Argentina crisis institucional .

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Si puedo dar mi opinion, opino. ES INAGUANTABLE EL CULEBRON!!!!!!!

Que se vayan YA!!!! Por traer un articulo traigo este. En qué pais ocurre esto?
llena de angustia la crisis intitucional. la disputa de poder, las chicanas entre dos. Boris es un poroto en un pais de primer mundo. ES un poroto.
Más cepo al turismo: no se podrá comprar en cuotas en los freeshops de Argentina.

Esto es vanal... lo que ocurre en serio es mucho, muchisimo peor. No hay aciete, no hay combustible, no hay primeros alimentos. VENEZUELA, hacia alli, vamos. MODELO DE ESTE GOBIERNO.

La decisión del Banco Central se suma a la prohibición de financiamiento para las compras puerta a puerta, sancionada una semana atrás. El BCRA también flexibilizó algunos requisitos para la importación de fertilizantes y autopartes​


Más cepo al turismo: no se podrá comprar en cuotas en los freeshops de Argentina​

La decisión del Banco Central se suma a la prohibición de financiamiento para las compras puerta a puerta, sancionada una semana atrás. El BCRA también flexibilizó algunos requisitos para la importación de fertilizantes y autopartes​

 
Última edición:
Es un desastre! La devaluación para el empleado es insostenible. Yo perdí un negocio que venía aguantando con las devaluaciones desde hace 5 años y la pandemia lo acabó de rematar.
Quiero irme ya de acá, porque comer se ha vuelto un lujo.
Estaba en proyecto de hacer mi casa, pero no he podido avanzar.
Encima las cuotas impositivas de los créditos son altísimas por la inflación que no para. Pero no puedes ahorrar, porque se te devalua el dinero en un suspiro.
No sé cuanto más aguanto, amiga, un abrazo.
Dios quiera esto mejore, pero no hay vísperas.
 

ANÁLISIS

No son periodistas, ni fiscales, ni jueces: son militares​


Por
Raúl Solís.

24 de agosto de 2022 11:12

cristina.jpg

Si en el siglo pasado los golpes de Estado contra la voluntad democrática se daban con tanques y militares vestidos de uniforme, que hacían desaparecer a militantes y activistas políticos tirándolos al mar en aviones de la muerte, encarcelándolos o disparándoles tiros de gracia en un pelotón de fusilamiento, en la actualidad ya no es necesaria la sangre para hacer desaparecer a políticos incómodos para los poderosos. Para hacer desaparecer a políticos que defienden al pueblo sólo es necesario un fiscal o un juez, un periódico que publique los autos judiciales y una televisión y radio que lo conviertan todo en un show donde la víctima sea la verdad.

Lo que está ocurriendo estos días en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner se hubiese llevado a cabo en los 70 secuestrándola, haciéndola desaparecer o directamente obligándole a exiliarse para salvar la vida. Sin embargo, las prácticas golpistas de la derecha, en América Latina y en España, se han perfeccionado porque la sangre ya es demasiado escandalosa.

Hablar de Cristina Fernández de Kirchner es hablar de lo que le han hecho a Mónica Oltra, a Pablo Iglesias, a Irene Montero o a Ada Colau en España; a Lula da Silva en Brasil; a Evo Morales en Bolivia o a Rafael Correa en Ecuador. El delito por el que se los persigue es defender a los nadie, poner las instituciones a defender al pueblo en lugar de enriquecer a las oligarquías, que no es sólo un nombre ruso. Es el Estado profundo operando contra la democracia y contra las clases populares, representadas en líderes cuya base social son los de abajo. El Estado profundo tiene nombres y apellidos, son los que mandan de verdad, los que tienen el poder, los dueños de un país, los grandes empresarios, los jueces y fiscales y el poder mediático concentrado.


El fiscal Diego Luciani pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina por una presunta asociación ilícita, por la que habría participado en un supuesto caso de irregularidades en la adjudicación de la obra pública entre 2007 y 2015. El escrito del fiscal no indica qué obras son con las que se ha enriquecido Fernández de Kirchner, ni cuánto ha supuesto de aumento en su patrimonio, tampoco qué delitos son los que se les imputa para que se pueda defender.

