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Lo que todavía no entiendo es como semejante personaje puede llegar a ser alcaldesa.... algo se está haciendo mal
Ada Colau, Alcaldesa.
- AutorBatuca
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Ha habido imputaciones que luego han quedado en nada y archivadas. Eso sí, el ruido mediático cuando fueron presentadas fue enorme por parte de la prensa, pero cuando se archivaron apenas una reseña y no en todos los MMCC.
No sé lo que habrá en el asunto de Ada Colau. De momento tiene que ser interrogada y luego veremos.
Lo que es muy común hacer en éste país es presentar denuncias y querellas por interés político para que una vez admitidas a trámite, es decir, sin esperar los correspondientes interrogatorios pedir dimisiones.
Veremos...
No sé lo que habrá en el asunto de Ada Colau. De momento tiene que ser interrogada y luego veremos.
Lo que es muy común hacer en éste país es presentar denuncias y querellas por interés político para que una vez admitidas a trámite, es decir, sin esperar los correspondientes interrogatorios pedir dimisiones.
Veremos...
Qué bien vive la comunista.
www.metropoliabierta.com
Rectificación: Colau no pasó un fin de semana en el hotel más lujoso de Andorra
La alcadesa no ocupó una habitación en el hotel Hermitage, uno de los hoteles de referencia del turismo de lujo en el principado
www.metropoliabierta.comEl problema es su granero de votos, personas de bajos ingresos, etc.
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IDOLO lo siento pero ella misma se retrata. No tiene justificación alguna, cuando es de vuestra ideología ya veremos pero si fuera de otro partido pedis la cabeza.
Se os ve el plumero.
Lo que sí sabemos es que por interés político se ponen denuncias que luego se archivan. Con los PODEMOS es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Si por todas las denuncias que ha habido hubieran dimitido políticos de PODEMOS seguro que no quedaría ninguno en el candelero.
No digo que Ada Colau sea inocente pero hay que esperar que declare ante el juez y el juez dirima.
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Este hilo, de nada.
El intento de Barcelona para municipalizar el agua, las ayudas para garantizar el derecho a la vivienda y subvenciones para cooperación internacional. Son las tres patas de la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) contra la alcaldesa, Ada Colau. El documento, al que ha accedido elDiario.es, incluye tanto subvenciones como críticas políticas al consistorio por "asesorar" a okupas, un extremo que ya descartó la Justicia al archivar otra querella contra la alcaldesa.
El texto de la querella, de 67 páginas, empieza con un repaso a la vida política reciente de la alcaldesa –activista en el observatorio DESC; portavoz de la PAH; primera edil de Barcelona– para justificar que las subvenciones concedidas responden "a la relación personal y profesional" entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU).
La asociación querellante, que se caracteriza por su opacidad y ha rechazado concretar quién es su presidente y su presupuesto, cifra en "un importe aproximado de 80 millones de euros" las subvenciones supuestamente fraudulentas. Sin embargo, la suma de las subvenciones que la asociación detalla en el apartado de la querella dedicado a "concreción del hecho delictivo" se reduce a 2,1 millones.
De los 25 expedientes de subvenciones y expedientes detallados en la querella, el primero de ellos –una subvención de 120.000 euros al observatorio Desc– se otorgó cuatro días antes de que Colau fuera nombrada alcaldesa en 2015. Siete subvenciones a Enginyers Sense Fronteres, que ascienden a 287.000 euros, versan sobre la municipalización del agua que intentó el consistorio y frustró el Tribunal Supremo, además de un proyecto para "desmontar la impunidad" de las empresas de agua y energía.
La querella, firmada por una abogada de Granada, mantiene que el consistorio carecía de competencias para otorgar estas subvenciones, si bien el Tribunal de Cuentas ya resolvió, al archivar parte de una denuncia de Agbar, que el consistorio tenía "plena legitimidad" para plantear un régimen de gestión directa del agua "a nivel municipal barcelonés".
No es la única resolución reciente que la ATCD obvia en su querella. El texto reitera expedientes que ya fueron incluidos en una denuncia el año pasado contra Colau que la Fiscalía investigó y archivó al no apreciar delito alguno. El abogado Àlex Solà, que ejerce la defensa de Colau junto a la penalista Olga Tubau, ha tildado de "acto de mala fe procesal importante" el hecho que la querella oculte el carpetazo fiscal del pasado mes de julio a la investigación de las subvenciones a entidades sociales.
