El caso Gregory tiene aún más dolor
Grégory Villemin, un niño de cuatro años, murió asesinado el 16 de octubre de 1984. El juez que investigó el caso, Jean-Michel Lambert, se suicidó, abrumado de frustración y rabia, el 11 de julio de 2017. Entre ambas muertes transcurre una historia atroz y aún no finalizada: casi 33 años después de que el pequeño cadáver de Grégory apareciera en un río, no hay culpables. Sólo víctimas, odio, violencia y vidas quebradas.
Conviene conocer ciertos antecedentes antes de comenzar el relato. Los Vosgos, un departamento de la Lorena montañoso y abundante en bosques, fueron alemanes desde 1871 y franceses desde 1919. Durante la primera mitad del siglo XX, la escasa población de la zona pasó con rapidez de las pequeñas explotaciones forestales a la industria textil: de campesinos pobres a obreros pobres. La vida era cruel. La gente era cruel. En 1931, Gaston Villemin mató a palos a su hijo primogénito, Etienne, de cuatro años. Meses después, su vecino Léon Jacob preñó a una de sus hijas. Gaston Villemin y Léon Jacob fueron los patriarcas de la familia Villemin-Jacob y los bisabuelos del pequeño Grégory.
Las cosas parecían haber mejorado medio siglo después, en 1981. Jean-Marie Villemin, de 23 años, acababa de ser ascendido al puesto de capataz en una fábrica de componentes automovilísticos y decidió que su mujer, Christine, y su hijo Grégory, de pocos meses, merecían una casa hermosa. Pidió un préstamo y se construyó un chalé en Lépanges-sur-Vologne, su pueblo, una aldea de 924 habitantes junto al río Vologne. Se sentía optimista, aunque supiera que su prosperidad mortificaba a sus tíos, sus primos y sus cuñados. Éstos le exigieron que mantuviera su afiliación al sindicato CGT. Jean-Marie se negó. Uno de sus cuñados, Marcel Jacob, militante comunista y delegado sindical, le retiró el saludo: «Yo no doy la mano a un jefe», proclamó Jacob ante numerosos testigos.
Poco después, con la casa aún en obras, empezaron las amenazas anónimas. Eran cartas y llamadas telefónicas. Un día, alguien rompió una ventana. Otro día pincharon los neumáticos del coche de Jean-Marie. El 16 de octubre de 1984, martes, Christine Villemin salió a las cinco de su trabajo en una fábrica textil, recogió a su hijo Grégory en la guardería y fue a casa. Ella se puso a planchar y Grégory se quedó en el jardín, jugando con un montón de arena. Sobre las 5:30 de la tarde, Christine salió a buscar a Grégory. No lo encontró.
Mientras Christine buscaba a su hijo, uno de los hermanos de su marido, Michel, recibió una llamada telefónica. Escuchó una voz masculina distorsionada: «Te llamo a ti porque al lado [en la casa de Jean-Marie y Christine] no responden. Me he vengado del jefe y he secuestrado a su hijo. Lo he estrangulado y lo he arrojado al Vologne. Su madre le busca pero no lo encontrará. Mi venganza está cumplida».
El cuerpo del niño fue hallado en un recodo del río, a unos siete kilómetros de distancia de la casa de los Villemin, poco después de las 9 de la noche. Estaba atado de pies y manos.
Esa misma tarde, alguien envió una carta a Jean-Marie Villemin. La carta llegó al día siguiente. Decía: «Espero que mueras de pena, jefe. Tu dinero no te devolverá a tu hijo. He aquí mi venganza, pobre idiota».