El fiscal, que juega a fútbol los domingos con el expresidente derechista Mauricio Macri en la finca de éste, obliga a Cristina Fernández a tener que mostrar su inocencia en lugar de detallar las acusaciones. Usar la acusación de asociación ilícita sin concretar e individualizar los delitos es el truco que se gastan estos nuevos militares sin uniforme para decir que la sola pertenencia a un espacio político es suficiente para convertirte en un delincuente. La Inquisición con I+D+i.

El show del fiscal ha sido televisado en directo en los medios del Grupo Clarín, emporio mediático afectado por la regulación mediática de Cristina Fernández, que prohibió que ningún grupo empresarial fuera dueño de más del 25% de la propiedad de ningún medio de comunicación, ley derogada en cuanto Mauricio Macri llegó al poder en 2015. Curiosamente, ninguno de los medios del Grupo Clarín ha emitido las declaraciones en sede judicial de los funcionarios encargados de auditar la obra pública. Si se publica la verdad, se cae el show.

Tampoco han publicado los periódicos, radios y televisiones del Grupo Clarín que Cristina Fernández de Kirchner no aparece firmando ninguna resolución, ningún decreto, que no hay un mail o un mensaje telefónico que la involucre en una supuesta asociación ilícita de la obra pública. Una auditoría realizada por la propia administración de Mauricio Macri señala que el Estado argentino, durante la etapa de Cristina Fernández, nunca pagó nada sin construir y que lo recepcionado tenía óptimas calidades, de acuerdo a las licitaciones.

Esto tampoco ha sido publicado por el Grupo Clarín ni ha sido tenido en cuenta por el fiscal.

Los medios de comunicación enemigos del kirchnerismo no han emitido las declaraciones de los testigos que exculpan a la expresidenta argentina, pero llevan dos días emitiendo en directo las conclusiones del fiscal Diego Luciani. Los medios tampoco han emitido en directo la defensa de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha defendido en directo por sus redes sociales desde su despacho, porque el fiscal no ha tenido a bien citarla en sede judicial para que se pueda defender de las acusaciones de asociación ilícita.

No asistimos a un juicio, sino a un auto de fe en los medios de comunicación, que son las nuevas plazas del pueblo de estos tribunales de la Santa Inquisición, que obligan al acusado a defender su inocencia en lugar de a los acusadores de mostrar las pruebas de la acusación. Los medios de comunicación y los jueces son los nuevos ejércitos. Eliminar a un político que defiende al pueblo no deja rastro de sangre, pero queda proscrito por una población que, sin educación mediática, es víctima y presa de un nuevo golpismo sin tanques, radiado y televisado en directo.

La guerra jurídica de la derecha exaltada no es contra Cristina Fernández de Kirchner, ni contra Mónica Oltra, ni contra Pablo Iglesias, ni contra Irene Montero, ni contra Vicky Rosell, ni contra Rafael Correa, ni contra Lula da Silva, ni contra Evo Morales. Es contra la democracia, contra quienes militan en política para darle esperanza a los nadies y le disputan los privilegios a los de arriba para que los de abajo tengan sueños que quepan en la democracia. No son periodistas, ni fiscales, ni jueces, son militares. La víctima es la democracia y el objetivo es que nadie se anime a defender a los nadies, que a nadie se le ocurra defender un programa de gobierno que abogue por que las necesidades de los de abajo se conviertan en derechos. No van a por ellos, vienen a por nosotros, a por los de abajo.

 

ANÁLISIS

No son periodistas, ni fiscales, ni jueces: son militares​


Por
Raúl Solís.

24 de agosto de 2022 11:12

cristina.jpg

Si en el siglo pasado los golpes de Estado contra la voluntad democrática se daban con tanques y militares vestidos de uniforme, que hacían desaparecer a militantes y activistas políticos tirándolos al mar en aviones de la muerte, encarcelándolos o disparándoles tiros de gracia en un pelotón de fusilamiento, en la actualidad ya no es necesaria la sangre para hacer desaparecer a políticos incómodos para los poderosos. Para hacer desaparecer a políticos que defienden al pueblo sólo es necesario un fiscal o un juez, un periódico que publique los autos judiciales y una televisión y radio que lo conviertan todo en un show donde la víctima sea la verdad.

