Corrupción en el PNV. Sentencia del caso de Miguel

El PNV y el PSE-EE de Araba votan en contra de crear una Fiscalia Anticorrupción en Euskadi
Gasteiz Berri



¿Hay tanto que ocultar?
 

Empresas de un cargo del PNV accedieron a nueve contratos teledirigidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco

El grupo Montai de Aitor Elorza facturó más de 180.000 euros con procesos de contratación en los que 'competían' entre sí o participaban terceros que presentaban mal sus ofertas año tras año
RESUMEN: Las claves: qué es Montai y quién está detrás


Iker Rioja Andueza
07/06/2020 - 21:03h
Un vehículo de Montai, este domingo en Vitoria durante la celebración del triatlón


Un vehículo de Montai, en el centro de Vitoria durante un evento deportivo del Ayuntamiento ELDIARIONORTE.ES

Entre 2013 y 2019, la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por diferentes altos cargos del PNV, ha adjudicado de manera directa, sin concurso, 20 contratos por valor de 361.885,95 euros al grupo de empresas de un miembro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, llamadas Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak y dedicadas a la organización y montaje de eventos. Según los expedientes de esos contratos, a los que ha tenido acceso este periódico, en al menos nueve ocasiones las adjudicaciones estaban teledirigidas, ya que participaban en el proceso varias de las empresas del grupo supuestamente compitiendo entre sí o terceras mercantiles que, por sistema, planteaban ofertas erróneas y que quedaban automáticamente fuera. Esta parte de los contratos suma 184.076,2 euros.

La Dirección de Juventud, tras la llegada del PNV al Gobierno vasco en 2013, rompió un convenio con Kutxabank y contrató al grupo Montai para la gestión de la Gazte Txartela, el carné joven. En el primer año le encomendó la realización de una campaña divulgativa y en 2014, 2015 y 2016, la expedición de 50.000 tarjetas. Los cuatro encargos tienen un coste similar que roza el máximo legal de aquel momento para las adjudicaciones directas, 18.000 euros más IVA.




En todos los casos, la Administración solicitó tres presupuestos para dar apariencia de competencia a las adjudicaciones. Pero los expedientes muestran que no existió tal competencia. En el primer contrato de 2013 participaron en el proceso la marca de Elorza –Denok, por aquel entonces recién fundada pero que ya trabajaba con normalidad para el Gobierno vasco– y dos empresas ajenas a Montai, Ados Network y Loyola XXI. Las ofertas de ambas quedaron excluidas automáticamente de optar a un contrato menor al superar el presupuesto tope de 18.000 euros. Denok se llevó el contrato por 21.265,75 euros, incluidos los impuestos.

En 2014, para la encomienda de tramitación de 50.000 carnés de ese año, se invitó al proceso a Denok y a Montai –como si fueran empresas diferentes– y de nuevo a Ados Network. Esta empresa ofreció un presupuesto de 18.230 euros más IVA, quedó fuera y la adjudicación ya era de Elorza. Pese al error de 2014, en un procedimiento idéntico, Ados Network volvió a insistir en 2015 con un presupuesto mal planteado, dejando el camino libre para Denok y Montai. Se da la circunstancia de que, pese a haber errado en tres ocasiones ya, en 2015 Juventud todavía volvió a invitar a Ados Network. Y esta empresa volvió a calcar al céntimo su oferta de años anteriores y volvió a quedar excluida.

El grupo Montai también ha copado contratos del programa Auzolandegiak, que son los campos de trabajo que cada verano desde hace décadas ha venido organizando Juventud. Entre 2013 y 2019, el presupuesto total de las adjudicaciones directas para estos campamentos –sin contar los concursos– ha ascendido a 404.621,90 euros, según datos oficiales. Montai, Denok, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak han recibido 200.149,25 euros, un 49%. El grupo ya venía colaborando con Auzolandegiak también en legislaturas anteriores.

De nuevo, muchas de las adjudicaciones rozan los 18.000 euros para ajustarse al tope de los contratos menores. Además, hay algunos datos llamativos en los conceptos concretos de las facturas. El 9 de diciembre de 2015 Kultur Kirol Zerbitzuak gira una factura de 2.346,19 euros por la compra de fundas de colchones para los campamentos a un precio unitario de 5,54 euros. Por el contrario, en 2013, por un trabajo de idéntico concepto, el precio unitario fue de 24,50 euros, casi cinco veces más. Ese 2013 se pagaron también colchones a 115 euros, pero en otra adjudicación de 2017 el coste unitario cambió a 59,50 euros.