Los convenios firmados con el el Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a personas vulnerables también forman parte de la querella. Se trata en realidad de un convenio bianual de 240.00 euros iniciado en 2014 por el Ayuntamiento de Xavier Trias (CiU) que Colau renovó en tres ocasiones –dos por 324.600 euros y una por 420.286 euros.
"Uno de los comunes denominadores de las entidades era la pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios, entre otras", mantiene la querella. Respecto a uno de estos convenios el texto resalta que la intervención municipal cuestionó cinco de sus aspectos, pero olvida que no informó en contra de la subvención.
Lo detalló el fiscal en el archivo de las pesquisas: la intervención puso de manifiesto "cinco motivos de irregularidad" en la subvención al Observatorio Desc que fueron "subsanados" por la entidad. "Se continuó la tramitación del expediente una vez comprobada la corrección de las modificaciones exigidas", resolvió el fiscal, que apuntó a que las subvenciones podían contener irregularidades administrativas pero en ningún caso suponer delitos del Código Penal.
Tras citar parcialmente el contenido de los informes de intervención y obviar que no fueron negativos, la querella de la ATCD arremete con dureza contra los dictámenes de la intervención, que juzga "timoratos" además de considerar que "pecan de excesiva prudencia y no inciden en el presunto y posible carácter delictivo de la práctica".
Otras de las subvenciones denunciadas por la ATCD tratan sobre un proyecto del Observatorio Desc sobre los fondos buitre y su impacto en el derecho a la vivienda, un informe sobre "derechos sociales en peligro" y otras dos iniciativas en defensa del derecho a la vivienda. Hay también tres subvenciones a Ecologistas en Acción y Enginyers Sense Fronteres por estudios del impacto de la emergencia climática en el puerto y el aeropuerto y sobre el cambio climático.
El tercer bloque de subvenciones lo integran proyectos de cooperación internacional para los que el Ayuntamiento, según la ATCD, no tiene competencias, algo que en realidad sí contempla la Carta Municipal de Barcelona. Se trata, entre otros, de un proyecto de Enginyers Sense Fronteres en Maputo (Mozambique) –"que ni siquiera fue colonia española", dice la querella– y de otro de la entidad Alternativa Internacional con Pueblos Indígenas sobre justicia de género en las comunidades peruanas.
Al margen de lograr la citación como investigada de la alcaldesa del próximo 4 de marzo, la querella también plantea al juez instructor un desfile de concejales y exediles de los comuns, que de momento el juez no ha acordado. La ACDT quiere que comparezcan ante el instructor, bien como testigos o bien como investigados, dos interventores municipales; las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz; los actuales ediles Eloi Badia y Laura Pérez; la asesora en Vivienda Vanesa Valiño; y la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela.
El gobierno municipal ha avanzado este viernes que prestará toda la colaboración con la Justicia y ha confiado en un archivo del caso, en línea con lo ocurrido con la investigación de la Fiscalía. El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha hecho hincapié en la opacidad de la ATCD y su actividad centrada en pleitos contra la gestión pública del agua en Barcelona y Valladolid. “Parece que a la ATCD no le preocupen las subvenciones sino el debate sobre la gestión pública del agua”, ha aseverado Serra. El letrado Solà ha concluido: "La querella es una acción legal con la que sencillamente se pretende la declaración como investigada de la alcaldesa". Ocurrirá el próximo 4 de marzo.
www.eldiario.es
El texto de la querella, de 67 páginas, empieza con un repaso a la vida política reciente de la alcaldesa –activista en el observatorio DESC; portavoz de la PAH; primera edil de Barcelona– para justificar que las subvenciones concedidas responden "a la relación personal y profesional" entre la alcaldesa y los responsables de las entidades sociales, pese a que todas ellas ya recibían fondos durante el mandato de Xavier Trias (CiU).
La asociación querellante, que se caracteriza por su opacidad y ha rechazado concretar quién es su presidente y su presupuesto, cifra en "un importe aproximado de 80 millones de euros" las subvenciones supuestamente fraudulentas. Sin embargo, la suma de las subvenciones que la asociación detalla en el apartado de la querella dedicado a "concreción del hecho delictivo" se reduce a 2,1 millones.
