El Gobierno inicia el recorte de empleados públicos: cerca de 700 investigadores irán a la calle
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (1)
CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha confirmado a este diario que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) pretende dejar en la calle tras la pandemia a los investigadores en formación pre y postdoctoral, su plantilla más precaria.
“Hay miles de jóvenes investigadores/as afectados y cantidad de proyectos científicos en ámbitos como la investigación oncológica que concluirán antes de tiempo porque la Agencia Estatal de Investigación pondrá en la calle a estos profesionales tras el parón provocado por el COVID-19”, denuncia el sindicato.
Efectivamente, la disculpa será el corte producido por el coronavirus. Pero la decisión será directa del Gobierno. Y es que esos trabajadores tenían derecho a ser prorrogados tras el parón y, sin embargo, la creación de innumerables barreras para conceder estas prórrogas de forma generalizada provocará que un colectivo de entre 700 y 725 empleados públicos sean los primeros en percibir que la caída de recaudación del Estado tiene consecuencias: directamente, su salida a las listas del paro.
Durante el estado de alarma este colectivo ha sufrido los efectos de las restricciones de la movilidad y de acceso a centros de investigación e instalaciones científicas pese a que ejercen tareas que requieren presencia física indispensable. Y ahora, tras finalizar ese período de parón, “la AEI ha establecido unas condiciones muy restrictivas para prorrogar los contratos del personal temporal del Sistema de Ciencia, Tecnología e Investigación. Unas barreras que dejan fuera a la mayoría de los afectados por esta situación”, señalan desde CSIF.
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Efectivamente, “de los más de 900 investigadores predoctorales contratados mediante ayudas correspondientes a la convocatoria FPI 2016 (para contratos predoctorales para la formación), sólo 175 -menos de un 20% del total- podrán extender sus contratos para subsanar los problemas que la pandemia causó en el desarrollo de sus investigaciones”, aclaran desde CSIF.
El colectivo de postdoctorales también se verá afectado. El número es más difícil de estimar, pero fuentes conocedoras de la decisión oficial no descartan que el volumen total de afectados alcance las 1.500 personas.
“Por esta razón”, apuntan desde CSIF, “abogamos por prorrogar estos contratos temporales de formación de todas las convocatorias públicas una media de 8 a 12 meses adicionales para compensar la pérdida de tiempo provocada por la crisis sanitaria en estos proyectos científicos”.
Cancelación de proyectos
En el sector científico nadie duda de que se trata de la antesala de una larga cancelación de proyectos de investigación. Traducido: que tras el corte de los actuales proyectos habrá infinidad de áreas que verán reducidos los fondos asignados y, por lo tanto, el número de proyectos y, obviamente, la masa total de empleados públicos adscritos a esta área de trabajo.
“En este sentido, algunas comunidades autónomas, como Galicia y La Rioja, ya han anunciado que aplicarán la posibilidad de prórroga a todos los investigadores contratados mediante financiación autonómica, independientemente del tiempo que reste para que acaben los contratos”, precisamente para mantener el nivel investigador y salvar los puestos de trabajo. El Gobierno central no ha optado por esa posibilidad.
«Para CSIF, todos estos empleados/as públicos están sufriendo la misma precariedad e inestabilidad y tienen el mismo derecho y la misma necesidad de recuperar su actividad y acabar sus investigaciones científicas”, añade el sindicato.
Se trata ya de la segunda evidencia de que las cuentas fiscales no le salen a Pedro Sánchez y empiezan los primeros recortes. El toque de atención inicial le tocó a Renfe, tal y como adelantó OKDIARIO. Allí, la dirección trasladó su deseo de reducir la paga de productividad en un 80% este año a los empleados públicos: la compañía pretende dejarla en un 20% del total que han disfrutado sus trabajadores tradicionalmente, tal y como denunció el sindicato CSIF. Esa medida implicaba un golpe de entre 2.000 y 2.500 euros de media para los empleados que trabajan en el sector público.
El golpe se mantendría, aunque en menor cuantía, el próximo año: en 2021 el deseo de la empresa pública es dejar este recorte en un 50% de esa paga. CSIF, el sindicato más representativo en la Administración, ha confirmado a OKDIARIO que Renfe es ya la primera empresa pública que pretende rebajar el sueldo a sus trabajadores por la crisis del COVID-19.
La denuncia de CSIF y la publicación de la noticia ha hecho reconsiderar a Renfe la generalización de su plan inicial y ha comunicado a los sindicatos la concentración del recorte en los directivos.
El sindicato ha denunciado ya que se trata de una rebaja de sueldos en toda regla y en “el momento más inoportuno para presentar este tipo de medidas a la plantilla. Lejos de premiar la encomiable labor de los empleados, en los momentos más adversos, Renfe se salta las reglas impuestas por el Gobierno para ahorrar dinero en una empresa pública que en 2019 tuvo un beneficio neto superior a los 90 millones de euros
okdiario.com
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (1)
- CARLOS CUESTA
- 22/06/2020 06:45
CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha confirmado a este diario que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) pretende dejar en la calle tras la pandemia a los investigadores en formación pre y postdoctoral, su plantilla más precaria.
