Anticorrupción pide imputar a Aguirre y Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid (1 Viewer)

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Anticorrupción pide imputar a Aguirre y Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid

Las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la UCO que sitúan a la expresidenta regional en reuniones para negociar pagos en B

Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa

Según El País, la Fiscalía pide también la imputación de Javier Monzón, actual presidente del Consejo de Administración de Prisa

Marcos Pinheiro

53 comentarios

02/08/2019 - 14:13h

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. EFE

Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, que presidió durante 12 años, según han informado fuentes fiscales.




Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.

La pieza 9 está centrada únicamente en abrir la caja B que tenía el partido, y con la que según Francisco Granados se pagó una campaña en negro para promocionar la figura de la expresidenta antes de las elecciones. Otra ahonda en los amaños en las obras de ampliación de Metro y en las fiestas de inauguración en las que Aguirre presumía de gestión eficiente. En la mesa de Anticorrupción también hay una denuncia para que se investigue la publicidad de los hospitales, ante las sospechas de que una parte fue a parar a empresa que luego colaboraban con la mencionada caja B.

Para pedir la imputación de Aguirre, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños.

Esos informes también apuntan a que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP.

En caso de Cifuentes, la UCO elaboró un informe en el que acusaba a la expresidenta de haberse saltado los trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Los agentes de la Guardia Civil sembraron dudas sobre la puntuación que se dio a la oferta del empresario, íntimo amigo de Esperanza Aguirre, y apuntó a irregularidades en la composición de los órganos de contratación.

Según El País, la Fiscalía también pide que declare como investigado Javier Monzón, el actual presidente del Consejo de Administración de Prisa. Monzón estuvo hasta 2015 al frente de Indra, una de las empresas que supuestamente se habrían utilizado para canalizar pagos en B al PP de Madrid.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre y Cifuentes.


https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Esperanza-Aguirre-PP-Madrid_0_927057716.html




¿Las van a imputar de verdad? Lo pregunto porque todo un juez del Tribunal Supremo como Marchena.....



TRIBUNAL SUPREMO

Marchena, contrario a disolver partidos que se financien ilegalmente



El presidente del tribunal que debe juzgar el procés evita pronunciarse sobre cuándo estará lista la sentencia, y defiende un cambio legislativo en lo que respecta a la financiación ilegal de formaciones políticas: “No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable” y “subsanable con la condena de los responsables por ese hecho concreto”.







El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. / Europa Press

MÁS INFORMACIÓN

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)
23/07/2019 13:05 Actualizado: 23/07/2019 13:05
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

Manuel Marchena considera que no puede disolverse o administrarse judicialmente un partido político que haya sido condenado por financiarse ilegalmente. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, preguntado este martes por lo establecido en el artículo 304 bis del Código Penal, en relación a los delitos de financiación de formaciones políticas, consideraba “indispensable” una reforma en este sentido.

“No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto”, “geográficamente localizable”, y que es ”subsanable y atendible con la condena de los responsables por ese hecho concreto”, afirmaba el magistrado. Según su interpretación, esto supondría “dejar sin referencia política” a los ciudadanos que se sintieran vinculados con estas siglas.

"¿Alguien se imagina que un partido político fuera administrado judicialmente por la Audiencia Nacional? No tiene ningún sentido", apostillaba Marchena, durante su intervención en el curso sobre “Justicia y desarrollo económico”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.

Por ello, se ha mostrado partidario de una reforma de este artículo del Código Penal, para acabar con la posibilidad de que los partidos sean disueltos o administrados judicialmente. Pedía al poder legislativo que “adapte las penas” para este caso concreto, cuya inclusión fue “controvertida” al no estar inicialmente prevista en la reforma por la que fue introducida en el Código Penal.

El juez se muestra partidario de una reforma del artículo en el Código Penal
Sobre esta cuestión concreta, el último precedente se dio en el juicio por la destrucción por parte del PP de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas, visto para sentencia, en el que la acusación popular del Observatori Drets Humans (DESC) reclama como pena que el PP sea temporalmente administrado judicialmente o suspendido de actividades.