El caso quedó en manos del juez Jean-Michel Lambert, 32 años, novato y abrumado de trabajo. Era el único juez de la Prefectura de Los Vosgos. Tenía sobre su mesa 229 casos pendientes. Lambert hizo una instrucción pésima: encargó una autopsia superficial, para que el cadáver del niño fuera «devuelto a sus padres en condiciones dignas», permitió al vecindario que merodeara por la escena del crimen, reveló a los periodistas secretos del sumario. Creía que se trataba de un caso fácil porque sospechó desde el primer momento de los familiares de Jean-Marie y creyó que bastaría una prueba grafológica de los anónimos para descubrir al culpable. En cuanto un experto le dijo que la escritura «podría corresponder» a Bernard Laroche, sobrino del sindicalista Marcel Jacob, ordenó su detención y la de su esposa, Marie-Ange.
Cambio de declaración
Tres días después de la detención, el 2 de noviembre, la cuñada de Laroche, Murielle Bolle, de 15 años, fue interrogada por los gendarmes e hizo una declaración sensacional: dijo que había acompañado a Bernard y al hijo mayor de éste, Sébastien, hasta «una casa de Lépanges-sur-Vologne», que habían recogido a un niño, que Bernard Laroche había conducido unos kilómetros hasta un lugar junto al río, que había descendido del coche con el niño y que había vuelto sin él. El juez Lambert consideró que el caso estaba prácticamente cerrado.
Bernard Laroche fue inculpado el 5 de noviembre. Al día siguiente, la familia Jacob convocó a la prensa. Ante los periodistas, la joven Murielle proclamó que nunca había acompañado a su cuñado a ninguna casa, que no sabía nada del asunto y que Bernard Laroche era inocente. El juez y los gendarmes sospecharon que Murielle había sido presionada por la familia para que cambiara la declaración, pero, sin el testimonio de la muchacha y sin más indicios que una prueba grafológica, la investigación quedó paralizada. Contra la opinión del fiscal, el juez Lambert ordenó, el 4 de febrero de 1985, que Laroche fuera puesto en libertad. Ese mismo día, Jean-Marie, el padre de Grégory, anunció a la revista Paris-Match su propósito de matar a Laroche.
A estas alturas, la prensa había enloquecido con el caso. Unos y otros, los Villemin y los Jacob, vendían exclusivas para pagar a los abogados. Cada día se publicaba un nuevo detalle sórdido, una nueva fotografía morbosa, una nueva hipótesis.
El 29 de marzo de 1985, Jean-Marie Villemin cumplió su amenaza. Cargó su escopeta de caza, acudió a casa de Bernard Laroche (al que el juez había denegado escolta policial) y lo mató a tiros. Luego se entregó a los gendarmes. El 5 de julio, con Jean-Marie en prisión a la espera de juicio por homicidio, el juez Lambert acusó a la esposa, Christine, embarazada de seis meses, de haber asesinado a su propio hijo. Dos testigos decían haber visto a Christine en la oficina de Correos desde la que se envió la carta anónima de reivindicación, se había hallado en casa de los Villemin un cordel idéntico al utilizado para atar al pequeño Grégory y una nueva prueba grafológica indicaba que la madre «podría haber escrito» los anónimos.
Guerra mediatice
El furor de la prensa se contagió entonces a la intelectualidad. Una de las más prestigiosas escritoras francesas, Marguerite Duras, publicó en el diario de izquierdas Libération un artículo delirante bajo el título Sublime, forzosamente sublime Christine V., en el que daba por hecha la culpabilidad de la madre y a la vez la exculpaba, atribuyendo la responsabilidad a «la cultura machista» de la región. Otros escritores, como Françoise Sagan, criticaron con gran ferocidad a Duras, que nunca se arrepintió del artículo.
Los padres de Grégory escribieron al presidente de la República, François Mitterrand, para pedirle que el juez Lambert fuera apartado del caso. El 23 de abril de 1986, el sumario fue asignado a un juez más veterano, Maurice Simon, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Dijon. Simon podría ser considerado otra víctima del caso: al poco tiempo sufrió un infarto, entró en coma y, aunque logró recuperarse físicamente, quedó afectado por una profunda amnesia.
