Anticorrupción pide imputar a Aguirre y Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid
Las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la UCO que sitúan a la expresidenta regional en reuniones para negociar pagos en B
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa
Según El País, la Fiscalía pide también la imputación de Javier Monzón, actual presidente del Consejo de Administración de Prisa
Marcos Pinheiro
53 comentarios
02/08/2019 - 14:13h
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. EFE
Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
La pieza 9 está centrada únicamente en abrir la caja B que tenía el partido, y con la que según Francisco Granados se pagó una campaña en negro para promocionar la figura de la expresidenta antes de las elecciones. Otra ahonda en los amaños en las obras de ampliación de Metro y en las fiestas de inauguración en las que Aguirre presumía de gestión eficiente. En la mesa de Anticorrupción también hay una denuncia para que se investigue la publicidad de los hospitales, ante las sospechas de que una parte fue a parar a empresa que luego colaboraban con la mencionada caja B.
Para pedir la imputación de Aguirre, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños.
Esos informes también apuntan a que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP.
En caso de Cifuentes, la UCO elaboró un informe en el que acusaba a la expresidenta de haberse saltado los trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Los agentes de la Guardia Civil sembraron dudas sobre la puntuación que se dio a la oferta del empresario, íntimo amigo de Esperanza Aguirre, y apuntó a irregularidades en la composición de los órganos de contratación.
Según El País, la Fiscalía también pide que declare como investigado Javier Monzón, el actual presidente del Consejo de Administración de Prisa. Monzón estuvo hasta 2015 al frente de Indra, una de las empresas que supuestamente se habrían utilizado para canalizar pagos en B al PP de Madrid.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre y Cifuentes.
https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Esperanza-Aguirre-PP-Madrid_0_927057716.html
¿Las van a imputar de verdad? Lo pregunto porque todo un juez del Tribunal Supremo como Marchena.....
TRIBUNAL SUPREMO
Marchena, contrario a disolver partidos que se financien ilegalmente
El presidente del tribunal que debe juzgar el procés evita pronunciarse sobre cuándo estará lista la sentencia, y defiende un cambio legislativo en lo que respecta a la financiación ilegal de formaciones políticas: “No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable” y “subsanable con la condena de los responsables por ese hecho concreto”.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. / Europa Press
MÁS INFORMACIÓN
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
23/07/2019 13:05 Actualizado: 23/07/2019 13:05
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
Manuel Marchena considera que no puede disolverse o administrarse judicialmente un partido político que haya sido condenado por financiarse ilegalmente. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, preguntado este martes por lo establecido en el artículo 304 bis del Código Penal, en relación a los delitos de financiación de formaciones políticas, consideraba “indispensable” una reforma en este sentido.
“No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable”, y que es ”subsanable y atendible con la condena de los responsables por ese hecho concreto”, afirmaba el magistrado. Según su interpretación, esto supondría “dejar sin referencia política” a los ciudadanos que se sintieran vinculados con estas siglas.
"¿Alguien se imagina que un partido político fuera administrado judicialmente por la Audiencia Nacional? No tiene ningún sentido", apostillaba Marchena, durante su intervención en el curso sobre “Justicia y desarrollo económico”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.
Por ello, se ha mostrado partidario de una reforma de este artículo del Código Penal, para acabar con la posibilidad de que los partidos sean disueltos o administrados judicialmente. Pedía al poder legislativo que “adapte las penas” para este caso concreto, cuya inclusión fue “controvertida” al no estar inicialmente prevista en la reforma por la que fue introducida en el Código Penal.
El juez se muestra partidario de una reforma del artículo en el Código Penal
Sobre esta cuestión concreta, el último precedente se dio en el juicio por la destrucción por parte del PP de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas, visto para sentencia, en el que la acusación popular del Observatori Drets Humans (DESC) reclama como pena que el PP sea temporalmente administrado judicialmente o suspendido de actividades.
La formación de Pablo Casado ya ha sido condenada por financiarse ilegalmente en la Comunidad Valenciana, y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel ratifica la existencia de una caja b del partido, si bien en este caso el la formación conservadora sólo ha sido condenada como partícipe a título lucrativo. Como recuerda la sentencia, en la época en la que se produjeron los hechos enjuiciados no existía la posibilidad de condenar al PP como persona jurídica.
Sobre el procés: “Tengo que guardar silencio”
Como era previsible, el magistrado no ha respondido a la pregunta más esperada. El presidente del tribunal responsable de dictar sentencia tras el juicio a la cúpula del procés catalán ha despejado la única pregunta sobre el esperado fallo del tribunal, rechazando aclarar siquiera cuándo tienen previsto terminar de redactar esta sentencia, que no se espera antes de octubre.