De los 25 expedientes de subvenciones y expedientes detallados en la querella, el primero de ellos –una subvención de 120.000 euros al observatorio Desc– se otorgó cuatro días antes de que Colau fuera nombrada alcaldesa en 2015. Siete subvenciones a Enginyers Sense Fronteres, que ascienden a 287.000 euros, versan sobre la municipalización del agua que intentó el consistorio y frustró el Tribunal Supremo, además de un proyecto para "desmontar la impunidad" de las empresas de agua y energía.
La querella, firmada por una abogada de Granada, mantiene que el consistorio carecía de competencias para otorgar estas subvenciones, si bien el Tribunal de Cuentas ya resolvió, al archivar parte de una denuncia de Agbar, que el consistorio tenía "plena legitimidad" para plantear un régimen de gestión directa del agua "a nivel municipal barcelonés".
No es la única resolución reciente que la ATCD obvia en su querella. El texto reitera expedientes que ya fueron incluidos en una denuncia el año pasado contra Colau que la Fiscalía investigó y archivó al no apreciar delito alguno. El abogado Àlex Solà, que ejerce la defensa de Colau junto a la penalista Olga Tubau, ha tildado de "acto de mala fe procesal importante" el hecho que la querella oculte el carpetazo fiscal del pasado mes de julio a la investigación de las subvenciones a entidades sociales.
Los convenios firmados con el el Observatorio DESC, Enginyers Sense Fronteres, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a personas vulnerables también forman parte de la querella. Se trata en realidad de un convenio bianual de 240.00 euros iniciado en 2014 por el Ayuntamiento de Xavier Trias (CiU) que Colau renovó en tres ocasiones –dos por 324.600 euros y una por 420.286 euros.
"Uno de los comunes denominadores de las entidades era la pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios, entre otras", mantiene la querella. Respecto a uno de estos convenios el texto resalta que la intervención municipal cuestionó cinco de sus aspectos, pero olvida que no informó en contra de la subvención.
Lo detalló el fiscal en el archivo de las pesquisas: la intervención puso de manifiesto "cinco motivos de irregularidad" en la subvención al Observatorio Desc que fueron "subsanados" por la entidad. "Se continuó la tramitación del expediente una vez comprobada la corrección de las modificaciones exigidas", resolvió el fiscal, que apuntó a que las subvenciones podían contener irregularidades administrativas pero en ningún caso suponer delitos del Código Penal.
Tras citar parcialmente el contenido de los informes de intervención y obviar que no fueron negativos, la querella de la ATCD arremete con dureza contra los dictámenes de la intervención, que juzga "timoratos" además de considerar que "pecan de excesiva prudencia y no inciden en el presunto y posible carácter delictivo de la práctica".
Otras de las subvenciones denunciadas por la ATCD tratan sobre un proyecto del Observatorio Desc sobre los fondos buitre y su impacto en el derecho a la vivienda, un informe sobre "derechos sociales en peligro" y otras dos iniciativas en defensa del derecho a la vivienda. Hay también tres subvenciones a Ecologistas en Acción y Enginyers Sense Fronteres por estudios del impacto de la emergencia climática en el puerto y el aeropuerto y sobre el cambio climático.
La okupación, en la querella
Los querellantes consideran irregular la concesión de subvenciones directas a entidades para proyectos en los que el consistorio tiene competencias compartidas con otras administraciones, como es el caso de la vivienda. Y en una crítica política a la alcaldesa, argumentan que mientras la Fiscalía persigue la okupación de viviendas, el consistorio destina dinero público "a asesorar a los autores de tales conductas de manera organizada", algo que a su juicio vulnera la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).El tercer bloque de subvenciones lo integran proyectos de cooperación internacional para los que el Ayuntamiento, según la ATCD, no tiene competencias, algo que en realidad sí contempla la Carta Municipal de Barcelona. Se trata, entre otros, de un proyecto de Enginyers Sense Fronteres en Maputo (Mozambique) –"que ni siquiera fue colonia española", dice la querella– y de otro de la entidad Alternativa Internacional con Pueblos Indígenas sobre justicia de género en las comunidades peruanas.
Al margen de lograr la citación como investigada de la alcaldesa del próximo 4 de marzo, la querella también plantea al juez instructor un desfile de concejales y exediles de los comuns, que de momento el juez no ha acordado. La ACDT quiere que comparezcan ante el instructor, bien como testigos o bien como investigados, dos interventores municipales; las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz; los actuales ediles Eloi Badia y Laura Pérez; la asesora en Vivienda Vanesa Valiño; y la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela.
