Ese es el camino correcto. No se debe tapar la libertad de expresión a no ser que haya delito. Si alguien como en éste caso Garzón considera que se ha atentado contra su honor está en su derecho, pero nadie, ni siquiera el Gobierno puede cerrar una web a no ser que sea la cueva de delitos.
Dolores Delgado, de Ministra de Justicia del PSOE a Fiscal General del Estado
- AutorSultanaXS
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Ese es el camino correcto. No se debe tapar la libertad de expresión a no ser que haya delito. Si alguien como en éste caso Garzón considera que se ha atentado contra su honor está en su derecho, pero nadie, ni siquiera el Gobierno puede cerrar una web a no ser que sea la cueva de delitos.
Ni Dolors de Montserrat debiera ser portavoz del PP. Es deudora de Hacienda. No lo olvidemos.
Dr. Pedro Sánchez anunció denuncias a ABC, El Mundo y OKdiario hace 15 días y aun las están esperando.
Los audios aquí: https://www.moncloa.com/gore-comida-rianxo/
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Los momentos más ‘gore’ en la comida del restaurante Rianxo
28 de septiembre de 2018
Por Antonio Rodríguez
´
Más de tres horas y media de comida dan para muchas conversaciones y la del restaurante Rianxo el 23 de octubre de 2009 no fue una excepción. El inicio del ágape contó con la presencia de los mandos policiales: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, y tres mandos policiales adjuntos al DAO de aquella época: Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’, Gabriel Fuentes y José Manuel Villarejo, quien era el protagonista de la comida por la obtención de una medalla pensionada y que grabó la conversación.
En los entrantes, y a la espera de que llegasen Baltasar Garzón y Dolores Delgado, dos de los mandos policiales comentan que vienen de una recepción diplomática en la Embajada de Ucrania:
Mando policial.- Nos han dado una botellita de vodka, de picante, ese que lleva una guindilla dentro y el que se la beba se va a cagar.
Villarejo.- Je, je, je
Gabriel Fuentes.- Lo malo es que se cague.
Villarejo.- Je, je, je, je
Mando policial.- Y hay una tía de protocolo que ya he quedado con ella para que venga a la oficina, que está buena que te cagas.
Villarejo.- Ucraniana
Mando policial.- Está buena, ¿no veas cómo está?
Mando policial.- No no no, una ucraniana que te cagas.
Villarejo.- Las ucranianas, además, son muy liberales.
Mando policial.- Pequeñita pero….
Mando policial.- Yo la quiero pequeñita.
Villarejo.- Jejeje, no me toques los coj*nes.
Mando policial.- La he invitado a mi despacho para que venga a saludarme. Está soltera, sol-te-ra.
[AUDIO]
Otro de los lances de la conversación, ya con Garzón y Delgado en ella, versa sobre los gustos de cada uno a la hora de trabajar, después de que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional se quejase del calor que había en el Rianxo. Uno de los mandos policiales le suelta una grosería a la fiscal Delgado:
Mando policial.- Eso, ya sabes, debe ser la menopausia, ¿a qué sí Lola?
Delgado: No lo sé.
Villarejo: Yo, trabajo con frío mejor.
Delgado: Ni put* idea.
Garzón: Yo no pongo la calefacción ni un puto día del año.
Villarejo: A mí, me pasa lo mismo.
Garzón: En mi despacho (…) con los abrigos.
Villarejo: A la gente le jode entrar en el despacho a los que nos gusta el frío.
Garzón: El calor me embota la cabeza.
Villarejo: Sí, estoy de acuerdo.
[AUDIO]
Tras ello, Garzón relata una anécdota que le sucedió en el yacimiento arqueológico de Palenque (México) en un día que tenía mucho hambre.
Garzón: ¿Sabes lo que me pasó?
Delgado: En México.
Garzón: En Palenque, estábamos y yo con un hambre de la hostia y veo varios puestos de aceitunas y veo unas que digo, hostias alcaparras. Llego con una cuchara grande, hice así y bum.
Mando policial: Y dijeron, qué coj*nes tiene este hombre.
Garzón: Lo primero es que mastico y en ese momento…
Comisario: Ya estás jodido..
Garzón: En ese momento, en vez de expulsarlo para dentro, no se qué pasó y lo metí para dentro.
Villarejo: La ruina
Garzón: coxx, que me tuvieron que llevar al médico y todo, cagando líquido. En la cama… una colitis… me subió fiebre a 39… una cosa tremenda.
[AUDIO]
En los postres del Rianxo, la conversación vuelve a tener un punto picante y Villarejo intenta sentar cátedra sobre
Delgado: Miguel Ángel, en general, los tíos os va mucho el rollito físico.
Villarejo: Bueno, no exac… no creas.
Fernández Chica: El rollito físico, para un polvo de una noche y a tomar por culo.
Delgado: O de entrada.
Fernández Chica: Yo, o cualquier persona medianamente inteligente, una tía te puede entrar por el físico.
Delgado: Sí.
Fernández Chica: Y muchas veces cambia el físico de una persona a otra.
Villarejo: Que sea atractiva.
[AUDIO]
A ver si nos cuenta la Lola cómo le gustan a ella los hombres, que no hace más que hablar de mujeres
La Lola y el Balta, presuntos intermediarios en el negocio:
https://www.elconfidencial.com/espa...llones-frustar-extradicion-guatemala_1622102/
Las facturas de Villarejo: así cobró 7 millones por frustrar una extradición a Guatemala
El comisario fue contratado por Pérez-Maura para tratar de bloquear su entrega a ese país, donde se le acusa de pagar 30 millones de dólares en sobornos para adjudicarse un puerto de mercancías
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JOSÉ MARÍA OLMO
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28/09/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 28/09/2018 08:28
La Audiencia Nacional está tratando de reconstruir la relación del comisario José Manuel Villarejo con el empresario Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador de Banco Santander y propietario de la naviera Pérez y Cía SL. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el industrial habría pagado al policía más de siete millones de euros para que frustrara la orden de extradición emitida en su contra por la Justicia de Guatemala, que le acusa de pagar sobornos al Gobierno del país para adjudicarse la construcción y gestión de un puerto de mercancías en la costa del Pacífico.
Las pesquisas avanzan en una pieza secreta de la operación Tándembautizada con el nombre de Pit. Como reveló este diario, el instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo utilizó su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario y contener los daños que la investigación penal de Guatemala podía ocasionar en la cuenta de resultados de su compañía.
Pinche para ver la factura.
