Así es la 'ley mordaza' de Cifuentes (1 Viewer)

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Esto no esta pasando en Venezuela, esta pasando en Hejpain donde gobierna el PPSOE. !!Maduro la que estas liando!!
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Así es la 'ley mordaza' que Cifuentes quiere implantar en la Comunidad de Madrid

Prevé multas de hasta 45.000 euros a quien insulte en las redes sociales. Y crea un “Observatorio” administrativo que vigilará la libertad de expresión y los comportamientos discriminatorios

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JULIA PÉREZ

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha creado un artefacto legal con el fin de vigilar la libertad de expresión y sancionar con multas administrativas de hasta 45.000 euros a quienes difundan mensajes o noticias que inciten al odio o a la discriminación.

El pasado martes, el Consejo de Gobierno aprobó un proyecto de Ley donde se prevén sanciones a la libertad de expresión cuando la Administración considere que “los medios de comunicación, Internet y las redes sociales”, así como “la publicidad comercial o institucional” contengan noticias o mensajes que inciten al odio y a la discriminación.




Estas son las diez claves de la "ley mordaza” que Cifuentes quiere implantar en la Comunidad de Madrid:

1.- La Administración vigilará la libertad de expresión
La libertad de expresión es un derecho fundamental protegido de manera especial por la Constitución Española. Sus límites sólo pueden regularles por medio de una Ley Orgánica, que debe ser aprobada por las Cortes y con su aplicación a través de los tribunales.

Sin embargo, Cristina Cifuentes “administrativiza” este derecho fundamental, para erigir a su Gobierno en el guardián del ejercicio de la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid.

Los excesos serán sancionados con multas administrativas de hasta 45.000 euros.

2.- La mordaza se produce al margen del Código Penal
El Código Penal ya contempla desde su última reforma el delito de incitación al odio. Esto es, un perjudicado, un particular, la Fiscalía, la Policía o el propio Gobierno de Madrid pueden denunciar en caso de que se produzca este delito.

Pero Cristina Cifuentes va más allá y ha elaborado un proyecto de ley que prevé la actuación de la Comunidad de Madrid cuando NO exista este delito.

Esto significa que la Administración abrirá expediente sancionador cuando considere que si una noticia, un mensaje en redes sociales, un anuncio inciten al odio o a la discriminación, aunque no lleguen a ser delito.

El artículo 33 establece que la Administración paralizará el expediente sancionador si se abre una causa penal. Pero en caso de que un juez archive el caso, porque no encuentre delito, la Comunidad de Madrid “continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados”.

3.- La censura abarca desde los medios a las redes sociales
El artículo 21 proclama: “Los medios de comunicación, Internet y las redes sociales respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación, actos de intolerancia o acciones que puedan incitar al odio en el tratamiento de la información y sus contenidos”.

“La publicidad comercial o institucional no podrá contener elementos de discriminación o de acciones que inciten al odio por alguna de las causas previstas en la ley”.

4.- La mordaza se extiende a los negocios
La Comunidad de Madrid abrirá expediente también cuando tenga conocimiento de un mensaje o cláusula de un contrato o negocio que considere que incite al odio o a la discriminación, para lo cual “deberá llevar a cabo las actuaciones necesarias para lograr su nulidad y exigir a la autoridad competente la responsabilidad que pudiera derivarse”.

5.- Un gran hermano vigilará las noticias y mensajes
El proyecto de Ley prevé la creación de un Observatorio que vigilará el cumplimiento de esta nueva ley en elaboración.

El “Observatorio para la igualdad de trato y la protección de la dignidad de las personas” actuará contra las “acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia”. Dependerá de la Consejería competente en materia de políticas sociales.

El proyecto deja para una norma posterior la definición de este Observatorio.
La propuesta enviada a la Asamblea de Madrid avanza que será un órgano colegiado que proporcionará informaciones sobre las conductas y hechos acaecidos que se considere que incitan al odio o a la discriminación “con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas”.

6.-Se fomentará la delación de “organizaciones de la sociedad civil”
El artículo 25 establece que la Comunidad de Madrid “fortalecerá las medidas de prevención y fomento del a denuncia de acciones que puedan incitar al odio, evitando cualquier espacio de impunidad, dotando a los poderes públicos y a las organizaciones de la sociedad civil de instrumentos eficaces para intervenir en los distintos ámbitos señalados” en la norma.

