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Eso es admitir que escribio unos wassaps en los que el lenguaje no era correcto. Yo no se que decian. Tu tampoco.
Azul y Rosa,Jaime Peñafiel.Sábado,24 de Octubre de 2020.
- Autor AMBERS
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Pero a ver. Debes entender que, cuando una persona dice, siento haber utilizado ese lenguaje, no está admitiendo el contenido, que va. Solo el lenguaje utilizado en los mensajes que no existen porque no hay pantallazos. Lo entiendes ahora Coti?Ala, lee un rato, que esto no va de jueces si no de las chocholadas del peñazo
Cosidó, en el foco de la polémica tras su whatsapp a los senadores del PP diciendo que ''controlarán'' la Sala Segunda del Supremo
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha admitido este lunes haber escrito a su grupo, al respecto del pacto con el Gobierno para renovar el CGPJ, que éste permitiría al PP controlar "desde detrás" al Tribunal Supremo. Fue en un mensaje interno de Whatsapp cuya redacción, ha...www.eleconomista.es
Solo por añadir alguna cosita, porque algunas cosas ya dan risa;
LLamar "anomalía" al bloqueo de dos años de la renovación del CGPJ es de traca.
Igual tiene que ver que el actual Consejo se conformó en diciembre de 2013 cuando Rajoy tenía mayoría absoluta y esto se tradujo en que el PP nombró once miembros, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV.
Igual al PP le interesa esta mayoría, aunque siga poniendo como excusa que no quiere que Podemos intervenga en el acuerdo.
Los nombramientos que está haciendo dicho Tribunal, es como si un gobierno en funciones nombrara ministros por cinco años sabiendo que el próximo gobierno será otro.
Si este bloqueo con ese número de miembros y esos nombramientos, lo estuviese haciendo el PSOE, no me quiero ni imaginar los calificativos.
En cuanto al famoso wasap de Cosidó, el propio juez Marchena cuando se hizo público el mensaje, renunció a su nombramiento como presidente del Supremo. Supongo que para dejar claro que a él no lo manejaba el PP, ni Cosidó, ni nadie. Eso que le honra. Y esa es la evidencia (para las que no nieguen las evidencias, claro) de que el wasap existió y tal como se ha escrito.
Pero es igual, ahora vendrán diciendo que si anda como un pato, grazna como un pato y parece un pato, no es un pato si es del PP.
LLamar "anomalía" al bloqueo de dos años de la renovación del CGPJ es de traca.
Igual tiene que ver que el actual Consejo se conformó en diciembre de 2013 cuando Rajoy tenía mayoría absoluta y esto se tradujo en que el PP nombró once miembros, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV.
Igual al PP le interesa esta mayoría, aunque siga poniendo como excusa que no quiere que Podemos intervenga en el acuerdo.
Los nombramientos que está haciendo dicho Tribunal, es como si un gobierno en funciones nombrara ministros por cinco años sabiendo que el próximo gobierno será otro.
Si este bloqueo con ese número de miembros y esos nombramientos, lo estuviese haciendo el PSOE, no me quiero ni imaginar los calificativos.
En cuanto al famoso wasap de Cosidó, el propio juez Marchena cuando se hizo público el mensaje, renunció a su nombramiento como presidente del Supremo. Supongo que para dejar claro que a él no lo manejaba el PP, ni Cosidó, ni nadie. Eso que le honra. Y esa es la evidencia (para las que no nieguen las evidencias, claro) de que el wasap existió y tal como se ha escrito.
Pero es igual, ahora vendrán diciendo que si anda como un pato, grazna como un pato y parece un pato, no es un pato si es del PP.
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Si te molestaras en leer mis mensajes, verias que yo no he negado en ningun momento que existan los wassaps. Solo he dicho que me gustaria leerlos antes de emitir una opinion sobre los mismos.
Algo que parece que os suena a delito de lessa majestad.....
