Dolores Delgado, de Ministra de Justicia del PSOE a Fiscal General del Estado

Que ya empieza a pagar el chantaje a ERC. Sabemos porqué la han nombrado contra toda ética

Un informe de Delgado será determinante para que la rebaja del delito de sedición se aplique a los golpistas
La futura fiscal general del Estado tendrá un papel esencial para que sus socios de ERC condenados por el Supremo se beneficien de la aplicación retroactiva de la reforma del Código Penal.


 
Y mas.... ¡Que ascazo!

Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo

Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo
Por
Fernando Presencia
-
04/09/2018








Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a Pablo Llarena.

Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.

Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.


Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del Presidente Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.
Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román.

Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes, quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas, ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.

Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día por la Comisión Permanente.

Por esa razón, una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.


Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5 correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.

La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la que se incluyó a Fernando Román. Pero además, para evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

 
La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa

Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de Nanclares

Es la autora del voto particular contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que presentó una hora después de perder la votación que avaló el nombramiento

En su argumentación, Díaz Abad aseguró que el nombramiento de Delgado "no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía"

Gonzalo Cortizo
21/01/2020 - 21:18h

Dolores Delgado reingresa al servicio activo en la carrera fiscal


Dolores Delgado en una imagen de archivo EFE

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lideró la resistencia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado fue rechazada por el Gobierno para un puesto de magistrada en Europa hace menos de un año. Ocurrió a principios de 2019, con Delgado al frente del Ministerio de Justicia y tras un procedimiento de varios meses en el que su departamento era el encargado de recibir las candidaturas en un correo corporativo del Ministerio.
Menos de un año después de haber recibido el portazo del Gobierno para el puesto que pretendía, Nuria Díaz Abad ha encabezado al grupo de vocales conservadores que han intentado cerrar la puerta de la Fiscalía General del Estado para la exministra.




A finales de 2018, el Ejecutivo inició los trámites para cubrir las dos plazas que corresponden a España para jueces del Tribunal General e inició el proceso para la selección de candidatos. En el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2018 se aclaraba que los candidatos deberían ser "personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales".

Nuria Díaz Abad llevaba años trabajando su perfil para un puesto en la justicia europea. Pese a no ser jueza, el CGPJ la impulsó para presidir la Red Europea de Consejos de Justicia, cargo al que llegó en 2016. Según confirman fuentes de su entorno a eldiario.es, a finales de 2018 presentó su candidatura para uno de los dos puestos de magistrado que debía proponer el Consejo de Ministros.


Su nombre figuraba en la propuesta paritaria que barajaba el Gobierno y que incluía el nombre del abogado del Estado Miguel Sampol. Díaz Abad contaba con la complicidad del cuerpo de abogados del Estado al que pertenece y con el apoyo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos fueron íntimos colaboradores mientras coincidieron en el Consejo General del Poder Judicial.

Durante los últimos compases del proceso de selección la candidatura de Abad acabaría por venirse abajo. Según fuentes jurídicas, consultadas por eldiario.es, se empezaron a suceder las "llamadas de alarma a Moncloa" para advertir del perfil conservador de la candidata y de su vinculación ideológica con el Opus Dei. Sobre esto último apenas hay referencias publicadas salvo que Díaz Abad fue la persona escogida por el Colegio Mayor Belagua (Navarra), perteneciente esta organización ultracatólica, para pronunciar la conferencia de clausura del curso 2016-2017 que tituló, "Mirando al futuro de la Unión Europea".

Las llamadas acabarían surtiendo efecto y solo unas horas antes de que expirase el plazo, el Consejo de Ministros dejaba caer la candidatura de Díaz Abad para decantarse por otro perfil; el del catedrático José Martín y Pérez de Nanclares. Frente a la idea inicial de presentar una lista paritaria para la renovación del órgano jurisdiccional europeo, el ejecutivo acabaría presentando una lista con dos hombres.

Con la decisión de última hora, el Gobierno se saltó las recomendaciones incluidas en el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese texto, modificado a finales de 2015, se realizaba la siguiente sugerencia a los países miembros: "Es de suma importancia garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General [...]. Procede organizar las renovaciones de modo que los estados miembros empiecen a proponer dos jueces al objeto de escoger una mujer y un hombre".

En el entorno de Nuria Díaz Abad dicen desconocer si Dolores Delgado impulsó el veto que la descabalgó de la candidatura en la última fase del proceso de selección. A pesar de que la elección de candidatos corresponde al Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia fue el encargado de recibir las candidaturas a través de una dirección de correo electrónica corporativa. Además, el comité de selección que preparó la decisión estaba configurado por cuatro miembros, de los cuales dos correspondían al departamento que dirigía Dolores Delgado.

Poco menos de un año después de aquel portazo del Gobierno a las pretensiones de Díaz Abad, la vocal del CGPJ ha liderado el grupo de resistencia que dentro del Poder Judicial ha eludido su obligación de valorar la candidatura propuesta por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado. Durante el debate celebrado por el poder judicial el pasado jueves, Nuria Díaz Abad anunció la redacción de un voto particular contra la decisión mayoritaria de avalar el nombramiento de Dolores Delgado. El texto de ese voto particular fue presentado en el registro de manera inmediata. Su autora necesitó solo una hora para presentar un documento de cinco folios en el que defendía que el perfil de la exministra no era apropiado para la Fiscalía General.