El origen de esta operación, que ilustra a la perfección cuál era el método de trabajo del agente encubierto, se remonta a los primeros meses de 2016. Pérez-Maura recurrió a Villarejo ante el temor de que pudiera salpicarle una trama descubierta en Guatemala un año antes, el llamado caso La Línea. Efectivamente, en abril de 2016, tirando del hilo de un testaferro, la Fiscalía guatemalteca concluyó que el naviero habría pagado 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina(2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se llevara la gestión del estratégico puerto de Quetzal durante 25 años en régimen de usufructo. El acuerdo se oficializó en 2012, con Pérez Molina en el poder.
Sacar de la cárcel al único español
Pérez-Maura encargó tres cosas a Villarejo. Lo primero y más importante fue que evitara su extradición. La operación policial pilló al empresario fuera de Guatemala, pero le aterrorizaba la posibilidad de que la Justicia de ese país terminara consiguiendo su entrega. Lo segundo que encargó al comisario fue que lograra sacar de la cárcel a su delegado en el país, Juan José Suárez Meseguer, único español detenido por el caso TCQ. El juez lo envió automáticamente a prisión provisional.
La tercera y última petición tenía un componente mercantil. Pérez-Maura había vendido TCQ a APM Terminals, una filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, un año antes de que estallara el escándalo. El contrato especificaba que TCQ estaba libre de cargas y no había incurrido en ninguna ilegalidad, pero la Fiscalía demostró que eso no era cierto. Así que, cuando se desató la operación policial, APM Terminals se negó a abonar a Pérez-Maura la totalidad del precio pactado por la sociedad y ambas partes terminaron ante de una corte de arbitraje de Copenhague.
Pinche para ver la factura.
Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura argumentando que la solicitud no estaba debidamente justificada. Ese hito permitió al grupo empresarial del agente encubierto recibir una comisión de éxito millonaria. Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem a los que ha tenido acceso El Confidencial, Pérez y Cía SL abonó en ese momento 3.388.000 euros IVA incluido a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL(Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y otros 1.452.000 euros IVA incluido a Stuart & McKenzie, la firma jurídica del policía.
A partir de ese momento, ambas empresas empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. En realidad, la sombra de la extradición seguía gravitando sobre Pérez-Maura. Guatemala solo tenía que argumentar mejor su segunda solicitud para poner de nuevo en marcha el mecanismo de entrega. Y las pruebas que tenían los investigadores de ese país contra el naviero eran abrumadoras.
Una estrategia con tres frentes
En ese punto, el trabajo de Villarejo se dividió en varios frentes. Por un lado, según fuentes consultadas por este diario, el comisario colaboró en la estrategia jurídica que estaba desarrollando Pérez-Maura en España para reducir al mínimo las opciones de ser entregado y que, en el peor de los escenarios posibles, fuera juzgado en territorio nacional por los delitos cometidos fuera.
Pinche para ver la factura.
Esa línea se complementó con el diseño de una estrategia jurídica internacional. Villarejo y sus colaboradores creyeron que, para desactivar la causa, obtener la libertad de Suárez Meseguer y pergeñar un dictamen que sirviera para desbloquear la venta de TCQ, necesitaban fijar la atención en Estados Unidos. La batuta de la investigación sobre los sobornos la llevaba el máximo representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo creado en 2006 por Naciones Unidas para ayudar a las autoridades judiciales de ese país en la lucha contra la corrupción y las estructuras paramilitares y que, en la práctica, funciona como una Fiscalía paralela. Aunque su trabajo se desarrollaba en Guatemala, el comisionado del Cicig, un antiguo fiscal colombiano, Iván Velásquez, dependía directamente de los cuarteles generales de la ONU en Nueva York.
En esa ciudad tenía un buen contacto Villarejo, el abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez-Maura. Según fuentes cercanas al caso, Villarejo decidió utilizar los servicios de este letrado para tratar de desmontar las acusaciones del Cicig y de la Fiscalía ordinaria de Guatemala y, también, para encontrar una fórmula que permitiera sacar la concesión del puerto de Quetzal del proceso penal mediante algún atajo de carácter administrativo. Por último, Best ayudaría a los abogados locales de Suárez Meseguer a perfilar una estrategia de defensa más productiva.
Villarejo sumó un tercer frente a su hoja de servicios. Recurrió a un lobista de Florida que respondía al nombre de Manny Delgado para que se encargara de las relaciones con los medios de comunicación y las instituciones tanto en Estados Unidos como en Guatemala. También envió expertos a Madrid. Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de 300 millones de euros—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral.
Legalizar la concesión
En el verano de 2016, la trama ya tenía claro cuál era la mejor solución a los problemas de su cliente. Los esfuerzos del comisario y sus colaboradores iban a centrarse en lograr que el Gobierno del país regularizara la concesión del puerto. La idea parecía descabellada porque, en ese momento, la Justicia ya tenía una pila de indicios de que la infraestructura había sido adjudicada a dedo tras el pago de un soborno multimillonario. Pero Villarejo y los asesores internacionales que participaban en la operación Pit concluyeron que, si las autoridades legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura, ni Suárez Meseguer seguiría en la cárcel ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el 100% del precio pactado en 2015 con Pérez y Cía SL.
El único español detenido por el caso TCQ, Juan José Suárez, en una imagen de 2016. (EFE)
El encargado de explorar esa vía sobre el terreno fue la mano derecha de Villarejo en su red mercantil, el letrado Rafael Redondo, detenido junto al comisario en noviembre de 2017. Redondo efectuó numerosos viajes a Guatemala para lograr un acuerdo y, al final, obtuvo lo que buscaba. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación, la empresa pública del puerto de Quetzal y los nuevos dueños de TCQ, APM Terminals, firmaron un memorándum de entendimiento por el que se comprometían a abonar al Estado un resarcimiento por el caso de corrupción de 32,7 millones de dólares (se suponía que se habían pagado 30 millones en sobornos) y otros 10,5 millones de dólares adicionales para financiar proyectos de desarrollo para los municipios de la región. A cambio, el Gobierno liquidaría la concesión anterior y otorgaría un nuevo usufructo de 21 años a los compradores de la empresa española. Todos salían ganando.
La trama se apuntó otro tanto cuando el expresidente Pérez Molina y el nuevo jefe del Ejecutivo del país, Jimmy Morales, de partidos diferentes, apoyaron esa salida. El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso.
Informes de inteligencia sobre el caso
En total, Pérez-Maura habría pagado a las empresas de Villarejo por todos estos servicios unos 7,4 millones de euros, sumando la primera comisión de éxito y las igualas mensuales que abonó hasta noviembre de 2017. El dinero también sirvió para financiar dosieres de inteligencia realizados por el equipo del comisario con información de todo lo que ocurría en torno al proceso judicial. Pérez y Cía SL los recibía periódicamente.
