CASO NOOS. Iñaki Urdangarin en la cárcel de Brieva. Voluntariado en Hogar Don Orione. Traslado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García

[Nexos]

Así de bien escriben los redactores, dícese periodistas, de Pedro José Ramírez en El Mundo. Profesionales y bien informados que son. O están.

"Ese día, será simplemente la declarante, Cristina de Borbón y Grecia, la esposa del imputado Iñaki Urdangarin. No habrá miembros de la Casa en los aledaños del juzgado. No habrá tampoco información oficial. Sólo su voz será grabada, según se supo ayer. Aún queda por decidir si bajará la rampa por derecho, de frente, como la persona inocente que desde el Gobierno y desde Zarzuela se defiende que es.

Hasta aquí, lo oficial. Detrás de las bambalinas, en las profundidades de ese antiguo pabellón de caza del Monte del Pardo donde aún vive una familia, los reproches se multiplican."


Una perla.

 

[Nexos]

Lo de Manresa y Gómez, de El País, limpio y puesto en orden:
"Algunos hechos fueron sucediendo por el camino".

--- "Dos meses antes (abril de 2013, una vez imputada por el juez), Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, no atendió la petición expresa del juez Castro de mantener en auxilio judicial a un funcionario de Vigilancia Aduanera que había colaborado estrechamente en las investigaciones del caso Palma Arena y en la parte que derivó en la pieza separada número 25, que era el caso Urdangarin".

--- De modo que fue en abril pasado, hecha ya la imputación del juez, cuando "Hacienda nombró a dos inspectores de su delegación de Barcelona en calidad de peritos, dos profesionales experimentados, de sólida formación, pero que no han llegado a contar con la confianza absoluta del juez por diversas razones".Claro está: 1) denegación de auxilio al juez de Viana, lo primero, y 2) nombramiento *REMUNERADO?? de dos esbirros para "peritar".

--- Hicieron informes varios entonces. "Los peritos han realizado hasta diez informes sobre las sociedades del entramado creado por Urdangarin y Torres y se han mantenido firmes en su tesis de que “eran sociedades pantalla que no tenían verdadera entidad societaria, por lo que las rentas derivadas de las actividades supuestamente delictivas debían de imputarse a las personas físicas que se ocultaban tras ellas y no a las personas jurídicas que utilizaban como pantalla”, reza un documento interno

--- Junio. Y tan expertos o peritos son, con dos meses de nombramiento, que en junio le dieron a la tecla que les habían dicho que no debían tocar bajo ningún concepto, apareciendo instantáneamente las 14 fincas urbanas y rústicas propiedad de Cristina Borbón.

---> Hoy nos enteramos de que, además de esas 14 fincas que afloraron en Hacienda, Cristina es copropietaria de otras 30 solamente en Baleares. Lo que debe ser un amplio ducado de Palma. Y eso explica mucho su tremendo celo con Menorca, isla inmediata al falso ducado y aun así, estrictamente local (a diferencia del de Lugo)

--- "En el mes de julio, Beatriz Viana dimite por el escándalo de las 13 fincas atribuidas erróneamente a la Infanta. En su lugar era nombrado director Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias.

Y para rematar:

--- "Sin mediar una explicación convincente, Mari Ángeles Berrocal, la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupción y eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue así de indescriptible: “Una redistribución de funciones para optimizar recursos”. El hecho se produjo en julio de 2013."


ANTONIA PERELLO, apellido que aparece en el sumario: figura PEDRO PERELLO.

 

[Nexos]

En definitiva, 13 fincas (otros dijeron que 14) en la península a nombre de Cristina + 21 fincas en Baleares, que dicen meses más tarde ante el juez que no son de ella, sino que son propiedad de NOOS, hacen 34 fincas en total.

Hay que recordar que ya en el juzgado hay información sobre varias fincas de Borbón-Urdangarín, le constan al juez. Y nada se ha dicho de sus contribuciones a Hacienda. Es como si no existieran en la instrucción, se las ha ignorado.

