CASO NOOS. Iñaki Urdangarin en la cárcel de Brieva. Voluntariado en Hogar Don Orione. Traslado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García

Esto es de julio, pero dan pistas de como la van a desimputar

SU ÚLTIMO AUTO MARCA EL CRITERIO
La Audiencia de Palma abre la puerta a retirar la imputación de blanqueo a la Infanta


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28/07/2014 (05:00)

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La Audiencia Provincial de Palma acaba de dictar un auto en el que establece las bases sobre su criterio respecto al blanqueo de dinero en el ‘caso Nóos’, por el que está imputada la infanta Cristina de Borbón y que tendrá que resolver a la vuelta del verano. En su resolución, el tribunal hace tres razonamientos: que el delito de blanqueo no puede construirse sobre incrementos de patrimonio no delictivos, aunque sean constitutivos de un delito fiscal; que sí puede producirse si viene de la malversación de caudales públicos; y que el mero uso de dinero de origen ilícito no tiene por qué ser blanqueo.

Estas explicaciones, que en un principio resultan algo confusas, han sidoanalizadas por varias fuentes jurídicas, que ven un trasfondo relevante. Para empezar, se trata de un auto por el que resuelve sobre el recurso de la acusación popular Manos Limpias contra la decisión del juez de Palma José Castro de no imputar a Iñaki Urdangarin, ni a Diego Torres, ni a su esposa,Ana María Tejeiro, por un delito de blanqueo. El magistrado no quiso incluirles este delito al considerar que sería autoblanqueo y este delito no fue incorporado en el Código Penal hasta 2010, antes de la comisión de los hechos.

Primer varapalo de la Sala a Castro: el autoblanqueo ya estaba reconocido por jurisprudencia del Tribunal Supremo antes de 2010 y, por tanto, sí que se les podría haber imputado este delito, que supondría una pena de hasta seis años de cárcel. Ahora bien, rechaza el recurso de Manos Limpias porque considera que no ha relatado los hechos constitutivos de blanqueo. Es decir, el recurso no aporta pruebas y, por tanto, no se debe admitir.

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Iñaki Urdangarin (Efe)
Abre la puerta al blanqueo de Urdangarin y Torres

El tribunal establece una diferencia: que el blanqueo tenga como delito antecedente el delito fiscal o la malversación. Para el primer supuesto no es tan sencillo que se cometa, porque el blanqueo precisa un origen delictivo como causa de la incorporación del dinero al patrimonio del sujeto. Es decir, no sirve que la cuota que se deja de ingresar a la Hacienda Pública al no declarar estuviera ya en el patrimonio de la persona investigada. Y por tanto, cuando lo único que se hace es disfrutar de los fondos no declarados a Hacienda pero que provienen de actividad lícitas, ese delito sería el de receptación, y la Sala ya advierte que en este caso ya estaría prescrita.

Otra cosa es que el blanqueo de Urdangarin y su socio provenga de la presunta malversación que cometieron al recibir contratos de manera ilícita de los gobiernos balear y valenciano. En ese caso el dinero blanqueado tiene un claro origen ilícito. Así que, según fuentes jurídicas, este auto abre la puerta a que durante el juicio, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones, puedan solicitar la condena para ambos por un blanqueo procedente de la malversación cometida y que Castro no les ha imputado al pensar que la ley no se lo permitía.

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El juez Castro. (Efe)
La acusación de blanqueo atribuida a la Infanta, muy débil

Según diversas fuentes jurídicas, si se analiza este auto junto al de imputación de Castro, se vislumbra que la imputación por un delito de blanqueo a la Infanta está construida sobre una base muy débil. Para empezar, es clave tener presente que para que se pueda cometer este delito el primer requisito es quehay que tener un conocimiento de que el dinero presuntamente blanqueado tiene una procedencia ilícita.

Esto deja fuera el blanqueo de Cristina de Borbón procedente de la malversación cometida por su marido. Aunque Castro insistiese en su auto de transformación en procedimiento abreviado, (por el que daba por concluida la instrucción del caso Nóos) que la hermana del rey Felipe VI tenía que saber que el dinero que recibía Urdangarin en el Instituto Nóos era de procedencia delictiva, esta misma Sala ya le dijo al juez que esto no era así.