La formación de Pablo Casado ya ha sido condenada por financiarse ilegalmente en la Comunidad Valenciana, y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel ratifica la existencia de una caja b del partido, si bien en este caso el la formación conservadora sólo ha sido condenada como partícipe a título lucrativo. Como recuerda la sentencia, en la época en la que se produjeron los hechos enjuiciados no existía la posibilidad de condenar al PP como persona jurídica.

Sobre el procés: “Tengo que guardar silencio”
Como era previsible, el magistrado no ha respondido a la pregunta más esperada. El presidente del tribunal responsable de dictar sentencia tras el juicio a la cúpula del procés catalán ha despejado la única pregunta sobre el esperado fallo del tribunal, rechazando aclarar siquiera cuándo tienen previsto terminar de redactar esta sentencia, que no se espera antes de octubre.

“Tengo que guardar silencio”, “no puedo convertir esto en un intercambio de preguntas y respuestas sobre lo que es esa sentencia”, respondía a la única pregunta formulada al respecto. El juicio a la cúpula del procés concluyó el 12 de junio, hace algo menos de mes y medio.

https://www.publico.es/sociedad/tri...-disolver-partidos-financien-ilegalmente.html
 

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La Fiscalía implica a Aguirre en la caja B que financió las campañas de sus mayorías absolutas

Cinco años después de estallido del caso Púnica, Anticorrupción pide que la expresidenta y su sucesora, Cristina Cifuentes, declaren como imputadas
La investigación ha destapado progresivamente los distintos métodos utilizados por el PP de Madrid para llenar la caja B con la que se pagaban actos electorales

La Guardia Civil llegó a acusar al partido de haber atentado contra el "pluralismo político" en las elecciones en las que Aguirre se impuso con mayoría absoluta

Marcos Pinheiro
02/08/2019 - 20:47h


Esperanza Aguirre, durante un acto de campaña. EFE

La Guardia Civil concluye que Esperanza Aguirre ganó dos elecciones haciendo trampas
Las distintas investigaciones han perseguido a Esperanza Aguirre durante años, pero ella ha salido siempre indemne. La histórica presidenta de la Comunidad de Madrid, bajo cuyos gobiernos se filtró la corrupción en todos los estamentos de la administración, había asistido desde la barrera a la imputación de sus colaboradores más cercanos. Eso sí, su nombre se escuchaba cada vez con más asiduidad en los pasillos y las salas de declaraciones de la Audiencia Nacional, y hasta quedaba escrito en algún informe policial, pero pasaban los años y Anticorrupción no daba el paso de pedir que declarase como imputada. Hasta este viernes.




El pasado 26 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a Manuel García Castellón, el juez que instruye el caso Púnica, un informe en el que situaba por primera vez a Aguirre en una reunión de la trama de financiación ilegal. Ahora, las dos fiscales del caso –Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez– han presentado un escrito en el que reclaman que comparezca como imputada para dar explicaciones. Hacen la misma reclamación sobre Cristina Cifuentes, a quien la Guardia Civil también implicó en 2017 en el entramado de financiación ilegal del PP de Madrid.

El documento presentado este viernes tiene 75 páginas –de las que solo se conoce un breve extracto– y, entre otras cosas, pide al juez que reordene el caso Púnica una vez que se acerca el final de esta investigación. Las fiscales reclaman que cada rama del caso se agrupe en una pieza "que permitiría un enjuiciamiento independiente". En total, 11 piezas distintas.

"Desvío de fondos para pago de gastos del PP"
La número nueve es la que ahora amenaza a las dos expresidentas madrileñas y en la que ya estaba imputado Ignacio González. Según el escrito de las fiscales, esa pieza se centra en los "hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid". O lo que es lo mismo: el sistema que se instauró en el PP de Madrid para nutrir de dinero negro la caja B del partido con la que se pagaban los actos electorales del partido.