Lo que está ocurriendo estos días en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner se hubiese llevado a cabo en los 70 secuestrándola, haciéndola desaparecer o directamente obligándole a exiliarse para salvar la vida. Sin embargo, las prácticas golpistas de la derecha, en América Latina y en España, se han perfeccionado porque la sangre ya es demasiado escandalosa.

Hablar de Cristina Fernández de Kirchner es hablar de lo que le han hecho a Mónica Oltra, a Pablo Iglesias, a Irene Montero o a Ada Colau en España; a Lula da Silva en Brasil; a Evo Morales en Bolivia o a Rafael Correa en Ecuador. El delito por el que se los persigue es defender a los nadie, poner las instituciones a defender al pueblo en lugar de enriquecer a las oligarquías, que no es sólo un nombre ruso. Es el Estado profundo operando contra la democracia y contra las clases populares, representadas en líderes cuya base social son los de abajo. El Estado profundo tiene nombres y apellidos, son los que mandan de verdad, los que tienen el poder, los dueños de un país, los grandes empresarios, los jueces y fiscales y el poder mediático concentrado.


El fiscal Diego Luciani pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina por una presunta asociación ilícita, por la que habría participado en un supuesto caso de irregularidades en la adjudicación de la obra pública entre 2007 y 2015. El escrito del fiscal no indica qué obras son con las que se ha enriquecido Fernández de Kirchner, ni cuánto ha supuesto de aumento en su patrimonio, tampoco qué delitos son los que se les imputa para que se pueda defender.

El fiscal, que juega a fútbol los domingos con el expresidente derechista Mauricio Macri en la finca de éste, obliga a Cristina Fernández a tener que mostrar su inocencia en lugar de detallar las acusaciones. Usar la acusación de asociación ilícita sin concretar e individualizar los delitos es el truco que se gastan estos nuevos militares sin uniforme para decir que la sola pertenencia a un espacio político es suficiente para convertirte en un delincuente. La Inquisición con I+D+i.

El show del fiscal ha sido televisado en directo en los medios del Grupo Clarín, emporio mediático afectado por la regulación mediática de Cristina Fernández, que prohibió que ningún grupo empresarial fuera dueño de más del 25% de la propiedad de ningún medio de comunicación, ley derogada en cuanto Mauricio Macri llegó al poder en 2015. Curiosamente, ninguno de los medios del Grupo Clarín ha emitido las declaraciones en sede judicial de los funcionarios encargados de auditar la obra pública. Si se publica la verdad, se cae el show.

Tampoco han publicado los periódicos, radios y televisiones del Grupo Clarín que Cristina Fernández de Kirchner no aparece firmando ninguna resolución, ningún decreto, que no hay un mail o un mensaje telefónico que la involucre en una supuesta asociación ilícita de la obra pública. Una auditoría realizada por la propia administración de Mauricio Macri señala que el Estado argentino, durante la etapa de Cristina Fernández, nunca pagó nada sin construir y que lo recepcionado tenía óptimas calidades, de acuerdo a las licitaciones.

Esto tampoco ha sido publicado por el Grupo Clarín ni ha sido tenido en cuenta por el fiscal.

Los medios de comunicación enemigos del kirchnerismo no han emitido las declaraciones de los testigos que exculpan a la expresidenta argentina, pero llevan dos días emitiendo en directo las conclusiones del fiscal Diego Luciani. Los medios tampoco han emitido en directo la defensa de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha defendido en directo por sus redes sociales desde su despacho, porque el fiscal no ha tenido a bien citarla en sede judicial para que se pueda defender de las acusaciones de asociación ilícita.

No asistimos a un juicio, sino a un auto de fe en los medios de comunicación, que son las nuevas plazas del pueblo de estos tribunales de la Santa Inquisición, que obligan al acusado a defender su inocencia en lugar de a los acusadores de mostrar las pruebas de la acusación. Los medios de comunicación y los jueces son los nuevos ejércitos. Eliminar a un político que defiende al pueblo no deja rastro de sangre, pero queda proscrito por una población que, sin educación mediática, es víctima y presa de un nuevo golpismo sin tanques, radiado y televisado en directo.

