Así es la 'ley mordaza' de Cifuentes (1 Viewer)

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Ondina

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En España los reyes pueden jurar su amor y lealtad a un encausado por corrupción y por acoso sexual cuando no hay nadie mirando, insultar a la prensa por osar cuestionar esa relación y por si fuera poco despreciar a los españoles " difíciles" o "antipáticos" que no tragan con su "merde", pero ELLOS se merecen el mayor de los respetos.

En UK les hubieran crucificado. Aquí aplaudimos que crucifiquen a una infeliz.
 
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En España los reyes pueden jurar su amor y lealtad a un encausado por corrupción y por acoso sexual cuando no hay nadie mirando, insultar a la prensa por osar cuestionar esa relación y por si fuera poco despreciar a los españoles " difíciles" o "antipáticos" que no tragan con su "merde", pero ELLOS se merecen el mayor de los respetos.

En UK les hubieran crucificado. Aquí aplaudimos que crucifiquen a una infeliz.
A mì, no me merecen ningùn respeto. Ninguno, como no me lo merece la inmensa mayorìa de la clase polìtica. El respeto se GANA, no se impone a fuerza de leyes mordaza. Pero que sigan asì, que sigan, poniendo cada vez màs en evidencia su arrogancia, intolerancia de la crìtica y su estupidez, sì, estupidez, digamos la verdad, porque hay que ser estùpido para mover a la Fiscalìa en un caso asì. Què quieren, que quienes no lo sepan aùn en Espanya, se enteren ahora de lo que algunos dicen de la Ortiz, en las redes sociales?
Descerebrados. Sin el "presuntamente".
 
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La sanción depende del criterio del juez. Hay quien aplica la ley al pie de código y otro con una amonestación hubiese sido suficiente.
Presuntamente.
 
O

Ondina

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Aquì el texto...En Gran Bretanya, bendito paìs, se asustan mucho menos de todo.

SEX PISTOLS LYRICS
"God Save The Queen"

God save the queen
The fascist regime
They made you a moron
Potential H-bomb

God save the queen
She ain't no human being
There is no future
In England's dreaming

Don't be told what you want
Don't be told what you need
There's no future, no future,
No future for you

God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves

God save the queen
'Cause tourists are money
And our figurehead
Is not what she seems

Oh God save history
God save your mad parade
Oh Lord God have mercy
All crimes are paid

When there's no future
How can there be sin
We're the flowers in the dustbin
We're the poison in your human machine
We're the future, your future

God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves

God save the queen
We mean it man
And there is no future
In England's dreaming

No future, no future,
No future for you
No future, no future,
No future for me

No future, no future,
No future for you
No future, no future
For you
¿Y por qué debería asustarnos la verdad?

La letra ha resistido muy bien el paso del tiempo. Resulta muy actual.

El Ministerio de la Verdad de cifunazi va a tardar dos minutos en prohibirla.
 
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Parece que Cristina solo es la ejecutora de la Lay Mordaza Bis
"las iniciativas de Cifuentes y del PSOE pretenden sancionar conductas que no sean delito o cuando los tribunales archiven las causas que se abran"

Entonces, los sancionadores que sancionaran conductas que no sean delito o archivadas por jueces....... ¿quiénes serán?..... ¿Cómo se elegirán?.....¿de dónde los sacarán?.......

Qué serán como las sanciones de tráfico o del ayuntamiento, pero con epicentro en la Comunidad de Madrid y por importe de hasta 45.000 euros?
¿afectara solo a los madrileños o cuando la ofensa se cometa en territorio de la comunidad autónoma?

El Movimiento contra la Intolerancia inspiró la 'ley mordaza' de Cifuentes
Su presidente se reunió con los dos partidos mayoritarios, que presentaron proyectos similares ante la Asamblea de Madrid. El proyecto incluye multas administrativas de hasta 45.000 euros para las noticias y mensajes en redes sociales discriminatorios cuando no sean delito

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  • La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante su intervención hoy en la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/Emilio Naranjo



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    JULIA PÉREZ


    MADRID.- El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, es uno de los principales inspiradores del proyecto de ley de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, donde la administración se aroga la competencia de vigilar la libertad de expresión con multas de hasta 45.000 euros por noticias y mensajes que inciten al odio y a la discriminación o insulten en redes sociales.

    El Movimiento contra la Intolerancia presentó sus reflexiones y trabajos en la Asamblea de Madrid a comienzo de año, en una labor de sensibilización que despliegan desde hace 25 años entre los partidos políticos. Estos documentos los entregaron al PP y al PSOE en reuniones mantenidas con ellos.