Los investigadores abrieron esta línea de investigación a raíz de las anotaciones encontradas en la agenda de Francisco Granados, exconsejero de Aguirre detenido en 2014. En sus hojas encontraron nombres de empresarios junto a cantidades. Él defendió que los números correspondían a asistentes a actos del PP. Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía creen que reflejan el flujo de dinero de empresarios hacía la caja B del PP.

A lo largo de estos años, la investigación ha profundizado en el entramado gracias a la documentación encontrada al propio Granados y a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Desde entonces se han sucedido los informes policiales que apuntan a sistema de pagos en B para sortear los límites que la ley impone a los partidos de cara a las campañas electorales.

Uno de los más duros se entregó en abril de 2017 al juez. En él, los agentes de la UCO acusaban al PP de Madrid de haber provocado "una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral". Las irregularidades detectadas en su financiación "atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político", sostenía la Guardia Civil. En definitiva, la investigación sostenía que Aguirre había acudido a los comicios saltándose las normas que sí respetaban el resto de partidos.

Aquel informe apuntaba en concreto a los comicios de 2007 y 2011, donde Aguirre barrió a sus contrincantes en la Comunidad de Madrid. Lo dijo ya Granados durante una de sus declaraciones como imputado: había una contabilidad oficial para los gastos del partido y otra en negro dedicada exclusivamente a pagar los actos de Aguirre.

El Gobierno regional al servicio del partido
La presidenta regional, que había llegado al poder en 2003 –en la campaña también se usó la caja B, según la UCO– gracias al 'Tamayazo', desplegó un control absoluto sobre instituciones, organismos autonómicos y empresas públicas. Las pesquisas revelan que parte de ese control se utilizó para poner esos resortes al servicio del partido.

Por ejemplo, el informe más reciente y que ha desembocado en la petición de la Fiscalía apunta a que el PP modificó la ley que regulaba la publicidad con el fin "de controlar desde la administración autonómica de la CAM los recursos destinados a la publicidad". Según la investigación, los empresarios pagaban los actos del PP de Madrid, y este les devolvía las cantidades desviando dinero de los contratos de publicidad de los grandes proyectos del Gobierno de Aguirre, como la construcción de hospitales.

Los agentes sitúan a Aguirre en las reuniones en las que se trató con los empresarios el sistema de pago. Fue uno de esos empresarios, Daniel Horacio Mercado, quien le contó a los agentes que la expresidenta acudió a algunos de esos encuentros. Mercado, publicista de referencia del PP que pasó a colaborar en las distintas causas en las que está imputado, se benefició de estos contratos irregulares recibiendo una suma que superaba los 7,4 millones de euros.

Fundescam, el "elemento nuclear"
En otro informe, la Guardia Civil detalló cómo se usaba Fundescam, una fundación creada por el PP de Madrid, para llenar la caja B. Era un "elemento nuclear de esta trama": recibía subvenciones de la Comunidad de Madrid y libraba "facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid", gracias a la colaboración de empresas amigas del partido.

Los empresarios también ingresaban dinero en Fundescam que se utilizaba también para financiar las campañas del PP. Esos empresarios recibían después adjudicaciones de organismos públicos controlados por el PP, como es el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. Y es ahí donde aparece Cristina Cifuentes, la otra expresidenta cuya imputación ha reclamado la Fiscalía.

Los informes de la UCO destacan que Cifuentes era al mismo tiempo patrona de Fundescam, miembro del comité electoral del PP de Madrid y responsable de algunas licitaciones de la Asamblea de Madrid. Los agentes creen que ella y el resto de miembros de la mesa de contratación que adjudicó el contrato de la cafetería a Arturo Fernández actuaron para "favorecer de manera preconcebida" al empresario.

La Guardia Civil reunió una serie de "elementos probatorios" y acusó a uno de los compañeros de la expresidenta en la mesa de contratación de desarrollar una "falsa argumentación" para favorecer al Grupo Cantoblanco, una estrategia de la que "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos –María Cristina Cifuentes y María Merino–; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada".