Garzón y Delgado, en 2012 en Argentina, en un homenaje a las víctimas de la dictadura. (EFE)
Sin embargo, hay otros movimientos ejecutados en el marco de esta operación que siguen bajo la lupa de los investigadores. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo recurrió a su amigo Baltasar Garzón y al mejor contacto de este en la Audiencia Nacional, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para conseguir que España bloqueara o al menos dificultara la entrega a Guatemala de Pérez-Maura. Lo cierto es que nunca se produjo.
También se intenta aclarar si el agente encubierto utilizó la influencia de Garzón en Latinoamérica para despejar el horizonte penal del naviero y de su delegado en ese país. Como reveló este diario, Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró en los registros de Tándem unas notas manuscritas en las que Villarejo apuntó una supuesta reunión con 'Dos', el nombre en clave de Dolores Delgado, y 'M', la primera letra de 'Mago', el alias con el que se refería al exmagistrado. Además, se han descubierto pagos de Villarejo a Garzón por importes elevados. Se da la circunstancia de que el exjuez tiene una gran amistad con el comisionado del Cicig. La relación se remonta a la época en la que Velásquez era uno de los fiscales más prestigiosos y conocidos de Colombia.
https://www.elconfidencial.com/espa...llones-frustar-extradicion-guatemala_1622102/
Las facturas de Villarejo: así cobró 7 millones por frustrar una extradición a Guatemala
El comisario fue contratado por Pérez-Maura para tratar de bloquear su entrega a ese país, donde se le acusa de pagar 30 millones de dólares en sobornos para adjudicarse un puerto de mercancías
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La Audiencia Nacional está tratando de reconstruir la relación del comisario José Manuel Villarejo con el empresario Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador de Banco Santander y propietario de la naviera Pérez y Cía SL. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el industrial habría pagado al policía más de siete millones de euros para que frustrara la orden de extradición emitida en su contra por la Justicia de Guatemala, que le acusa de pagar sobornos al Gobierno del país para adjudicarse la construcción y gestión de un puerto de mercancías en la costa del Pacífico.
Las pesquisas avanzan en una pieza secreta de la operación Tándembautizada con el nombre de Pit. Como reveló este diario, el instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo utilizó su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario y contener los daños que la investigación penal de Guatemala podía ocasionar en la cuenta de resultados de su compañía.
Pinche para ver la factura.
El origen de esta operación, que ilustra a la perfección cuál era el método de trabajo del agente encubierto, se remonta a los primeros meses de 2016. Pérez-Maura recurrió a Villarejo ante el temor de que pudiera salpicarle una trama descubierta en Guatemala un año antes, el llamado caso La Línea. Efectivamente, en abril de 2016, tirando del hilo de un testaferro, la Fiscalía guatemalteca concluyó que el naviero habría pagado 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina(2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se llevara la gestión del estratégico puerto de Quetzal durante 25 años en régimen de usufructo. El acuerdo se oficializó en 2012, con Pérez Molina en el poder.
Sacar de la cárcel al único español
Pérez-Maura encargó tres cosas a Villarejo. Lo primero y más importante fue que evitara su extradición. La operación policial pilló al empresario fuera de Guatemala, pero le aterrorizaba la posibilidad de que la Justicia de ese país terminara consiguiendo su entrega. Lo segundo que encargó al comisario fue que lograra sacar de la cárcel a su delegado en el país, Juan José Suárez Meseguer, único español detenido por el caso TCQ. El juez lo envió automáticamente a prisión provisional.
La tercera y última petición tenía un componente mercantil. Pérez-Maura había vendido TCQ a APM Terminals, una filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, un año antes de que estallara el escándalo. El contrato especificaba que TCQ estaba libre de cargas y no había incurrido en ninguna ilegalidad, pero la Fiscalía demostró que eso no era cierto. Así que, cuando se desató la operación policial, APM Terminals se negó a abonar a Pérez-Maura la totalidad del precio pactado por la sociedad y ambas partes terminaron ante de una corte de arbitraje de Copenhague.
Pinche para ver la factura.
Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura argumentando que la solicitud no estaba debidamente justificada. Ese hito permitió al grupo empresarial del agente encubierto recibir una comisión de éxito millonaria. Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem a los que ha tenido acceso El Confidencial, Pérez y Cía SL abonó en ese momento 3.388.000 euros IVA incluido a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL(Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y otros 1.452.000 euros IVA incluido a Stuart & McKenzie, la firma jurídica del policía.
A partir de ese momento, ambas empresas empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. En realidad, la sombra de la extradición seguía gravitando sobre Pérez-Maura. Guatemala solo tenía que argumentar mejor su segunda solicitud para poner de nuevo en marcha el mecanismo de entrega. Y las pruebas que tenían los investigadores de ese país contra el naviero eran abrumadoras.
Una estrategia con tres frentes
En ese punto, el trabajo de Villarejo se dividió en varios frentes. Por un lado, según fuentes consultadas por este diario, el comisario colaboró en la estrategia jurídica que estaba desarrollando Pérez-Maura en España para reducir al mínimo las opciones de ser entregado y que, en el peor de los escenarios posibles, fuera juzgado en territorio nacional por los delitos cometidos fuera.
Pinche para ver la factura.
Esa línea se complementó con el diseño de una estrategia jurídica internacional. Villarejo y sus colaboradores creyeron que, para desactivar la causa, obtener la libertad de Suárez Meseguer y pergeñar un dictamen que sirviera para desbloquear la venta de TCQ, necesitaban fijar la atención en Estados Unidos. La batuta de la investigación sobre los sobornos la llevaba el máximo representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo creado en 2006 por Naciones Unidas para ayudar a las autoridades judiciales de ese país en la lucha contra la corrupción y las estructuras paramilitares y que, en la práctica, funciona como una Fiscalía paralela. Aunque su trabajo se desarrollaba en Guatemala, el comisionado del Cicig, un antiguo fiscal colombiano, Iván Velásquez, dependía directamente de los cuarteles generales de la ONU en Nueva York.
En esa ciudad tenía un buen contacto Villarejo, el abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez-Maura. Según fuentes cercanas al caso, Villarejo decidió utilizar los servicios de este letrado para tratar de desmontar las acusaciones del Cicig y de la Fiscalía ordinaria de Guatemala y, también, para encontrar una fórmula que permitiera sacar la concesión del puerto de Quetzal del proceso penal mediante algún atajo de carácter administrativo. Por último, Best ayudaría a los abogados locales de Suárez Meseguer a perfilar una estrategia de defensa más productiva.