El gobierno municipal ha avanzado este viernes que prestará toda la colaboración con la Justicia y ha confiado en un archivo del caso, en línea con lo ocurrido con la investigación de la Fiscalía. El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha hecho hincapié en la opacidad de la ATCD y su actividad centrada en pleitos contra la gestión pública del agua en Barcelona y Valladolid. “Parece que a la ATCD no le preocupen las subvenciones sino el debate sobre la gestión pública del agua”, ha aseverado Serra. El letrado Solà ha concluido: "La querella es una acción legal con la que sencillamente se pretende la declaración como investigada de la alcaldesa". Ocurrirá el próximo 4 de marzo.
La querella contra Colau se centra en la municipalización del agua y el derecho a la vivienda
La asociación que ha llevado a la alcaldesa al juzgado asegura que las subvenciones supuestamente irregulares ascienden a 80 millones sin detallar las partidas para alcanzar esta suma
www.eldiario.es¿Qué se esconde tras el ataque mediático, digital y judicial contra Ada Colau?
Una asociación fantasma, sin actividad alguna en su web y redes sociales, es quien ha llevado a los tribunales a Ada Colau por el presunto mismo delito que se archivó tras la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución.
Es el turno contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; no hay dos sin tres. Tras semanas en las que gran parte de los medios de comunicación, y de la esfera digital y política en España, han dado alas a sendas campañas de desinformación contra Irene Montero y Alberto Garzón, hace unos días le tocó a la regidora catalana afrontar un proceso judicial y mediático por un presunto delito que ya fue archivado en el 2021 por la misma causa, pero diferente acusación.
¿Cuál es el motivo de la denuncia a Ada Colau?
La Asociación fantasma para "la transparencia y la democracia" presentó una denuncia muy similar a la de otra asociación llamada Abogados Catalanes por la Constitución, que ya había sido archivada hace pocos meses. Una alegación que hace referencia a los mismos convenios y expedientes. De hecho, en ambas se acusa al Gobierno de Ada Colau de conceder ayudas públicas a asociaciones afines, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recibió una subvención a través del Observatori DESC.Sin embargo, se da la circunstancia de que, como se puede ver en su web, esta ayuda procede de un convenio firmado con el Gobierno anterior de Xavier Trías, en el año 2014. Un convenio que sigue vigente en la actualidad.
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FERRAN ESPADA
La asociación demandante contra Colau nació en abril de 2017, mes en el que bombardeó a denuncias el proceso para aprobar el reglamento de participación ciudadana del consistorio de Barcelona -previo al proceso de remunicipalización del servicio de agua en la ciudad-.
Esta misma entidad actuó de igual forma contra el Ayuntamiento de Valladolid para oponerse a la remunicipalización del servicio de agua, que estaba en manos de Agbar. En este conflicto la asociación fracasó en su empeño, lo que derivó en un beneficio de más de 13 millones anuales de euros para el ayuntamiento vallisoletano, según el propio consistorio.
¿Quién hay detrás de la asociación fantasma denunciante?
La web de la Asociación para la transparencia y calidad democrática no contiene ninguna información sobre los miembros o las finanzas de dicha entidad. De hecho, lleva sin actualizarse desde hace tres años y registra solo cinco publicaciones desde su nacimiento. La primera, en abril de 2017 y, la última, en 2018. Sus redes sociales están inactivas desde hace casi un año y en la dirección postal que se indica, en la Avenida Diagonal de Barcelona, no hay ningún cartel distintivo. Tampoco hay nadie físicamente en ella.
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El servidor e IP de dicha web, tal y como ha podido comprobar Público, coincide con el de la Fundación Agbar, el grupo beneficiario del suministro de agua en Valladolid y Barcelona hasta su municipalización.
Esta fue la asociación que denunció sin éxito a los ayuntamientos de Barcelona y Valladolid para evitar, precisamente, que Agbar perdiera ese contrato de aguas en ambas ciudades. Además, la propia empresa Agbar había interpuesto anteriormente otras tres denuncias contra Ada Colau, que fueron archivadas.
El imperio Agbar
Es difícil analizar la red de sociedades (más de 150 empresas) y fundaciones en torno a Agbar, un grupo empresarial privado, filial de Suez España, encargado de la gestión integral del ciclo del agua, que opera desde 1975 y tiene su origen en Aguas de Barcelona.