Además, revisados los expedientes, el patrón de la Gazte Txartela se repite en Auzolandegiak. A principios de 2014, unos pocos meses después del primer contrato de los carnés juveniles, Montai vuelve a competir contra dos empresas ajenas, que son de nuevo Ados Network y Loyola XXI. Era para una adjudicación del montaje de los campos. Y ambas empresas también se excedieron en la presentación de presupuestos y quedaron fuera automáticamente. Y en 2015, una vez más, reincidieron en su propuesta del año anterior y dejaron el camino libre a Elorza. Lo llamativo es que todavía en 2016, según el expediente, volvieron a calcar otra vez más céntimo a céntimo su propuesta errónea, con el calcado resultado también.

Hay más. Ese mismo año 2016 hubo otro proceso para el suministro de baños portátiles para los campamentos. 'Compitieron' Estali La Karpa –la adjudicataria–, Kultur Kirol Zerbitzuak y una empresa de Asturias, Langreana de Carpas (Grupo La Karpa), que es socia de Montai y ha trabajado con ellos en la carpa itinerante del Instituto de la Memoria (Gogora). En 2015, por otra parte, se adjudicó a Denok una parte del programa Gazte Bizhitza (la otra fue para Montai) en un procedimiento en el que compitió contra Montai y Digital Mobiles, que presentó la peor oferta. Hay otro expediente en el que se menciona que se han valorado varias propuestas de diferentes empresas, pero no consta la documentación y solamente aparece la factura final de Montai.

Contrato de WC portátiles para el programa Auzolandegiak

Contrato de WC portátiles para el programa Auzolandegiak ELDIARIONORTE.ES
Facturas de compra de material con el cambio en el precio de las fundas de colchón

Facturas de compra de material con el cambio en el precio de las fundas de colchón ELDIARIONORTE.ES

"Cumplimiento estricto de la legalidad"

En la primera de las dos legislaturas de Iñigo Urkullu, Juventud colgaba del Departamento de Educación y Cultura y el responsable era Jon Redondo, todavía en la actualidad al frente de Deportes. "En relación a los contratos indicados, hay que subrayar que todos se han tramitado de acuerdo al cumplimiento estricto de la legislación vigente en cada momento. La cuantía máxima de los contratos menores en el momento de las adjudicaciones ascendía a 18.000 euros más IVA. La Dirección de Juventud venía trabajando con una serie de proveedores de manera habitual antes de la llegada de Redondo al cargo, durante su desempeño en la legislatura 2012-2016 y una vez que dejó el cargo, ya que el resultado de su servicio era satisfactorio", explican desde el equipo de Redondo.

En la segunda legislatura, Juventud pasó al organigrama de Empleo y Políticas Sociales y, a partir de abril de 2017, fue nombrado como nuevo director Ander Añibarro. Ocupó el puesto hasta la primavera de 2019, cuando se convirtió en alcalde de Llodio –previo paso de unos meses por un puesto de asesor del Departamento de Cultura–. Añibarro remarca que solamente una de las adjudicaciones al grupo Montai se tramitó durante su etapa y que, en todo caso, el responsable político se limita a firmar las propuestas de los técnicos.

Se da la circunstancia de que, desde la primavera de 2019, el Ayuntamiento de Llodio empezó a contratar a las empresas de Elorza, que durante la etapa de EH Bildu no habían trabajado en la segunda localidad alavesa. La primera de las contrataciones se produjo solamente a los cinco días de la llegada de Añibarro a la Alcaldía por la premura de poder organizar a tiempo las fiestas de San Juan. Una de las adjudicaciones más llamativas es la de una cancha de futbito, consistente en el campo de juego, una carpa, un escenario y la iluminación.

Se formalizaron dos expedientes, uno a Montai y otro a Estali La Karpa, coincidiendo con los nuevos topes para las adjudicaciones directas, fijados en 15.000 euros por empresa desde 2018. El regidor del PNV explica que en todo momento se han pedido "varias ofertas" y que se ha seleccionado siempre la "más económica", y remarca también que son los técnicos los que se encargan de los expedientes.