En mayo de 2013, la Audiencia Provincial de Palma ordenaba a Castro que retirara la imputación de Cristina de Borbón como cooperadora de todos los delitos cometidos por su marido, entre ellos el de malversación. En esa resolución, el tribunal aseguraba que no había indicios “vehementes” de que la Infanta “conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos”.

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El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres Pérez, y su esposa. (Efe)
Desconocía el origen ilícito

Si la hija de Don Juan Carlos no conocía la malversación de su marido, jamás podría haber cometido un delito de blanqueo. Por tanto, sólo queda como delito antecedente el fiscal. Ahora bien, no puede ser el delito fiscal suyo y por el que también está imputada, porque en ese caso sería autoblanqueo. Y precisamente Castro no imputó este delito al resto al entender que en el momento de su comisión no estaba recogido en el Código Penal y, por tanto no son responsables.

Así que sólo queda que la Infanta cometiese el blanqueo por el delito fiscal de su marido. En su auto de imputación definitiva, Castro apuntaba a que la Infanta podría ser responsable de usar el dinero defraudado por Urdangarin en el IRPF de 2007 y 2008. Si se aplica el último auto de la Sala, para que se le pueda imputar, tendría que saber que su marido había omitido en su declaración de la Renta una serie de ingresos, que existiera un incremento de patrimonio delictivo, y que ella lo hubiera usado con el objeto de ocultarlo a la Hacienda. Y con todo ello, que haya hechos y pruebas que lo demuestren.

Esta incógnita deberán resolverla los tres magistrados que componen la Sala en el momento de estudien el auto de imputación de Cristina de Borbón.
 
Empieza el show

Una sala experta en corrupción dirime el futuro de la infanta Cristina
La Audiencia ya apreció indicios de delito por ser dueña de la empresa que defraudó a Hacienda
ANDREU MANRESA / JOSÉ MANUEL ROMERO Palma de Mallorca / Madrid 8 SEP 2014 - 17:22 CEST13
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Enviar a Tuentidel juicio por el caso Nóos y las razones del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, para negarse a la imputación de la hermana del Rey.

La sala segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca resolverá este mes el paso previo y crucial para la celebración de un juicio que pone bajo sospecha a la institución monárquica tras más de dos años de una investigación judicial que por primera vez en la historia reciente de España situó la lupa sobre la familia real.

Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe, tejió durante años una red empresarial basada en el tráfico de influencias con la que ganó más de 10 millones de euros, según la investigación judicial. Los negocios de Urdangarín se basaron, según sostiene tanto el juez como el fiscal que impulsaron esta causa, en el fraude continuado a la administración pública. Los gobiernos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana colaboraron activamente en los negocios de Urdangarin adjudicando a dedo proyectos millonarios a la trama.

Los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna, que han resuelto la mayoría de los recursos presentados hasta ahora en esa causa, deberán decidir si admiten las alegaciones de Miguel Roca, abogado de la infanta, y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contra la imputación de la hermana del Rey. Gómez-Reino y Juan Jiménez Vidal pertenecen a la progresista asociación Jueces para la Democracia mientras que De la Serna está afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Las decisiones de esta sala, en la que trabajan otros tres magistrados a los que podría corresponder también el estudio de alguno de los 14 recursos presentados, suelen ser rápidas e imprevisibles.

El juez pide el procesamiento de la infanta Cristina
Es la misma sala que hace más de un año suspendió la imputación de la infanta que había decidido el juez Castro aunque en la misma resolución le abrió otra puerta y marcó el camino para volver a imputar a la hermana del Rey. Un camino que recorrió durante meses el instructor para volver a incluirla en la lista de 14 imputados que deberán sentarse en el juicio.

Esta sala segunda ha resuelto en los dos últimos años numerosos recursos contra distintas decisiones del juez Castro relacionados con el caso Nóos, un procedimiento que acumula ya más de 130.000 folios en el sumario. La inmensa mayoría de las veces, los tres magistrados han avalado con sus decisiones la instrucción de Castro.