Jean-Marie Villemin, aún a la espera de juicio, fue puesto en libertad provisional el 24 de diciembre de 1987. Él y su esposa, también en libertad provisional a la espera de juicio, se trasladaron a Étampes, una población cercana a París, donde siguen viviendo hoy con los tres hijos que tuvieron después del asesinato de Grégory. Jean-Marie fue condenado a cinco años en 1993 por el homicidio de Bernard Laroche, pero no volvió a prisión porque los 33 meses cumplidos previamente se consideraron suficientes. También en 1993, el Tribunal de Apelación de Dijon exoneró por completo a Christine y señaló en su sentencia que «la investigación fue difícil por la insuficiencia de las actuaciones judiciales iniciales, los errores de procedimiento, la rivalidad entre la policía y los gendarmes, los enfrentamientos entre especialistas y la mediatización extrema de este caso misterioso».
Sumario reabierto
El juez Lambert, al que la sentencia calificaba de «funambulista intelectual», se había tomado un año sabático tras ser apartado del caso para escribir un libro, El pequeño juez, en el que describía su angustia y lanzaba una enigmática sospecha sobre una mujer de «encanto extraño e indescriptible» que, según él, sería inculpada un día u otro. Después, asignado a un juzgado de Le Mans, se aficionó a escribir novelas policíacas de discreto éxito.
El caso podría haber acabado ahí. En 2001 y 2009 se reabrió el sumario para realizar unas pruebas de ADN que resultaron infructuosas. Tanto Marie-Ange Laroche, la viuda de Bernard (30.489 euros), como Murielle Bolle (15.244 euros) y el matrimonio Villemin (35.000 euros cada uno) percibieron indemnizaciones por instrucción judicial deficiente. Poco a poco, los franceses olvidaron al pequeño Grégory.
Hasta mayo de 2017, cuando en el registro de la iglesia católica de Lépanges-sur-Vologne se halló una antigua inscripción manuscrita: «Fue Bernard L. quien mató a Grégory, yo estaba con él». La firma era de Murielle Bolle y llevaba la fecha del 13 de mayo de 2008. La policía reabrió discretamente el caso y recurrió a un programa informático recién estrenado, el AnaCrim, que permite cruzar todos los datos disponibles en una investigación y detectar posibles incoherencias.
El 14 de junio pasado fueron detenidos Marcel Jacob, el sindicalista que llamaba despectivamente «jefe» a su sobrino Jean-Marie Villemin, y su esposa, Jacqueline Jacob-Thuriot. Tenían ya 73 y 72 años. También fue detenida Ginette, la ex mujer de Michel Villemin, hermano ya fallecido de Jean-Marie. Se les acusó de secuestro y complicidad en asesinato. Ambos invocaron su derecho a permanecer en silencio. Dos semanas más tarde, el 29 de junio, también fue detenida Murielle Bolle. Un primo de Bolle dijo haber asistido, en 1984, a una terrible reunión familiar en la que los padres y los tíos de Murielle la golpearon y vejaron hasta conseguir que se retractara de su acusación contra Bernard Laroche. Murielle lo negó todo. Los tres quedaron en libertad provisional en julio, sin haber dicho una palabra.
El 17 de junio, el pequeño juez Lambert había declarado ante las cámaras de France 2 que la reapertura del caso era «insostenible» y que respondía a una «campaña corporativista» para hacer de él «una cabeza de turco». Días después, confesó a un amigo que pensaba con frecuencia en el su***dio.
La botella de whisky vacía
El 11 de julio, una vecina encontró su cadáver, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y una botella de whisky vacía cerca de la mano. Lambert dejó varias cartas, entre ellas una dirigida a su amigo Christophe Gobin, periodista en el diario LEst républicain. Proclamaba su certeza sobre la inocencia de Bernard Laroche, acusaba a la «maquinaria judicial» de querer «la vida de personas inocentes» y calificaba de «infamia los nuevos procesamientos». El caso permanece abierto.
https://www.elmundo.es/cronica/2017/09/09/59b2bb8cca4741a0638b461e.html
Grégory Villemin, un niño de cuatro años, murió asesinado el 16 de octubre de 1984. El juez que investigó el caso, Jean-Michel Lambert, se suicidó, abrumado de frustración y rabia, el 11 de julio de 2017. Entre ambas muertes transcurre una historia atroz y aún no finalizada: casi 33 años después de que el pequeño cadáver de Grégory apareciera en un río, no hay culpables. Sólo víctimas, odio, violencia y vidas quebradas.
