición recriminan a Núñez Feijóo sus duras palabras tanto contra las denuncias como contra los médicos que las impulsaron, calificándolos de "indignos". Desde la Xunta, tanto el presidente como Sanidade han venido defendiendo que "siempre" se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes.

El propio jefe del Ejecutivo había sido muy duro e incluso había calificado de de "insidias" las acusaciones de que la decisión de no aprobar tratamientos había provocado el fallecimiento de pacientes. Atribuía las demandas a "líos que hay en los hospitales entre servicios y nos mismos servicios" e incluso había sido más allá al atribuir a la oposición las acusaciones de la Fiscalía y calificarlas de "disparate" e "insulto" mientras se jactaba de "pagar" los tratamientos. "Por dos o tres pacientes, no me parece lógico relacionar esas denuncias con la austeridad", había sentenciado. Desde el viernes, Feijóo mantiene el silencio sobre el giro que acaba de dar el caso.

http://www.eldiario.es/galicia/poli...explique-imputados-homicidio_0_594940641.html