Una de sus resoluciones rechazó la petición de imputación de la infanta Cristina por parte de Manos Limpias, personada en la causa como acusación popular, en julio de 2012, cuando el juez José Castro no veía indicios suficientes para actuar contra la hermana del Rey. La Audiencia utilizó en esa ocasión argumentos jurídicos que el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, repite ahora para descartar la actuación contra la infanta.

En abril de 2013, la Audiencia tuvo que resolver un recurso, en este caso de la Fiscalía, contra el auto del juez Castro donde consideraba que ya había datos suficientes en la causa para citar a la infanta como imputada. La Sala Segunda, por dos votos a uno, estimó que los motivos que el instructor detallaba para la imputación eran insuficientes para la imputación, pero abrió una vía distinta para poder actuar contra Cristina de Borbón por delito fiscal y de blanqueo de capitales.

Muchos de los beneficios obtenidos supuestamente de manera ilícita por Urdangarín fueron ingresados en las cuentas de la empresa Aizoon, que compartían a partes iguales los Duques de Palma. Y de esa cuenta, ambos sacaron dinero para gastos particulares.

Fallo imprevisible
Los tres magistrados que han resuelto los recursos relacionados con la infanta Cristina no tienen un criterio único. En su último pronunciamiento (abril de 2012) suspendieron la imputación de la Infanta por dos votos a uno

Diego Gómez-Reino. Presidente de la sala. Afiliado a Jueces para la Democracia (JpD). Ha acreditado como magistrado celeridad en las causas que tramita.

Juan Jiménez Vidal. Fue juez de lo social y antes abogado laboralista, tras militar en grupos antifranquistas. Afiliado a JpD, firmó en mayo de 2013 el voto particular en favor de la imputación de la Infanta.

Mónica de la Serna. Pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Actuó de ponente de una sentencia que anuló las escuchas y registros y que dejó sin condena a los capos de una banda de narcos.

Este hecho puso en alerta a la Audiencia Provincial, que señaló hace año y medio en su resolución: "Estimamos que no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta recurrente".

En su pronunciamiento, detallaban las razones por las que creían que la infanta Cristina había tenido una cierta participación en los hechos investigados: "Aunque Iñaki Urdangarín era el administrador de Aizoon —y suponiendo que fuera el perceptor real de las rentas no declaradas, pues no olvidemos que no es él quien factura y no hay contratos firmados de asesoramiento ni de consultoría—, la Infanta tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social y por tal motivo podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008".

"Si bien la Infanta podía desconocer que el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que provenía de un delito de malversación o de fraude (siempre antes de marzo de 2006), lo que resulta más dudoso es que desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda pública ya que el Instituto Nóos, aunque declaraba, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como asociación sin ánimo de lucro, pero en realidad no lo era ya que operaba como auténtica entidad mercantil".

En sus conclusiones, la Audiencia dejó manos libres al juez para continuar con sus pesquisas: "Desde el momento en que del informe de la Agencia Tributaria se desprenden indicios de delito por la constitución de la sociedad Aizoon, que habría supuestamente permitido cometer defraudación en cantidad superior al delito fiscal, ha de determinarse —y esto lo tiene que decidir el Juez y no ser una conclusión de la Agencia Tributaria— si en dicha ilegal constitución tuvo alguna participación la Infanta".
 
jajaja como si no supieramos cual es el futuro de la elefanta, desde ya tiene un presente magnifico, no da palo al agua y tiene una vida de reina, llena de privilegios.... su futuro será el mismo, eso lo sabemos todos.
 
No se, cada vez que leo el titulo de este hilo me parece mas ironico. -Tristemente-:AVANCE del Caso NOOS. Pues poco parece que avance. Mejor esperar sentados.
 
http://www.lavozlibre.com/noticias/...-archiva-la-imputacion-de-la-infanta-cristina


CASO NÓOS


La Audiencia decidirá por segunda vez si archiva la imputación de la Infanta Cristina


DEJÓ SIN EFECTO SU ENCAUSAMIENTO EN ABRIL DE 2013 PERO ABRIÓ LA VÍA PARA QUE FUESE INVESTIGADA POR FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES


Europa Press

martes, 09 de septiembre de 2014, 19:16

Palma de Mallorca.- La Audiencia Provincial de Baleares deberá decidir por segunda vez si archiva la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos.