El precedente del 'caso De Miguel'

No es la primera vez que las adjudicaciones de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco salen a la palestra. El peneuvista Xabier Sánchez Robles, director en la legislatura 2005-2009, fue condenado a finales de 2019 a siete años, un mes y quince días de cárcel por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama investigada en Euskadi y que se saldó con una dura sentencia contra varios excargos públicos y orgánicos del PNV por haber articulado una red de cobro de comisiones ilegales y de manipulación de adjudicaciones. La pena, además, fue especialmente contundente contra el exdirector de Juventud por la presentación de pruebas falsas durante el juicio.

Javier Beramendi con Xabier Sánchez Robles, a la entrada del juzgado

Xabier Sánchez Robles, en el centro, a su llegada a una de las sesiones del juicio del 'caso De Miguel' NURIA GONZÁLEZ

Sánchez Robles fue procesado por contrataciones 'a dedo' de Juventud con un grupo de empresas interrelacionadas llamadas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga y controladas por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y el exedil en Leioa, Iñaki San Juan. En ellas estuvieron empleadas otras personas del partido. Uno de ellos era una de las personas que ahora trabajan para Elorza, Roberto González Muro. El exdirector de Juventud trató de argumentar en el juicio que las contrataciones no fueron irregulares y, entre otros testigos, hizo comparecer al responsable de Montai, que explicó su experiencia con el programa Auzolandegiak y remarcó que todos los trabajos se habían llevado a cabo con normalidad.


 
Dos exalcaldes de Alonsotegi, al banquillo por posible corrupción
AGENCIAS | REDACCIÓN

Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza, ambos del PNV, se enfrentan a supuestas actuaciones corrputas que podrían ser consideradas malversación, fraude y tráfico de influencias.


  • Ayuntamiento de Alonsotegi.

    Ayuntamiento de Alonsotegi. Imagen obtenida de un vídeo de ETB
NOTICIAS (2)
La Audiencia de Bizkaia ha resuelto sentar en el banquillo en un procedimiento de tribunal con jurado a dos exalcaldes del pueblo vizcaíno de Alonsotegi, ambos del PNV, junto a cuatro personas más, por supuestas actuaciones corruptas que podrían ser consideradas como malversación, fraude y tráfico de influencias, entre otros posibles delitos.

Esta causa se abrió en el año 2014, a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por supuestas irregularidades urbanísticas.

En un auto fechado el 26 de mayo, la Audiencia confirma la resolución del Juzgado de Instrucción de Barakaldo de julio de 2018, que determinaba que un tribunal del jurado resolviera sobre la culpabilidad de los seis acusados.

El auto desestima los recursos que reclamaban el sobreseimiento de las imputaciones alegando la falta de indicios para su acusación y lo inapropiado del procedimiento de su enjuiciamiento con jurado popular, argumentos que han sido rechazados por la Audiencia de Bizkaia.

Continúa, por tanto, el procesamiento en relación con la gestión opaca de una sociedad municipal, Alonsotegi Eraikiz, a través de la cual el Ayuntamiento de Alonsotegi podría haber gastado alrededor de 7,3 millones de euros sin justificar su destino.

“La Sala estima que no hay norma alguna” que impida juzgar esos hechos con un jurado popular y destaca “la verosimilitud de los delitos y de su imputación provisional a los investigados”, si bien constata la dificultad de concretar la participación de cada uno de los imputados en los hechos.

La sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que los investigados han tenido cargos de responsabilidad, se disolvió en abril de 2011 y cedió sus activos al Ayuntamiento de Alonsotegi. En su balance de diciembre de 2010, la sociedad contabilizaba existencias por valor de 15 980 000 euros, cuando los únicos bienes que pertenecían a la sociedad pública a esa fecha lo eran por valor de 476.000 euros.

“La operación con esa contabilidad buscaba en realidad que el Ayuntamiento abonase las deudas que la mercantil mantenía con las mercantiles beneficiadas por las adjudicaciones”, ha concluido la Audiencia.


VÍDEO | EH Bildu dice que los casos de corrupción del PNV no son hechos aislados



 
Dos exalcaldes de Alonsotegi, al banquillo por posible corrupción
AGENCIAS | REDACCIÓN

Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza, ambos del PNV, se enfrentan a supuestas actuaciones corrputas que podrían ser consideradas malversación, fraude y tráfico de influencias.


  • Ayuntamiento de Alonsotegi.