Conviene conocer ciertos antecedentes antes de comenzar el relato. Los Vosgos, un departamento de la Lorena montañoso y abundante en bosques, fueron alemanes desde 1871 y franceses desde 1919. Durante la primera mitad del siglo XX, la escasa población de la zona pasó con rapidez de las pequeñas explotaciones forestales a la industria textil: de campesinos pobres a obreros pobres. La vida era cruel. La gente era cruel. En 1931, Gaston Villemin mató a palos a su hijo primogénito, Etienne, de cuatro años. Meses después, su vecino Léon Jacob preñó a una de sus hijas. Gaston Villemin y Léon Jacob fueron los patriarcas de la familia Villemin-Jacob y los bisabuelos del pequeño Grégory.
Las cosas parecían haber mejorado medio siglo después, en 1981. Jean-Marie Villemin, de 23 años, acababa de ser ascendido al puesto de capataz en una fábrica de componentes automovilísticos y decidió que su mujer, Christine, y su hijo Grégory, de pocos meses, merecían una casa hermosa. Pidió un préstamo y se construyó un chalé en Lépanges-sur-Vologne, su pueblo, una aldea de 924 habitantes junto al río Vologne. Se sentía optimista, aunque supiera que su prosperidad mortificaba a sus tíos, sus primos y sus cuñados. Éstos le exigieron que mantuviera su afiliación al sindicato CGT. Jean-Marie se negó. Uno de sus cuñados, Marcel Jacob, militante comunista y delegado sindical, le retiró el saludo: «Yo no doy la mano a un jefe», proclamó Jacob ante numerosos testigos.
Poco después, con la casa aún en obras, empezaron las amenazas anónimas. Eran cartas y llamadas telefónicas. Un día, alguien rompió una ventana. Otro día pincharon los neumáticos del coche de Jean-Marie. El 16 de octubre de 1984, martes, Christine Villemin salió a las cinco de su trabajo en una fábrica textil, recogió a su hijo Grégory en la guardería y fue a casa. Ella se puso a planchar y Grégory se quedó en el jardín, jugando con un montón de arena. Sobre las 5:30 de la tarde, Christine salió a buscar a Grégory. No lo encontró.
Mientras Christine buscaba a su hijo, uno de los hermanos de su marido, Michel, recibió una llamada telefónica. Escuchó una voz masculina distorsionada: «Te llamo a ti porque al lado [en la casa de Jean-Marie y Christine] no responden. Me he vengado del jefe y he secuestrado a su hijo. Lo he estrangulado y lo he arrojado al Vologne. Su madre le busca pero no lo encontrará. Mi venganza está cumplida».
El cuerpo del niño fue hallado en un recodo del río, a unos siete kilómetros de distancia de la casa de los Villemin, poco después de las 9 de la noche. Estaba atado de pies y manos.
Esa misma tarde, alguien envió una carta a Jean-Marie Villemin. La carta llegó al día siguiente. Decía: «Espero que mueras de pena, jefe. Tu dinero no te devolverá a tu hijo. He aquí mi venganza, pobre idiota».