El tribunal, sin embargo, abrió la vía para que la Duquesa de Palma fuese investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La decisión irá nuevamente a cargo a cargo de la Sección Segunda y se producirá en próximas semanas. Los magistrados de la Sala determinarán de este modo si la Infanta y otros doce imputados deben sentarse en el banquillo de los acusados.

Fue precisamente hace casi tres años cuando el nombre de la Infanta apareció en el foco de las investigaciones, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa es copropietaria junto a Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte de Nóos de las Administraciones públicas. El hecho de que la hermana del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

Más en concreto, la vinculación de la Infanta en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa. La acusación popular consideraba, en base a los datos reunidos hasta entonces, que la Infanta pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos de Baleares y la Comunidad Valenciana -unos 5,9 millones de euros- y, por tanto, encubridora, cómplice o cooperadora necesaria de la actuación irregular del Duque, quien ya había sido imputado mes y medio antes por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

No obstante, el 5 de marzo el juez José Castro rechazó imputarla, alegando, al igual que había argumentado la Fiscalía, que hasta entonces no había aparecido ninguna prueba contra ella que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera. El sindicato recurrió la decisión ante la Audiencia, que confirmó la resolución del magistrado. Esto no impidió que los interrogatorios por parte de Castro continuasen su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.

De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades. Según Hacienda, durante 2007 y 2008 el Duque habría defraudado al fisco hasta un total de 337.138 euros al utilizar a Aizoon como 'pantalla'.


TORRES APUNTA A LA INFANTA

El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, también encausado. La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos. De este modo, sostenía que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque y su exsocio no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro. El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.


INVESTIGACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS E INMUEBLES DE LA INFANTA

Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad. Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares.

Las pesquisas derivaron en una segunda imputación de la Infanta, quien fue finalmente interrogada el pasado 8 de febrero. Los argumentos vertidos por la Infanta, quien se refugió en la confianza que tenía en su esposo, no convencieron sin embargo al juez Castro, quien, en el auto por el que puso fin a la instrucción del caso Nóos, el pasado 25 de junio, mantenía imputada a la Duquesa al alegar la existencia de "sobrados indicios" de que la Infanta intervino "lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido", beneficiándose además de los fondos "ilícitamente ingresados" por Aizoon procedentes de Baleares y la Comunidad Valenciana.

En su resolución, conocida como auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado señalaba de forma tajante cómo la Infanta intervino "activamente" en el "vaciado de fondos" de Aizoon, y recalcaba que debe ser el tribunal que juzgue la causa el que valore si la Infanta actuó de forma irregular "por veneración o amor" a su marido.
 
http://www.lavozlibre.com/noticias/...la-audiencia-el-futuro-judicial-de-la-infanta


'CASO NÓOS'
El juez Castro deja en manos de la Audiencia el futuro judicial de la Infanta
TENDRÁ QUE DECIDIR SI LA HERMANA DEL REY DEBE IR AL BANQUILLO
Europa Press
martes, 09 de septiembre de 2014, 12:48

Palma de Mallorca.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dejado este martes en manos de la Audiencia Provincial de Baleares la decisión definitiva sobre si la Infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y otros imputados del caso Nóos deben sentarse en el banquillo de los acusados, tras haber elevado a este órgano judicial los recursos interpuestos por todos ellos contra el mantenimiento de su imputación en la causa.

En concreto, será el tribunal de la Sección Segunda el encargado de deliberar al respecto y resolver el futuro procesal de la hermana del Rey Felipe VI. La Sección está compuesta por seis magistrados: cuatro titulares (su presidente, Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Ana Cameselle) y dos de refuerzo (una sustituta y otro de adscripción territorial).

Los recursos sobre los que la Sala deberá pronunciarse son los interpuestos por los Duques de Palma; el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro; Jaume Matas; los excaltos cargos de la Generalitat Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Del mismo modo, también han sido elevados a la Audiencia los recursos formulados por la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, acusaciones en el caso Nóos.