    Esta labor culminó la pasada semana con la aprobación de un anteproyecto de ley remitido a la cámara autonómica por parte del equipo de Cifuentes sobre la Igualdad de Trato y la protección contra las acciones de incitación al Odio, la Intolerancia y la Discriminación. Por su parte, la diputada socialista Mónica Silvana tramitó la proposición del PSOE sobre Igualdad de Trato y Protección Integral Contra las Conductas Relativas a los Delitos de Odio.

    El proyecto de Cifuentes "administrativiza" el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De prosperar, sería una 'ley mordaza' ya que prevé sanciones a “los medios de comunicación, Internet y las redes sociales”, así como “la publicidad comercial o institucional” que contengan noticias o mensajes que inciten a alguna forma de discriminación, racismo o intolerancia.

    Ambas iniciativas del PP y del PSOE chocan con la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión o la intimidad, que según la Constitución sólo pueden ser regulados por las Cortes Generales por medio de mayorías reforzadas y bajo control judicial.

    A preguntas de Público, Ibarra reconoce que los trabajos del Movimiento contra la Intolerancia sirvieron de base para elaborar ambas iniciativas, aunque cada partido redactó sus propios textos. La elaboración de esta ley autonómica contaría a su vez con el apoyo de Ciudadanos y Podemos.




    Esteban Ibarra defiende la libertad de expresión, y "estamos hasta el gorro de la libertad de agresión. Se agrede mucho a las víctimas, a las asociaciones... estamos hartos", destaca el presidente de Movimiento contra la Intolerancia para quien no es suficiente que el Código Penal sancione los delitos de odio desde el año 2015.

    "Lo que me niego es a la impunidad con la que las víctimas han tenido que vivir hasta ahora", agrega mientras considera que en el trámite autonómico se irán puliendo aquellos aspectos más polémicos o difusos, al tiempo que defiende el espíritu del respeto a la dignidad humana y el derecho a la igualdad que se busca con estas iniciativas.

    El problema reside en que esta normativa de Madrid vigila y sanciona derechos fundamentales, cuya regulación sólo corresponde a las Cortes Generales ya que son las encargadas de garantizar la igualdad de todos los españoles en ejercicio de sus derechos constitucionales. La sanción es competencia únicamente de los Juzgados y Tribunales.

    Informe demoledor
    El informe de la Abogacía general de la Comunidad de Madrid emitido sobre este proyecto de ley es demoledor, por cuanto considera superfluas -por reiterativas- algunas de sus disposiciones, invade las competencias estatales y no define siquiera las conductas a sancionar por lo que incumple "las exigencias mínimas" del principio de tipicidad.

    Esteban Ibarra asemeja la iniciativa de Cifuentes y del PSOE con la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que fue aprobada por las Cortes Generales en el año 2007.

    Defiende también como precedentes las normas autonómicas contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad en Madrid el pasado julio, y que existe también en Catalunya, Extremadura, Murcia y Galicia.

    La ley integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género prevé que la Comunidad de Madrid fomente el respeto a la diversidad sexual y la eliminación de toda forma de discriminación en aquellos medios de comunicación "de titularidad autonómica" o que reciban subvenciones.

    Esta norma autonómica fue aprobada el pasado 22 de julio y es similar al proyecto 'mordaza' de
    Cifuentes ya que prevé sanciones administrativas a quienes utilicen expresiones vejatorias o tenga comportamientos agresivos y discriminatorios en la prestación de servicios públicos, "en cualquier medio de comunicación", en discursos, intervenciones públicas o "en redes sociales".

    Los activistas en la defensa de los derechos de las víctimas de actos racistas, xenófobos, homófobos y discriminatorios llevan décadas demandando una ley que las proteja. Pero las Cortes llevan un año paralizadas, entre elecciones y elecciones, de tal manera que han impulsado iniciativas autonómicas como la de Cifuentes.

    Por ello, el Movimiento contra la Intolerancia salió en apoyo de las iniciativas del Gobierno de Cifuentes y del PSOE cuando se conocieron la semana pasada. En un comunicado, reclamaron "la unidad y consenso" entre las fuerzas políticas. "Desde antes del asesinato racista de Lucrecia Pérez (1992) reclamábamos una legislación específica que acometiera vejaciones, insultos, injurias, amenazas y otros comportamientos racistas, xenófobos, antisemitas, homófobos y de otras formas de intolerancia, sufriendo su impunidad y sin conseguir avance alguno. Situación inconcebible para las víctimas".