 

[Nexos]

Y a ver qué pasa con la demanda de UPyD en la Audiencia Nacional sobre las fincas, a ver lo que dice, dado que puso la demanda por las 13 o 14 fincas que se dijeron habían aflorado "automáticamente" en Hacienda, cuando en realidad las obrantes eran 34, o eso ha dicho la inspectora ayer al juez Castro.

 

[Nexos]

de Manresa y Gómez, de El País
"Algunos hechos fueron sucediendo por el camino".
--- "Sin mediar una explicación convincente, Mari Ángeles Berrocal, la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupción y eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue así de indescriptible: “Una redistribución de funciones para optimizar recursos”. El hecho se produjo en julio de 2013."

Manresa dio entonces (2 de julio 2013, El País) un esquema de los fines de los ceses y traslados de funcionarios de la Comunidad balear desde el 2011, impedir la lucha contra la corrupción y taponar las numerosas vías de agua que tenía el gobierno autonómico en los tribunales.

El Gobierno balear aparta a una abogada clave en la investigación del ‘caso Nóos’
Mariángeles Berrocal ejercía la acusación particular en el asunto sobre los duques de Palma

El Gobierno del PP ha excluido de la Abogacía de la Comunidad a la letrada Mariángeles Berrocal, una jurista y funcionaria que era coordinadora en los casos penales y está especializada en los casos de corrupción en investigación. Berrocal, que fue juez sustituta, ha sido desplazada -sin haberlo solicitado- a la jefatura de servicios de Familia de la consejería de Familia y Servicios Sociales. La decisión se justifica en el seno de una reorganización de funciones, sin connotaciones políticas. La abogada pública era en la práctica cooperadora de la Fiscalía en el caso Nóos.

Durante años, Berrocal estuvo personada y ejerció la acusación particular en defensa de los intereses públicos en las causas de corrupción, en general centradas en escándalos de los anteriores Gobiernos del PP. La afectada ha evitado comentar el episodio. La exdiputada y exconsejera del PP, Antonia Perelló, es la directora de la Abogacía, controla todos los asuntos y participa, directamente, en las vistas e interrogatorios judiciales.
El cambio político de junio de 2011 representó un vuelco al frente de la Abogacía, con la marginación del jurista que tradicionalmente gestionó el departamento desde los años 80, el abogado Pedro Aguiló Monjo.

En enero de 2012, en el juicio al expresidente balear, Jaume Matas, del PP, la letrada Berrocal -que había participado en todo el proceso-, quedó marginada-, al igual de otros casos donde nuevos letrados tuvieron que empaparse de la causa para actuar.

En distintos juicios por asuntos que aluden a excargos del PP y Unió Mallorquina, los turnos de interrogatorios a imputados y testigos, la representación de la Abogacía solo plantea cuestiones de detalles. La orden dictada por el nuevo Gobierno del PP fue “no tomar la iniciativa”. Las acusaciones penales no se retiraron a pesar de las presiones de los exaltos cargos del PP implicados.

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/01/actualidad/1372707581_326598.html

 

[evolucionando]

La Fiscalía y la abogacía del Estado prepararon con los peritos de Hacienda su interrogatorio
El fiscal, la abogada del Estado y los tres peritos comieron juntos en el Bar Plaza junto a la sede de la Fiscalía antes del interrogatorio. Horrach reveló una inspección a Motorpress Ibérica y otra información tributaria que no figura en la causa.

Los peritos de Hacienda prepararon con la Fiscalía y la Abogacía del Estado su interrogatorio antes de comparecer ante el juez José Castro, que instruye el caso Noos. Las preguntas y respuestas de los inspectores de la Agencia Tributaria fueron preparadas incluso el mismo día del interrogatorio, en una comida celebrada en el Bar Plaza, junto a la sede de la fiscalía de Palma, horas antes de la citación de los dos peritos tributarios.

Horrach reveló en su interrogatorio información tributaria que no está incorporada a la causa

Los tres representantes del Ministerio de Hacienda y el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, comieron desde las dos y media hasta pasadas las cuatro de la tarde antes de volver juntos al juzgado durante las casi dos horas que duró el receso del pasado sábado. Al encuentro se sumó también la abogada jefe del Estado, Dolores Ripoll, según relatan al menos dos testigos del encuentro.