ARNALDO OTEGI
Estrasburgo sentencia que Otegi fue condenado por terrorismo en un juicio que no fue justo
El fallo descarta una indemnización o cualquier otra medida en favor de los cinco afectados
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SILVIA AYUSO
FERNANDO J. PÉREZ
París / Madrid 7 NOV 2018 - 10:56 CET
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acompañado del europarlamentario de ERC Josep Maria Terricabras durante su comparecencia ante los medios hoy en Bruselas. JAVIER ALBISU (EFE) | ATLAS
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)condenó este martes a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune, sobre el intento de reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Herri Batasuna. Estrasburgo ve dudas razonables sobre la imparcialidad de un tribunal de la Audiencia Nacional, que condenó a Otegi en primera instancia a 10 años de prisión en 2011 como dirigente de ETA.
En su sentencia, Estrasburgo da la razón a Otegi y considera que el juicio en la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías al figurar en el tribunal la magistrada Ángela Murillo, que en marzo de 2010 había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior en el que estaba acusado el dirigente abertzale. En aquella vista oral sobre enaltecimiento del terrorismo, Murillo presidenta del tribunal y ponente de aquella sentencia, le preguntó a Otegi si condenaba a ETA, y ante la negativa de este a responder, en uso de su derecho, le espetó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. Esto llevó al Supremo a apreciar un prejuicio en la magistrada y a anular aquel juicio, que fue repetido y en el que Otegi acabó absuelto.
Estrasburgo sentencia que Otegi fue condenado por terrorismo en un juicio que no fue justo
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En su sentencia, Estrasburgo da la razón a Otegi y considera que el juicio en la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías al figurar en el tribunal la magistrada Ángela Murillo, que en marzo de 2010 había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior en el que estaba acusado el dirigente abertzale. En aquella vista oral sobre enaltecimiento del terrorismo, Murillo presidenta del tribunal y ponente de aquella sentencia, le preguntó a Otegi si condenaba a ETA, y ante la negativa de este a responder, en uso de su derecho, le espetó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. Esto llevó al Supremo a apreciar un prejuicio en la magistrada y a anular aquel juicio, que fue repetido y en el que Otegi acabó absuelto.
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Edito. Si es esa sentencia. Un angelito, el muchacho.ARNALDO OTEGI
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)condenó este martes a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune, sobre el intento de reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Herri Batasuna. Estrasburgo ve dudas razonables sobre la imparcialidad de un tribunal de la Audiencia Nacional, que condenó a Otegi en primera instancia a 10 años de prisión en 2011 como dirigente de ETA.
En su sentencia, Estrasburgo da la razón a Otegi y considera que el juicio en la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías al figurar en el tribunal la magistrada Ángela Murillo, que en marzo de 2010 había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior en el que estaba acusado el dirigente abertzale. En aquella vista oral sobre enaltecimiento del terrorismo, Murillo presidenta del tribunal y ponente de aquella sentencia, le preguntó a Otegi si condenaba a ETA, y ante la negativa de este a responder, en uso de su derecho, le espetó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. Esto llevó al Supremo a apreciar un prejuicio en la magistrada y a anular aquel juicio, que fue repetido y en el que Otegi acabó absuelto.
Ser repugnante.....
Última edición:
Si, es la sentencia. Otegui tiene varias. La habia confundido con otra.
Si, profesional de la Administracion de Justicia. Te molesta? Lo parece....