Pasadas las 12.00 horas, un funcionario del Juzgado del que Castro es titular ha salido de las dependencias de Vía Alemania con los recursos en un disco duro para llevarlos a la Audiencia, momento que ha sido fotografiado por los medios de comunicación congregados.

Tras la resolución de las impugnaciones, las acusaciones del caso -Fiscalía Anticorrupción, Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- dispondrán de diez días -excepto en caso de que la Audiencia amplíe el plazo- para presentar su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

Las impugnaciones fueron presentadas, en concreto, contra el auto por el que el pasado 25 de junio Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos, y en el que decretó que continuase el proceso penal contra 16 imputados de cara a ser juzgados por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la actividad del Instituto Nóos, liderado entonces por el Duque de Palma y su exsocio.

El fiscal Pedro Horrach fue el primero en impugnar la resolución, mediante un recurso en el que recriminaba al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

La dureza del escrito, de más de 60 páginas, llevó a Castro a emplazar a Horrach a interponer contra él "una querella por prevaricación" si "cree lo que escribe" en su recurso, al aseverar que en él hay "claras imputaciones de que he prevaricado".

Por su parte, la Infanta considera en su recurso que Castro ha querido "mantener a toda costa" su imputación por blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que "la mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la Ley".


LA INFANTA CREE QUE CASTRO "HA FORZADO" LOS DELITOS QUE LE IMPUTA

Según la defensa de la hermana del Rey, sólo así se explica que indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes o exculpatorios ahora la incriminen, y creen que el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo "más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones".

Mientras tanto, el abogado de Urdangarin defiende que si éste logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido "deportista de alto nivel" y "no sólo" por su condición familiar en la Casa Real. "Es cierto, sí, mi mandante, por matrimonio, desde el año 2004 era yerno del Rey de España y ahora es cuñado del Rey de España, pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional", añadía.


TORRES: "TODO ESTABA VALIDADO POR LOS MÁS ALTOS ASESORES DEL ESTADO"

También Torres y su mujer recurrieron el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, en el que la defensa del matrimonio defiende la gestión llevada a cabo al frente de Nóos, puesto que "absolutamente nada de aquello en lo que intervino" el Duque de Palma, "directa o indirectamente, estaba dejado de la mano", sino que "todo se hacía con luz y taquígrafos, y estaba velado, validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado".

La defensa de Jaume Matas, mientras tanto, alega que la presencia de Urdangarin en el Instituto Nóos aconsejaba la contratación de esta entidad para la celebración de dos foros de turismo y deporte en Palma, si bien asegura que desconocía que hubiera "ánimo de lucro" por parte de los organizadores del proyecto.


RECURSOS DE MANOS LIMPIAS Y CONCEJALES SOCIALISTAS DE VALENCIA

En lo que a las acusaciones del caso se refiere, Manos Limpias, que ejerce la acción popular en la causa, pide que se impute de nuevo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga -para quien Castro archivó las investigaciones-, al considerar que participó "activamente" en los negocios desplegados a través de Nóos a través de una labor de "control y conocimiento de todo lo que se hacía".

Finalmente, los socialistas de Valencia recurrieron la resolución judicial a fin de que volviera a abrirse la causa contra el vicealcalde de la ciudad y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, al considerar que la decisión de que la FTVCB financiara el denominado Valencia Summit "fue exclusivamente del señor Grau", una conducta de la que "se desprenden indicios de malversación de caudales públicos".
 
Gracias @Claudette subo otra fuente Lo mismo pero de rtve.es

El juez Castro eleva a la Audiencia de Palma los recursos contra la imputación de la infanta Cristina
  • También ha elevado los recursos de otros encausados en el caso
  • Y ha dado traslado asimismo de impungaciones de las partes personadas
El juez del caso Nóos, José Castro, ha elevado este martes a la Audiencia de Palma los recursos presentados por las acusaciones y las defensas de los encausados, entre ellos los dos que plantean la exoneración de la infanta Cristina, a la que atribuye fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Tanto la defensa de la hermana del rey Felipe VI como la Fiscalía Anticorrupción abogan en sus recursos por la anulación de las imputaciones que el instructor mantiene sobre ella, por lo que queda en manos del tribunal provincial decidir si hay indicios suficientes para que sea sometida a juicio.

