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Me hace gracia que algunos digan ahora que este gobierno quiere manejar la justicia porque quiere desbloquear una situación que es anticonstitucional, y cuando gobernaba el PP y se escuchaban cosas como: "Esto la fiscalía te lo afina" dicho por el ministro Fdez. Díaz, de Interior, o Cosidó: "podemos manejar la sala segunda del Supremo desde detrás*, en un Whassap, estos que ahora critican tanto, entonces no decían nada.
Ya puede repetirlo hasta la saciedad porque lo que usted dice seguirá siendo falso. La no renovación del Consejo General del Poder Judicial no es inconstitucional, es una anomalía institucional, algo no deseable en modo alguno pero constitucionalmente posible y legalmente previsto, pues mientras no se alcance la mayoría de 3/5 en cada Cámara exigible legalmente (CE-78 y LOPJ), el Consejo sigue operando con plena normalidad y en funciones.
Lo que tiene una pinta pésima es el camino legislativo emprendido por el actual gobierno por vía de proposición de Ley Orgánica para la modificación de la LOPJ. De una parte, el Tribunal Constitucional ya ha establecido que el órgano de gobierno de los jueces no debe determinarse por cuotas políticas, cosa que llevan haciendo el PP y el PSOE desde que tengo memoria; de otra, están las reiteradas advertencias de los organismos internacionales como el TEDDHH en sentencia de junio de 2016 contra Portugal, el Informe GRECO o la reciente sentencia del TJUE contra Polonia.
Por por su contenido y a la vista de lo dicho, y mucho más, la reforma propuesta está abocada a ser declarada inconstitucional. Y no solo eso, es que parece que también contraviene los Tratados UE para ponerle la guinda al pastel.