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Antes de su constitución como Agbar, recibió durante el franquismo (1953) la concesión de la gestión de las aguas del río Llobregat. Más recientemente, obtuvo una participación mayoritaria en la empresa mixta creada en 2012, sin concurso público y con aspiración de gestión hasta 2047. Esa empresa mixta queda repartida en un 80% para el grupo Agbar y el 20% para el Ayuntamiento de Barcelona.
Algo más sencillo es rastrear sus multimillonarios contratos con la Generalitat. Solo durante el periodo del socialista José Montilla, la empresa recibió más de 180 millones de euros desde la consejería de Medio Ambiente dirigida por Francesc Baltasar, asesor en algún momento de Agbar, según informó El País en 2012.
Además, tal y como acreditó la Cadena Ser, Agbar no pagó el canon del agua durante más de 20 años en algunas de sus empresas filiales, lo que le permitió un ahorro de más de 30 millones de euros.
Público ha intentado, de manera reiterada y sin éxito, ponerse en contacto con diferentes miembros del equipo de comunicación de la empresa de aguas para conocer su versión y el alcance de su relación con la asociación fantasma que ha presentado la demanda contra Ada Colau.
La difusión mediática
Por otro lado, la Fundación Acuorum de Agbar tiene entre sus miembros a Eva Moll de Alba, que en la actualidad es directiva y miembro del consejo editor de Crónica Global y Globo Media Group, donde se encuentra la web que publicó las noticias más virales contra Ada Colau en este reciente ataque mediático: Metrópoli Abierta.Este medio difundió varias informaciones contra Ada Colau y otras favorables a Agbar. Entre las primeras se encuentra la noticia falsa sobre el inexistente alojamiento de la alcaldesa en un lujoso hotel de Andorra. Un bulo que desmontó la propia alcaldesa, ya que ella misma colgó fotos en un parque de Barcelona tomadas los días del supuesto viaje andorrano. La noticia fue distribuida por cientos de cuentas, entre ellas la del periodista Carles Enric y la independentista On Vas Barcelona, que es la más tuiteada por los bots independentistas anti Colau, al mismo tiempo que difunde masivamente las noticias contra Colau de Metrópoli Abierta.
Gráfico de la conversación en Twitter durante la última semana mencionando a Ada Colau. — Herramienta Gephi
En paralelo, Agbar financió y dirigió la formación a los jueces en España en temas relacionados con el agua tras llegar a un convenio con la anterior junta directiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acuerdo colgado en su web con vídeo incluido. Desde el CGPJ han confirmado a Público que este convenio ya no está vigente y se reservan cualquier declaración sobre iniciativas de anteriores equipos del Consejo.
Al igual que sucedió con el ataque coordinado contra Alberto Garzón por el lobby de las macrogranjas, la acción de lawfare y mediática impulsada según todos los indicios desde el lobby de la privatización del agua desencadenó que toda la derecha saliera a pedir la dimisión de Ada Colau.
Evolución de la conversación digital y sentimiento en menciones a Colau durante la última semana. — Herramienta Talkwalker
Solo en Twitter hubo unos 110.000 tuits mencionando a Colau por esta demanda en más de 40.000 cuentas. Más del 50% pertenecía a la comunidad bulocrática de derechas habitual, en la que predominan trollstars anónimos y adictos a la mentira como Toni Cantó. Mientras, la comunidad independentista anti Colau representó el 23% de la conversación, y aquí destacaron precisamente Pilar Rahola, colaboradora de Risto Mejide, y la principal cuenta difusora de Metrópoli.
Las cuentas que pusieron más tuits pertenecen a la comunidad independentista, y entre ellas se encuentran mensajes contra la alcaldesa de Barcelona con varios millones de tuits y con claros indicios de estar automatizadas (como hacer varios tuits o retuits por segundo). Toda su actividad es retuitear o todos sus seguidores tienen un número similar de seguidores y seguidos. Los mismos indicadores encontramos en las cuentas que más tuits publican de la comunidad de derechas nacional.
Análisis de la cuenta que puso más tuits mencionando a Colau. — Herramienta propia de Julián Macías
¿Qué se esconde tras el ataque mediático, digital y judicial contra Ada Colau?