Castro también traslada a la Audiencia de Palma la impugnación en la que el sindicato Manos Limpias, personado en la causa como acusación popular, argumenta a favor de las tesis del juez y sostiene que la infanta ha de ser juzgada como presunta autora de delitos fiscales en 2007 y 2008 y por blanqueo de capitales.

El juez instructor ha trasladado igualmente a la Audiencia el resto de recursos e impugnaciones presentados por las partes, entre ellos los que piden la desimputación de otros encausados relevantes en la presunta trama corrupta como Iñaki Urdangarin; su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y el expresidente del Govern balear Jaume Matas.

Castro ha llegado poco antes de las 11.00 horas a los juzgados de Palma para dictar la providencia en la que ordena el traslado de los recursos y, preguntado por los periodistas sobre si confía en que la Audiencia respalde sus imputaciones ha afirmado: "No soy adivino".

Un proceso que afronta su fase final antes del juicio
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma ha asegurado que el de este martes es "un trámite más" dentro de un proceso que ha sido largo "para todos" y que afronta ahora su fase final antes del juicio que dilucidará las responsabilidades penales.

Un funcionario del juzgado de instrucción 3 de la capital balear ha trasladado físicamente el conjunto de la causa, pieza 25 del macrosumario del caso Palma Arena, recogido en una memoria digital.

En el auto con el que cerró la instrucción el pasado 25 de junio, Castro aboga por que se juzgue a la hermana del rey, su marido y a otras catorce personas implicadas en una supuesta trama corrupta que presuntamente se apropió ilegalmente de fondos públicos.

Apenas 24 horas después de que el juez hiciera público ese auto de pase a procedimiento abreviado, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentó un recurso en el que rebatía la imputación de la infanta Cristina.

Mientras que el instructor de la causa aprecia "sobrados indicios" de que la infanta se lucró con fondos procedentes de las actividades irregulares del Instituto Nóos y colaboró de forma "silenciosa" en las prácticas corruptas de su marido, Horrach entiende que Castro actúa a partir de "meras conjeturas" influido por los medios de comunicación.

La fuerza jurídica de los argumentos de uno y otro, que tras años de fructífera colaboración contra la corrupción han protagonizado un agrio enfrentamiento a causa de la imputación de la infanta, será evaluada por la sección segunda de la Audiencia de Palma.

Seis magistrados decidirá el futuro judicial de la infanta
En manos de los seis magistrados de este tribunal (cuatro titulares y dos de refuerzo), el mismo que señaló a Castro el camino de la investigación sobre la posible participación de la infanta en fraude fiscal y blanqueo tras rechazar imputarla por otros delitos, quedará el futuro judicial de doña Cristina.

Contra la imputación recurrió también la defensa de la hermana del rey Felipe, que argumentó que de la investigación no se habían derivado indicios suficientes para llevar a su cliente a juicio.

En los días siguientes a que Castro resumiera las pruebas acumuladas durante la instrucción y señalara a los 16 presuntos responsables también presentaron recursos, ya fuera de reforma ante el propio juez o de apelación dirigido a la Audiencia, Urdangarin; su socio en Nóos, Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, y el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, entre otros imputados.

Igualmente recurrieron, en su caso para reclamar más imputaciones, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado como acusación particular.

En medio de estos trámites, el 3 de julio el fiscal Horrach informó al juez instructor de que el contable del instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, le había confesado que Urdangarin y Torres urdieron una trama corrupta para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares y la Comunidad Valencia.

Castro decidió entonces citar al arrepentido para el 12 de julio, pero su defensa aseguró que no tenía intención de declarar y el magistrado suspendió la comparecencia.