Ignacio González, ya imputado en este caso, completa la nómina de expresidentes madrileños implicados en la caja B del PP. Los indicios contra él surgieron de la investigación del caso Lezo. El juez descubrió que había heredado para la campaña de 2011 el sistema de financiación ilegal utilizado por Granados en 2007: el pago a través de facturas falsas de los gastos electorales abonados por los empresarios.

El juez que vio la conexión entre el sistema utilizado en ambas convocatorias electorales escribió en un auto a finales de 2017 que el PP había confeccionado una contabilidad "ad hoc" para ocultar el flujo de dinero procedente de "subvenciones, donantes, adjudicaciones" y "facturaciones de cobertura con empresas intermediarias". Ahora, ese mismo juez tendrá que decidir si accede a las imputaciones que le reclama la Fiscalía y pide directamente a Aguirre, a la persona que presuntamente se benefició de la caja B, que dé explicaciones en la Audiencia Nacional.

https://www.eldiario.es/politica/corrupcion-gobiernos-alcanza-Esperanza-Aguirre_0_927057733.html

Tarde, muy tarde pero lo peor del asunto que es que hay personas que siguen votando para alcaldes y presidenta de CA a los seguidores de estos personajes, y lo peor es que algunas de ellas están inmersas en posibles delitos como cooperadora necesaria en el caso de Ayuso.
 


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El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones.


El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones

Corrupción y fraude

El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas" al situar a Ignacio González y Granados como "ejecutores" de las órdenes de la expresidenta
La investigación ubica a Esperanza Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam
Concluye que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las pocas semanas de convertirse en presidenta y que la utilizó para ganar en 2007 y 2011
La expresidenta responde en un comunicado que declarará "con mucho gusto" en la Audiencia Nacional y califica de "falso" el contenido del auto judicial

Pedro Águeda
02/09/2019 - 21:15h

Aguirre, en un acto electoral junto a Granados y González

El juez de la Púnica imputa a Aguirre y Cifuentes por la financiación irregular del PP de Madrid
La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar "a principios del año 2004". Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: "Madrid, la suma de todos".




Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, "se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación". Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.

El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: "Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".

La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación "ilícita" del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.

Esa financiación que ideó y dirigió presuntamente Aguirre precisaba que empresarios como Daniel Horacio inyectaran importantes sumas de dinero para las campañas del Partido Popular a cambio de que el Gobierno autonómico del PP les concediera suculentos contratos, pagados con el dinero de todos los madrileños.

"La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidiencia Primera y Portavocía del Gobierno", en manos de Ignacio González. Con los citados párrafos y otro puñado de citas demoledoras para la expresidenta autonómica, el juez García Castellón arruina la fábula de los colaboradores que le habían salido rana a Aguirre. Hasta hoy no le habían ahorrado tener que dejar la política, asediada por los escándalos de corrupción a su alrededor Ahora, Esperanza Aguirre pasa a compartir lista de "investigados" por la financiación irregular del PP madrileño junto a aquellos batracios descarriados, el propio Ignacio González y Francisco Granados .

La respuesta de quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años es un comunicado remitido a la agencia Europa Press en la que asegura que declarará "con mucho gusto" ante la Audiencia Nacional y que el contenido del auto del magistrado Manuel García Castellón "es falso".

La tesis de que el Partido Popular de Madrid se había financiado de forma irregular sin que su presidenta lo supiera se enfrenta ahora a evidencias tales como la que expone el juez al asegurar que se llegaron a cambiar leyes para materializar esta práctica corrupta. Concretamente la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales para el ejercicio siguiente, en la que se introdujo una disposición adicional para que absolutamente toda la Administración madrileña, a excepción de la Radio Televisión pública, debieran solicitar "autorización previa" a la Vicepresidencia y Portavocía que ocupaba Ignacio González para contratar con dinero público cualquier publicidad o difusión en medios de comunicación.