    Ayuntamiento de Alonsotegi. Imagen obtenida de un vídeo de ETB
NOTICIAS (2)
La Audiencia de Bizkaia ha resuelto sentar en el banquillo en un procedimiento de tribunal con jurado a dos exalcaldes del pueblo vizcaíno de Alonsotegi, ambos del PNV, junto a cuatro personas más, por supuestas actuaciones corruptas que podrían ser consideradas como malversación, fraude y tráfico de influencias, entre otros posibles delitos.

Esta causa se abrió en el año 2014, a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por supuestas irregularidades urbanísticas.

En un auto fechado el 26 de mayo, la Audiencia confirma la resolución del Juzgado de Instrucción de Barakaldo de julio de 2018, que determinaba que un tribunal del jurado resolviera sobre la culpabilidad de los seis acusados.

El auto desestima los recursos que reclamaban el sobreseimiento de las imputaciones alegando la falta de indicios para su acusación y lo inapropiado del procedimiento de su enjuiciamiento con jurado popular, argumentos que han sido rechazados por la Audiencia de Bizkaia.

Continúa, por tanto, el procesamiento en relación con la gestión opaca de una sociedad municipal, Alonsotegi Eraikiz, a través de la cual el Ayuntamiento de Alonsotegi podría haber gastado alrededor de 7,3 millones de euros sin justificar su destino.

“La Sala estima que no hay norma alguna” que impida juzgar esos hechos con un jurado popular y destaca “la verosimilitud de los delitos y de su imputación provisional a los investigados”, si bien constata la dificultad de concretar la participación de cada uno de los imputados en los hechos.

La sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que los investigados han tenido cargos de responsabilidad, se disolvió en abril de 2011 y cedió sus activos al Ayuntamiento de Alonsotegi. En su balance de diciembre de 2010, la sociedad contabilizaba existencias por valor de 15 980 000 euros, cuando los únicos bienes que pertenecían a la sociedad pública a esa fecha lo eran por valor de 476.000 euros.

“La operación con esa contabilidad buscaba en realidad que el Ayuntamiento abonase las deudas que la mercantil mantenía con las mercantiles beneficiadas por las adjudicaciones”, ha concluido la Audiencia.


VÍDEO | EH Bildu dice que los casos de corrupción del PNV no son hechos aislados



Por una vez y sin que sirva de precedente tengo que decir que EHBildu tiene razón , la corrupción en el PNV no tiene nada de aislada.
 

La Fiscalía del Supremo pide que se ratifiquen las condenas de corrupción a los exdirigentes del PNV en el 'caso De Miguel', la mayor trama de Euskadi​


El fiscal de Tribunal Supremo, Javier Zaragoza. EFE
Iker Rioja Andueza
21 de marzo de 2021 10:55h
0
@ikerrioja
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la sala segunda del alto tribunal que ratifique punto por punto las condenas fijadas por la Audiencia Provincial de Álava en el denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV alavés y excargos del Gobierno vasco, según recoge 'El Mundo'. Los fiscales de Álava que llevaron el caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, instaron sin éxito en un primer momento a que sus colegas del Supremo respondieran a los recursos de los procesados buscando incluso condenas más elevadas en algunos supuestos, principalmente en lo tocante a la aparente falta de elementos para acreditar que hubo coacciones a la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, a pesar de que se considere totalmente probado que el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, le solicitara una comisión de hasta 100.000 euros a cambio de un contrato público.

El ministerio público, en un documento de 538 páginas coherente en tamaño con las voluminosas pruebas documentales acumuladas en esta causa originada en diciembre de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, rebate la tesis de la defensa de De Miguel, ejercida por el bufete Cuatrecasas y seguida con entusiasmo por otros imputados durante todo el proceso. Pese a las reiteradas afirmaciones de que se manipularon las grabaciones, de que la Ertzaintza se excedió en los registros y hasta de que se "enriquecieron" pruebas para fabricar una condena a personas que no habían hecho nada, la Fiscalía afirma que "no existe ninguna base probatoria que acredite la manipulación de las evidencias". Esta estrategia se volvió incoherente cuando el propio De Miguel estuvo a punto de declararse culpable a cambio de ver rebajada su condena de cárcel, que fue fijada en 13 años a la espera del dictamen final del Supremo. La maniobra se saldó con el fin de la unidad de acción entre los acusados y la autoinculpación de algunos de ellos, que confesaron la existencia de una trama de cobro de comisiones ilegales en torno a la figura de De Miguel.