El fiscal revela información tributaria ajena a la causa

Los contactos entre los representantes del Ministerio de Hacienda y los del Ministerio de Justicia se dejaron ver inmediatamente después. El representante del Ministerio Público planteó al perito de la acusación preguntas sobre una inspección tributaria a Motorpress Ibérica por las presuntas facturas falsas emitidas por Aizoon, una información que no está incorporada a la causa y de la
que Hacienda tiene obligación legal de guardar en secreto, según el artículo 95 de la Ley General Tributaria. El Fiscal reveló citando a la Agencia Tributaria que Motorpress Ibérica había recibido una inspección a raíz de la facturación de Aizoon y que había presentado una declaración complementaria, extremos todos ellos que no forman parte del sumario y de los que la Fiscalía sólo puede disponer por fuentes externas a la causa.

Según los informes de Hacienda que sí figuran en la causa, la editora de revistas deportivas pagó 1.390.840 euros a la sociedad de Urdangarín, un extremo que Motorpress Ibérica nunca ha reconocido oficialmente y al que sólo ha alegado en un comunicado del año 2011 que Urdangarín no había sido consejero delegado de la entidad sino sólo vocal.

Un interrogatorio pactado

El interrogatorio del Fiscal a los inspectores de la Agencia Tributaria se remontó al gasto de billetes de 500 euros efectuados no por la esposa de Urdangarín sino de Diego Torres, Ana María Tejeiro. Sólo al final de su turno de preguntas se refirió a lo que definió como “el tema de las famosas facturas”, es decir, las facturas falsas que Hacienda permitió desgravar a los Duques de Palma. El fiscal no preguntó en ningún momento por qué el expediente del matrimonio Urdangarín que residía en Barcelona y cuya elaboración y presentación habría correspondido a la delegación tributaria de Barcelona se remitió a Madrid y llegó a objetar a las preguntas que Castro sí planteó en torno al procedimiento poco habitual seguido por la Agencia Tributaria.

 

[Oliver Cromwell]

Cuando Horrach interrogaba a Matas, en la Gaceta lo atacaban con asuntillos propios bajo la alfombra:

El fiscal del ‘caso Palma Arena’ escrituró dos casas muy por debajo de su valor de mercado
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Horrach imputó a jaume matas un delito de falsedad documental por los mismos hechos. El precio que consignó en el Registro de la Propiedad también es notablemente inferior al de subasta del banco. Se evitó pagar a Hacienda 28.153 euros en seis años.

Eugenia Viñes. Madrid

A comienzos de este año, el nombre de Pedro Horrach, junto al del también fiscal Joan Carrau, adquirió notoriedad mediática por su participación en el caso Palma Arena y su celo profesional en torno a Jaume Matas, para el que solicitó tres millones de euros de fianza que el ex presidente Balear debía conseguir en 24 horas. Entre otros delitos, se le imputa un presunto enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad documental, relacionados de un modo u otro con haber escriturado una vivienda por un valor inferior al de mercado.

En 1999, Pedro Horrach –hoy segundo fiscal anticorrupción de Baleares– y su esposa, Ana Zacher, compraron un sobre ático de 217 metros cuadrados, rodeados de otros 318,96 metros cuadrados de terrazas. En total, 536,96 metros cuadrados más una plaza de garaje ubicados en un edificio de la Avenida Picasso, en Palma de Mallorca, con jardín, piscina comunitaria y vistas a la Bahía de Palma.

Lo escrituraron en el Registro de la Propiedad por 240.404,84 euros (40.000.000 pesetas). Sin embargo, el banco que otorgó al matrimonio la hipoteca de compra, tasó el ático en 332.234,29 euros (55.279.135 pesetas). O lo que es lo mismo, la entidad bancaria valoró el ático 121.880,06 euros por encima del precio que Horrach declaró en documento público.

