Demanda colectiva contra las expropiaciones en Cuba, 1959

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Title III creates a private cause of action and authorizes U.S. nationals with claims to confiscated property in Cuba to file suit in U.S. courts against persons that may be "trafficking" in that property. The filing fee for the Title III action is set by US Courts at $6,458 (from December 2016), a level that would discourage all but serious claims. The Act grants the President the authority to suspend the lawsuit provisions for periods of up to 6 months if it is necessary to the national interest of the United States and will expedite a transition to democracy in Cuba. Successive presidents have exercised this authority, most recently in June 2018,pursuant to a non-binding declaration of intention in April 1997 that came out of a trade dispute with the European Union. In 2019 President Trump allowed the suspension to expire, and Carnival Cruise was promptly sued under the act.

Una familia de origen cubano notifica a Meliá que le demandará por un hotel
Actualizado Martes, 21 mayo 2019

La acción judicial surge a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump.

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Una mujer sigue al presidente de EEUU, Donald Trump, desde La Habana. EFE
Una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su intención de demandarle en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos (Cuba) que les fue expropiado hace casi 60 años, informó hoy a Efe su abogado, Andrés Rivero.

El letrado, que representa a los herederos de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano, que era el propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando sucedió la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía hotelera española.

La familia Mata pudo interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump.

Meliá es mencionada en la acción judicial, pero no está todavía demandada, pues Rivero ha optado por la fórmula que aparece en la ley de notificar y dar un plazo de 30 días para que la empresa compense económicamente a los demandantes.

En caso de que no lo haga y la demanda siga su curso, la cuantía de la compensación podría triplicarse, indicó el abogado, quien dijo que ha enviado ya la notificación a las sedes corporativas de Meliá en EEUU, España y Cuba.

ACCIÓN COLECTIVA
La demanda interpuesta por las nietas de Mata Álvarez es lo que se conoce como una acción colectiva por el hecho de que se pueden sumar otras personas que hayan sufrido similares acciones de los gobiernos que siguieron a la Revolución de 1959, explicó.

Meliá se ha reafirmado este martes en lo que dijo el pasado 17 de abril de que la activación del título III de la ley no supone "ninguna alteración sustancial" de su actividad y que "opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años" en la isla, "un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional".

En la demanda presentada en los tribunales federales de Miami los funcionarios cubanos demandados son todavía anónimos.

Siguiendo la fórmula usada por la justicia estadounidense en estos casos, el demandado es "Raúl Doe" por Raúl Castro, anterior presidente de Cuba, dijo Rivero, quien señala que el objetivo es incautar los activos que puedan tener fuera de Cuba los demandados.

HISTORIA
El hotel San Carlos, hoy Meliá San Carlos, fue construido en 1925 en el centro histórico de Cienfuegos y expropiado a principios de la década de 1960. Rivero dice que desconoce la cuantía de la compensación que Meliá debería pagar, pues eso le corresponde a la justicia, pero a su juicio está claro que debe incluir el valor de la propiedad y su uso, y de la utilización del nombre original del hotel y su historia y reputación en la publicidad.

Las cadenas hoteleras españolas que operan en régimen de empresa mixta más de 60 establecimientos propiedad del Estado cubano están en la mira de familias cubanas a las que la Revolución les confiscó propiedades o negocios y se exiliaron en EEUU.

El Gobierno español ha transmitido a los grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a posibles demandas en EEUU bajo el título III de la ley Helms-Burton.

La UE, que considera que esa ley contraviene el Derecho Internacional, ya adelantó su intención de activar el "estatuto de bloqueo" que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en EEUU sobre el título III de la Helms-Burton y permite a los demandados recibir indemnizaciones en cortes europeas.

Tampoco se descarta una posible demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), medida a la que la UE ya recurrió cuando se aprobó la Helms-Burton en 1996 y que no fue retirada hasta que Washington se comprometió a mantener congelado el citado título III.

No sé si estará incluido el lucro cesante, pero debería.

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