    Cuando no haya delito
    El Código Penal prevé desde su última reforma el delito de incitación al odio (artículo 510). Esto es, un perjudicado, un particular, la Fiscalía, la Policía o el propio Gobierno de Madrid pueden denunciar en caso de que se produzca este delito.

    Pero las iniciativas de Cifuentes y del PSOE pretenden sancionar conductas que no sean delito o cuando los tribunales archiven las causas que se abran.

    Esteban Ibarra desmiente que el Observatorio que se vaya a crear como consecuencia de esta ley en ciernes se convierta en un suerte de Gran Hermano que vaya a vigilar el ejercicio de la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid.

    Sin embargo, el proyecto de Cifuentes sostiene que dicho Observatorio "proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos acaecidos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas".

    El Observatorio asumirá las funciones del vigente Observatorio contra el racismo y la intolerancia del que Ibarra es miembro, aunque el proyecto deja para el futuro su definición y responsabilidades.

    No se destina dinero alguno
    El Movimiento contra la Intolerancia inspiró la 'ley mordaza' de Cifuentes
    Su presidente se reunió con los dos partidos mayoritarios, que presentaron proyectos similares ante la Asamblea de Madrid. El proyecto incluye multas administrativas de hasta 45.000 euros para las noticias y mensajes en redes sociales discriminatorios cuando no sean delito
¿ xq hacer una ley en la que lo delitos ya están tifiados en el código penal?

 

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El Movimiento contra la Intolerancia inspiró la 'ley mordaza' de Cifuentes

Su presidente se reunió con los dos partidos mayoritarios, que presentaron proyectos similares ante la Asamblea de Madrid. El proyecto incluye multas administrativas de hasta 45.000 euros para las noticias y mensajes en redes sociales discriminatorios cuando no sean delito



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    • La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante su intervención hoy en la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/Emilio Naranjo



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      JULIA PÉREZ


      MADRID.- El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, es uno de los principales inspiradores del proyecto de ley de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, donde la administración se aroga la competencia de vigilar la libertad de expresión con multas de hasta 45.000 euros por noticias y mensajes que inciten al odio y a la discriminación o insulten en redes sociales.

      El Movimiento contra la Intolerancia presentó sus reflexiones y trabajos en la Asamblea de Madrid a comienzo de año, en una labor de sensibilización que despliegan desde hace 25 años entre los partidos políticos. Estos documentos los entregaron al PP y al PSOE en reuniones mantenidas con ellos.

      Esta labor culminó la pasada semana con la aprobación de un anteproyecto de ley remitido a la cámara autonómica por parte del equipo de Cifuentes sobre la Igualdad de Trato y la protección contra las acciones de incitación al Odio, la Intolerancia y la Discriminación. Por su parte, la diputada socialista Mónica Silvana tramitó la proposición del PSOE sobre Igualdad de Trato y Protección Integral Contra las Conductas Relativas a los Delitos de Odio.

      El proyecto de Cifuentes "administrativiza" el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De prosperar, sería una 'ley mordaza' ya que prevé sanciones a “los medios de comunicación, Internet y las redes sociales”, así como “la publicidad comercial o institucional” que contengan noticias o mensajes que inciten a alguna forma de discriminación, racismo o intolerancia.

      Ambas iniciativas del PP y del PSOE chocan con la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión o la intimidad, que según la Constitución sólo pueden ser regulados por las Cortes Generales por medio de mayorías reforzadas y bajo control judicial.

      A preguntas de Público, Ibarra reconoce que los trabajos del Movimiento contra la Intolerancia sirvieron de base para elaborar ambas iniciativas, aunque cada partido redactó sus propios textos. La elaboración de esta ley autonómica contaría a su vez con el apoyo de Ciudadanos y Podemos.





      Esteban Ibarra defiende la libertad de expresión, y "estamos hasta el gorro de la libertad de agresión. Se agrede mucho a las víctimas, a las asociaciones... estamos hartos", destaca el presidente de Movimiento contra la Intolerancia para quien no es suficiente que el Código Penal sancione los delitos de odio desde el año 2015.

      "Lo que me niego es a la impunidad con la que las víctimas han tenido que vivir hasta ahora", agrega mientras considera que en el trámite autonómico se irán puliendo aquellos aspectos más polémicos o difusos, al tiempo que defiende el espíritu del respeto a la dignidad humana y el derecho a la igualdad que se busca con estas iniciativas.

      El problema reside en que esta normativa de Madrid vigila y sanciona derechos fundamentales, cuya regulación sólo corresponde a las Cortes Generales ya que son las encargadas de garantizar la igualdad de todos los españoles en ejercicio de sus derechos constitucionales. La sanción es competencia únicamente de los Juzgados y Tribunales.