Esto como valor de subasta, que es inferior al precio de tasación de la vivienda. De acuerdo con las inmobiliarias de Palma de Mallorca consultadas por este periódico, en 1999 el coste del metro cuadrado en esa zona de la isla no bajaba de 841,42 euros (140.000 pesetas). Un año después, en 2000, el precio de la vivienda se incrementó en Baleares un 13,1% de media y continuó ascendiendo hasta 2008. En cualquier caso, el fiscal anticorrupción de Baleares tributó a Hacienda conforme al valor del ático consignado por él en el Registro de la Propiedad, con lo que se evitó pagar 12.167 euros (2.024.418 pesetas).

La petición de hipoteca que efectuó el matrimonio no fue por el total del precio que hacen constar en la escritura, sino por algo menos de la mitad: 102.172 euros, crédito que se solicitó a nombre de Ana Zacher. Esto es: 138.232,84 euros fueron pagados en efectivo.

En 1999, Pedro Horrach ocupaba una plaza como fiscal de tercera categoría en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. De acuerdo con la legislación vigente, su sueldo debía rondar los 1.202,02 euros. Su mujer, funcionaria del grupo A del cuerpo superior de técnicos de prisiones, percibía un salario de 949,75 euros, sin contar con los complementos.

El beneficio

En 2006, el fiscal anticorrupción y su esposa adquirieron un chalé de 118 metros cuadrados levantado en una parcela de 395 metros cuadrados, localizado también en la isla, en la urbanización Son Bauló, en Can Picafort, a cuatrocientos metros de la costa. El matrimonio le otorgó un valor en escritura pública de 180.000 euros. El mismo día, el BBVA le concedía una hipoteca por el 100% del precio.

De nuevo la entidad bancaria estableció su valor en 313.000 euros, casi el doble del precio que hace constar el matrimonio en el registro. El BBVA se centra en el precio de subasta. La empresa Sociedad de Tasación consultada por LA GACETA estima en 2.000 euros el precio del metro cuadrado construido en esa área geográfica en 2006. Por tanto, el precio de mercado del chalé más la parcela rondaba los 450.000 euros.

Sus sueldos, eso sí, eran algo superiores a los que percibían cuando compraron el ático; el de Horrach, ascendido en la carrera de la Fiscalía, ya rondaba los 4.000 euros. Su mujer, nombrada jefe del Servicio de Juego de la Conselleria de Interior del Gobierno Balear, percibía en torno a los 1.800 euros, según la Confederación de Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo.

Por segunda vez en seis años, al tributar conforme a lo consignado en documento público, el fiscal anticorrupción pudo dejar de pagar a Hacienda 8.006 euros. En total este matrimonio se ahorró en impuestos 28.153 euros (4.684.265 pesetas), en los pagos por ambos inmuebles.

En abril de 2009 el fiscal vendió el chalé. Conforme a lo aportado al registro, la transacción se cerró por 300.000 euros. Un precio muy bajo si se tiene en cuenta que el Deutsche Bank, concesionario de otra hipoteca a los nuevos compradores, tasó el inmueble en 434.439 euros. En la actualidad, aún sin recuperarse el mercado inmobiliario, viviendas similares situadas en Can Picafort se venden por 600.000 euros.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/fiscal-del-‘caso-palma-arena’-escrituro-dos-casas-muy-debajo-valor-mercado

Pues ahora todo eso se le vuelve contra él y la defensa de la infanta, jeje.

 

[Nexos]

El juez recrimina a Hacienda y a la Abogacía por favorecer a la Infanta

'Con ella Hacienda está actuando de forma diferente', advierte a la abogada del Estado


ESTEBAN URREIZTIETA


MARÍA FUENTEÁLAMO Palma
26/01/2014 03:45 horas
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Los inspectores que han librado a la Infanta Cristina de un delito fiscal admitieron ayer al juez que dieron por buenas tres facturas «simuladas». El magistrado censuró a los técnicos y a la abogada del Estado por aplicar con ella «un trato diferente».