“Tengo que guardar silencio”, “no puedo convertir esto en un intercambio de preguntas y respuestas sobre lo que es esa sentencia”, respondía a la única pregunta formulada al respecto. El juicio a la cúpula del procés concluyó el 12 de junio, hace algo menos de mes y medio.
https://www.publico.es/sociedad/tri...-disolver-partidos-financien-ilegalmente.html
Las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la UCO que sitúan a la expresidenta regional en reuniones para negociar pagos en B
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa
Según El País, la Fiscalía pide también la imputación de Javier Monzón, actual presidente del Consejo de Administración de Prisa
Marcos Pinheiro
53 comentarios
02/08/2019 - 14:13h
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. EFE
Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica
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Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
La pieza 9 está centrada únicamente en abrir la caja B que tenía el partido, y con la que según Francisco Granados se pagó una campaña en negro para promocionar la figura de la expresidenta antes de las elecciones. Otra ahonda en los amaños en las obras de ampliación de Metro y en las fiestas de inauguración en las que Aguirre presumía de gestión eficiente. En la mesa de Anticorrupción también hay una denuncia para que se investigue la publicidad de los hospitales, ante las sospechas de que una parte fue a parar a empresa que luego colaboraban con la mencionada caja B.
Para pedir la imputación de Aguirre, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños.
Esos informes también apuntan a que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP.
En caso de Cifuentes, la UCO elaboró un informe en el que acusaba a la expresidenta de haberse saltado los trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Los agentes de la Guardia Civil sembraron dudas sobre la puntuación que se dio a la oferta del empresario, íntimo amigo de Esperanza Aguirre, y apuntó a irregularidades en la composición de los órganos de contratación.
Según El País, la Fiscalía también pide que declare como investigado Javier Monzón, el actual presidente del Consejo de Administración de Prisa. Monzón estuvo hasta 2015 al frente de Indra, una de las empresas que supuestamente se habrían utilizado para canalizar pagos en B al PP de Madrid.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre y Cifuentes.
https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Esperanza-Aguirre-PP-Madrid_0_927057716.html
¿Las van a imputar de verdad? Lo pregunto porque todo un juez del Tribunal Supremo como Marchena.....
TRIBUNAL SUPREMO
Marchena, contrario a disolver partidos que se financien ilegalmente
El presidente del tribunal que debe juzgar el procés evita pronunciarse sobre cuándo estará lista la sentencia, y defiende un cambio legislativo en lo que respecta a la financiación ilegal de formaciones políticas: “No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable” y “subsanable con la condena de los responsables por ese hecho concreto”.
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ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
Manuel Marchena considera que no puede disolverse o administrarse judicialmente un partido político que haya sido condenado por financiarse ilegalmente. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, preguntado este martes por lo establecido en el artículo 304 bis del Código Penal, en relación a los delitos de financiación de formaciones políticas, consideraba “indispensable” una reforma en este sentido.
“No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable”, y que es ”subsanable y atendible con la condena de los responsables por ese hecho concreto”, afirmaba el magistrado. Según su interpretación, esto supondría “dejar sin referencia política” a los ciudadanos que se sintieran vinculados con estas siglas.
"¿Alguien se imagina que un partido político fuera administrado judicialmente por la Audiencia Nacional? No tiene ningún sentido", apostillaba Marchena, durante su intervención en el curso sobre “Justicia y desarrollo económico”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.
Por ello, se ha mostrado partidario de una reforma de este artículo del Código Penal, para acabar con la posibilidad de que los partidos sean disueltos o administrados judicialmente. Pedía al poder legislativo que “adapte las penas” para este caso concreto, cuya inclusión fue “controvertida” al no estar inicialmente prevista en la reforma por la que fue introducida en el Código Penal.
El juez se muestra partidario de una reforma del artículo en el Código Penal
Sobre esta cuestión concreta, el último precedente se dio en el juicio por la destrucción por parte del PP de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas, visto para sentencia, en el que la acusación popular del Observatori Drets Humans (DESC) reclama como pena que el PP sea temporalmente administrado judicialmente o suspendido de actividades.
La formación de Pablo Casado ya ha sido condenada por financiarse ilegalmente en la Comunidad Valenciana, y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel ratifica la existencia de una caja b del partido, si bien en este caso el la formación conservadora sólo ha sido condenada como partícipe a título lucrativo. Como recuerda la sentencia, en la época en la que se produjeron los hechos enjuiciados no existía la posibilidad de condenar al PP como persona jurídica.
Sobre el procés: “Tengo que guardar silencio”
Como era previsible, el magistrado no ha respondido a la pregunta más esperada. El presidente del tribunal responsable de dictar sentencia tras el juicio a la cúpula del procés catalán ha despejado la única pregunta sobre el esperado fallo del tribunal, rechazando aclarar siquiera cuándo tienen previsto terminar de redactar esta sentencia, que no se espera antes de octubre.
“Tengo que guardar silencio”, “no puedo convertir esto en un intercambio de preguntas y respuestas sobre lo que es esa sentencia”, respondía a la única pregunta formulada al respecto. El juicio a la cúpula del procés concluyó el 12 de junio, hace algo menos de mes y medio.
https://www.publico.es/sociedad/tri...-disolver-partidos-financien-ilegalmente.html