La guerra jurídica de la derecha exaltada no es contra Cristina Fernández de Kirchner, ni contra Mónica Oltra, ni contra Pablo Iglesias, ni contra Irene Montero, ni contra Vicky Rosell, ni contra Rafael Correa, ni contra Lula da Silva, ni contra Evo Morales. Es contra la democracia, contra quienes militan en política para darle esperanza a los nadies y le disputan los privilegios a los de arriba para que los de abajo tengan sueños que quepan en la democracia. No son periodistas, ni fiscales, ni jueces, son militares. La víctima es la democracia y el objetivo es que nadie se anime a defender a los nadies, que a nadie se le ocurra defender un programa de gobierno que abogue por que las necesidades de los de abajo se conviertan en derechos. No van a por ellos, vienen a por nosotros, a por los de abajo.

Siento verguenza y asco de que se saque la cara por Monica Oltras, una señora que deberia estar hace tiempo en la carcel y no haciendo daño a inocentesd
 
Es un desastre! La devaluación para el empleado es insostenible. Yo perdí un negocio que venía aguantando con las devaluaciones desde hace 5 años y la pandemia lo acabó de rematar.
Quiero irme ya de acá, porque comer se ha vuelto un lujo.
Estaba en proyecto de hacer mi casa, pero no he podido avanzar.
Encima las cuotas impositivas de los créditos son altísimas por la inflación que no para. Pero no puedes ahorrar, porque se te devalua el dinero en un suspiro.
No sé cuanto más aguanto, amiga, un abrazo.
Dios quiera esto mejore, pero no hay vísperas.
Te entiendo! Es un lujo sobrevivir en este pais....
No pierdo las esperanzas que el año próximo la cosa cambie... tené un poquito mas de paciencia 🤗
 

ANÁLISIS

No son periodistas, ni fiscales, ni jueces: son militares​


Por
Raúl Solís.

24 de agosto de 2022 11:12

cristina.jpg

Si en el siglo pasado los golpes de Estado contra la voluntad democrática se daban con tanques y militares vestidos de uniforme, que hacían desaparecer a militantes y activistas políticos tirándolos al mar en aviones de la muerte, encarcelándolos o disparándoles tiros de gracia en un pelotón de fusilamiento, en la actualidad ya no es necesaria la sangre para hacer desaparecer a políticos incómodos para los poderosos. Para hacer desaparecer a políticos que defienden al pueblo sólo es necesario un fiscal o un juez, un periódico que publique los autos judiciales y una televisión y radio que lo conviertan todo en un show donde la víctima sea la verdad.

Lo que está ocurriendo estos días en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner se hubiese llevado a cabo en los 70 secuestrándola, haciéndola desaparecer o directamente obligándole a exiliarse para salvar la vida. Sin embargo, las prácticas golpistas de la derecha, en América Latina y en España, se han perfeccionado porque la sangre ya es demasiado escandalosa.

Hablar de Cristina Fernández de Kirchner es hablar de lo que le han hecho a Mónica Oltra, a Pablo Iglesias, a Irene Montero o a Ada Colau en España; a Lula da Silva en Brasil; a Evo Morales en Bolivia o a Rafael Correa en Ecuador. El delito por el que se los persigue es defender a los nadie, poner las instituciones a defender al pueblo en lugar de enriquecer a las oligarquías, que no es sólo un nombre ruso. Es el Estado profundo operando contra la democracia y contra las clases populares, representadas en líderes cuya base social son los de abajo. El Estado profundo tiene nombres y apellidos, son los que mandan de verdad, los que tienen el poder, los dueños de un país, los grandes empresarios, los jueces y fiscales y el poder mediático concentrado.


El fiscal Diego Luciani pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina por una presunta asociación ilícita, por la que habría participado en un supuesto caso de irregularidades en la adjudicación de la obra pública entre 2007 y 2015. El escrito del fiscal no indica qué obras son con las que se ha enriquecido Fernández de Kirchner, ni cuánto ha supuesto de aumento en su patrimonio, tampoco qué delitos son los que se les imputa para que se pueda defender.