Los inspectores admitieron que dieron por buenas facturas simuladas

El juez José Castro centró su interrogatorio a los tres inspectores de Hacienda que han exonerado a la Infanta de un delito fiscal en aclarar si han utilizado con la hija del Rey los mismos criterios que aplican con el resto de contribuyentes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma preguntó a los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña si es normal que un expediente como el de Cristina de Borbón «tarde tantos meses en resolverse».

'Dentro de los márgenes habituales'

Los funcionarios se defendieron alegando que el tiempo empleado en este asunto se encuentra «dentro de los márgenes habituales» y que no se han empleado más a fondo por tratarse de la hija del Rey.

Pero la batería de preguntas se fue complicando al requerir Castro una explicación convincente de por qué la investigación tributaria de Cristina de Borbón la inició el abogado jefe de Hacienda cuando le corresponde a los propios técnicos de la Delegación de Cataluña.

A este respecto los inspectores arguyeron que la plaza del funcionario al que le correspondía asumir esta investigación «estaba vacante» y que sólo por eso el expediente lo asumió directamente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria. Pese a esta explicación, el protocolo habitual en Hacienda pasa porque asuman las pesquisas otros compañeros de la delegación o incluso de otras dependencias regionales. Pero, en ningún caso, el máximo responsable jurídico.

En un momento del interrogatorio, en base a este tema, la tensión entre juez y fiscal se hizo muy palpable: «No me interprete» dijo Castro a Pedro Horrach, aclarando que se estaba limitando a preguntar y que, en ningún caso había realizado apreciación alguna.

Tras estos primeros lances, el instructor del caso Urdangarin abordó la cuestión clave que se dirimía a lo largo de la jornada de ayer. «¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de contribuyentes?», preguntó abiertamente a los autores de los informes tributarios sobre Cristina de Borbón y su sociedad Aizoon.

«¿Si no se hubiera tratado de la Infanta Cristina hubieran aceptado como gasto estos tres recibos de 69.900 euros que no responden a servicio alguno?», insistió el magistrado. «Cada caso es diferente y la deducibilidad de una factura es relativa», le replicaron.

Castro se aludía así al motivo principal por el cual ha acordado la citación como imputada de la Infanta Cristina por delito fiscal el próximo 8 de febrero. Tal y como reveló EL MUNDO, la Agencia Tributaria dio por buenas tres facturas ficticias de asesoría por el referido importe que libran a la hija del Rey de la comisión de un delito fiscal en el ejercicio 2007. Se trata de tres recibos emitidos por la sociedad instrumental de Diego Torres, Intuit Strategy Innovation Lab, S.L., que fueron abonados por Aizoon.

'Labores de asesoría'

Urdangarin y Torres, tal y como ya ha quedado acreditado en la investigación, emitían cientos de facturas falsas para repartirse los beneficios del Instituto Nóos que dirigían pero estos documentos no respondían a ningún tipo de servicio profesional. No en vano siempre incluían el concepto genérico de «labores de asesoría».

De haber rechazado estas facturas, la cuota defraudada por la sociedad familiar Aizoon superaría en 700 euros el umbral de los 120.000 euros a partir del que el fraude fiscal está considerado como delito.

Los inspectores de Hacienda admitieron que las tres facturas son irregulares. Eso sí, se negaron a tildarlas de «falsas» y prefirieron usar el término «simuladas». En este sentido explicaron al juez que consideran «parcialmente simulados» estos recibos porque, si bien «no responden a servicio alguno, sí se produjo el pago de los 69.900 euros». De ahí que establezcan esa diferencia entre un tipo de facturas y otras.

No obstante, la discusión no radica en si las facturas son falsas o simuladas sino en si son deducibles. Tal y como subrayó el juez en su interrogatorio el criterio habitual de Hacienda pasa por rechazar de plano este tipo de recibos porque no responden a ningún servicio profesional. En esta misma línea se expresó el sindicato Manos Limpias a través de su letrada Virginia López Negrete.

'Ninguna instrucción ni presión'

«No hemos recibido ninguna instrucción ni ninguna presión para actuar de esta manera», se esforzaron en dejar claro los inspectores.