El caso quedó en manos del juez Jean-Michel Lambert, 32 años, novato y abrumado de trabajo. Era el único juez de la Prefectura de Los Vosgos. Tenía sobre su mesa 229 casos pendientes. Lambert hizo una instrucción pésima: encargó una autopsia superficial, para que el cadáver del niño fuera «devuelto a sus padres en condiciones dignas», permitió al vecindario que merodeara por la escena del crimen, reveló a los periodistas secretos del sumario. Creía que se trataba de un caso fácil porque sospechó desde el primer momento de los familiares de Jean-Marie y creyó que bastaría una prueba grafológica de los anónimos para descubrir al culpable. En cuanto un experto le dijo que la escritura «podría corresponder» a Bernard Laroche, sobrino del sindicalista Marcel Jacob, ordenó su detención y la de su esposa, Marie-Ange.
Cambio de declaración
Tres días después de la detención, el 2 de noviembre, la cuñada de Laroche, Murielle Bolle, de 15 años, fue interrogada por los gendarmes e hizo una declaración sensacional: dijo que había acompañado a Bernard y al hijo mayor de éste, Sébastien, hasta «una casa de Lépanges-sur-Vologne», que habían recogido a un niño, que Bernard Laroche había conducido unos kilómetros hasta un lugar junto al río, que había descendido del coche con el niño y que había vuelto sin él. El juez Lambert consideró que el caso estaba prácticamente cerrado.
Bernard Laroche fue inculpado el 5 de noviembre. Al día siguiente, la familia Jacob convocó a la prensa. Ante los periodistas, la joven Murielle proclamó que nunca había acompañado a su cuñado a ninguna casa, que no sabía nada del asunto y que Bernard Laroche era inocente. El juez y los gendarmes sospecharon que Murielle había sido presionada por la familia para que cambiara la declaración, pero, sin el testimonio de la muchacha y sin más indicios que una prueba grafológica, la investigación quedó paralizada. Contra la opinión del fiscal, el juez Lambert ordenó, el 4 de febrero de 1985, que Laroche fuera puesto en libertad. Ese mismo día, Jean-Marie, el padre de Grégory, anunció a la revista Paris-Match su propósito de matar a Laroche.
A estas alturas, la prensa había enloquecido con el caso. Unos y otros, los Villemin y los Jacob, vendían exclusivas para pagar a los abogados. Cada día se publicaba un nuevo detalle sórdido, una nueva fotografía morbosa, una nueva hipótesis.
El 29 de marzo de 1985, Jean-Marie Villemin cumplió su amenaza. Cargó su escopeta de caza, acudió a casa de Bernard Laroche (al que el juez había denegado escolta policial) y lo mató a tiros. Luego se entregó a los gendarmes. El 5 de julio, con Jean-Marie en prisión a la espera de juicio por homicidio, el juez Lambert acusó a la esposa, Christine, embarazada de seis meses, de haber asesinado a su propio hijo. Dos testigos decían haber visto a Christine en la oficina de Correos desde la que se envió la carta anónima de reivindicación, se había hallado en casa de los Villemin un cordel idéntico al utilizado para atar al pequeño Grégory y una nueva prueba grafológica indicaba que la madre «podría haber escrito» los anónimos.
Guerra mediatice
El furor de la prensa se contagió entonces a la intelectualidad. Una de las más prestigiosas escritoras francesas, Marguerite Duras, publicó en el diario de izquierdas Libération un artículo delirante bajo el título Sublime, forzosamente sublime Christine V., en el que daba por hecha la culpabilidad de la madre y a la vez la exculpaba, atribuyendo la responsabilidad a «la cultura machista» de la región. Otros escritores, como Françoise Sagan, criticaron con gran ferocidad a Duras, que nunca se arrepintió del artículo.
Los padres de Grégory escribieron al presidente de la República, François Mitterrand, para pedirle que el juez Lambert fuera apartado del caso. El 23 de abril de 1986, el sumario fue asignado a un juez más veterano, Maurice Simon, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Dijon. Simon podría ser considerado otra víctima del caso: al poco tiempo sufrió un infarto, entró en coma y, aunque logró recuperarse físicamente, quedó afectado por una profunda amnesia.