Una asociación fantasma, sin actividad alguna en su web y redes sociales, es quien ha llevado a los tribunales a Ada Colau por el presunto mismo delito que se archivó tras la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución.
www.publico.esQué error, qué inmenso error
El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reaccionó este viernes sin aspavientos y hasta como una celebración la retirada del proyecto de ubicar un museo Hermitage en el puerto adelantada por EL PAÍS. Los comunes han cuestionado el proyecto desde que llegaron al poder en 2015, poniendo en duda su calidad cultural, si sería viable económicamente o especulativo, y alertando de los problemas de movilidad y presión turística que generaría en la Barceloneta.
La idea aterrizó en la mesa del alcalde Xavier Trias (CiU) en 2012y los comunes nunca lo vieron bien, aunque tardaron años en decir que no (encargaron cuatro informes), para desespero de los inversores. El portazo definitivo llegó seis años después, en mayo pasado, cuando en una frenética semana el ejecutivo municipal pidió más tiempo y estudiar la incorporación del Liceu; el Puerto aprobó la concesión al proyecto; y el ejecutivo reaccionó denegando el convenio con el Puerto para la construcción del museo.
Este viernes, el teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí, celebró la retirada de los inversores en las redes sociales: “El Hermitage se va, la cultura se queda”. Para valorar formalmente la decisión de la marcha compareció la teniente de alcalde Janet Sanz y antes de referirse al Hermitage celebró el proyecto anunciado por el Liceu de crecer en el Imax. “No hacía falta conformarse con el proyecto de una franquicia no arraigada en el territorio, ni tenía consenso, no era viable, nunca nos hemos comprometido”, manifestó.
Sanz defendió que el Ayuntamiento de Barcelona ha actuado bien en todas las decisiones tomadas, asegurando que la ciudad no tendrá que compensar a sus promotores, que tienen intención de recurrir a la justicia y pedir una indemnización. “Estamos muy tranquilos, los servicios jurídicos han avalado todos y cada uno de los pasos que hemos dado”, aseguró Sanz.
El socio de Colau en el Gobierno, Jaume Collboni (PSC), que siempre ha defendido el proyecto —exigiendo mayor implicación con la ciudad—, dio la sorpresa durante el pleno al manifestar un “yo no renuncio” al Hermitage. Fuentes socialistas mantienen que los inversores no han tomado la decisión definitiva y estarían presionando al consistorio.
Mientras, la oposición arremetió unánimemente contra el bloqueo de Colau y su equipo al proyecto y alertaron de la millonada que podría costar a los barceloneses una indemnización. La imagen de la ciudad ha resultado dañada, convinieron; y el proyecto puede acabar en otra ciudad, alertaron.
Desde ERC, el concejal Jordi Coronas repartió críticas. De los inversores consideró que “deberían haberse esforzado en plantear un proyecto cultural ambicioso para la ciudad y no lo han hecho”; mientras, reprochó al gobierno municipal que “se haya dedicado a poner trabas y no haya planteado ninguna alternativa mejor para la ciudad”. “No ha querido ni ha sabido gestionar el tema”, concluyó.
Más crítico fue Junts per Catalunya, que en la voz de Jordi Martí Galbis avisó: “Este gran error puede costar a la ciudad 150 millones de euros”. El portavoz de Junts señaló que Junts ha trabajado en los últimos años para ayudar que el museo fuera una realidad y también acusó a Colau de “bloquear la operación”. “Se confirman los peores pronósticos, el sectarismo de Colau, sumado a la inoperancia e inutilidad del PSC y la complicidad de ERC han ahuyentado un gran proyecto, provocando una pésima imagen de la ciudad y provocando la judicialización del caso”.
Luz Guilarte, de Ciutadans, lamentó la pérdida de “oportunidades, proyección internacional, empleo, turismo de calidad”, comprendió “el hastío de los promotores” y alertó de que “la gestión a golpe de sectarismo puede acarrear una millonada a las arcas públicas”. Fuentes de Valents respondieron al portazo del Hermitage: “La política del no y del bloqueo lleva a la pérdida de oportunidades. Barcelona no está para perder más proyectos e inversiones”.
Colau celebra la marcha del Hermitage de Barcelona entre críticas de la oposición
Los comunes aseguran que la ciudad no tendrá que compensar a los inversores. Collboni afirma que “no” renuncia al museo.