“Hay miles de jóvenes investigadores/as afectados y cantidad de proyectos científicos en ámbitos como la investigación oncológica que concluirán antes de tiempo porque la Agencia Estatal de Investigación pondrá en la calle a estos profesionales tras el parón provocado por el COVID-19”, denuncia el sindicato.
Efectivamente, la disculpa será el corte producido por el coronavirus. Pero la decisión será directa del Gobierno. Y es que esos trabajadores tenían derecho a ser prorrogados tras el parón y, sin embargo, la creación de innumerables barreras para conceder estas prórrogas de forma generalizada provocará que un colectivo de entre 700 y 725 empleados públicos sean los primeros en percibir que la caída de recaudación del Estado tiene consecuencias: directamente, su salida a las listas del paro.
Durante el estado de alarma este colectivo ha sufrido los efectos de las restricciones de la movilidad y de acceso a centros de investigación e instalaciones científicas pese a que ejercen tareas que requieren presencia física indispensable. Y ahora, tras finalizar ese período de parón, “la AEI ha establecido unas condiciones muy restrictivas para prorrogar los contratos del personal temporal del Sistema de Ciencia, Tecnología e Investigación. Unas barreras que dejan fuera a la mayoría de los afectados por esta situación”, señalan desde CSIF.
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Efectivamente, “de los más de 900 investigadores predoctorales contratados mediante ayudas correspondientes a la convocatoria FPI 2016 (para contratos predoctorales para la formación), sólo 175 -menos de un 20% del total- podrán extender sus contratos para subsanar los problemas que la pandemia causó en el desarrollo de sus investigaciones”, aclaran desde CSIF.
El colectivo de postdoctorales también se verá afectado. El número es más difícil de estimar, pero fuentes conocedoras de la decisión oficial no descartan que el volumen total de afectados alcance las 1.500 personas.
“Por esta razón”, apuntan desde CSIF, “abogamos por prorrogar estos contratos temporales de formación de todas las convocatorias públicas una media de 8 a 12 meses adicionales para compensar la pérdida de tiempo provocada por la crisis sanitaria en estos proyectos científicos”.
Cancelación de proyectos
En el sector científico nadie duda de que se trata de la antesala de una larga cancelación de proyectos de investigación. Traducido: que tras el corte de los actuales proyectos habrá infinidad de áreas que verán reducidos los fondos asignados y, por lo tanto, el número de proyectos y, obviamente, la masa total de empleados públicos adscritos a esta área de trabajo.
“En este sentido, algunas comunidades autónomas, como Galicia y La Rioja, ya han anunciado que aplicarán la posibilidad de prórroga a todos los investigadores contratados mediante financiación autonómica, independientemente del tiempo que reste para que acaben los contratos”, precisamente para mantener el nivel investigador y salvar los puestos de trabajo. El Gobierno central no ha optado por esa posibilidad.
«Para CSIF, todos estos empleados/as públicos están sufriendo la misma precariedad e inestabilidad y tienen el mismo derecho y la misma necesidad de recuperar su actividad y acabar sus investigaciones científicas”, añade el sindicato.
Se trata ya de la segunda evidencia de que las cuentas fiscales no le salen a Pedro Sánchez y empiezan los primeros recortes. El toque de atención inicial le tocó a Renfe, tal y como adelantó OKDIARIO. Allí, la dirección trasladó su deseo de reducir la paga de productividad en un 80% este año a los empleados públicos: la compañía pretende dejarla en un 20% del total que han disfrutado sus trabajadores tradicionalmente, tal y como denunció el sindicato CSIF. Esa medida implicaba un golpe de entre 2.000 y 2.500 euros de media para los empleados que trabajan en el sector público.
El golpe se mantendría, aunque en menor cuantía, el próximo año: en 2021 el deseo de la empresa pública es dejar este recorte en un 50% de esa paga. CSIF, el sindicato más representativo en la Administración, ha confirmado a OKDIARIO que Renfe es ya la primera empresa pública que pretende rebajar el sueldo a sus trabajadores por la crisis del COVID-19.
La denuncia de CSIF y la publicación de la noticia ha hecho reconsiderar a Renfe la generalización de su plan inicial y ha comunicado a los sindicatos la concentración del recorte en los directivos.
El sindicato ha denunciado ya que se trata de una rebaja de sueldos en toda regla y en “el momento más inoportuno para presentar este tipo de medidas a la plantilla. Lejos de premiar la encomiable labor de los empleados, en los momentos más adversos, Renfe se salta las reglas impuestas por el Gobierno para ahorrar dinero en una empresa pública que en 2019 tuvo un beneficio neto superior a los 90 millones de euros
El Gobierno de PSOE - Podemos inicia el recorte de empleados públicos: cerca de 700 investigadores irán a la calle
El escudo social demuestra ser una farsa. Pedro Sánchez negó que fuera a haber recortes y lo cierto es que ya han empezado. La siguiente decisión será el corte de los contratos de trabajadores predoctorales y postdoctorales ubicados en los centros de investigación públicos.
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