Estos técnicos añadieron que, a su juicio, la Infanta Cristina debe ser exculpada por completo del fraude fiscal de su sociedad porque quien la gestionaba no era ella sino su marido. Pese a que ya ha sido acreditada la participación directa de la hija del Rey en numerosas operaciones fraudulentas de Aizoon, firmando de su puño y letra documentos clave como el autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes o la compraventa simulada de acciones de la promotora Mixta África, los funcionarios añadieron que hay que trasladar el fraude fiscal de Aizoon al Impuesto sobre la Renta del duque de Palma.

Es decir, aplicar lo que técnicamente se denomina el levantamiento del velo societario y trasvasar la cuota defraudada a Iñaki Urdangarin como persona física.

Este criterio ya fue rebatido por el juez Castro en el auto de imputación de la Infanta Cristina. De ahí que solicitara a Hacienda que calculase el fraude cometido por Aizoon en el Impuesto de Sociedades.

En uno de los recesos de las declaraciones de ayer, el juez Castro se dirigió a la abogada del Estado María Dolores Ripoll, que fue ayer una de las más firmes defensoras de los intereses de la Infanta.

En presencia de varios testigos, el magistrado le confesó estar «cansado» de ver cómo la Agencia Tributaria «trata de manera diferente» a la hija del Rey en este asunto. De ahí su persistencia en su batería de preguntas por dejar claro que Hacienda y la propia Abogacía del Estado está variando sus criterios habituales para favorecer a Cristina de Borbón.

http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/26/52e44adaca474197618b457e.html

 

[Nexos]

¿Les preguntó o no les preguntó nada de las fincas a los mosqueteros de Hacienda?

Algunas fincas procedentes de blanqueo sí están en el auto de la imputación

El juez acusa a la Infanta de comprar viviendas en Palma con dinero ilícito
Castro mantiene que Cristina de Borbón, a través de la sociedad Aizoon, adquirió unos inmuebles gracias a los fondos públicos desviados por su marido
El magistrado confía en que la Audiencia revalide sus tesis sobre la imputación


09.01.2014 | 11:38


La infanta Cristina, con su secretario en la Casa Real, García Revenga, también imputado.
Efe FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA

El magistrado José Castro acusa a la infanta Cristina, en el auto donde la cita como imputada para el 8 de marzo, de comprar pisos en Palma y otras propiedades inmobiliarias en Terrasa con dinero de origen ilícito sacado del Instituto Nóos a través de Aizoon, la consultoría que poseen a medias los duques de Palma. El juez se mostró ayer confiado en que la sala segunda de la Audiencia de Palma valide la imputación de la hija del Rey por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Castro mantiene la tesis de que Aizoon, desde su fundación en 2003 hasta la actualidad, no repartió dividendos entre sus dos únicos socios: Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. Los ingresos de la consultoría provinieron en los primeros años casi en su totalidad del entramado presuntamente delictivo Nóos; después hubo fondos de Nóos y dinero ganado por el duque de Palma gracias a su trabajo en varios consejos de administración de multinacionales y un pequeño porcentaje de entradas por los alquileres de los inmuebles comprados en Palma y Terrasa, y de otros pisos de la primera ciudad que Aizoon tenía subarrendados.

El auto habla de que la consultoría funcionaba como una caja única y que de allí sacaron cientos de miles de euros los duques de Palma para gastos particulares, ajenos a la empresa.

Calle Pedrera

El instructor se centra en la compra de dos viviendas, dos trasteros y dos aparcamientos en la calle Pedrera, de Palma. Inmuebles por los que Aizoon pagó casi 410.000 euros, más gastos de registro, notaría y gestoría.

Aizoon firmó dos hipotecas sobre estos inmuebles y obtuvo un préstamo total de 390.000 euros, "aunque serían bastante menos puesto que la entidad bancaria suele retener el 10% para notaría, registro, impuestos y gestoría". El crédito se hizo a devolver en 20 años, mediante plazos mensuales.

La empresa de los duques únicamente ingresó ese año 6.600 euros de alquileres. El magistrado hace cuentas y concluye que el dinero del banco, más esos 6.600 euros, "sería insuficiente para cubrir el total de la operación, que, de esta manera, se habría financiado en parte con dinero procedente del entramado societario (Nóos) que en ese ejercicio, y según la Agencia Tributaria, representaba el 95,16% de sus ingresos".