Jean-Marie Villemin, aún a la espera de juicio, fue puesto en libertad provisional el 24 de diciembre de 1987. Él y su esposa, también en libertad provisional a la espera de juicio, se trasladaron a Étampes, una población cercana a París, donde siguen viviendo hoy con los tres hijos que tuvieron después del asesinato de Grégory. Jean-Marie fue condenado a cinco años en 1993 por el homicidio de Bernard Laroche, pero no volvió a prisión porque los 33 meses cumplidos previamente se consideraron suficientes. También en 1993, el Tribunal de Apelación de Dijon exoneró por completo a Christine y señaló en su sentencia que «la investigación fue difícil por la insuficiencia de las actuaciones judiciales iniciales, los errores de procedimiento, la rivalidad entre la policía y los gendarmes, los enfrentamientos entre especialistas y la mediatización extrema de este caso misterioso».
Sumario reabierto
El juez Lambert, al que la sentencia calificaba de «funambulista intelectual», se había tomado un año sabático tras ser apartado del caso para escribir un libro, El pequeño juez, en el que describía su angustia y lanzaba una enigmática sospecha sobre una mujer de «encanto extraño e indescriptible» que, según él, sería inculpada un día u otro. Después, asignado a un juzgado de Le Mans, se aficionó a escribir novelas policíacas de discreto éxito.
El caso podría haber acabado ahí. En 2001 y 2009 se reabrió el sumario para realizar unas pruebas de ADN que resultaron infructuosas. Tanto Marie-Ange Laroche, la viuda de Bernard (30.489 euros), como Murielle Bolle (15.244 euros) y el matrimonio Villemin (35.000 euros cada uno) percibieron indemnizaciones por instrucción judicial deficiente. Poco a poco, los franceses olvidaron al pequeño Grégory.
Hasta mayo de 2017, cuando en el registro de la iglesia católica de Lépanges-sur-Vologne se halló una antigua inscripción manuscrita: «Fue Bernard L. quien mató a Grégory, yo estaba con él». La firma era de Murielle Bolle y llevaba la fecha del 13 de mayo de 2008. La policía reabrió discretamente el caso y recurrió a un programa informático recién estrenado, el AnaCrim, que permite cruzar todos los datos disponibles en una investigación y detectar posibles incoherencias.
El 14 de junio pasado fueron detenidos Marcel Jacob, el sindicalista que llamaba despectivamente «jefe» a su sobrino Jean-Marie Villemin, y su esposa, Jacqueline Jacob-Thuriot. Tenían ya 73 y 72 años. También fue detenida Ginette, la ex mujer de Michel Villemin, hermano ya fallecido de Jean-Marie. Se les acusó de secuestro y complicidad en asesinato. Ambos invocaron su derecho a permanecer en silencio. Dos semanas más tarde, el 29 de junio, también fue detenida Murielle Bolle. Un primo de Bolle dijo haber asistido, en 1984, a una terrible reunión familiar en la que los padres y los tíos de Murielle la golpearon y vejaron hasta conseguir que se retractara de su acusación contra Bernard Laroche. Murielle lo negó todo. Los tres quedaron en libertad provisional en julio, sin haber dicho una palabra.
El 17 de junio, el pequeño juez Lambert había declarado ante las cámaras de France 2 que la reapertura del caso era «insostenible» y que respondía a una «campaña corporativista» para hacer de él «una cabeza de turco». Días después, confesó a un amigo que pensaba con frecuencia en el su***dio.
La botella de whisky vacía
El 11 de julio, una vecina encontró su cadáver, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y una botella de whisky vacía cerca de la mano. Lambert dejó varias cartas, entre ellas una dirigida a su amigo Christophe Gobin, periodista en el diario LEst républicain. Proclamaba su certeza sobre la inocencia de Bernard Laroche, acusaba a la «maquinaria judicial» de querer «la vida de personas inocentes» y calificaba de «infamia los nuevos procesamientos». El caso permanece abierto.
https://www.elmundo.es/cronica/2017/09/09/59b2bb8cca4741a0638b461e.html