El auto del juez García Castellón describe una organización dedicada a la financiación irregular del PP que tiene en su cúspide a Esperanza Aguirre. Afirma que ella "se habría apoyado" en subordinados clave, como los citados González y Granados, y el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, "para que ejecutasen sus decisiones", de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros".

Un despliegue electoral "fastuoso"
El Partido Popular de Aguirre en Madrid encargó a Horacio y otros empresarios lo que el juez denomina en su auto "la organización, diseño y contratación de publicidad" de las campañas citadas de 2007, 2008 y 2011 "sin importarle el coste de las mismas, en aras de conseguir una gran difusión y un fastuoso despliegue escenográfico y tecnológico en la celebración de los eventos".

El auto del juez dedica un destacado apartado a Fundescam, la fundación vinculada al Partido Popular utilizada como vínculo por empresarios afines para financiar de forma irregular las campañas de Aguirre. "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo Aguirre cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la trama, en referencia a su predecesor Pío García Escudero en el PP madrileño. Ahora, la Audiencia Nacional también destruye esa maniobra de distracción.

"La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del Partido Popular de la comunidad de Madrid y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM a Fundescam. Responsables de la trama según el juez: Beltrán Gutiérrez, Ignacio González, Francisco Granados y Esperanza Aguirre, quien "se apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".

El juez también vincula a Aguirre con la "caja B" del PP madrileño. Recuerda que junto a Granados y el gerente Gutiérrez ella era la tercera autorizada en las cuentas del partido. Con ese dinero sin declarar al Tribunal de Cuentas se paga a proveedores y la publicidad electoral en los medios. "Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PPCM y Presidenta de la Fundación (Fundescam), quien se postuló a presidenta de la CAM en las campañas de los años 2007 y 2011"


El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones

Corrupción y fraude

El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas" al situar a Ignacio González y Granados como "ejecutores" de las órdenes de la expresidenta
La investigación ubica a Esperanza Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam
Concluye que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las pocas semanas de convertirse en presidenta y que la utilizó para ganar en 2007 y 2011
La expresidenta responde en un comunicado que declarará "con mucho gusto" en la Audiencia Nacional y califica de "falso" el contenido del auto judicial

Pedro Águeda
02/09/2019 - 21:15h

Aguirre, en un acto electoral junto a Granados y González

El juez de la Púnica imputa a Aguirre y Cifuentes por la financiación irregular del PP de Madrid
La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar "a principios del año 2004". Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: "Madrid, la suma de todos".




Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, "se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación". Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.

El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: "Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".

La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación "ilícita" del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.

Esa financiación que ideó y dirigió presuntamente Aguirre precisaba que empresarios como Daniel Horacio inyectaran importantes sumas de dinero para las campañas del Partido Popular a cambio de que el Gobierno autonómico del PP les concediera suculentos contratos, pagados con el dinero de todos los madrileños.

"La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidiencia Primera y Portavocía del Gobierno", en manos de Ignacio González. Con los citados párrafos y otro puñado de citas demoledoras para la expresidenta autonómica, el juez García Castellón arruina la fábula de los colaboradores que le habían salido rana a Aguirre. Hasta hoy no le habían ahorrado tener que dejar la política, asediada por los escándalos de corrupción a su alrededor Ahora, Esperanza Aguirre pasa a compartir lista de "investigados" por la financiación irregular del PP madrileño junto a aquellos batracios descarriados, el propio Ignacio González y Francisco Granados .

La respuesta de quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años es un comunicado remitido a la agencia Europa Press en la que asegura que declarará "con mucho gusto" ante la Audiencia Nacional y que el contenido del auto del magistrado Manuel García Castellón "es falso".