La segunda adquisición de inmuebles por los duques de Palma tuvo lugar el 21 de diciembre del 2007, cuando Aizoon compró, por 231.390 euros, una vivienda y un trastero en Terrasa. Al igual que en Palma, la consultora pidió otro crédito hipotecario de 191.200 euros. Castro mantiene que con ese préstamo, y con los ingresos procedentes de alquileres de las casas de Palma, Aizoon, no tuvo suficiente para financiar las inversiones en Terrasa. Aizoon echó mano a fondos obtenidos con los negocios de Nóos o las asesorías de Urdangarin para esas compras.


Las cuentas no salen

La afirmación del magistrado es clara: "las cuentas no salen". "Si sumamos todos los ingresos, que netos serían bastante menos, de los arrendamientos, única actividad lícita que le reconoce la Agencia Tributaria a Aizoon, no bastarían para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios", añade el auto.

La conclusión es la siguiente: "las fincas adquiridas se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita, sean los iniciales procedentes de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada o los derivados de las actividades defraudatorias contra la Hacienda Pública".

Castro anuncia también que la mitad de esos inmuebles "revertirán en favor de doña Cristina de Borbón cuando se liquide Aizoon".
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/09/juez-acusa-infanta-comprar-viviendas/902106.html




El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, señala en su segundo auto de imputación de la Infanta Cristina que si se suman todos los ingresos obtenidos por arrendamientos, única actividad lícita que le reconoce la Agencia Tributaria a su sociedad Aizoon, "no bastaría" para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios contraídos por los Duques de Palma, lo que lleva a concluir que las fincas adquiridas por el matrimonio se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita.

Y es que, tal y como precisa el juez en su resolución judicial, de 227 páginas, los ingresos menores obtenidos por Aizoon provenían del alquiler de inmuebles, por un importe anual de 30.576 euros en 2007 y 27.329 en 2008, "notoriamente inferiores" a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría desplegada por Iñaki Urdangarin y por la que la mercantil ingresó 645.453 euros en 2007 y 494.156 un año después.

El juez se muestra tajante al aseverar que, "por mucho hincapié que se ponga en el beneficio de la duda, no cabe admitir que el dinero del que Doña Cristina se lucró para su exclusivo beneficio y de su marido era justo el que provenía de aquella última actividad, la única regular desplegada por Aizoon, por la sencilla razón de que, siendo notorio que los dispendios superaron a los muy escasos ingresos, es matemáticamente imposible sostener tal afirmación".

http://www.20minutos.es/noticia/2022921/0/#xtor=AD-15&xts=467263

 

[Oliver Cromwell]

http://www.larazon.es/detalle_norma...a/la-encrucijada-del-juez-castro#.UuZGz8v2GSM


Es bueno subir éste tipo de noticias por si hacen eso de desdecirse despues y "dónde digo Diego.."

CASO NÓOS

La encrucijada del juez Castro

• La declaración de los peritos de Hacienda y de la responsable policial de la investigación complican la imputación de la Infanta por delito fiscal y blanqueo

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La Infanta Cristina declarará el próximo 8 de febrero como imputada en el «caso Nóos» por delito fiscal y blanqueo pero, tras las declaraciones ante el juez de tres inspectores de Hacienda y de una responsable policial que la exculpan de ambos delitos, lo hará con viento a favor. Sus conclusiones ya se conocían con anterioridad, pues estaban plasmadas en numerosos informes, pero la contundencia con que el pasado sábado las presentaron ante el magistrado sitúa a éste ante una complicada tesitura: una comparecencia a la búsqueda de indicios que los propios peritos que han llevado el peso de la instrucción no han hallado a lo largo de meses de investigación.