El juez, que optó por no tomar en consideración la confesión de Tejeiro, rechazó el 17 de julio los recursos de reforma y el día 30 dio cuenta de todos los recursos de apelación a las partes, que tienen hasta el próximo lunes (tras el paréntesis de agosto) para alegar lo que consideren antes de trasladarlos a la Audiencia para que confirme o corrija las imputaciones que propone el instructor.

Una vez resuelva la Audiencia, las partes acusadoras tendrán que presentar sus escritos de acusación para proponer qué personas quieren que sean encausadas, por qué delitos y qué penas solicitan para ellas. Las defensas también plantearán sus argumentos y, a partir de estos escritos, el juez instructor dictará el auto de apertura de juicio oral.
 
Si es cierto lo que reflexionan en este artículo va a pasar lo mismo que la vez anterior, nada. Creo que es más o menos o que hemos venido pensando, incluyendo el Primo.

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/09/10/hacienda-ve-cosas-favor-infanta/960642.html



Hacienda ve las cosas a favor de la infanta
El juez Castro eleva a la Audiencia los 14 recursos del caso Nóos. La Abogacía del Estado no ve indicios de delito en la actuación de Cristina de Borbón y resalta que el matrimonio no implica complicidad fiscal
10.09.2014 | 06:50

Llorenç Riera

Cristina de Borbón vuelve a estar en manos de la Audiencia Provincial. El juez Castro ha elevado a esta instancia superior los 14 recursos presentados sobre las imputaciones practicadas en el caso Nóos, especialmente por lo que respecta a la hermana del rey.

En su día, la Audiencia, tras los primeros recursos, dictaminó que sólo había lugar a la indagación procesal de eventuales responsabilidades penales, por lo que respecta a las responsabilidades tributarias de Cristina de Borbón. Este es el camino claro que se marcó al instructor Castro y el que, fiel a su tónica de comportamiento profesional, ha seguido el magistrado. Ha cosechado abundante documentación en el trayecto y, como es público y notorio, más de una incidencia.

Prácticamente sólo el juez instructor y el sindicato Manos Limpias sostienen a día de hoy que hay lugar a la imputación de causas penales a la infanta por su actuación –o por dejar hacer en su nombre– en el entramado de Nóos y su participación societaria en Aizoon. Todas las miradas quedan sobre una Audiencia Provincial que deberá evaluar, con especial precisión, por mero efecto de la trascendencia pública, el trabajo que ella misma encomendó.

El fiscal no acusa en este asunto, ya se sabe. Sostiene que el juez ha cogido especial manía a Cristina de Borbón por ser ella quien es. Pero no es, ni mucho menos, la única parte significativa del proceso que en el ejercicio –libre o jerárquico, igual da para el caso– se decanta por la exculpación de la Infanta. La tendencia siguen siendo la de gravarlo casi todo sobre las espaldas de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Por eso, entre los 14 recursos presentados, figuran los redactados por sus respectivos letrados. Desde la posición de las partes, parece que se ha entrado en una prueba de resistencia para determinar quien acaba teniendo mayor capacidad de influencia. Uno de los aspectos más llamativos de la situación actual está en las tesis que ha acabado sosteniendo la Abogacía del Estado personada en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria.

Que estés casada con un presunto delincuente fiscal, no significa, necesariamente, que tu también lo seas. Este es uno de los principales argumentos utilizados por la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolors Ripoll, para exculpar a Cristina de Borbón y a Ana Maria Tejeiro, la mujer de Diego Torres.

Si todas la interpretaciones fiscales que se hacen en España pasaran por el mismo filtro, la realidad tributaria sería muy diferente de la actual. En el caso de Cristina de Borbón se interpreta el matrimonio como atenuante incluso por lo que respecta al accionariado de sociedades compartidas y no comporta señal de alarma alguna el hecho de que se haya cargado a Aizoon suculentos gastos privados abonados con fondos cuando menos opacos. Ni la circunstancia de que se alquilara a la sociedad la casa de Pedralbes, en Barcelona. Cargar gastos privados no es delito contra la Hacienda Pública, alega Dolors Ripoll y da por supuesto que tales detalles ya se verán, cuando sea oportuno, por el procedimiento adecuado. La Audiencia Provincial dirá
 
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