Mesa de Redacción de Joseba Santamaria
El Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de una trama de financiación irregular en el PP durante dos décadas. Un duro varapalo al PP que confirma la dura sentencia emitida hace dos años por la Audiencia Nacional y apuntala la investigación judicial de los denominados papeles de Bárcenas, la Caja B del PP. El Supremo ratifica y avala la demoledora sentencia inicial sobre la trama central del caso Gürtel –un proceso que se ha alargado en el tiempo 11 años–, mediante la que se condenó a los cabecillas de la red corrupta por amplios y graves delitos y se señaló al propio PP, socio histórico de UPN durante todos esos 20 años. Es la enésima constatación de un estado de corrupción generalizado que ha anidado en los cimientos de diversas estructuras institucionales, políticas y económicas que han pervertido la esencia misma del sistema democrático en el Estado español. Queda acreditado que entre 1999 y 2005 las empresas de Gürtel y el PP tejieron un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, 69 y local a partir de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido. Un caso de una gravedad inusitada, porque el beneficio que extrajeron el PP y sus dirigentes de esas actividades delictivas ha supuesto durante años una distorsión del funcionamiento democrático al romper la igualdad entre partidos y no solo, aunque también, durante las campañas electorales. La trama Gürtel es solo una de los numerosos montajes en los que aparece implicado el PP como organización y también buena parte de sus principales dirigentes históricos a partir de 1990 con la llegada de Aznar a la presidencia del partido. Incluido Rajoy, presidente del PP desde 2004 y habiendo sido vicesecretario general desde 1990. Es decir, Rajoy ha estado presente en la alta dirección del partido en todos y cada uno de los casos de corrupción que ha protagonizado el PP. Un gigantesco entramado de hipocresía, cinismo y falsedades que abarca a buena parte de las instituciones del Estado y al poder económico y financiero. Los intereses particulares se han impuesto a la ética democrática y han acabado irrumpiendo en el control de la toma de decisiones políticas y en un asalto indisimulado a los recursos públicos. Este fallo del Supremo sobre Gürtel es sólo uno más: quedan aún otras piezas pendientes de juicio, entre ellas, además, de los papeles de Bárcenas,el listado de los sobresueldos a dirigentes del PP. Que el PP y sus medios afines intenten ahora devaluar el alcance de la sentencia del Supremo no es más que una estrategia desesperada para confundir a la opinión pública. Una pataleta absurda que denota en todo su alcance la falta de moralidad y ética política que inunda el discurso político de la derecha. Que Rajoy califique la sentencia como "reparación moral" a su persona pese al contenido de la misma más que una mentira más es simplemente patético.
YA..........
ADRID Actualizado:03/06/2017 11:57hGUARDAR
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- La operación Lezo salpica Cibeles
- Ignacio González pasará la noche en el calabozo de Tres Cantos tras visitar con la UCO su despacho y domicilio
- ¿A qué se debe el nombre de la «Operación Lezo»?
Ignacio González fue detenido en su domicilio de Aravaca y tras asistir al registro de su chalé y de su despacho profesional fue llevado anoche a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde permanecerá hasta que sea puesto a disposición judicial. También fue arrestado su hombre de confianza en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, que presidió Innasa, filial del Canal en esa zona, entre 2006 y 2016. Ese cargo lo compatibilizó con el de consejero delegado de la editora del diario «La Razón», cuyo presidente, Mauricio Casals, y director, Francisco Marhuenda, están investigados en esta causa. Ese rotativo fue uno de los principales beneficiarios de la publicidad de la empresa pública y en él colabora Ignacio González.
Los miembros de la trama están acusados de organización criminal, administración desleal, blanqueo de capitales y malversación, prevaricación, cohecho, fraude y corrupción en los negocios. Es decir, prácticamente todo el abanico delictivo propio de actividades corruptas y a los que en su caso, según avance la investigación, pueden añadirse otros como el delito fiscal.
Obras del campo de golf
Entre los siete detenidos -inicialmente se habló de doce por parte de la Audiencia Nacional- también está Pablo González, hermano de Ignacio y directivo de la empresa pública Mercasa, participada al 51 por ciento por la SEPI. Este arrestado estaría implicado en irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras del campo de golf del Canal, en el distrito de Chamberí, y además podría haber colaborado con su familiar en las operaciones de blanqueo y ejercido asimismo como testaferro.
También están arrestados María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal y casada con un amigo de la infancia del expresidente, y José Juan Caballero, cuñado de González y persona de su entera confianza. Además, la mujer del expresidente madrileño, Lourdes Cavero, es una de las investigadas. De hecho, los agentes de la UCO registraron su empresa, «Subastas Segre» relacionada con obras de arte y coleccionismo.