La sentencia se conoció en diciembre de 2019, un año después de finalizado el juicio, y la pandemia, la burocracia habitual del Supremo y el volumen del sumario podría retrasar la resolución definitiva hasta 2022, según fuentes cercanas a los acusados, que esperan en libertad con algunas medidas cautelares después de que se rechazara su ingreso inmediato en prisión en aplicación de los mismos criterios que retrasaron la ejecución de la pena en el caso de Iñaki Urdangarin. EN estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Precisamente en las últimas semanas ha trascendido la noticia del salto de uno de los tres jueces que componían el tribunal, Jaime Tapia, al Gobierno vasco. De la mano de una consejera del PNV, Beatriz Artolazabal, se encargará de coordinar el nuevo modelo penitenciario de Euskadi que se pondrá en marcha desde abril tras la llegada de la transferencia de Prisiones que ultiman los Ejecutivos central y autonómico.

 

El PNV ficha como asesor al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción que ha afectado a cargos del partido​


El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, durante el juicio NURIA GONZÁLEZ
Iker Rioja Andueza
10 de marzo de 2021 12:07h
3
@ikerrioja
El juez Jaime Tapia Parreño (Bilbao, 1962), que fue presidente del tribunal del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción que ha afectado a cargos del PNV de Álava y que se saldó con elevadas penas de prisión para los principales dirigentes acusados, ha sido designado como asesor de una consejera alavesa del PNV, Beatriz Artolazabal, para el diseño del modelo penitenciario de Euskadi de cara a la inminente transferencia de la competencia de Prisiones, que se prevé para abril. "Trabajará directamente con la consejera, a quien aportará su visión experta y profesional sobre cómo construir un modelo penitenciario propio en Euskadi que profundice en las resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en 2019, hoja de ruta en esta materia", ha informado en un comunicado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Artolazabal.

Tapia, que ha sido en los últimos años presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, compuso junto con los magistrados Elena Cabero y Raúl Aztiria el tribunal del macroproceso que se siguió en el Palacio de Justicia de Vitoria a lo largo de todo 2018 contra la trama corrupta que tenía como eje una empresa pantalla llamada Kataia Consulting creada por los que fueran dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Del proceso salieron también condenados excargos del Gobierno vasco como Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud que adjudicó 'a dedo' contratos irregulares a la trama.


El proceso concluyó con una sentencia de alrededor de 1.200 páginas en la que se señalaba en numerosas ocasiones la importancia de la adscripción política de los implicados a la hora de beneficiarse de la red de cobro de comisiones y adjudicaciones ilegales. El fallo está pendiente de los recursos elevados ante el Tribunal Supremo por parte de un número importante de los imputados. Precisamente las sesiones del macrojuicio concluyeron con un comentario del magistrado recordando a los presentes que él tenía las llaves de la cárcel, materia que ahora le competerá.

Los nombramientos de personas que no son militantes del PNV han de ser comunicados al Euzkadi Buru Batzar, que habitualmente se limita a aceptar las propuestas de los consejeros. Esta misma semana se han visado sin mayores problemas algunos de ellos. Artolazabal argumenta que Tapia, que tendrá el mismo rango que un viceconsejero, "acredita una dilatada experiencia en la judicatura vasca, donde comenzó su carrera hace 33 años", con la justicia de menores como una de sus especialidades. Es también profesor de Derecho Penal en la UNED, habla castellano, euskara, inglés, francés y alemán y llegó a aspirar a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según las fuentes internas consultadas, Tapia mantenía buena relación con cargos del área de Justicia como Ana Aguirre, viceconsejera, y Jon Uriarte, director. Ha sido un magistrado con gran proyección pública y cercano a los medios de comunicación.

