Causas y condenas con éxito a políticos por delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores (1 Viewer)

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JUPOL acusa a todos estos altos cargos de delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación

Los policías se querellan contra Rafael Pérez, Nº 2 de Marlaska, el ‘experto’ Simón, el delegado Franco y otros
La principal causa de la indignación policial es que no se les facilitó material sanitario cuando se veían obligados a atender a la ciudadanía en pleno impacto de contra la pandemia del coronavirus
Periodista Digital
07 Jun 2020 - 13:40 CET

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Los policías se querellan contra Rafael Pérez, Nº 2 de Marlaska, el 'experto' Simón, el delegado Franco y otros
Rafael Pérez a la sombra de Marlaska. PD
Archivado en: Empleo | Gobierno | Justicia | Salud | Sucesos



Esto no ha hecho más que empezar, pero está tomando velocidad y aunque muchas de las querellas y demandas se quedarán empantanadas en los jugados, otras terminarán saliendo adelante, con lo que eso implica social, política y legalmente.
Las querellas contra los miembros y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus se empiezan a acumular en los juzgados.
La última ha sido presentada este mismo 5 de junio de 2020 por la mañana por Jupol, el sindicato con más representación en el Consejo de Personal de la Policía Nacional.
Y afecta a una decena de altos cargos de los ministerios de Interior y Sanidad.



El escrito registrado en los juzgados señala directamente al secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz; al director general de la Policía Nacional, Eduardo Pardo Piqueras; al Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González; y a los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística e Innovación de la Policía, Pilar Allué Blasco y José García Molina.
También al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; al subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez; al portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del Covid-19 y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; y a la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio.
Especial importancia tiene Rafael Pérez, letrado, amigo de confianza de Marlaska, y a quien varias fuentes de la Guardia Civil atribuyen la purga general desatada por el ministro en la cúpula del Instituto Armado.
Nacido en 1981, los méritos de Pérez para el cargo son haber sido magistrado letrado del Consejo General del Poder Judicial y haber acompañado a Marlaska en su aterrizaje en la política como su jefe de gabinete.
Ha estado destinado en los juzgados de Almadén (Ciudad Real), Montoro (Córdoba) o el Juzgado de lo Penal Número 1 de Córdoba.
En la querella, que tiene una extensión de 59 páginas, el sindicato policial recuerda los avisos que fue dando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea sobre la evolución del coronavirus a nivel mundial y, tras recordar que en la Policía Nacional se dieron algunos pasos previos –Marlaska cesó al alto mando policial que compró material sanitario en enero–, dice que se envió a muchos agentes a actos públicos sin el material apropiado.
«La antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia. Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios», dice el sindicato en su escrito.
Los responsables de Jupol consideran que estos nueve altos cargos de Interior y Sanidad pudieron cometer un posible delito contra los derechos de los trabajadores, al no haber facilitado a los agentes el material necesario para realizar su trabajo, además de un posible delito de prevaricación, al tener conocimiento del peligro al que se enfrentaban los agentes y negarlo para no tener que dotarles de ese material

 

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Médicos de Aragón tras la primera condena por no protegerles: "Al principio trabajamos con los equipos que quedaban del ébola"
Los sindicatos sanitarios relatan su lucha por conseguir equipos de protección en la crisis del coronavirus y valoran la pionera sentencia contra la Diputación General

Intubación de un paciente aquejado por coronavirus en un hospital catalán

Intubación de un paciente aquejado por coronavirus en un hospital catalán MDC

Nieves Salinas
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Publicado 06.06.2020 - 04:45 Actualizado6.6.2020 - 4:52

"Ha sido como un bálsamo", dicen desde la comunidad autónoma sobre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Teruel contra la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado el derecho de los trabajadores al no facilitarles equipos de protección individual (EPI) durante la lucha contra la pandemia del coronavirus. Una batalla que los sanitarios mantienen: se quejan de que a día de hoy en los hospitales aragoneses siguen con falta de material y tienen que lavar y reciclar las batas para seguir usándolas.
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"Lo hemos pasado muy mal. Desde antes de declararse el estado de alarma no teníamos de nada, lo que había eran los equipos que quedaban de cuando fue la crisis del ébola y ya caducados", resume a Vozpópuli Merche Ortín, secretaria general autonómica de Cemsatse cuando este digital le pide una valoración sobre la primera condena contra una administración pública por su forma de actuar durante la emergencia sanitaria.
En la sentencia la juez ha concluido que "encontrándonos ante una pandemia por el virus denominado covid-19, [las administraciones] son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y, una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida". La magistrada centró el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales.



