Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Hacienda prepara una norma para que los inspectores puedan entrar en domicilios y empresas sin previo aviso
20MINUTOS06.11.2020 - 13:12H
- Lo ha anunciado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
- El Tribunal Supremo ha cuestiona que se pueda dar una autorización judicial a un registro
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en el Congreso.EFE
El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara una normativa que permita a los inspectores de nuevo entrar en los domicilios de las personas físicas y de las empresas sin necesidad de avisar, ya que acceder con previo aviso "no parece muy efectivo" cuando existe la posibilidad de destrucción de pruebas.
Gasco ha realizado este anuncio como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de octubre de 2020, que no admite a un juez la posibilidad de adoptar la autorización de entrada sin dar traslado previo de ello al sujeto a cuyo domicilio se quiere acceder.
PUBLICIDAD
No obstante, ha subrayado que habrá que adaptarse a la sentencia que cuestiona que se pueda dar una autorización judicial a un registro por "una corazonada" basada en que un contribuyente tributa por debajo de la media del sector.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Gascón ha explicado que se produce un "choque de derechos" complicado de resolver, porque la inviolabilidad del domicilio se tiene que conciliar con un acceso sin previo aviso autorizado por un juez.
"El Supremo ha puesto el problema encima de la mesa y nos ha dicho: vean ustedes la normativa y vean cuál es la solución que puede ser más oportuna, porque lo que hay ahora es endeble", ha afirmado.
PUBLICIDAD
A su juicio, esta situación no puede llevar a que se use de forma sistemática la vía penal, "que debe ser el último recurso, porque por judicializar más no se está haciendo mejor el trabajo", ha dicho. "La vía administrativa es la ordinaria y la vía penal tiene que ser excepcional", ha añadido.
Y SUMA Y SIGUE.
Estoy mas o menos de acuerdo, pero el derecho al trabajo y a la vivienda nunca han existido, de ser así podrías ir al tribunal constitucional a denunciarlo de tal manera que podrías denunciar al estado por no darte un piso de protección oficial o a un empresario a negarse a darte un trabajo.A donde estamos llegando! Miseria, pobreza, supresión de derechos
Yo soy de las que piensan que miren lo que quieran porque no tengo nada que ocultar, pero me toca ya los coj-ones que no saben hacer las cosas, y en vez de trabajar más (vease reducir plazos, cumplir los principios de celeridad) van a lo fácil, a saltarle las leyes, quedar por encima y poder hacer lo que les plazca y cuando les plazca; pues hasta el co-ño ya de que me quiten derechos porque no saben trabajar.
Mi derecho a vivienda y a la inviolabilidad de la misma
Mi derecho a elegir residencia
Mi derecho a circular libremente
Mi derecho a entrar y salir del estado español
Mi derecho de reunión
Mi derecho a huelga
Mi derecho a trabajar
Mi derecho a la intimidad
Mi derecho a que mis derechos (constitucionales) sean garantizados!!!!!
Gravisimo me parece ir contra la Constitución, es la ley de las leyes, ya con los decretos leyes se extralimitan, pero jo-der, hasta donde va a llegar esto?
Pero es que, además, esta ley educativa esconde un feroz ataque a la libertad de elección de la educación por parte de los padres y a una planificación total por parte del Estado de la educación en nuestro país, siendo el Estado y no los ciudadanos los que decidan a qué escuela tiene que ir nuestros hijos. El punto conflictivo está en el artículo 109, que señala a las administraciones como responsables de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para, dice el texto, "garantizar el derecho a la educación". En realidad, lo que hace es darle plenos poderes a las diferentes consejerías de educación para decidir a qué escuela deben ir los niños, sin tener en cuenta la demanda en centros privados concertados. Dicho de otro modo, aunque alguien quiera llevar a su hijo a un centro privado concertado, su admisión o no ya no dependerá de que sea aceptado por el centro, sino de que a la Consejería de Educación de turno le parezca bien. La norma primará a las escuelas públicas, por lo que condenará a muchos centros privados concertados a perder el concierto y convertirse en colegios privados."El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"
"Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".