Villarejo sumó un tercer frente a su hoja de servicios. Recurrió a un lobista de Florida que respondía al nombre de Manny Delgado para que se encargara de las relaciones con los medios de comunicación y las instituciones tanto en Estados Unidos como en Guatemala. También envió expertos a Madrid. Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de 300 millones de euros—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral.
Legalizar la concesión
En el verano de 2016, la trama ya tenía claro cuál era la mejor solución a los problemas de su cliente. Los esfuerzos del comisario y sus colaboradores iban a centrarse en lograr que el Gobierno del país regularizara la concesión del puerto. La idea parecía descabellada porque, en ese momento, la Justicia ya tenía una pila de indicios de que la infraestructura había sido adjudicada a dedo tras el pago de un soborno multimillonario. Pero Villarejo y los asesores internacionales que participaban en la operación Pit concluyeron que, si las autoridades legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura, ni Suárez Meseguer seguiría en la cárcel ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el 100% del precio pactado en 2015 con Pérez y Cía SL.
El único español detenido por el caso TCQ, Juan José Suárez, en una imagen de 2016. (EFE)
El encargado de explorar esa vía sobre el terreno fue la mano derecha de Villarejo en su red mercantil, el letrado Rafael Redondo, detenido junto al comisario en noviembre de 2017. Redondo efectuó numerosos viajes a Guatemala para lograr un acuerdo y, al final, obtuvo lo que buscaba. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación, la empresa pública del puerto de Quetzal y los nuevos dueños de TCQ, APM Terminals, firmaron un memorándum de entendimiento por el que se comprometían a abonar al Estado un resarcimiento por el caso de corrupción de 32,7 millones de dólares (se suponía que se habían pagado 30 millones en sobornos) y otros 10,5 millones de dólares adicionales para financiar proyectos de desarrollo para los municipios de la región. A cambio, el Gobierno liquidaría la concesión anterior y otorgaría un nuevo usufructo de 21 años a los compradores de la empresa española. Todos salían ganando.
La trama se apuntó otro tanto cuando el expresidente Pérez Molina y el nuevo jefe del Ejecutivo del país, Jimmy Morales, de partidos diferentes, apoyaron esa salida. El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso.
Informes de inteligencia sobre el caso
En total, Pérez-Maura habría pagado a las empresas de Villarejo por todos estos servicios unos 7,4 millones de euros, sumando la primera comisión de éxito y las igualas mensuales que abonó hasta noviembre de 2017. El dinero también sirvió para financiar dosieres de inteligencia realizados por el equipo del comisario con información de todo lo que ocurría en torno al proceso judicial. Pérez y Cía SL los recibía periódicamente.
Garzón y Delgado, en 2012 en Argentina, en un homenaje a las víctimas de la dictadura. (EFE)
Sin embargo, hay otros movimientos ejecutados en el marco de esta operación que siguen bajo la lupa de los investigadores. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo recurrió a su amigo Baltasar Garzón y al mejor contacto de este en la Audiencia Nacional, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para conseguir que España bloqueara o al menos dificultara la entrega a Guatemala de Pérez-Maura. Lo cierto es que nunca se produjo.
También se intenta aclarar si el agente encubierto utilizó la influencia de Garzón en Latinoamérica para despejar el horizonte penal del naviero y de su delegado en ese país. Como reveló este diario, Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró en los registros de Tándem unas notas manuscritas en las que Villarejo apuntó una supuesta reunión con 'Dos', el nombre en clave de Dolores Delgado, y 'M', la primera letra de 'Mago', el alias con el que se refería al exmagistrado. Además, se han descubierto pagos de Villarejo a Garzón por importes elevados. Se da la circunstancia de que el exjuez tiene una gran amistad con el comisionado del Cicig. La relación se remonta a la época en la que Velásquez era uno de los fiscales más prestigiosos y conocidos de Colombia.
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Perdón, a ver si he entendido bien: Villarejo cobro siete millones de euros para evitar la extradición de este sujeto, lo que al parecer consiguió, gracias a sus contactos con Garzon y la entonces fiscal y hoy ministra Delgado. Justo? Y Garzon y Delgado, podemos preguntar si cobraron, y cuanto? O lo hicieron gratis? Gratis et amore? Santo cielo, Pedro Sanchez, pero te das cuenta de a quienes estas sosteniendo?La Lola y el Balta, presuntos intermediarios en el negocio:
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La Audiencia Nacional está tratando de reconstruir la relación del comisario José Manuel Villarejo con el empresario Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador de Banco Santander y propietario de la naviera Pérez y Cía SL. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el industrial habría pagado al policía más de siete millones de euros para que frustrara la orden de extradición emitida en su contra por la Justicia de Guatemala, que le acusa de pagar sobornos al Gobierno del país para adjudicarse la construcción y gestión de un puerto de mercancías en la costa del Pacífico.
Las pesquisas avanzan en una pieza secreta de la operación Tándembautizada con el nombre de Pit. Como reveló este diario, el instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo utilizó su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario y contener los daños que la investigación penal de Guatemala podía ocasionar en la cuenta de resultados de su compañía.
Pinche para ver la factura.
El origen de esta operación, que ilustra a la perfección cuál era el método de trabajo del agente encubierto, se remonta a los primeros meses de 2016. Pérez-Maura recurrió a Villarejo ante el temor de que pudiera salpicarle una trama descubierta en Guatemala un año antes, el llamado caso La Línea. Efectivamente, en abril de 2016, tirando del hilo de un testaferro, la Fiscalía guatemalteca concluyó que el naviero habría pagado 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina(2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se llevara la gestión del estratégico puerto de Quetzal durante 25 años en régimen de usufructo. El acuerdo se oficializó en 2012, con Pérez Molina en el poder.
Sacar de la cárcel al único español
Pérez-Maura encargó tres cosas a Villarejo. Lo primero y más importante fue que evitara su extradición. La operación policial pilló al empresario fuera de Guatemala, pero le aterrorizaba la posibilidad de que la Justicia de ese país terminara consiguiendo su entrega. Lo segundo que encargó al comisario fue que lograra sacar de la cárcel a su delegado en el país, Juan José Suárez Meseguer, único español detenido por el caso TCQ. El juez lo envió automáticamente a prisión provisional.
La tercera y última petición tenía un componente mercantil. Pérez-Maura había vendido TCQ a APM Terminals, una filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, un año antes de que estallara el escándalo. El contrato especificaba que TCQ estaba libre de cargas y no había incurrido en ninguna ilegalidad, pero la Fiscalía demostró que eso no era cierto. Así que, cuando se desató la operación policial, APM Terminals se negó a abonar a Pérez-Maura la totalidad del precio pactado por la sociedad y ambas partes terminaron ante de una corte de arbitraje de Copenhague.