Hay que recordar que este proyecto de Ley aparta a la administración cuando se investigue un delito, ya que es competencia de los tribunales, de lo que se colige que Cifuentes dotará a “organizaciones de la sociedad civil” de instrumentos para denunciar los excesos.

El proyecto de ley compromete a la Administración a impulsar políticas que fomenten la igualdad de trato y respeto a las personas, al tiempo que realizará campañas de sensibilización.

7.- “Trato especial” para los casos de redes sociales
El proyecto de ley incluye el apoyo a las víctimas de actos de odio o discriminación, en cuya atención se dará “un trato especial” cuando “las agresiones o acciones que inciten al odio se hayan realizado utilizando las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales”.

Este artículo 32 es ambiguo por cuanto habla de “acciones”, sin definir a qué se refiere exactamente con dicha palabra. Es más, aparece situada a la vez que “agresiones” (en cuyo caso se estaría ante un delito sancionado por el actual Código Penal).

Ya en el ámbito penal, el Gobierno de Madrid apoyará a las víctimas de los actos de odio y se personará en los procesos penales que se abran por estos delitos.

8.- Crea multas administrativas sobre la libertad de expresión
El proyecto prevé una escala de multas que abarcan desde los casos que la Administración considere leves, a los graves o muy graves.

Casos leves: conductas que vulneren la igualdad de trato y no discriminación por irregularidades formales, siempre que no contengan un efecto discriminatorio grave o muy grave.

Infracciones graves: “los actos u omisiones que constituyan una discriminación real, directa, indirecta o por asociación”, así como los que constituyan “inducción, orden o instrucción de discriminar” a una persona, realizar actos de intolerancia o promover discurso de odio.

Es también infracción grave “el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico” para que cesen o se modifiquen actos u omisiones que vulneren los principios de igualdad de trato y no discriminación.

Además, se considerará infracción administrativa grave cuando en el mismo año se registren dos leves.

9.- Protege a los funcionarios que imponen las sanciones
El proyecto de Cifuentes prevé como infracción administrativa “muy grave” la “presión grave ejercida sobre la autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público” para que éste ejecute u omita un acto que vulnere la igualdad.

La Administración se reserva sancionar como muy grave “los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple” o las conductas de acoso discriminatorio.

10.- Las multas administrativas
El proyecto establece sanciones administrativas de hasta 3.000 euros para los casos leves.

Las infracciones administrativas graves serán sancionadas con multa de 3.001 euros hasta los 20.000 euros.

Las infracciones muy graves abarcan multas de 20.001 euros a los 45.000 euros.
 

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La ley de Cifuentes tiene que ser aprobada y ya veremos si la aprueban, el PP en la C de Madrid no tiene mayoría depende de los votos de naranjito.
Se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo.
 

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No tiene competencias para hacerlo.Ese "proyecto" si que es una incitación al odio y a la discriminación.Que multa tendría ella misma por proponer este disparate??.Creo más en la intención de meter miedo, que la gente se corte de decir lo que piensa, y que salga menos gente a la calle a protestar.Son unas intenciones tan perversas que solo esto tendría que ser suficiente para que la gente proteste más.Todo esto se lo debemos a esos siete millones y pico que les han votado???.Habría que darles las gracias por todos los esfuerzos que han hecho para ponernos en una estado de sumisión total.
 

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Insultar a la Leti 45.000 leuros del ala, de 1.400 nada, presuntamente
 
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Insultar a la Leti 45.000 leuros del ala, de 1.400 nada, presuntamente
No mientas, porque no es cierto que se pueda multar con esa cantidad, la ley no está aprobada y dudo que se llegue aprobar.
Además la ley mordaza se va a derogar.
Si tú no quieres opinar no lo hagas, pero deja a los demás que asumamos nuestra responsabilidad.
 