El fallo, dictado el 3 de junio, se produce tras la denuncia presentada por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET). La entidad aseguraba no disponer de los equipos de protección individual necesarios para hacer frente a sus labores en el marco de la crisis sanitaria.
Material con fecha de caducidad
Merche Ortín se remite al inicio de la pandemia. "Lo detectamos ya antes de esa manifestación del 8-M, de ese fin de semana, que fue cuando fue el punto de inflexión empezamos a preguntar a todos los compañeros, delegados sindicales, que fueran a los centros y preguntaran qué dotación de equipos había", explica.
Aquella dotación, justo antes del decreto de alarma, prosigue Ortín "era exigua, contadita. Con lo que sobró del ébola que, en muchos casos, depende qué material, ya estaba con fecha de caducidad. Es cierto que los monos se pudieron aprovechar. No se hizo ningún tipo de previsión".

"El 10 de marzo, casi en el minuto cero, hubo una reunión con la consejera donde vino a decir que aquí iban a enfermar cuatro o cinco y punto pelota", señalan desde CEMSATSE
En aquellos días, ya los sindicatos médicos comenzaron a decir al Departamento de Sanidad que no tenían equipos, explica la secretaria general autonómica de Cemsatse y "que por favor se pusieran las pilas porque ya veíamos como estaban las cosas en Italia". Pese a ello, sigue, "el 10 de marzo, casi en el minuto cero, hubo un consejo de salud donde vino la consejera (entonces era Pilar Ventura, que después dimitió) a decir que aquí iban a enfermar cuatro o cinco y punto pelota. La semana siguiente se decretó el estado de alarma".



Aportaron pruebas de que se podía haber previsto
En la sentencia, indica Ortín, el Gobierno aragonés "viene a decir que fue una fuerza mayor y que era imprevisible la dotación de material de protección y la magistrada dice que no. Porque nosotros aportamos pruebas de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de todas la cartas que empezamos a mandar a los sindicatos médicos pasadas por registro, que tenemos un tomo entero, de que aquello ya se podía prever".
La médico dice que valoran positivamente el fallo porque la magistrada les da la razón a la hora de señalar que se podía haber previsto que los sanitarios contaran con equipos de protección. Por otro lado, prosigue, la jueza refleja también el reconocimiento de que se ha lesionado el derecho a la protección de la salud del personal sanitario y, en un paso más allá, y admite que se ha podido poner en peligro la salud y la integridad de los pacientes a los que han podido atender estos profesionales sanitarios.

"Estábamos hartos de estar hartos. Esto ha sido agotador, física y emocionalmente", asegura Ortín
Las demandas presentadas por los sanitarios, señala Merche Ortín, se produjeron tras insistentes reclamaciones para que les dotaran de los EPIs necesarios para hacer frente a la pandemia. La entrega de material ya se había ordenado en las medidas cautelares previas al juicio, tras la denuncia de FASAMET. El Gobierno de Aragón, que encabeza el socialista Javier Lambán, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que, por otro lado, sienta precedente para otros procedimientos similares interpuestos por toda España.
"Estábamos hartos de estar hartos. Esto ha sido agotador, física y emocionalmente", asegura Ortín. "Yo me he sentido afortunada porque no me tocó estar en primera línea, pero todos los días mis compañeros del 061, de los centros de salud, de los hospitales diciéndome lo que les faltaba: Hemos estado sobreviviendo gracias a las mascarillas que nos cosían de forma solidaria. La falta de material ha sido y sigue siendo una constante", sentencia.
Batas que se lavan y se marcan
Desde CESM Aragón explican a este digital que, todavía a día de hoy, siguen faltando batas en los hospitales de la comunidad. "En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, las lavan y les hacen una marca para saber los lavados; en Huesca están con batas lavables y en Teruel, llevan las batas durante una semana, que luego se reciclan", indican las mismas fuentes.
Merche Ortín añade un dato. Como delegada de prevención de riesgos del 061, el pasado martes tuvieron una reunión y sus compañeros les trasladaron que los EPIs que tienen no son los adecuados. "Lo que ha habido cuando ha habido, hubo que lavarlo, relavarlo y reciclarlo. Con un rotulador se van marcando los lavados. Estirando al máximo. Y esto no debería ser. Si esta es la realidad, que el Gobierno tenga un poco de humildad y empatía y lo reconozca", señala.
La falta de equipos de protección también costó la dimisión, el pasado 12 de mayo, de la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Pilar Ventura. La consejera fue reprobada por los sindicatos y por los colegios profesionales del sector tras unas declaraciones en las que llegó a afirmar que para los sanitarios había supuesto "un estímulo" tener que hacerse batas y mascarillas caseras. La sustituye en el cargo la ginecóloga Sira Repollés.