      Informe demoledor
      El informe de la Abogacía general de la Comunidad de Madrid emitido sobre este proyecto de ley es demoledor, por cuanto considera superfluas -por reiterativas- algunas de sus disposiciones, invade las competencias estatales y no define siquiera las conductas a sancionar por lo que incumple "las exigencias mínimas" del principio de tipicidad.

      Esteban Ibarra asemeja la iniciativa de Cifuentes y del PSOE con la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que fue aprobada por las Cortes Generales en el año 2007.

      Defiende también como precedentes las normas autonómicas contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad en Madrid el pasado julio, y que existe también en Catalunya, Extremadura, Murcia y Galicia.

      La ley integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género prevé que la Comunidad de Madrid fomente el respeto a la diversidad sexual y la eliminación de toda forma de discriminación en aquellos medios de comunicación "de titularidad autonómica" o que reciban subvenciones.

      Esta norma autonómica fue aprobada el pasado 22 de julio y es similar al proyecto 'mordaza' de
      Cifuentes ya que prevé sanciones administrativas a quienes utilicen expresiones vejatorias o tenga comportamientos agresivos y discriminatorios en la prestación de servicios públicos, "en cualquier medio de comunicación", en discursos, intervenciones públicas o "en redes sociales".

      Los activistas en la defensa de los derechos de las víctimas de actos racistas, xenófobos, homófobos y discriminatorios llevan décadas demandando una ley que las proteja. Pero las Cortes llevan un año paralizadas, entre elecciones y elecciones, de tal manera que han impulsado iniciativas autonómicas como la de Cifuentes.

      Por ello, el Movimiento contra la Intolerancia salió en apoyo de las iniciativas del Gobierno de Cifuentes y del PSOE cuando se conocieron la semana pasada. En un comunicado, reclamaron "la unidad y consenso" entre las fuerzas políticas. "Desde antes del asesinato racista de Lucrecia Pérez (1992) reclamábamos una legislación específica que acometiera vejaciones, insultos, injurias, amenazas y otros comportamientos racistas, xenófobos, antisemitas, homófobos y de otras formas de intolerancia, sufriendo su impunidad y sin conseguir avance alguno. Situación inconcebible para las víctimas".


      Cuando no haya delito
      El Código Penal prevé desde su última reforma el delito de incitación al odio (artículo 510). Esto es, un perjudicado, un particular, la Fiscalía, la Policía o el propio Gobierno de Madrid pueden denunciar en caso de que se produzca este delito.

      Pero las iniciativas de Cifuentes y del PSOE pretenden sancionar conductas que no sean delito o cuando los tribunales archiven las causas que se abran.

      Esteban Ibarra desmiente que el Observatorio que se vaya a crear como consecuencia de esta ley en ciernes se convierta en un suerte de Gran Hermano que vaya a vigilar el ejercicio de la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid.

      Sin embargo, el proyecto de Cifuentes sostiene que dicho Observatorio "proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos acaecidos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas".

      El Observatorio asumirá las funciones del vigente Observatorio contra el racismo y la intolerancia del que Ibarra es miembro, aunque el proyecto deja para el futuro su definición y responsabilidades.


      No se destina dinero alguno
      El Movimiento contra la Intolerancia inspiró la 'ley mordaza' de Cifuentes
      Su presidente se reunió con los dos partidos mayoritarios, que presentaron proyectos similares ante la Asamblea de Madrid. El proyecto incluye multas administrativas de hasta 45.000 euros para las noticias y mensajes en redes sociales discriminatorios cuando no sean delito
¿ xq hacer una ley en la que lo delitos ya están tifiados en el código penal?
[/QUOTE]

Todo una cortina de humo para desviar la atención de la pésima gestión de su gobierno, especialmente en sanidad y los casos de altos cargos que presuntamente están apareciendo por corrupción.
 
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Ley mordaza estatal, ley mordaza autonómica. España cada vez de más asco.

La infanta Cristina piensa lo mismo:

"Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar este país"
 
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La que venia por libre esta ya bastante involucrada

Historia de un rector plagiario: de protegido por su padre a protegido por el Partido Popular


El máximo responsable de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, se niega a explicar sus plagios por la escasa presión política recibida.


Fernando Suárez Bilbao en su toma de posesión como rector de la Rey Juan Carlos Efe

JOAQUÍN VERA @jjoaquinvera
20.12.2016 01:24 h.