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Posos de anarquía
David Bollero

El post por el que Cifuentes me multaría
David Bollero Colaborador de Público (excorresponsal oficioso en Londres), periodista vocacional en fase de desintoxicación informativa y pensador irreverente en continua hora extra. Víctima multitarea en rehabilitación. Otro mundo es mejor, pero para eso, entendamos antes éste. Twitter: @dbollero
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15/12/2016
Todo es susceptible de empeorar. Eso es así y, de vez en cuando, personas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Crisitina Cifuentes, se encargan de recordárnoslo con alguna de sus tropelías. Cuando creíamos que la Ley Mordaza gestada por el exministro ultracatólico Jorge Fernández Díaz era desleznable, llega Cifuentes y riza el rizo.

La presidenta de Madrid les ha hecho a muchos ‘un Gallardón’. El que fuera su homólogo en el pasado fue considerado durante mucho tiempo un submarino en las filas de PP, un tipo mucho más progresista que sus compañeros. Recuerdo ironías de la época en las que se decía que Gallardón era al PP lo que José Bono al PSOE (ahora vemos que Bono estaba en perfecta sintonía ‘socialista’).

Pues esto es lo que ha hecho durante mucho tiempo Cifuentes: convencer a buena parte de la opinión pública de que ella tiene tatuajes, es motera y una tipa enrollada… nada que ver con, por ejemplo, Fernández Díaz, que destila ese tufo rancio de una época en blanco y negro.

A otros no nos engañó nunca. A los que seguimos sus pasos desde que era delegada de Gobierno en Madrid durante la eclosión del movimiento 15-M vimos su verdadera naturaleza, esa represiva, con ansias de aplastar a quienes molesten. ¿Acaso no recuerdan cómo la Policía Nacional solicitaba documentación e intimidaba a grupos de jóvenes que tan sólo charlaban en el parque del Retiro? Sin mencionar la ausencia de condena pública de los clarísimos excesos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que se hartó de dar calor negro (como los antidisturbios llaman a aporrear).

Ese carácter represor de Cifuentes llega ahora en forma de una nueva Ley Mordaza. Una ley que todavía es peor que la promovida por Fernández Díaz. Su todavía proyecto de ley pretende vulnerar nuestro derecho a la libertad de expresión, tratando de sobrepasar, incluso, el poder judicial y actuar, incluso, en lo que el nuevo Código Penal, reformado por el propio PP, ni siquiera contempla.


El proyecto de ley de Cifuentes promueve una sociedad chivata, un observatorio a lo Gran Hermano y unos criterios de qué incita o no al odio que no quedan nada claros al estar redactados al margen de la ley. Y su criterio, obviamente, no es el mío, porque mientras que para ella este post, en el que se denuncian sus políticas más propias de tiempos pretéritos, puede incitar a la violencia, lo que, no me incita, sino que me genera violencia es la hipocresía, cinismo y desfachatez de alguien como ella.

Cifuentes es de esa clase de políticos que no creen lo que dicen, que cuando homenajean a la Constitución tan solo fingen, porque si por ellos fuera, borraban unos cuantos artículos. Ese tipo de dirigentes se encuentran en todas las esferas, a todos los niveles.

A mí mismo, que edito una web de política local en Rincón de la Victoria (Málaga), supuestamente (porque no ha llegado nada) me han interpuesto una querella criminal por informar. A un ex político del PP, partido del que fue expulsado, y hoy concejal por el extinto Partido Andalucista, parece no gustarle que se muestre a la opinión pública cómo envió a los medios de comunicación unos documentos de trabajo internos del Ayuntamiento, obtenidos antes de que le expulsaran del equipo dde Gobierno, borrando antes un parráfo y omitiendo una página entera.

Eso, hablando en plata, es manipular, y cuando lo hace alguien del que ya me he encargado de demostrar que miente, pues no sugiere ninguna buena intención. Pero este político es como Cifuentes, que parece creer más en la intimidación que en la libertad de prensa y el derecho a la información. No les servirá de nada porque, cuanto más nos intenten amordazar, más destaparemos sus trapos sucios, sus miserias y vilezas.
 