Pinche para ver la factura.
Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura argumentando que la solicitud no estaba debidamente justificada. Ese hito permitió al grupo empresarial del agente encubierto recibir una comisión de éxito millonaria. Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem a los que ha tenido acceso El Confidencial, Pérez y Cía SL abonó en ese momento 3.388.000 euros IVA incluido a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL(Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y otros 1.452.000 euros IVA incluido a Stuart & McKenzie, la firma jurídica del policía.
A partir de ese momento, ambas empresas empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. En realidad, la sombra de la extradición seguía gravitando sobre Pérez-Maura. Guatemala solo tenía que argumentar mejor su segunda solicitud para poner de nuevo en marcha el mecanismo de entrega. Y las pruebas que tenían los investigadores de ese país contra el naviero eran abrumadoras.
Una estrategia con tres frentes
En ese punto, el trabajo de Villarejo se dividió en varios frentes. Por un lado, según fuentes consultadas por este diario, el comisario colaboró en la estrategia jurídica que estaba desarrollando Pérez-Maura en España para reducir al mínimo las opciones de ser entregado y que, en el peor de los escenarios posibles, fuera juzgado en territorio nacional por los delitos cometidos fuera.
Pinche para ver la factura.
Esa línea se complementó con el diseño de una estrategia jurídica internacional. Villarejo y sus colaboradores creyeron que, para desactivar la causa, obtener la libertad de Suárez Meseguer y pergeñar un dictamen que sirviera para desbloquear la venta de TCQ, necesitaban fijar la atención en Estados Unidos. La batuta de la investigación sobre los sobornos la llevaba el máximo representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo creado en 2006 por Naciones Unidas para ayudar a las autoridades judiciales de ese país en la lucha contra la corrupción y las estructuras paramilitares y que, en la práctica, funciona como una Fiscalía paralela. Aunque su trabajo se desarrollaba en Guatemala, el comisionado del Cicig, un antiguo fiscal colombiano, Iván Velásquez, dependía directamente de los cuarteles generales de la ONU en Nueva York.
En esa ciudad tenía un buen contacto Villarejo, el abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez-Maura. Según fuentes cercanas al caso, Villarejo decidió utilizar los servicios de este letrado para tratar de desmontar las acusaciones del Cicig y de la Fiscalía ordinaria de Guatemala y, también, para encontrar una fórmula que permitiera sacar la concesión del puerto de Quetzal del proceso penal mediante algún atajo de carácter administrativo. Por último, Best ayudaría a los abogados locales de Suárez Meseguer a perfilar una estrategia de defensa más productiva.
Villarejo sumó un tercer frente a su hoja de servicios. Recurrió a un lobista de Florida que respondía al nombre de Manny Delgado para que se encargara de las relaciones con los medios de comunicación y las instituciones tanto en Estados Unidos como en Guatemala. También envió expertos a Madrid. Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de 300 millones de euros—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral.
Legalizar la concesión
En el verano de 2016, la trama ya tenía claro cuál era la mejor solución a los problemas de su cliente. Los esfuerzos del comisario y sus colaboradores iban a centrarse en lograr que el Gobierno del país regularizara la concesión del puerto. La idea parecía descabellada porque, en ese momento, la Justicia ya tenía una pila de indicios de que la infraestructura había sido adjudicada a dedo tras el pago de un soborno multimillonario. Pero Villarejo y los asesores internacionales que participaban en la operación Pit concluyeron que, si las autoridades legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura, ni Suárez Meseguer seguiría en la cárcel ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el 100% del precio pactado en 2015 con Pérez y Cía SL.
El único español detenido por el caso TCQ, Juan José Suárez, en una imagen de 2016. (EFE)
El encargado de explorar esa vía sobre el terreno fue la mano derecha de Villarejo en su red mercantil, el letrado Rafael Redondo, detenido junto al comisario en noviembre de 2017. Redondo efectuó numerosos viajes a Guatemala para lograr un acuerdo y, al final, obtuvo lo que buscaba. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación, la empresa pública del puerto de Quetzal y los nuevos dueños de TCQ, APM Terminals, firmaron un memorándum de entendimiento por el que se comprometían a abonar al Estado un resarcimiento por el caso de corrupción de 32,7 millones de dólares (se suponía que se habían pagado 30 millones en sobornos) y otros 10,5 millones de dólares adicionales para financiar proyectos de desarrollo para los municipios de la región. A cambio, el Gobierno liquidaría la concesión anterior y otorgaría un nuevo usufructo de 21 años a los compradores de la empresa española. Todos salían ganando.
La trama se apuntó otro tanto cuando el expresidente Pérez Molina y el nuevo jefe del Ejecutivo del país, Jimmy Morales, de partidos diferentes, apoyaron esa salida. El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso.
Informes de inteligencia sobre el caso
En total, Pérez-Maura habría pagado a las empresas de Villarejo por todos estos servicios unos 7,4 millones de euros, sumando la primera comisión de éxito y las igualas mensuales que abonó hasta noviembre de 2017. El dinero también sirvió para financiar dosieres de inteligencia realizados por el equipo del comisario con información de todo lo que ocurría en torno al proceso judicial. Pérez y Cía SL los recibía periódicamente.
Garzón y Delgado, en 2012 en Argentina, en un homenaje a las víctimas de la dictadura. (EFE)
Sin embargo, hay otros movimientos ejecutados en el marco de esta operación que siguen bajo la lupa de los investigadores. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo recurrió a su amigo Baltasar Garzón y al mejor contacto de este en la Audiencia Nacional, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para conseguir que España bloqueara o al menos dificultara la entrega a Guatemala de Pérez-Maura. Lo cierto es que nunca se produjo.
También se intenta aclarar si el agente encubierto utilizó la influencia de Garzón en Latinoamérica para despejar el horizonte penal del naviero y de su delegado en ese país. Como reveló este diario, Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró en los registros de Tándem unas notas manuscritas en las que Villarejo apuntó una supuesta reunión con 'Dos', el nombre en clave de Dolores Delgado, y 'M', la primera letra de 'Mago', el alias con el que se refería al exmagistrado. Además, se han descubierto pagos de Villarejo a Garzón por importes elevados. Se da la circunstancia de que el exjuez tiene una gran amistad con el comisionado del Cicig. La relación se remonta a la época en la que Velásquez era uno de los fiscales más prestigiosos y conocidos de Colombia.