 
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La Justicia condena al Gobierno vasco por no facilitar a los policías materiales de protección del coronavirus
La Sala de lo Social sostiene que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha «vulnerado la integridad física» de los agentes de la Ertzaintza
Adrián Mateos
Adrián MateosSEGUIRBilbao Actualizado:05/06/2020 19:25h Guardar
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Serio tirón de orejas de los jueces al Gobierno de Iñigo Urkullu por su gestión en la crisis del coronavirus. Concretamente, por no facilitar a los agentes de la Ertzaintza los materiales de protección necesarios para hacer frente al patógeno, desde mascarillas hasta guantes y buzos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) entiende que los policías han visto vulnerada su «integridad física», y ha condenado por ello al Ejecutivo a resarcir su error y suministrarles equipamiento de calidad.
El máximo órgano de Justicia del País Vasco sigue de esta forma la estela del Juzgado de lo Social de Teruel, que ayer mismo condenó a la Diputación General de Aragón y otras administraciones autonómicas por no proporcionar los equipos de protección individual (EPIs) necesarios a los sanitarios.






Ahora, la Sala de lo Social del TSJPV ha estimado parcialmente las demandas de los sindicatos de la Ertzaintza ErNE y ESAN. En sendas denuncias, las centrales advertían de que el Ejecutivo de Vitoria no estaba aplicando las «medidas de prevención necesarias» para asegurar la integridad física de los ertzainas.

ESAN destacó que el material que se repartió entre los agentes durante la pandemia no solo era escaso, sino que además «en muchos casos de dudosa calidad». «No garantizaban la integridad de los y las agentes», expone en un comunicado la central.
Un «derecho fundamental» vulnerado
Entiende el tribunal que se trata de un caso de vulneración del «derecho fundamental» de los funcionarios de la Ertzaintza a la integridad en su vertiente exclusivamente física. En este sentido, acusa al Gobierno de haber «omitido total o parcialmente las medidas de protección laboral» que le eran «exigibles».
De esta forma, le condena a suministrar a todos los agentes los medios de protección consistentes en mascarillas FFP2 y FFP3, gafas, guantes desechables, buzos tipo 5 y 6 y contenedores de residuos infecciosos.

Aunque declinan valorar el fallo, fuentes del Departamento de Seguridad defienden que la entrega de «todo el material de protección» se produce «semanalmente», y recalcan que se siguen «manteniendo las medidas de higiene y limpieza».
Precedentes
La sentencia que se hace hoy pública y que tiene fecha del 3 de junio tiene un precedente similar. El pasado marzo, casi en la génesis de la crisis sanitaria, el Juzgado de lo Social de Vitoria dictaminó que todas las comisarías de la Ertzaintza deberían abastecerse con equipos de protección individual frente al Covid-19 a raíz de una denuncia de la agrupación Euspel.
La semana pasada, el sindicato Si.P.E denunció por la vía penal a la jefa de la Ertzaintza de Vitoria, Victoria de Jesús Landa, tras comprobar que los agentes se veían obligados a trabajar sin mascarillas. La propia central informó de que, a raíz de la demanda, la comisaría de la capital alavesa «está entregando diariamente» los materiales.


 
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Estas causas por riesgos laborales van a conseguir multiples condenas. Es sencillo probar causa efecto. Obligar a trabajar sin EPIS etc
 

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