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La sanidad madrileña recurre a la caridad: la nueva UCI del Niño Jesús pagada vía donativos
Concluye la campaña solidaria de la Fundación Aladina para una reforma “imprescindible” que necesitaba la UCI del hospital público Niño Jesús y que la Comunidad de Madrid no ha asumido.

http://www.elboletin.com/nacional/143212/sanidad-caridad-reforma-uci-pagada-donativos.HTML

*Menos amenazas de ley mordaza y mas preocupación por solucionar los problemas de la sanidad en Madrid.
Para que no se hable de los graves problemas, la susodicha se dedica a desviar la atención con amenazas sin fundamento, se piensa que somos idiotas.
Siempre, presuntamente.


 
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No lo conseguirà,espero, entre otras cosas, porque se refiere a temas que, en efecto, solo pueden regularse por ley orgànica.

En todo caso, no me sorprende. Es francamente alarmante la deriva totalitaria y fascista, sì, fascista, que estàn tomando muchos gobiernos europeos. Aunque luego, quienes el establishment y los medios apesebrados senyalan como "fascistas" son otros partidos:Le Pen, Farage, el M5S, etc etc. Y yo creo que les senyalan a ellos para que no veamos que, las medidas "fascistas", quienes las estàn tomando son otros. Y quienes nos deberìan dar miedo son las Le Pen...? Venga ya.
 
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No lo conseguirà,espero, entre otras cosas, porque se refiere a temas que, en efecto, solo pueden regularse por ley orgànica.

En todo caso, no me sorprende. Es francamente alarmante la deriva totalitaria y fascista, sì, fascista, que estàn tomando muchos gobiernos europeos. Aunque luego, quienes el establishment y los medios apesebrados senyalan como "fascistas" son otros partidos:Le Pen, Farage, el M5S, etc etc. Y yo creo que les senyalan a ellos para que no veamos que, las medidas "fascistas", quienes las estàn tomando son otros. Y quienes nos deberìan dar miedo son las Le Pen...? Venga ya.
Se han apropiado de la palabra democracia,como el pito del sereno y la están emputeciendo de tal manera que suena ya a chirigota.Si tenéis ocasión de hablar con algún eurodiputado que no sea del PP Psoe o C's y que os ponga alguna grabación de sesiones y ya veréis como está el mundo.El gobierno griego que ría subir a los pensionistas que le habían reducido mucho la pensión a los jubilados 200 euros y Bruselas les han dicho que verdes las han segado.
 
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Juristas y abogados tachan de "aberración" la ‘ley mordaza’ impulsada por Cifuentes
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información rechaza el proyecto de ley aprobado por Gobierno madrileño que prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales.
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  • La PDLI considera una aberración jurídica la ‘ley mordaza’ de Cifuentes . EFE/Archivo



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    PÚBLICO

    MADRID.- La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado este jueves su rechazo al proyecto de Ley aprobado por el gobierno de Cristina Cifuentes que prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos.

    Este Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia fue aprobado este martes por el Ejecutivo autonómico para su tramitación en la Asamblea de Madrid.




    La plataforma considera "gravísimo que un gobierno traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal”, según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade: “los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal”.

    A juicio de la abogada Isabel Elbal, “la libertad de expresión ha de garantizarse por todos los poderes públicos sin más limitación que la comisión de delito. El Código Penal, por tanto, ya prevé estas conductas, sin necesidad de acudir a otras regulaciones, so pena de vulnerar la libertad de expresión”.

    La PDLI alerta de que no se trata de un intento novedoso: “Desde la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), llevan casi dos décadas intentando controlar Internet por vía administrativa, pero este es con diferencia el más chusco de sus intentos. El punto débil es que se trata de una normativa autonómica, que invade competencias estatales y de otras autonomías”, explica su director legal, Carlos Sánchez Almeida.

    De hecho, la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, avisa de la falta de competencia, entre otras objeciones.

    "Peor que la ley mordaza"
    La PDLI señala que "es una aberración jurídica que un derecho fundamental como es la libertad de expresión se pretenda limitar en una ley regional, sin ninguna de las garantías que nuestro ordenamiento jurídico prevé, y todo ello bajo el manto de la supuesta protección a víctimas de posibles abusos".

    “Como no teníamos poco con la ley mordaza estatal, ahora nos quieren meter una autonómica”, ha criticado Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI y adjunta a la dirección de Público.

    Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil apunta que este proyecto de ley "es peor que la ley mordaza porque abarca más y encima ni siquiera lo aprueban las Cortes como Ley Orgánica por mayoría absoluta sino una simple Comunidad autónoma".