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Alucinante no, Eton. No lo harian gratis, sus contactos. No te parece?
P
paulino
Guest
Sí, y sus intereses distintos...y nada es blanco o negro. En los grises entramos los abogados. Como dijistes que no terminastes la licenciatura y por tanto no ejercistes, te lo cuento. Si no fuera así, cuando se entrara en Sala ya se sabría el fallo. En eso consiste la gracia, y la profesiónGracias...
Ésto...
¿El Código Penal es igual para todos los clientes?. ¿O no?
Jueces y fiscales avisan: Delgado ya no puede ser la interlocutora del Gobierno
"Bocazas", "impertinente", "calumniadora" son algunas de las expresiones empleadas por los miembros de la judicatura con los que ha hablado este medio
28/09/2018 BEATRIZ PARERA
La ministra de Justicia ya no tiene credibilidad. Esa es la conclusión a la que llegan un buen número de jueces y fiscales consultados por El Confidencial tras la publicación de los audios difundidos por 'moncloa.com' en los que Dolores Delgado y el exjuez Baltasar Garzón participan junto a José Villarejo en una comida en el año 2009. Consideran que el contenido de esas conversaciones ha incapacitado a la titular de Justicia para ser la interlocutora del Gobierno frente a la judicatura.
Según aseguran algunos de los consultados, los comentarios efectuados en esas grabaciones evidencian "una incontinencia verbal" y "falta de discreción" que la anulan para una de sus funciones fundamentales en su papel como ministra: actuar como correa de transmisión entre las carreras judicial y fiscal y el Ejecutivo. La comunicación entre los poderes ejecutivo y judicial queda, de este modo, gravemente dañada.
No todo son críticas. Su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, ha salido en su defensa mediante un comunicado público en el que destaca su labor en los últimos 25 años y la contrapone a lo que considera una difusión de conversaciones “parciales" que carecen de "garantía alguna de integridad" y constituyen una intromisión en la vida íntima y particular de un ciudadano que "no se puede permitir en un Estado de derecho”.
Un episodio en particular de la serie de conversaciones publicadas ha generado mayor preocupación. Los comentarios de la ministra sobre su estancia en Cartagena de Indias donde pudo ver a jueces y fiscales que no identifica en compañía de menores. "Ha puesto a cualquiera que haya ido a Colombia bajo sospecha", destacan y señalan el plus de gravedad de que se lo contara a policías.
"Poner a parir a los compañeros ante mandos policiales le pesará como una losa siempre", indica una de las personas consultadas. La gran mayoría asegura que estas "confesiones" de la ministra son directamente "mentiras" que profirió para significarse en ese almuerzo. "Bocazas", "impertinente", "calumniadora" son algunas de las expresiones empleadas por los jueces y fiscales con los que ha hablado este medio.
El malestar es generalizado tanto en la Audiencia Nacional —su destino antes de ser nombrada ministra— como en el Supremo. "La mancha se extiende sobre todo el poder judicial", destacan algunos, mientras que otros opinan que todo lo sucedido daña profundamente la imagen de la Justicia tanto en España como a nivel internacional, donde, recuerdan, ella también actúa como interlocutora con ministros de su cartera.
https://www.elconfidencial.com/espa...aviso-delgado-interlocutora-gobierno_1622109/
"Bocazas", "impertinente", "calumniadora" son algunas de las expresiones empleadas por los miembros de la judicatura con los que ha hablado este medio
28/09/2018 BEATRIZ PARERA
La ministra de Justicia ya no tiene credibilidad. Esa es la conclusión a la que llegan un buen número de jueces y fiscales consultados por El Confidencial tras la publicación de los audios difundidos por 'moncloa.com' en los que Dolores Delgado y el exjuez Baltasar Garzón participan junto a José Villarejo en una comida en el año 2009. Consideran que el contenido de esas conversaciones ha incapacitado a la titular de Justicia para ser la interlocutora del Gobierno frente a la judicatura.
Según aseguran algunos de los consultados, los comentarios efectuados en esas grabaciones evidencian "una incontinencia verbal" y "falta de discreción" que la anulan para una de sus funciones fundamentales en su papel como ministra: actuar como correa de transmisión entre las carreras judicial y fiscal y el Ejecutivo. La comunicación entre los poderes ejecutivo y judicial queda, de este modo, gravemente dañada.
No todo son críticas. Su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, ha salido en su defensa mediante un comunicado público en el que destaca su labor en los últimos 25 años y la contrapone a lo que considera una difusión de conversaciones “parciales" que carecen de "garantía alguna de integridad" y constituyen una intromisión en la vida íntima y particular de un ciudadano que "no se puede permitir en un Estado de derecho”.
Un episodio en particular de la serie de conversaciones publicadas ha generado mayor preocupación. Los comentarios de la ministra sobre su estancia en Cartagena de Indias donde pudo ver a jueces y fiscales que no identifica en compañía de menores. "Ha puesto a cualquiera que haya ido a Colombia bajo sospecha", destacan y señalan el plus de gravedad de que se lo contara a policías.
"Poner a parir a los compañeros ante mandos policiales le pesará como una losa siempre", indica una de las personas consultadas. La gran mayoría asegura que estas "confesiones" de la ministra son directamente "mentiras" que profirió para significarse en ese almuerzo. "Bocazas", "impertinente", "calumniadora" son algunas de las expresiones empleadas por los jueces y fiscales con los que ha hablado este medio.
El malestar es generalizado tanto en la Audiencia Nacional —su destino antes de ser nombrada ministra— como en el Supremo. "La mancha se extiende sobre todo el poder judicial", destacan algunos, mientras que otros opinan que todo lo sucedido daña profundamente la imagen de la Justicia tanto en España como a nivel internacional, donde, recuerdan, ella también actúa como interlocutora con ministros de su cartera.
https://www.elconfidencial.com/espa...aviso-delgado-interlocutora-gobierno_1622109/
29/09/2018
LA INTENSA AMISTAD DE LA MINISTRA Y EL EX JUEZ
LA SÓLIDA
AMISTAD DEL EX JUEZ Y LA MINISTRA MÁS ALLÁ DE LO LABORAL
GARZÓN Y MOLINA: UNA RELACIÓN DE 45 AÑOS
Son uña y carne desde hace 25 años, en lo profesional y en lo personal. Una relación que en su entorno se resisten a encasillar. “Nadie les pregunta”, dicen a LOC. Los dos están casados desde hace tiempo
Dolores Delgado y Baltasar Garzón se conocieron hace 25 años. Desde entonces han forjado una estrecha amistad, tanto en lo profesional como en lo personal, nunca ocultada. Ambos están casados desde hace tiempo y tienen hijos.