La tesis de que el Partido Popular de Madrid se había financiado de forma irregular sin que su presidenta lo supiera se enfrenta ahora a evidencias tales como la que expone el juez al asegurar que se llegaron a cambiar leyes para materializar esta práctica corrupta. Concretamente la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales para el ejercicio siguiente, en la que se introdujo una disposición adicional para que absolutamente toda la Administración madrileña, a excepción de la Radio Televisión pública, debieran solicitar "autorización previa" a la Vicepresidencia y Portavocía que ocupaba Ignacio González para contratar con dinero público cualquier publicidad o difusión en medios de comunicación.

El auto del juez García Castellón describe una organización dedicada a la financiación irregular del PP que tiene en su cúspide a Esperanza Aguirre. Afirma que ella "se habría apoyado" en subordinados clave, como los citados González y Granados, y el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, "para que ejecutasen sus decisiones", de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros".

Un despliegue electoral "fastuoso"
El Partido Popular de Aguirre en Madrid encargó a Horacio y otros empresarios lo que el juez denomina en su auto "la organización, diseño y contratación de publicidad" de las campañas citadas de 2007, 2008 y 2011 "sin importarle el coste de las mismas, en aras de conseguir una gran difusión y un fastuoso despliegue escenográfico y tecnológico en la celebración de los eventos".

El auto del juez dedica un destacado apartado a Fundescam, la fundación vinculada al Partido Popular utilizada como vínculo por empresarios afines para financiar de forma irregular las campañas de Aguirre. "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo Aguirre cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la trama, en referencia a su predecesor Pío García Escudero en el PP madrileño. Ahora, la Audiencia Nacional también destruye esa maniobra de distracción.

"La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del Partido Popular de la comunidad de Madrid y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM a Fundescam. Responsables de la trama según el juez: Beltrán Gutiérrez, Ignacio González, Francisco Granados y Esperanza Aguirre, quien "se apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".

El juez también vincula a Aguirre con la "caja B" del PP madrileño. Recuerda que junto a Granados y el gerente Gutiérrez ella era la tercera autorizada en las cuentas del partido. Con ese dinero sin declarar al Tribunal de Cuentas se paga a proveedores y la publicidad electoral en los medios. "Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la Presidenta del PPCM y Presidenta de la Fundación (Fundescam), quien se postuló a presidenta de la CAM en las campañas de los años 2007 y 2011"
 
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Aguirre y Cifuentes, el virreinato de Madrid


Medio centenar de imputados ya. Por organización criminal, relacionada con la financiación ilegal del PP.

Madrid como epicentro de una derecha unida en un proyecto que nos denigra como sociedad. Virreinato de prebendas de otra época y otro mundo


Esperanza Aguirre es para el juez, la jefa del trama. Caminaba impoluta en lo que ella misma denominó charca de ranas y todas croarían a su batuta.

Ultraconservadora y rabiosamente liberal a un tiempo, censora, añorante franquista y aficionada a la mentiras históricas ¿Pagará ahora?


Cifuentes era otra moderna, otro verso suelto, que terminó insertada en ese gran poema épico y nada ético de su partido en Madrid


Rosa María Artal
02/09/2019 - 21:58h


Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en un mitin en 2015

Han pasado 16 años desde que, en Junio de 2003, Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid en una sorprendente sesión que nos dejó boquiabiertos. Dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáenz, dejaron sus escaños vacíos para dar la mayoría a la candidata del PP. El 'Tamayazo', nunca aclarado oficialmente pero con sus tentáculos al aire, inauguró el virreinato de Madrid con el PP más corrupto de la historia al frente y una titular, Esperanza Aguirre, que lo formatearía a su gusto. Por aquellos tiempos, su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, que ocupaba el "trono" desde 1995, pasaba por ser un progresista liberal de lo más moderno. En el gobierno de España, en ese período, José María Aznar.




En aquella histórica sesión de 2003 en Madrid, se propuso a Concepción Dancausa como Presidenta de la Asamblea y ella se levantó, sacó un papel del bolsillo y leyó cuanto estaba sucediendo e iba suceder. Dancausa ha sido nombrada viceconsejera de Vivienda en el gobierno de Isabel Díaz-Ayuso. Es la misma que fue condenada por el Tribunal de Cuentas por vender pisos municipales de protección oficial a Fondos Buitre. Luego sería exonerada, junto a Ana Botella, gracias al voto de dos consejeros vinculados al PP. El Partido Popular es una gran familia, especialmente el de Madrid.

Todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, salvo Ángel Garrido y Pedro Rollán en sus breves mandatos, han sido imputados por la Justicia. A Gallardón en otra vertiente y ya fue sobreseído. A cambio, tenemos en la lista a Francisco Granados, vicepresidente con Aguirre, que entró a lo grande en la trama, al decir de la justicia. Desde lucrarse con colegios de niños, a cacerías y volquetes de putas. Casualmente, presidió la comisión que hizo como que investigaba el 'Tamayazo'.

Esperanza Aguirre es para el juez, la jefa del trama. Caminaba impoluta en lo que ella misma denominó charca de ranas y resulta que todas croarían a su batuta. Ultraconservadora y rabiosamente liberal a un tiempo, censora, añorante franquista y aficionada a la mentiras históricas, hasta al 15M vio como una rebelión copiada de la para ella malsana revolución francesa que tumbo a los Luis XVI absolutistas de toda la Historia. ¿Pagará ahora?

Hoy ha sido imputada por el juez con Cifuentes y otros empresarios, entre ellos de forma destacada Indra. Por organización criminal, relacionada con la financiación ilegal del PP para adulterar las elecciones a su favor. Habría empezado, según el sumario, apenas llegada a la presidencia. Hoy pringan también con ella, en esta imputación, el hostelero Arturo Fernández, ex presidente de la patronal madrileña, cuñado de Gerardo Díaz Ferrán, aquel otro jefe de empresarios que dijo a Aguirre uno de los piropos más sentidos de su vida: "es cojonuda".

Es difícil moverse sin árbol genealógico por la familia "pepera" de Madrid. Como se heredan las chanchullos de negocios entre todos, visto lo visto, a Cristina Cifuentes también le tocó lidiar con Arturo, el de los caterings de todo lo oficial. Y pasa lo que pasa. Cifuentes era otra moderna, otro verso suelto, que terminó insertada en ese gran poema épico y nada ético de su partido en Madrid. A Cifuentes, la tumbó de la presidencia el máster que no hizo y su empecinado empeño en negarlo para no ser ella la que palmara por lo que se diría es una extendida práctica en el PP. Y el fuego amigo del vídeo de las cremas. Y el juez cree que también la Púnica. En total, en esa trama van ya medio centenar de imputados.

La derecha, con sus ultras y todo, ha colocado ahora a Díaz Ayuso en Madrid, con sus líos de avales e impagos que se trae desde casa. Y ella ha formado un gobierno sin complejos. Ni uno: en esa banda de redimidos (porque para bravos con "che" ellos), se ha traído hasta al jefe de Seguridad del Madrid Arena en 2012. Un suceso en el que murieron cinco chicas jóvenes y causó enorme conmoción. Poco más cabe. Y bien repleto tiene Ayuso el plantel del ejecutivo de consejeros que pueden hacerle competencia en el título.

La imputación de Aguirre y Cifuentes es una noticia positiva para la justicia que debe imperar en un Estado de Derecho. Veremos en qué acaba. Cabe esperarlo todo de este país. Lo inaudito –por decir algo– es que los cómplices de esta situación insostenible que se prolonga ya durante tantos años tengan la desfachatez de mirar para otro lado. Los Ciudadanos de Aguado y Rivera, desde luego. Madrid como epicentro de una derecha unida como una piña en un proyecto que sonroja y nos denigra como sociedad. Virreinato de prebendas de otra época y otro mundo. Tan pertinaz, desgraciadamente, en España.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Aguirre-Cifuentes-virreinato-Madrid_6_937966216.html

¡Vaya presidentas de Comunidad que ha tenido y tiene actualmente Madrid! ¡Que orgullo nacional!
 

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