Tanto el fiscal Pedro Horrach como la abogada del Estado Antonia Perelló, que se han opuesto siempre a la imputación de Doña Cristina, consideran casi definitivas las últimas declaraciones prestadas en el «caso Nóos», que en su opinión han echado por tierra esa posible imputación por delito fiscal de la hija del Rey a través de Aizoon, la empresa que comparte al 50% con Iñaki Urdangarín. Pese a esa convicción, ni la Fiscalía ni los Servicios Jurídicos del Estado parecen dispuestos a pedir al juez Castro que retire la imputación de la Infanta por este delito antes del día fijado para su comparecencia en los juzgados de Palma de Mallorca. Algo que también descarta la defensa de la Infanta, que prefiere esperar a instar la medida una vez se produzca su declaración ante el juez.

Cooperación necesaria

Ante los argumentos de los inspectores de Hacienda, Castro parece dispuesto a sostener, al menos por ahora, que la Infanta pudo cometer delito fiscal como cooperadora necesaria de los delitos tributarios que se imputan a su marido en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 (donde no incluyó los ingresos de 1,1 millones de euros que obtuvo el duque de Palma como consejero o asesor de diversas empresas privadas). Pero, para que así fuera, debería acreditarse que la Infanta era consciente de que Aizoon se creó con el objetivo de defraudar a Hacienda –lo que convertiría su partipación en indispensable para la supuesta comisión de los delitos fiscales que se imputan a su marido–, una posibilidad que descartan las fuentes jurídicas consultadas.

Con esos mimbres, ¿es posible imputarle un delito de blanqueo? «Si no hay delito fiscal previo, ¿cómo puede haber un delito de blanqueo posterior?», se preguntan esas mismas fuentes anticipando una respuesta negativa. El propio juez da una clave en el auto de imputación de la Infanta cuando, refiriéndose a Urdangarín, dice que «aunque no es éste el momento procesal oportuno para entrar en polémicas calificadoras, se es más proclive a no estimar concurrente ningún delito de blanqueo de capitales» (porque la reforma legal que introduce el autoblanqueo en el Código Penal es posterior a los hechos que se juzgan). Cuesta pensar que Castro no impute el blanqueo al duque de Palma y sí lo haga, finalmente, con la Infanta.

En esa resolución, el instructor afirma que la controversia sobre si los bienes que tienen su origen en un delito contra la Hacienda Pública pueden ser objeto también de un delito de blanqueo ya fue resuelta por el Tribunal Supremo en sentido afirmativo en una sentencia de diciembre de 2012. Esa doctrina, recordaba Castro, permitió confirmar la condena a un matrimonio en el que el marido cometió delito fiscal y su esposa «conocía el origen ilícito de los bienes». Sin embargo, el pasado sábado la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía –responsable de la minuciosa investigación de los gastos de Aizoon– ratificó al juez que no hay ni un solo indicio de que Doña Cristina cometiese ese delito.

Tras esas comparecencias, algunas fuentes especulaban con la posibilidad de que Castro opte por retirar la imputación por delito fiscal, algo que se antoja bastante improbable, al menos antes de la declaración de la Infanta. Después, seguramente tenga que pronunciarse al respecto a instancias de la defensa de Doña Cristina o de Anticorrupción, que no tardarán en pedir la desimputación, sobre la que tendría la última palabra la Audiencia de Palma.

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Caso Nóos

Cosidó dice que se garantizará «un entorno de seguridad»

• Los inspectores de Hacienda exoneran a la Infanta y defienden su investigación

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[Volandovoy]

Las Mañanas Cuatro ‏@mananascuatro22 min
Los inspectores de Hacienda admitieron dar por buenas tres facturas simuladas de la Infanta.


Las Mañanas Cuatro ‏@mananascuatro22 min
Los abogados de la Infanta han evitado que se la vea declarando debajo de un retrato de su padre.

 

[loca]

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Los inspectores de Hacienda admitieron dar por buenas tres facturas simuladas de la Infanta.


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Los abogados de la Infanta han evitado que se la vea declarando debajo de un retrato de su padre.

Y en la sexta, Eduardo Inda: La infanta puede ir a declarar, o NO puede ir a declarar, textual, y que todavía falta para el día 8.
Osease, dudas.