POR CONSUELO FONT
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Entre otras cosas, porque ambos están casados desde hace muchos años. Garzón desde 1980 con María Rosario Molina, una mujer muy de puertas para adentro, que es la madre de los tres hijos del juez: María, Baltasar y Aurora.
En el caso de la ministra, que asimismo es madre de dos hijos, confirman en su círculo que también sigue casada con Jordi Valls Capell, un hombre cuya identidad apenas ha trascendido hasta ahora, pues es alérgico a salir en los papeles. Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del Ministerio de Justicia para contrastar datos del matrimonio, pero no ha habido respuesta.
Según ha podido averiguar LOC, Valls Capell es un alto ejecutivo de El Corte Inglés de origen catalán y también un cotizadísimo fotógrafo de paisajes urbanos, tanto que algunos le definen como el Antonio López de la fotografía. De hecho, ha realizado varias exposiciones de su obra, la última en primavera de 2017, que se bautizó como La Mirada Múltiple en el espacio de las artes de El Corte Inglés.
Valls, con el que Dolores Delgado se casó en 1986, es licenciado en Ciencias Aplicadas por el Instituto Tecnológico de Rochester, en Minnesota (EEUU). Cursó también un MBA en el Instituto de Empresa y un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra. Posteriormente, inició su carrera de alto ejecutivo convirtiéndose en el único catalán miembro de la cúpula directiva de El Corte Inglés en Madrid en estos últimos años. Hasta 2017 fue el máximo responsable de las tiendas Supercor, pero ese verano, en plena guerra interna por el control de los almacenes, Víctor del Pozo, el CEO nombrado por las hermanas Álvarez junto a Nuño de la Rosa tras despojar a su primo Dimas del poder ejecutivo, quiso poner a un hombre de su confianza en Cataluña. Y decidió enviar a Jordi Valls, quien se incorporó a su cargo en Barcelona en septiembre de 2017, dejando en Madrid a su familia, la ministra Dolores Delgado, que entonces todavía ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional, y sus dos hijos.
Según la fuente anteriormente citada, Jordi vive ahora a caballo entre Cataluña y Madrid, pues en los días laborables trabaja en Barcelona y los fines de semana suele venir a estar con su familia en la capital. “Así lo ha estado haciendo todo este año, quizá por ello se rumoreó que Lola y él se habían separado. Pero al menos hasta que ella tomó posesión como ministra el 7 de junio pasado, el matrimonio seguía junto. De hecho, en primavera estuve con Lola en su despacho de la Audiencia y me estuvo hablando de su marido con toda normalidad, incluso tenía colgado allí uno de sus murales que representa la Puerta del Sol de Madrid”.
El hecho de estar casada no ha sido óbice, como tampoco en el caso del juez Garzón, para que mantuviesen a sangre y fuego su inquebrantable amistad, que era del dominio público, pues jamás se han ocultado, y lógicamente ha dado lugar a todo tipo de dimes y diretes en medios de la judicatura.
Dolores nació en Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma y en 1989 ganó por oposición una plaza de fiscal. Su primer destino fue el Tribunal de Justicia de Cataluña, donde ejerció hasta 1993, y tras un corto paso por la Fiscalía Antidroga, fue destinada a la Audiencia Nacional. Allí se cimentó su relación con Garzón, con el que trabajó codo con codo cuando éste era titular del juzgado número 5 en causas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Guardias juntos, juicios, seminarios y conferencias que fueron forjando una amistad muy estrecha, en la que destaca la admiración sin límites de Dolores por el juez estrella, a quien considera su maestro, y del que ha llegado a decir en una ocasión: “Se ha convertido en un modelo de juez que muchos jóvenes quieren emular”.
MÁS ALLÁ DE LO LABORAL
Tienen una conexión total y comparten una misma vocación por la Judicatura que ha llevado a la ministra a secundar causas de Garzón como su idea de la justicia universal, que le condujo a la detención del dictador chileno Augusto Pinochet o la reforma de la ley de testigos protegidos. También Garzón se muestra partidario de la iniciativa de trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pues opina que “es una necesidad urgente, como acto de reparación de las víctimas”.
Pero la relación entre Garzón y Delgado no se ha limitado al ámbito de los juzgados, pues no era extraño encontrarles juntos en restaurantes, por ejemplo el Bazaar, en el barrio de Chueca, frecuentado también por los Reyes Felipe y Letizia, donde en 2014 fueron fotografiados, aunque esas imágenes nunca llegaron a publicarse.
También han asistido juntos a diversas cacerías. Por ejemplo, en 2009 ambos estaban presentes en la que se celebró en la finca jienense de Navaltoro, famosa porque acabó costándole la cartera al entonces ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los que conocen bien a Dolores Delgado dicen de ella que es una mujer de fuerte carácter, que no conoce las medias tintas ni las dobleces, por lo que ama con toda su alma, pero también odia con la misma intensidad. Muy polemista, no tiene pelos en la lengua e incluso peca de ser políticamente poco correcta. Un día le preguntaron por qué una mujer joven y atractiva se hace fiscal, a lo que respondió: “Las mujeres somos más cotillas que los hombres, y ser cotilla es bueno para ser fiscal”.
Un apasionamiento que le ha llevado a apoyar incondicionalmente a su amigo también en los momentos más bajos del juez estrella, como cuando fue expulsado de la carrera judicial en 2012 acusado de prevaricación por las escuchas a abogados e imputados en el caso Gürtel. Incluso llegó a denunciar que estaba siendo objeto de una campaña brutal contra su persona.
Son muchos los que auguraban que su amistad con un hombre tan polémico como Baltasar Garzón acabaría trayendo más de un quebradero de cabeza a Dolores Delgado, tal como esta semana finalmente se ha comprobado al conocerse su almuerzo con el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional por el caso Tándem. En las cintas difundidas de la citada comida, celebrada en el restaurante madrileño Rianxo en 2009, se desvelan intimidades tales como que la ministra llega a calificar de “mari**n” al actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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LA SÓLIDA
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GARZÓN Y MOLINA: UNA RELACIÓN DE 45 AÑOS
Son uña y carne desde hace 25 años, en lo profesional y en lo personal. Una relación que en su entorno se resisten a encasillar. “Nadie les pregunta”, dicen a LOC. Los dos están casados desde hace tiempo
Dolores Delgado y Baltasar Garzón se conocieron hace 25 años. Desde entonces han forjado una estrecha amistad, tanto en lo profesional como en lo personal, nunca ocultada. Ambos están casados desde hace tiempo y tienen hijos.