A las nueve de la noche, más de doce horas después de arrancar la operación Lezo, los agentes ya habían trasladado a los calabozos de Tres Cantos a cuatro de los detenidos. Según fuentes de la investigación, se ha intervenido una cantidad ingente de documentos (se llevaron ordenadores, discos duros y memorias en los distintos registros) que «era lo que buscábamos».
Empresa brasileña
La pieza separada que dio origen a la operación de ayer tiene en el punto de mira la gestión del Canal de Isabel II, la empresa pública por excelencia de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por ABC, la investigación salpica a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente del Ejecutivo regional, en concreto a su última época, cuando autorizó la compra de Innasa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica en la que González colocó a Edmundo Rodríguez Sobrino en 2006.
La sociedad se adquirió en 2001 por más de 83 millones de euros (la operación completa acabaría costando casi 100 a los madrileños), diez veces más del precio pagado un año antes por otros compradores. Anticorrupción sigue la pista de la sobrevaloración no solo de esta sociedad, sino también de otras adquiridas por el holding del Canal en Iberoamérica posteriormente, y del supuesto desvío de 25 millones de euros que acabaron depositados en una cuenta de un banco suizo. En total, el quebranto patrimonial sería de unos 60 millones, según las fuentes consultadas por ABC si se tienen en cuenta las pérdidas.
Las investigaciones derivadas de Púnica ya habían avanzado por este camino, pero recibieron un nuevo impulso a mediados del pasado año cuando la presidenta Cristina Cifuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la gestión del Canal de Isabel II, en concreto por la compra que la empresa pública hizo en noviembre de 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia. El Ejecutivo de Ignacio González pagó 21, 4 millones por esta sociedad que un año después valía cuatro veces menos. No solo eso, sino que, según esa denuncia inicial, parte de los pagos se hicieron a través de una cuenta en una sucursal suiza de un banco canadiense. Los beneficios obtenidos se blanquearon a través de complejas operaciones financieras en el extranjero en las que colaborarían familiares del expresidente regional, entre otras personas.
La Fiscalía General envió todos los datos aportados por Cifuentes a la Fiscalía provincial de Madrid, pero la causa fue asumida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que ya tenía la vista puesta en la gestión del Canal en la investigación de Púnica que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Con esos datos, Velasco abrió una pieza secreta cuyas consecuencias son, a día de hoy, imprevisibles.
Las operaciones del Canal de Isabel II en Suramérica -en especial la compra de sociedades, no la gestión diaria- tenían que ser aprobadas por el consejo de Gobierno, en el caso que nos ocupa presidido por Esperanza Aguirre, que previsiblemente será llamada a declarar.
Según fuentes consultadas por ABC, en esas relaciones tejidas en torno al todopoderoso Canal de Isabel II aparecen otros exaltos cargos del PP (no solo de Madrid). Algunos de ellos ya habrían sido imputados pero sus nombres no han trascendido debido al carácter secreto de las actuaciones.
«Papeles de Panamá»
Cifuentes recurrió a la Fiscalía General después de destituir al presidente de Inassa, el abogado Edmundo Rodríguez Sobrino, que había aparecido en los «papeles de Panamá» vinculado a tres empresas con sede en Hong Kong (entonces catalogado aún por España como paraíso fiscal). Con esa destitución y con la presentación de la denuncia, la presidenta evidenció que quería poner distancia con los Gobiernos anteriores y las investigaciones judiciales en marcha.
Aunque de momento todo parece indicar que los beneficiarios de la trama eran particulares, se ha abierto también una línea de investigación para aclarar si también ha podido beneficiarse el PP de Madrid, del que González era secretario general y responsable del comité de campaña. El mecanismo en este caso sería el ya clásico del cobro de comisiones a cambio de concesiones de obra.
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Es todo muy difícil , Bai , sobre todo defender lo indefendible.
BEATRIZ PARERA
PABLO GABILONDO
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TIEMPO DE LECTURA6 min
03/10/2018 13:40 - ACTUALIZADO: 04/10/2018 00:34
El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. La sala avala de esta manera que el expresidente de Bankia es responsable de un delito de apropiación indebida, el mismo que le impuso la Audiencia Nacional, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El ex vicepresidente económico del PP tiene muy complicado eludir la cárcel, ya que la condena es firme.
