Arranca el plan contra la pobreza energética en España. (1 Viewer)

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pilou12

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Hace tiempo que el concepto de pobreza ha ido evolucionando y mutando. Ya no tiene por qué ir necesariamente asociada a la mendicidad, sino que puede darse en contextos aparentemente inesperados o, incluso, en personas que trabajan en condiciones precarias. Pero tampoco se reduce a una cuestión de dinero: la pobreza tiene manifestaciones en el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación o a otros servicios básicos, como el agua, la luz, el gas o el agua.


Este último concepto tiene asociado un nombre cada vez más común en nuestra sociedad. Se trata de la pobreza energética, una situación en la que un hogar no puede recibir la cantidad de servicios de energía que necesita para salir adelante. Las cifras son incontestables: según los datos del Banco Mundial, 1.200 millones de personas en el mundo (el 17% de la población), no tienen acceso a la electricidad, mientras que 2.700 millones (un 38% de la población), ni siquiera disponen de condiciones adecuadas de cocina. En Europa, según Eurostat, el 9,4% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar en invierno.

1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad y 2.700 millones ni siquiera disponen de condiciones adecuadas de cocina.

Pobreza energética, una lucha de todos
En España, según el informe Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), 5,1 millones de personas pasan frío en invierno, 3,2 millones de personas retrasan el pago de sus facturas energéticas y 1,2 millones dedican el 20% de sus ingresos a dichos pagos.

Por otro lado, nuestro país cuenta con un problema añadido: no cuenta con una definición cerrada de vulnerabilidad energética; es decir, España no tiene un criterio fijo a la hora de determinar qué cantidad de energía necesita una familia ni a partir de qué punto exacto se considera que esté en una situación de vulnerabilidad energética.

En Europa, el 9,4% de la población no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar en invierno.

5,1 millones de españoles pasan frío en invierno, 3,2 millones retrasan el pago de sus facturas energéticas y 1,2 millones dedican el 20% de sus ingresos a dichos pagos.

También cabe destacar las medidas impulsadas por diversos colectivos sociales. Es el caso de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) o el de Cruz Roja, por ejemplo, que en 2015 atendió a más de 700.000 personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Se trata, en definitiva, de una lucha de todos. Entre administraciones públicas, empresas, colectivos sociales y ciudadanos se ha propuesto una batería de medidas para luchar contra este problema. Con la combinación de varias de estas medidas nos encontramos con un plan global y un único objetivo: acabar con la pobreza energética a través de diez medidas concretas.

Ante este panorama solo cabe actuar, una actitud que está siendo desarrollada tanto por Administraciones Públicas como por empresas privadas del sector energético. Por un lado, el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre el Real decreto Ley contra la pobreza energética, un documento aprobado entre PP y PSOE que pretende sentar las bases para proteger a los ciudadanos más vulnerables. De manera paralela, Gas Natural Fenosa ha impulsado su propio Plan de Vulnerabilidad Energética, un paquete de medidas destinadas a mejorar la gestión de los clientes vulnerables, así como reforzar la colaboración con las entidades del tercer sector y la comunicación con los servicios sociales en el que está invirtiendo 4,5 millones de euros cada año.

En este sentido, algunos gobiernos ya se están moviendo. Países como Reino Unido, Francia, Irlanda o Eslovaquia tienen ya una definición establecida de pobreza energética y luchan por atacar la raíz de este problema. En Reino Unido, por ejemplo, desde 2011 existen iniciativas de ayuda en el pago de las facturas a familias en situación de vulnerabilidad o a hogares cuyos bajos ingresos son analizados por un reglamento oficial, que marca los límites para acceder a las ayudas.

También Francia tiene desde hace años diversas partidas presupuestarias que se hacen cargo del pago de la factura si las familias no pueden hacer frente al mismo. Otros países, como Grecia, Portugal o Italia, cuentan con medidas muy similares al famoso bono social español.
Diez medidas:

Impedir el corte de suministro a personas vulnerables

el nuevo decreto pactado por PP y PSE,prohibe suspender el suministro eléctrico ...

SIGUE:


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Bueno,seguro que este Decreto no lo tumba el Constitucional como hizo con la Ley que aprobó el Parlament.Esperemos.
 
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Curioso que el informe no mencione al único colectivo social que DE VERDAD mantiene una lucha en toda regla para evitar cortes de suministros a quien no puede pagarlos: APE (Alianza contra la Pobreza Energética). De no haber sido por ellos, ni empresas ni fuerzas políticas se hubiesen planteado nada al respecto. La gente, como siempre, un paso por delante.

Años de presión llevan ya y aún queda mucho por hacer...
 

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