  1. EDUCACIÓN
“El rector se siente completamente apoyado por los altos cargos de la Universidad Rey Juan Carlos y por todos los políticos del Partido Popular que han impulsado esta institución durante años”. Esta frase en boca de un catedrático de la institución dirigida por Fernando Suárez, acusado de hasta una decena de plagios, resume por qué el rector todavía no ha dimitido. Pero también sintetiza el binomio política-universidad que ha favorecido “una red clientelar que está dañando el prestigio de esta universidad: ahora mismo me avergüenzo de decir que trabajo aquí”.

Para entender la ausencia de explicaciones del rector Suárez, apuntan las fuentes consultadas, “simplemente” hay que observar su currículo académico. Una línea cronológica que dibuja cómo ha pasado a ser de protegido por su padre a protegido por el Partido Popular.

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Es hijo del historiador Luis Suárez, quien dedicó el grueso de su carrera a estudiar la Edad Media. Después de que muriese Francisco Franco, el padre del recto logró que la familia del dictador conservara en un archivo todo tipo de documentación, al que accedió de manera privilegiada y le permitió escribir en la década de los ochenta Francisco Franco y su tiempo, una obra de ocho volúmenes.

Uno de los más íntimos colaboradores de su padre en aquella época fue Vicente Álvarez Palenzuela, quien dirigió el doctorado del actual rector. “El director de su doctorado trabajaba a las órdenes de su padre”, recuerda un académico de la Universidad Autónoma de Madrid. “En ese momento, en 1990, es cuando se doctoró y empezó su efervescente ascenso en el sistema universitario español”, añade.

Hasta la fecha, se han publicado más de diez supuestos plagios que Fernando Suárez habría cometido durante toda su carrera profesional. El listado de calcos se extiende desde una alumna de la Universidad Complutense de Madrid hasta el presidente de la Real Academia de la Historia pasando por el cónsul de Portugal o un honoris causa de la Universidad de Harvard.

“Que te acusen de plagio es lo peor que te puede pasar si te dedicas a la carrera académica. Todo tu prestigio se pone en entredicho”, explica un profesor del campus de Fuenlabrada a EL ESPAÑOL. Además, mantiene que la única salida que tiene Suárez es "dar explicaciones" y "dimitir".

NO DARÁ EXPLICACIONES
Explicaciones, de momento, no habrá. El rector ha declinado la invitación que le hizo el grupo de Podemos, apoyada por el PSOE y Ciudadanos, en la Asamblea de Madrid para rendir cuentas sobre su comportamiento poco ejemplar. Una comparecencia a la que el Partido Popular se ha opuesto en todo momento. Desde el grupo conservador entienden que este escándalo debe ser aclarado en la propia universidad.

Otros, como el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que no conocía el caso para posteriormente mantener que no tiene competencias para actuar y tirar el balón al tejado de su compañera de filas y presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes: “La alta inspección del estado no tiene competencias alguna. Esto escapa a lo mío”, mantuvo.

También Cifuentes se ha puesto de perfil con este asunto. “La Comunidad de Madrid no va a opinar. Hay una investigación y debe ser el propio centro el que se pronuncie, no lo voy a hacer antes. Respeto lo que la Universidad decida”, mantuvo la presidenta del Ejecutivo regional. El centro donde trabaja Suárez es el mismo en el que ejerce como profesora visitante Margarita Cifuentes, hermana de la presidenta madrileña
.

Según explican fuentes próximas al departamento de Suárez, la hermana de Cifuentes estuvo trabajando durante años como personal de administración en la Rey Juan Carlos a las órdenes del rector, quien a su vez le dirigió su tesis doctoral. Tras lograr el título, fue contratada “de manera ilegal”, apunta las mismas fuentes consultadas. “Para ser profesor invitado no tienes que pertenecer a este centro y tener un prestigio internacional. Ninguna de las dos condiciones las cumple
”.

"AMIGO" DEL CONSEJERO EDUCATIVO
En la misma línea se ha mostrado el responsable educativo del Gobierno regional, Rafael van Grieken. Pese a que ha dicho que “no es lícita la práctica del plagio en el mundo académico”, se ha mostrado muy tibio en las críticas hacia el rector excusándose en que el Ejecutivo madrileño no puede intervenir en este asunto por respetar la autonomía universitaria.

Se da la circunstancia de que también existe un estrecho vínculo entre Suárez y Van Grieken. Durante el tiempo que Pedro González-Trevijano -ahora magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular- fue el máximo responsable de la Universidad (entre 2003 y 2013), ambos ocuparon cargos de vicerrector en esta universidad pública madrileña. “Trabajaban juntos, son amigos”, asegura un académico que también formó parte del entorno de González-Trevijano durante su época de rector
 

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