    Advierte que la aplicación de esta ley vulnera la normativa sobre privacidad: “¿Cómo se podría saber quién está detrás de perfiles anónimos en RRSS si no es usando ilegalmente a la policía o hackeando o con otro tipo de rastreo sin control judicial?”, se pregunta. “O es un brindis al sol o es una barbaridad insigne”, concluye.

    Otro jurista, Joan Barata, experto internacional en libertad de expresión, expone temores similares desde el punto de vista del Derecho Comunitario: “La norma propuesta es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente su artículo 10 que protege la libertad de expresión, así como la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, denuncia.

    Investigaciones prospectivas
    Por último, la PDLI también critica la redacción imprecisa del proyecto cuando plantea la creación de un observatorio administrativo que vigile el cumplimiento de esta nueva ley, dando pie a investigaciones prospectivas, o el incremento de las sanciones si la infracción es contra agentes de la autoridad.

    Las investigaciones prospectivas, es decir, salir a buscar aleatoriamente conductas penales, están absolutamente prohibidas en todos los ordenamientos jurídicos democráticos
    “Es una norma preventiva que permite a las autoridades policiales irrumpir prospectivamente en las redes sociales, con el fin de salir a buscar conductas sancionables administrativa y penalmente”, alerta Isabel Elbal.

    Y concluye: “Se consigue lo que proponía Bentham: con la fuerte sensación de ser vigilados, no hace falta desplegar grandes sistemas de vigilancia. La consciencia de verse fuertemente vigilados produce inevitablemente la autocensura, que nos lleva a limitar fuertemente nuestra libertad de expresión y, de paso, por el Estado se consigue el efecto deseado: el control -autocontrol- de lo que produce grandes molestias, que la gente se exprese libremente y que se cree una opinión pública que cuestione a los poderes y a las instituciones”.

    Por otro lado, la plataforma también ha manifestado su oposición al texto que pretende sacar adelante el partido socialista, por su coincidencia, en los aspectos más preocupantes, con el proyecto del PP.

    Las claves del proyecto de Ley
    En definitiva, según la PDLI y los juristas consultados por la organización, estas serían las principales amenazas del proyecto de Ley del gobierno madrileño:

    1. Se pretende regular la libertad de expresión por vía administrativa y sin control judicial.

    2. Se traslada al ámbito administrativo lo que está ya regulado en el Código Penal, pero sin las garantías del mismo.

    3. Se produciría una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues solo el primero puede legislar en materia de libertades fundamentales. Además, saltándose las mayorías reforzadas de ley orgánica. Ambos aspectos son criticados por la propia la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, entre otras objeciones.

    4. El proyecto contraviene el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no cumplir con los requisitos de necesidad y seguridad jurídica que deben darse cuando se limita la libertad de expresión.

    5. La ley permitiría las investigaciones prospectivas, es decir, “salir de pesca” a buscar aleatoriamente conductas penales, algo absolutamente prohibido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos.

    6. Se disfraza dentro de una ley de protección a las víctimas y prevención de delitos, pero ocultando que una administración, ni estatal, ni menos aún autonómica, no puede decidir qué es discurso de odio y qué es insulto, cuya valoración corresponde a un juez.

    7. Las víctimas, que son el pretexto, no resultan beneficiadas por las multas porque las indemnizaciones no se pueden exigir ni imponer al infractor en vía administrativa.

    8. La cuantía de las multas, hasta 45.000 euros, es desproporcionada.

    9. En caso de que la ley llegase a aprobarse, el único que la podría recurrir, con posibilidad de suspensión, es el Gobierno estatal.

    10. Para aplicar la ley habría que vulnerar otras leyes sobre privacidad para conocer la identidad del infractor.

    11. La competencia territorial es imposible: ¿Cómo determinar qué es lo que sucede en Madrid, cuando estamos en redes sociales?

    12. Un problema adicional son las notificaciones de expedientes sancionadores. ¿Cómo y a quien se va a notificar, cuando las redes sociales son anónimas?
 
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La bicha republicana monárquica se ha cansado que la llamen NaZifuentes en las redes. Puertas al campo lo llevan crudo :ROFLMAO:
 

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