El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reaccionó este viernes sin aspavientos y hasta como una celebración la retirada del proyecto de ubicar un museo Hermitage en el puerto adelantada por EL PAÍS. Los comunes han cuestionado el proyecto desde que llegaron al poder en 2015, poniendo en duda su calidad cultural, si sería viable económicamente o especulativo, y alertando de los problemas de movilidad y presión turística que generaría en la Barceloneta.
La idea aterrizó en la mesa del alcalde Xavier Trias (CiU) en 2012y los comunes nunca lo vieron bien, aunque tardaron años en decir que no (encargaron cuatro informes), para desespero de los inversores. El portazo definitivo llegó seis años después, en mayo pasado, cuando en una frenética semana el ejecutivo municipal pidió más tiempo y estudiar la incorporación del Liceu; el Puerto aprobó la concesión al proyecto; y el ejecutivo reaccionó denegando el convenio con el Puerto para la construcción del museo.
Este viernes, el teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí, celebró la retirada de los inversores en las redes sociales: “El Hermitage se va, la cultura se queda”. Para valorar formalmente la decisión de la marcha compareció la teniente de alcalde Janet Sanz y antes de referirse al Hermitage celebró el proyecto anunciado por el Liceu de crecer en el Imax. “No hacía falta conformarse con el proyecto de una franquicia no arraigada en el territorio, ni tenía consenso, no era viable, nunca nos hemos comprometido”, manifestó.
Sanz defendió que el Ayuntamiento de Barcelona ha actuado bien en todas las decisiones tomadas, asegurando que la ciudad no tendrá que compensar a sus promotores, que tienen intención de recurrir a la justicia y pedir una indemnización. “Estamos muy tranquilos, los servicios jurídicos han avalado todos y cada uno de los pasos que hemos dado”, aseguró Sanz.
El socio de Colau en el Gobierno, Jaume Collboni (PSC), que siempre ha defendido el proyecto —exigiendo mayor implicación con la ciudad—, dio la sorpresa durante el pleno al manifestar un “yo no renuncio” al Hermitage. Fuentes socialistas mantienen que los inversores no han tomado la decisión definitiva y estarían presionando al consistorio.
Mientras, la oposición arremetió unánimemente contra el bloqueo de Colau y su equipo al proyecto y alertaron de la millonada que podría costar a los barceloneses una indemnización. La imagen de la ciudad ha resultado dañada, convinieron; y el proyecto puede acabar en otra ciudad, alertaron.
Desde ERC, el concejal Jordi Coronas repartió críticas. De los inversores consideró que “deberían haberse esforzado en plantear un proyecto cultural ambicioso para la ciudad y no lo han hecho”; mientras, reprochó al gobierno municipal que “se haya dedicado a poner trabas y no haya planteado ninguna alternativa mejor para la ciudad”. “No ha querido ni ha sabido gestionar el tema”, concluyó.
Más crítico fue Junts per Catalunya, que en la voz de Jordi Martí Galbis avisó: “Este gran error puede costar a la ciudad 150 millones de euros”. El portavoz de Junts señaló que Junts ha trabajado en los últimos años para ayudar que el museo fuera una realidad y también acusó a Colau de “bloquear la operación”. “Se confirman los peores pronósticos, el sectarismo de Colau, sumado a la inoperancia e inutilidad del PSC y la complicidad de ERC han ahuyentado un gran proyecto, provocando una pésima imagen de la ciudad y provocando la judicialización del caso”.
Pérdida de oportunidad”
En parecida línea opinó Oscar Ramírez, del PP, contrario a “la nefasta decisión discrecional de la alcaldesa de no permitir el proyecto en Barcelona”. “Nos va a costar una fortuna a la ciudad y tendremos que pagar los barceloneses”, manifestó refiriéndose también “al daño para la imagen de Barcelona”, la “perdida de oportunidad de crear empleo” y a que es “un claro reflejo de la Barcelona degradada y decadente que nos está dejando Colau con sus políticas del no”.Luz Guilarte, de Ciutadans, lamentó la pérdida de “oportunidades, proyección internacional, empleo, turismo de calidad”, comprendió “el hastío de los promotores” y alertó de que “la gestión a golpe de sectarismo puede acarrear una millonada a las arcas públicas”. Fuentes de Valents respondieron al portazo del Hermitage: “La política del no y del bloqueo lleva a la pérdida de oportunidades. Barcelona no está para perder más proyectos e inversiones”.