 

El exdirector general del Servicio Vasco de Salud, Juan Diego, salta en menos de tres meses a una filial de Petronor​


Foco
VIGILANCIA DEL PODER
Juan Diego, el segundo a la izquierda del lehendakari (derecha en la imagen), en un acto en el hospital Santa Marina de Bilbao
Juan Diego, el segundo a la izquierda del lehendakari (derecha en la imagen), en un acto en el hospital Santa Marina de Bilbao IREKIA
Iker Rioja Andueza
17 de junio de 2021 20:51h
1
@ikerrioja
El hasta noviembre director general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Juan Diego, saltó en menos de tres meses a dirigir una filial de Petronor, marca del grupo Repsol, cuyo consejero delegado es el exconsejero de Industria y expresidente del PNV Josu Jon Imaz. Diego es el nuevo CEO de Edinor, creada a principios de 2020 para la puesta en marcha de proyectos de eficiencia energética como la instalación de placas solares y que ya ha intervenido en San Mamés o el seminario de Derio. Antes, fueron polémicas las contrataciones de otros tres excargos de la Sanidad vasca, incluido el que fuera consejero, Jon Darpón, por la aseguradora multinacional Keralty, la antigua Sanitas Internacional.

"Edinor es una empresa de reciente creación que durante los primeros meses de andadura fue gestionada por el propio equipo de Petronor. El ritmo de crecimiento y expansión hizo necesario crear un equipo propio de Edinor. Juan Diego es un profesional con formación de abogado economista, por la Universidad de Deusto, que cuenta con más de 35 años de experiencia en gestión de empresas públicas y privadas con un alto índice de innovación, como en la dirección general de Beaz donde estuvo durante cuatro años dirigiendo temas de desarrollo de start-ups, así como la presidencia del centro tecnológico Vicomtech-IK4 y de la alianza tecnológica IK4", explican fuentes de Petronor. Añaden que "también se valoró positivamente su conocimiento sobre Europa –para la presentación y gestión de los fondos europeos– ya que cuenta con 10 años de experiencia en instituciones europeas", aunque más bien su cargo era el de director de Asuntos Europeos del Gobierno vasco.

Según estas fuentes, se incorporó a Edinor "el 28 de enero de 2021" y "tras la aprobación en el Consejo de Administración". Fue en noviembre cuando se conoció que Rosa Pérez Esquerdo asumía la dirección de Osakidetza. Diego se caracterizó por mantener un perfil muy bajo durante los primeros meses de pandemia hasta el punto de que la consejera Nekane Murga tuvo que aclarar que no había ningún problema de confianza hacia él.

No realizó ni una sola comparecencia. Sin vinculación con la gestión sanitaria, este gestor aterrizó en Osakidetza en 2018 siendo un hombre de la máxima confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, de cuyo equipo había formado parte. Fue trasladado allí tras la polémica investigación en torno a las filtraciones de exámenes de las oposiciones médicas de 2018, que continúa abierta pero que acabó con la carrera de Darpón y de su predecesora al frente del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, entre otros cargos.

El currículum público de Diego muestra que fue letrado de Educación de 1984 a 1986, en Presidencia de 1986 a 1990, asesor de Educación en 1990, asesor de Presidencia en 1991 y director de Asuntos Europeos de 1991 a 1999. Después fue director gerente de EiTB de 1999 a 2009 y, después, director general de una empresa proveedora de EiTB, Media for Future, vinculada con Vilau Media, etapa en la que llegó a ser imputado. De 2011 a 2015 pasó a la sociedad pública BEAZ, dependiente de la Diputación de Bizkaia, antes de regresar al Gobierno vasco, primero como asesor de Cultura (2015-2017) y luego ya como responsable de Coordinación en Presidencia (2017-2018) en el círculo más cercano de Urkullu.


Precisamente este jueves en el Parlamento Vasco se ha debatido una propuesta de EH Bildu, apoyada también por Elkarrekin Podemos-IU, para frenar una fundación denominada Opengela compartida entre Repsol y el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por el socialista Iñaki Arriola. La oposición entiende que esta entidad de mayoría privada va a controlar un importante proyecto de regeneración urbana y que aspira a ser financiado también con fondos europeos. "El debate de hoy no va sobre la necesidad de regeneración o sobre la colaboración público-privada. No. Va de la fundación privada Opengela, en la que Repsol tendrá el 60% y el Gobierno vasco solamente el 40%. No lleva el liderazgo, ése es el problema", ha explicado el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño, que ha asegurado que en caso de pérdidas la Administración sí tendría más responsabilidad que la compañía petrolera. Los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, han defendido este modelo y, merced a su mayoría absoluta, no ha prosperado la propuesta de paralización.


Máxima confianza de Urkullu, que en mi opinión es un eufemismo de amistad.
 
Back