El voto particular redactado por Díaz Abad fue secundado por otros seis vocales conservadores, una cuota insuficiente para imponerse sobre la mayoría que dio luz verde al nombramiento. En el voto particular, expresa su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía".

www.eldiario.es

La vocal del Poder Judicial que cuestionó la imparcialidad de Dolores Delgado fue rechazada hace un año por el Gobierno para una plaza de magistrada en Europa

Nuria Díaz Abad optó en 2019 al puesto de magistrada española en el Tribunal General de la UE pero el Ejecutivo frenó su candidatura en favor de José Martín y Pérez de NanclaresEs la autora del voto particular contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que presentó...
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Quelonio
#1 Quelonio | 21/01/2020 - 22:07h

"La justicia en España es independiente" dijo en su día Nuria Díaz Abad. ¿Independiente de qué? Debería haber dicho que la justicia en España es un chiringuito. Y si no que se lo pregunten a ella misma, tras la reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial del 14 de enero de 2016. Precisamente la reunión que dió al parecer entrada al Supremo al juez Llarena y al sobrino de Rouco Varela en el Tribunal Superior de Castilla La Mancha, ya acusado de corrupción en ese momento. Ambos muy amigos de Carlos Lesmes que es el que maneja el chiringuito a su antojo. Ver https://diario16.com/ocultado-voto-particular-acta-falsificada-propuso-pablo-llarena/
 
Pongo la noticia del nik Quelonio del post anterior. Interesante las manipulaciones de algunos de la judicatura....

Ocultado el voto particular en el acta falsificada que propuso a Pablo Llarena

Después del revuelo que causó la inmediata divulgación pública sobre las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se hizo desaparecer del acta el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad
Por
Fernando Presencia
-
09/09/2018







La misma tarde de aquel jueves 14 de enero de 2016 un medio de comunicación hacía públicas las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ese día, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

El revuelo fue inmediato. Una de las vocales que componían la Comisión Permanente, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio la presencia de Juanes, sustituyendo al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, que se había desplazado a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.

Díaz Abad no compartía la interpretación que se había hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la cuadratura de ese círculo, y así lo expuso al comienzo de la sesión en la que tenían que aprobarse la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, el que fuera presidente de la todopoderosa APM y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.

Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.


Fue a partir de que se hiciera público el voto particular de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, porque el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todas las ternas que se habían constituido ese día, incluidas las de Pablo Llarena y la de Vicente Rouco Rodríguez.

Hay que tener en cuenta que el sobrino del Cardenal Rouco Varela acababa de ser denunciado por corrupción ante la misma Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales.

Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable.

Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.

 
El despacho de Garzón maniobra para que el juez omita la "dañina" grabación de Villarejo a Delgado
El letrado que defiende al comisario Enrique García Castaño reclama al juez que le facilite una copia del informe elaborado por la Policía del audio de la comida en el Restaurante Rianxo



 
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que sinvergüenza, claro, como es su novia, en fin...
 
El ministro de Justicia asegura que cambiará la ley para que la Fiscalía instruya las causas penales
Tras la polémica elección de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, el Gobierno promete ahora una reforma para darle muchísimo más poder.
LD/Agencias
2020-02-17
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Tras la polémica elección de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, el Gobierno promete ahora una reforma para darle muchísimo más poder.El ministro de Justicia, durante su comparecencia . | EFE
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a presentar antes de fin de año un anteproyecto de ley que atribuya la instrucción de las causas penales a la Fiscalía en lugar de al juez, como se hace actualmente. El cambio sería parte de un plan que el ministro ha denominado "Justicia 2030" y que ha dado a conocer este lunes.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro -que además es pareja de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet- ha informado de que pretende presentar este anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.
Uno de los objetivos del ministro
Acabar con la instrucción de los jueces es uno de los objetivos que se ha marcado el titular de Justicia para "deslindar" las funciones de investigación de los "juzgadores". Campo ha asegurado que esta es una forma de "actualizar" el sistema de enjuiciamiento criminal y "superar" así lo que ha denominado como una "legislación decimonónica".


Frente a anteriores intentos que no se llegaron a concluir, el ministro ha dicho tener la "esperanza" de que se pueda culminar este proyecto, que ha calificado de "reto nacional" y que forma parte de su Plan Justicia 2030, con el que pretende "reformar un sistema de Justicia" para convertirlo en "un verdadero servicio público".
Que los fiscales instruyan las causas penales es bastante habitual en países de nuestro entorno, pero resulta especialmente preocupante aquí, donde la vinculación entre la Fiscalía General y el Gobierno es poco menos que absoluta -tal y como dijo el presidente Pedro Sánchez durante la campaña electoral- y especialmente después de que se haya elegido a Dolores Delgado, ministra de Justicia hasta un día antes, candidata en las listas del PSOE el 10N y una mujer que, desde luego, no destaca por su independencia sino por su sectarismo



 
Delgado pone a la Fiscalía al servicio de la Memoria Histórica para que Argentina investigue el franquismo
Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "Delgado ha dejado sin efecto una orden de la Fiscalía del 2016 con una simple nota informativa".

 
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