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Entre otras cosas, porque ambos están casados desde hace muchos años. Garzón desde 1980 con María Rosario Molina, una mujer muy de puertas para adentro, que es la madre de los tres hijos del juez: María, Baltasar y Aurora.
En el caso de la ministra, que asimismo es madre de dos hijos, confirman en su círculo que también sigue casada con Jordi Valls Capell, un hombre cuya identidad apenas ha trascendido hasta ahora, pues es alérgico a salir en los papeles. Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del Ministerio de Justicia para contrastar datos del matrimonio, pero no ha habido respuesta.
Según ha podido averiguar LOC, Valls Capell es un alto ejecutivo de El Corte Inglés de origen catalán y también un cotizadísimo fotógrafo de paisajes urbanos, tanto que algunos le definen como el Antonio López de la fotografía. De hecho, ha realizado varias exposiciones de su obra, la última en primavera de 2017, que se bautizó como La Mirada Múltiple en el espacio de las artes de El Corte Inglés.
Valls, con el que Dolores Delgado se casó en 1986, es licenciado en Ciencias Aplicadas por el Instituto Tecnológico de Rochester, en Minnesota (EEUU). Cursó también un MBA en el Instituto de Empresa y un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra. Posteriormente, inició su carrera de alto ejecutivo convirtiéndose en el único catalán miembro de la cúpula directiva de El Corte Inglés en Madrid en estos últimos años. Hasta 2017 fue el máximo responsable de las tiendas Supercor, pero ese verano, en plena guerra interna por el control de los almacenes, Víctor del Pozo, el CEO nombrado por las hermanas Álvarez junto a Nuño de la Rosa tras despojar a su primo Dimas del poder ejecutivo, quiso poner a un hombre de su confianza en Cataluña. Y decidió enviar a Jordi Valls, quien se incorporó a su cargo en Barcelona en septiembre de 2017, dejando en Madrid a su familia, la ministra Dolores Delgado, que entonces todavía ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional, y sus dos hijos.
Según la fuente anteriormente citada, Jordi vive ahora a caballo entre Cataluña y Madrid, pues en los días laborables trabaja en Barcelona y los fines de semana suele venir a estar con su familia en la capital. “Así lo ha estado haciendo todo este año, quizá por ello se rumoreó que Lola y él se habían separado. Pero al menos hasta que ella tomó posesión como ministra el 7 de junio pasado, el matrimonio seguía junto. De hecho, en primavera estuve con Lola en su despacho de la Audiencia y me estuvo hablando de su marido con toda normalidad, incluso tenía colgado allí uno de sus murales que representa la Puerta del Sol de Madrid”.
El hecho de estar casada no ha sido óbice, como tampoco en el caso del juez Garzón, para que mantuviesen a sangre y fuego su inquebrantable amistad, que era del dominio público, pues jamás se han ocultado, y lógicamente ha dado lugar a todo tipo de dimes y diretes en medios de la judicatura.
Dolores nació en Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma y en 1989 ganó por oposición una plaza de fiscal. Su primer destino fue el Tribunal de Justicia de Cataluña, donde ejerció hasta 1993, y tras un corto paso por la Fiscalía Antidroga, fue destinada a la Audiencia Nacional. Allí se cimentó su relación con Garzón, con el que trabajó codo con codo cuando éste era titular del juzgado número 5 en causas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Guardias juntos, juicios, seminarios y conferencias que fueron forjando una amistad muy estrecha, en la que destaca la admiración sin límites de Dolores por el juez estrella, a quien considera su maestro, y del que ha llegado a decir en una ocasión: “Se ha convertido en un modelo de juez que muchos jóvenes quieren emular”.
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Tienen una conexión total y comparten una misma vocación por la Judicatura que ha llevado a la ministra a secundar causas de Garzón como su idea de la justicia universal, que le condujo a la detención del dictador chileno Augusto Pinochet o la reforma de la ley de testigos protegidos. También Garzón se muestra partidario de la iniciativa de trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pues opina que “es una necesidad urgente, como acto de reparación de las víctimas”.
Pero la relación entre Garzón y Delgado no se ha limitado al ámbito de los juzgados, pues no era extraño encontrarles juntos en restaurantes, por ejemplo el Bazaar, en el barrio de Chueca, frecuentado también por los Reyes Felipe y Letizia, donde en 2014 fueron fotografiados, aunque esas imágenes nunca llegaron a publicarse.
También han asistido juntos a diversas cacerías. Por ejemplo, en 2009 ambos estaban presentes en la que se celebró en la finca jienense de Navaltoro, famosa porque acabó costándole la cartera al entonces ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los que conocen bien a Dolores Delgado dicen de ella que es una mujer de fuerte carácter, que no conoce las medias tintas ni las dobleces, por lo que ama con toda su alma, pero también odia con la misma intensidad. Muy polemista, no tiene pelos en la lengua e incluso peca de ser políticamente poco correcta. Un día le preguntaron por qué una mujer joven y atractiva se hace fiscal, a lo que respondió: “Las mujeres somos más cotillas que los hombres, y ser cotilla es bueno para ser fiscal”.
Un apasionamiento que le ha llevado a apoyar incondicionalmente a su amigo también en los momentos más bajos del juez estrella, como cuando fue expulsado de la carrera judicial en 2012 acusado de prevaricación por las escuchas a abogados e imputados en el caso Gürtel. Incluso llegó a denunciar que estaba siendo objeto de una campaña brutal contra su persona.
Son muchos los que auguraban que su amistad con un hombre tan polémico como Baltasar Garzón acabaría trayendo más de un quebradero de cabeza a Dolores Delgado, tal como esta semana finalmente se ha comprobado al conocerse su almuerzo con el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional por el caso Tándem. En las cintas difundidas de la citada comida, celebrada en el restaurante madrileño Rianxo en 2009, se desvelan intimidades tales como que la ministra llega a calificar de “mari**n” al actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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AZUCENA S. MANCEBO
Sí, y sus intereses distintos...y nada es blanco o negro. En los grises entramos los abogados. Como dijistes que no terminastes la licenciatura y por tanto no ejercistes, te lo cuento. Si no fuera así, cuando se entrara en Sala ya se sabría el fallo. En eso consiste la gracia, y la profesión
Gracias por tu respuesta.
Me acuerdo ahora de aquella frase creo que era del conde de Romanones: "Al amigo se le pone el culo, al enemigo por el culo, y al indiferente se le aplica La legislación vigente".
¡Anda que no ha llovido y nevado desde entonces, pero parece que para ciertas cosas no pasa el tiempo!