El Supremo mantiene la condena de cuatro años y medio a Rato por las tarjetas ‘black’
Sin embargo, las penas varían para algunos de los condenados, al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que entregaron las cantidades que extrajeron con la tarjeta debe entenderse como muy cualificada y no simple, y debe aplicarse tanto a los que las depositaron antes del juicio como a quienes lo hicieron después. Las penas firmes dictadas por el Supremo oscilan, por tanto, entre los cuatro meses de prisión y los cuatro años y medio de Rodrigo Rato. Una quincena de los condenados tiene penas superiores a los dos años de prisión, con lo que se arriesgan, por tanto, a la cárcel.
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Traes ya la de los ERES y el sumario del caso DINA o esos no????Si , Lo del PP. , no acaba nunca
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La expresidenta Esperanza Aguirre acude a declarar ante García Castellón como investigada por seis supuestos delitos —cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral— cometidos durante su mandato al frente del Gobierno regional y del PP de Madrid.
Ignacio González responde ante el juez por 12 años de corrupción
Facturas falsas en nombre de la democracia
Cinco años de investigación judicial en el caso Púnica —que se inició tras descubrir por la Fiscalía suiza la existencia de una cuenta en ese país a nombre del que fue secretario general del PP madrileño, Francisco Granados— han permitido acumular numerosas pruebas de la corrupción en los tres organismos que dirigió Aguirre.
El PP de Madrid, que presidió Aguirre entre 2004 y 2016, se financió supuestamente de manera ilegal durante su mandato mediante aportaciones en dinero negro de diversos empresarios.
Fundescam, fundación del PP que presidió Aguirre entre 2004 y 2010, dedicó ilegalmente a actos electorales dinero que recibía de donaciones de empresarios, muchos de ellos contratistas de la Administración autonómica.
El Gobierno regional, que presidió Aguirre entre 2003 y 2012, desvió supuestamente fondos públicos para el PP de Madrid a través de empresarios adjudicatarios de contratos millonarios.
El juez García Castellón sostiene en el auto de imputación de Esperanza Aguirre que “no es verosímil” que todos esos actos supuestamente ilegales de los que tiene pruebas se produjeran “sin el conocimiento y consentimiento” de quien era entonces presidenta autonómica y del PP de Madrid.
“El impulso para poner en marcha el entramado [corrupto]”, escribe el juez, “debe vincularse a Esperanza Aguirre, en quien concurría la condición de presidenta del partido, candidata de las campañas investigadas, cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos en la contabilidad sometida a fiscalización pública, presidenta y patrona de la fundación Fundescam y, sobre todo, presidenta del Gobierno regional, desde donde se tomaron las decisiones instrumentales”.
Pero Aguirre sostiene, desde que conoció los escándalos de corrupción destapados en el caso Púnica, que ella ni vio, ni ordenó, ni vigiló lo que debía para impedir esos actos.
De todos los testimonios recabados en la causa y de la documentación requisada en los diversos registros judiciales no se puede sacar hasta ahora una prueba definitiva que implique a la expresidenta en los entramados corruptos que salpican al PP de Madrid, a la fundación Fundescam y al Gobierno regional. Su nombre no aparece en las declaraciones de quienes admiten las irregularidades, pero se las imputan a otros.
Aguirre era la jefa de los tres organismos donde anidó la corrupción pero, según cuenta, ni ordenó, ni supo, ni vigiló.
Yo es
Inicio del juicio. Foto FERNANDO ALVARADO/EFE
19/06/2019 -
VALÈNCIA. El Partido Popular dirigido por Francisco Camps hizo trampas en las elecciones. Este martes se hacía pública la sentencia que dejará para la posteridad la firmeza de un hecho ahora ya incontestable y firme, que el PP valenciano se presentó dopado a las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008 con Camps como cabeza de lista.