El fiscal, que juega a fútbol los domingos con el expresidente derechista Mauricio Macri en la finca de éste, obliga a Cristina Fernández a tener que mostrar su inocencia en lugar de detallar las acusaciones. Usar la acusación de asociación ilícita sin concretar e individualizar los delitos es el truco que se gastan estos nuevos militares sin uniforme para decir que la sola pertenencia a un espacio político es suficiente para convertirte en un delincuente. La Inquisición con I+D+i.

El show del fiscal ha sido televisado en directo en los medios del Grupo Clarín, emporio mediático afectado por la regulación mediática de Cristina Fernández, que prohibió que ningún grupo empresarial fuera dueño de más del 25% de la propiedad de ningún medio de comunicación, ley derogada en cuanto Mauricio Macri llegó al poder en 2015. Curiosamente, ninguno de los medios del Grupo Clarín ha emitido las declaraciones en sede judicial de los funcionarios encargados de auditar la obra pública. Si se publica la verdad, se cae el show.

Tampoco han publicado los periódicos, radios y televisiones del Grupo Clarín que Cristina Fernández de Kirchner no aparece firmando ninguna resolución, ningún decreto, que no hay un mail o un mensaje telefónico que la involucre en una supuesta asociación ilícita de la obra pública. Una auditoría realizada por la propia administración de Mauricio Macri señala que el Estado argentino, durante la etapa de Cristina Fernández, nunca pagó nada sin construir y que lo recepcionado tenía óptimas calidades, de acuerdo a las licitaciones.

Esto tampoco ha sido publicado por el Grupo Clarín ni ha sido tenido en cuenta por el fiscal.

Los medios de comunicación enemigos del kirchnerismo no han emitido las declaraciones de los testigos que exculpan a la expresidenta argentina, pero llevan dos días emitiendo en directo las conclusiones del fiscal Diego Luciani. Los medios tampoco han emitido en directo la defensa de la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha defendido en directo por sus redes sociales desde su despacho, porque el fiscal no ha tenido a bien citarla en sede judicial para que se pueda defender de las acusaciones de asociación ilícita.

No asistimos a un juicio, sino a un auto de fe en los medios de comunicación, que son las nuevas plazas del pueblo de estos tribunales de la Santa Inquisición, que obligan al acusado a defender su inocencia en lugar de a los acusadores de mostrar las pruebas de la acusación. Los medios de comunicación y los jueces son los nuevos ejércitos. Eliminar a un político que defiende al pueblo no deja rastro de sangre, pero queda proscrito por una población que, sin educación mediática, es víctima y presa de un nuevo golpismo sin tanques, radiado y televisado en directo.

La guerra jurídica de la derecha exaltada no es contra Cristina Fernández de Kirchner, ni contra Mónica Oltra, ni contra Pablo Iglesias, ni contra Irene Montero, ni contra Vicky Rosell, ni contra Rafael Correa, ni contra Lula da Silva, ni contra Evo Morales. Es contra la democracia, contra quienes militan en política para darle esperanza a los nadies y le disputan los privilegios a los de arriba para que los de abajo tengan sueños que quepan en la democracia. No son periodistas, ni fiscales, ni jueces, son militares. La víctima es la democracia y el objetivo es que nadie se anime a defender a los nadies, que a nadie se le ocurra defender un programa de gobierno que abogue por que las necesidades de los de abajo se conviertan en derechos. No van a por ellos, vienen a por nosotros, a por los de abajo.

¿Lawfare a la vista? No sería extraño, hay ya demasiados precedentes, el tiempo lo dirá.

Ayer escuché a un periodista argentino, vino a decir que contra Kirchner no hay prueba en contra alguna salvo la investigación -que debe hacerse- por el encargo de obra pública a un empresario. A la pregunta de si en Argentina hay separación de poderes -justicia independiente- dijo que andan justitos justitos. Ni sus gestos ni su respuesta hacen pensar lo contrario.
 
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