El fallo es firme y contra él no cabe recurso. Los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional utilizan 149 páginas para explicar y fundamentar las penas, así como para contestar a los diferentes recursos de los condenados, pero solo necesitan una línea para explicar lo sucedido. En la página 27, en la parte de “hechos”, dicen “se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada”. Nueve palabras que dan al traste con años de explicaciones, excusas y reinterpretaciones de la realidad hechas por Camps, y otorgan firmeza a la sentencia del magistrado José María Vázquez Honrubia.
Las penas
Así, las penas por delito electoral y falsedad documental se quedan como estaban en la primera sentencia donde el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa fue condenado a cuatro años de cárcel; el que fuera mano derecha de Costa en el partido, David Serra, a tres años y ocho meses; la extesorera del partido y exdiputada Yolanda García a cuatro meses y la gerente del PPCV, Cristina Ibañez, a tres años y cuatro meses de prisión. De hecho, el único miembro del PPCV que salió bien parado del caso fue el exvicepresidente, Vicente Rambla, que fue absuelto.
Francisco Camps, presidente del Consell y del PPCV en aquella época. Foto: EVA MÁÑEZ
Por su parte, los líderes de la trama Gürtel también fueron condenados, y sus penas ahora ratificadas. Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel, y Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares'. Los empresarios ‘pagadores’ salieron airosos con tan solo una multa tras alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
El ‘dopaje’
El fallo da como probado que el PPCV financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en "B" y facturas falsas pagadas por empresarios que pagaron algo más de 1,2 millones para financiar a la formación regional.
Dijo el juez, y ahora lo certifican otros tres magistrados, que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que, para desarrollar sendas campañas, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios.
Aseveran los magistrados que: “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV , cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”.
El método utilizado para financiarse en B según la sentencia era que, los “responsables del PPCV decidieron que el precio de los servicios prestados al partido por Orange Market sería realmente abonado por empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, los cuales aceptaron este acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones”.
Y añaden que “así se ideó un sistema para que los empresarios pagaran a Orange Market servicios prestados por esta al PPCV, y este sistema consistía básicamente en el pago de cantidades en metálico y en dinero B y en el pago de cantidades que se justificaban con unas facturas que no respondían a la realidad, porque el servicio reflejado en las mismas no había sido prestado al destinatario de la factura (empresarios), sino al PPCV”.
En cuanto al partido, dicen que: “Cristina Ibáñez presentó rendición de cuentas electorales a la Sindicatura de Comptes indicando como único gasto electoral satisfecho a Orange Market 175.000 euros por organización de actos de campaña, omitiendo deliberadamente que dichos gastos habían ascendido, al menos, a 1.155.231,43 euros”.
El juicio cuya sentencia ahora se ha ratificado tuvo tres momentos clave. El primero fue la cantada de los empresarios, el segundo la declaración inculpatoria de Álvaro Pérez, y el tercero, y momento estelar del juicio, la asunción de culpabilidad de Ricardo Costa. Fue la primera, y hasta ahora única vez, que un dirigente del Partido Popular ha reconocido las trampas realizadas por el partido. De hecho, su comportamiento “ejemplar”, a juicio del juez, ha desembocado en la suspensión de su entrada en prisión a cambio de un año de servicios comunitarios y una multa de 267.000 euros
¿que tiene que ver LA MONARQUIA con el jucio a un etarra que participó en?:ARNALDO OTEGI
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1-secuestro
2-ametrallamiento
3-cargo de banda armada terrorista y por ley es responsable como cooperador necesario de los crímenes cometidos con la misma pena que el que los ejecuta
Para eso tendría que tener la tarjeta del móvil de Cosidó y ya sabes que el PP destruye a martillazos cualquier información que vaya en su contra.
Para eso crearon la Kitchen. Ya sabes, esa trama ilegal pagada con fondos reservados para espiar a Bárcenas y familia y destruír cualquier información que perjudicase al PP.
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Pero el que destruia tarjetas de moviles no era Pablo Iglesias? Juraria que habia un procedimiento judicial abierto por eso.....
No, la AN ya ha dicho que él era el perjudicado.